Cuauhtémoc Blas
Estamos ante la abierta irrupción de un grupo de poder extranjero en tierras de Oaxaca y México. El de las empresas eólicas mayoritariamente españolas que confrontan a las autoridades municipales del Istmo de Tehuantepec. En años anteriores han desafiado, divido y vencido a municipios pequeños donde sobran los judas que venden por lo que sea a su gente; ahora les tocó a esas empresas voraces enfrentar al municipio de Juchitán de Zaragoza, el más grande y emblemático de la región por su capacidad de respuesta.
Sin duda esas empresas han de extrañar a Leopoldo de Gyves, a Alberto Reyna a Mariano Santana (COCEI) y a Héctor Matus y Daniel Gurrión (PRI) que —a la luz de los adeudos de impuestos que tienen con el municipio de Juchitán— recibían fuera de formalidad recursos por dejar trabajar a los españoles. Lo anterior tiene fundamento en los archivos municipales donde, nos comentan, no hay registro de que esas empresas hayan pagado impuestos.
Siempre sale más barato arreglos por debajo de la mesa, que es lo que a todas luces han hecho las eólicas acusadas por el presidente de Juchitán Saúl Vicente Vásquez de tener adeudos en la tesorería municipal por casi 3 mil millones de pesos. Monto de impuestos que sólo corresponden al ejercicio 2014. Extrapolando cálculos de años pasados hasta ahora se tiene que son por el orden de 8 mil millones de pesos lo que no ha pagado al municipio.
De acuerdo a la información vertida por Saúl Vicente en conferencia de prensa —consignada por Noticias este 5 de febrero—, el monto total es de dos mil 859 millones 604 mil 530 pesos con 34 centavos, deuda de dos años de las empresas Fuerza y Energía Bii Yoxho, Eurus, CE Oaxaca Tres, CE Oaxaca Cuatro, Comisión Federal de Electricidad, Eoliatec del Istmo e Instituto de Investigaciones Eléctricas.
No es extraño que empresas transnacionales o imperialistas, como se les llamaba antes, se nieguen a pagar lo que deben, de donde se confirma de nuevo la falsedad de que llegan a los pueblos a desarrollar y crear empleos. De hecho esa es la justificación de las empresas, pero no es verdad, su móvil no sólo es la ganancia, ni la famosa plusvalía, sino el saqueo, el robo a los pueblos débiles. Los empleos los crean porque no les queda otra más que ocupar gente para extraer los recursos naturales. Si pudieran prescindir de la gente para extraer la riqueza lo harían sin ningún miramiento.
Esas empresas no sólo se han amparado usando las leyes nacionales para evitar cumplir con sus obligaciones fiscales con los municipios de la región, sino han corrompido (un poco más) a los diputados locales de Oaxaca, y antes a políticos de toda índole, Notarios Públicos, abogados sin escrúpulos, con tal de hacer lo que les conviene. De pagar 3 mil millones a dar dádivas 100 o 200 millones no dudan en lo segundo.
Fue a todas luces muy claro que los diputados locales favorecían a las eólicas al cuestionar la ley de ingresos de Juchitán, la cual, sin embargo, fue aprobada desde diciembre pasado. Pero quien evidenció más su apoyo a las empresas extranjeras fue el poder ejecutivo de Oaxaca que se negaba a publicarla, con lo cual impedían que dicha ley y sus preceptos entraran en vigor para poder cobrar lo que corresponde al municipio por predial, uso del suelo, permisos de construcción, etc.
Finalmente el poder ejecutivo publicó apresuradamente dicha ley de ingresos de Juchitán, cuando la autoridad municipal se organizaba con sus ciudadanos para marchar en protesta a la capital del estado, con lo cual habría de iniciar un movimiento social de gran envergadura. Pues estos abusos de las empresas extranjeras también se dan en otros municipios, Ixtaltepec, Unión Hidalgo e Ingenio Santo Domingo, donde hacen lo mismo que en Juchitán, o peor.
En vez de pagar impuestos, cual cuentas de vidrio como en la conquista, las empresas españolas quieren engañar a los pueblos haciendo un par de calles, entregando unas cuantas computadoras que no suman ni un millón de pesos y se amparan para no pagar lo que deben al pueblo, al municipio: 3 mil millones de pesos.
Algo más fuerte se anuncia para el futuro, pues como esas empresas españolas no tienen la garantía de contar siempre con ediles con quien entenderse fácilmente como los de Gyves, los Reyna, los Santana, los Matus y los Gurrión, se preparan para acciones más audaces. Una campaña cara para ganar la presidencia en los municipios cuesta 30 millones de pesos, muy barato para las cantidades que adeudan hoy las eólicas. Al tiempo.
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