Cuauhtémoc Blas
Oaxaca sigue en el ojo del huracán en torno al problema educativo. Servicio vital que hace mucho dejó de ser solución para constituirse en otra de las grandes problemáticas de la entidad. Hay quienes afirman que aun cuando los maestros ya no faltaran un solo día a las aulas, el atraso de los educandos no cejaría por la baja calidad del servicio que presta la mayoría de los docentes.
Ya no sólo son los 200 días que no se cumplen del calendario escolar, ahora la problemática se ha acentuado con la caída de dicha calidad, la perversión de las escuelas Normales y la corrupción de la Sección sindical y funcionarios del IEEPO que trafican y negocian plazas y horas de trabajo. Cualquiera que pueda pagar por una plaza hasta puede estar frente a grupo.
Hay crítica genuina habida cuenta de la gravedad del asunto educativo de Oaxaca, sobre todo de académicos como Carlos Ornelas, profesor-investigador de la UAM, quien conoce bien las debilidades educativas del estado. Dice el académico en su editorial de Excélsior:
“Sospecho que el Congreso local refrendará en lo fundamental la propuesta de la S22. Después de ello, me imagino que se van a dar dos procesos simultáneos. Por una parte, el gobierno federal interpondrá otra controversia constitucional porque la nueva ley no se alineará a los principios de las leyes General de Educación, General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Por la otra, al no ser aprobada su propuesta íntegra, hasta con punto y coma, la S22 reincidirá en su fundamentalismo: irá por todo o nada.
“Los meses que vienen serán aciagos para Oaxaca. Paros, tomas de carreteras, cierre de edificios públicos y la amenaza de crecer el conflicto y trasladarlo a la Ciudad de México”.
De fuera puede esperarse todo tipo de críticas, de funcionarios federales, de comunicadores, pero de sus propios funcionarios locales sí que es noticia. De manera insólita recibió el gobernante una dura crítica de un funcionario, del titular de Derechos Humanos de Oaxaca, que si bien se presume descentralizada como otras igualmente así llamadas, sus responsables han sido nombrados por el ejecutivo. Dijo Arturo Peimbert que funcionarios de Cué buscan desestabilizar su gobierno y descarrilar la transición.
Faltó que dijera los nombres, pues están vistos los altos funcionarios que medran con el erario de manera evidente, como los de CAO y SINFRA, esa residencia en el Barrio de Xochimilco cuya propiedad se le atribuye a Netza Salvatierra, así como su flamante restaurante en exclusiva zona de la ciudad de México están a la vista de todos. O quienes ciertamente pretenden agudizar los conflictos políticos desde la Secretaría General de Gobierno, desconociendo de facto a presidentes municipales o atizando conflictos como los de Cotzocón.
Interesante aunque extraña la actual postura del titular de Derechos Humanos, Arturo Peimbert pues siempre se dijo que su cargo fue una concesión a la jerarquía católica, algunos de cuyos miembros acompañaron al magisterio, la APPO y sus aliados al combate al gobierno anterior (“Niño dios APPO”, ¿recuerdan?) en la puja del magisterio de la 22 por deponer a Ulises Ruiz. Por las vueltas de la política y negociaciones que vienen la jerarquía católica ahora se ha vuelto contra el magisterio y por lo menos en la ciudad de Oaxaca y Huajuapan donde Arzobispo y Obispo respaldan y encabezan “Marchas por la paz”.
Y quienes no dan paz a Oaxaca son casualmente los maestros, por eso el obispo de Huajuapan Teodoro Enrique Pino Miranda declaró que en sintonía con las denuncias que hace el arzobispo Chávez Botello de las agresiones del magisterio “Hoy nos encontramos con esta circunstancia de que esto (el conflicto magisterial) no se ha podido parar… esto no es bueno, independientemente de donde pueda provenir, precisamente por todos los efectos que está produciendo”.
Sin duda esas acciones y posturas de la iglesia son otra andanada que corroe más al gobierno de Oaxaca, pero sobre todo exhibe el desprestigio de la Sección 22. En ese contexto puede inscribirse la crítica del titular de Derechos Humanos de Oaxaca en su segundo informe de labores (labores mediocres, por todo lo demás). Llama la atención la nueva postura de los alfiles de la Iglesia, Peimbert incluido.
Lo muy claro es que todo esto puede servir de caldo de cultivo para la aplicación de la ley y medidas de coerción en Oaxaca contra un magisterio que una vez derrotadas sus pretensiones agudizará sus posturas radicales y violentas. Esta es una de las canchas donde juega el gobierno federal, la otra es la de Luis Miranda, subsecretario de Gobernación, el de mano blanda que ha apoyado y beneficiado a la CNTE y podría dejar ese status quo en Oaxaca con tal de que el magisterio de la 22 no incendie la pradera. Ya no falta mucho para el desenlace. Los grandes ausentes son los niños educandos, olvidados por los gobiernos y secuestrados por las ambiciones magisteriales que está visto nada le importa la educación de Oaxaca. Sólo la “lucha social”, o sea la preservación de sus privilegios.
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