Cuauhtémoc Blas
Retrasar, retener o dividir la entrega de las participaciones municipales ha sido práctica de este gobierno del “cambio”. Varios municipios la han sufrido, destacan Atzompa, San Jacinto Amilpas, Santa Lucía del Camino, Juchitán de Zaragoza. En los dos primeros, el gobierno de Gabino Cué dividió arbitrariamente los recursos municipales entre dos grupos de regidores en pugna, pasándose por el arco del triunfo la autonomía del municipio libro consagrado en el 115 constitucional.
La división de los ayuntamientos fue rentablemente aprovechada por los operadores políticos y financieros del gobierno para hacer esta división caprichosa del erario municipal, entregando a regidores contrarios al presidente municipal la mayor parte. Víctor Amado López Hernández, presidente de San Jacinto Amilpas, puede dar testimonio de ello.
Este presidente fue reducido al mínimo, de tal manera que su ambicioso proyecto de desarrollo municipal quedó aún más reducido. Hasta ahora, después de haber confirmado su lealtad a este gobierno parece haber recibido ya todos los recursos, aunque un poco tarde, prepara su entrega del ayuntamiento donde ha sido líder moral por décadas. Algo similar sucedió en Atzompa.
Pedro Cabañas en Santa Lucía
Peor le fue a Pedro Cabañas en Santa Lucía del Camino, donde las maniobras para arrancarle los recursos fueron más descaradas. Era secretario de Finanzas Gerardo Cajiga. Cabañas llegó a esa presidencia con el PRD, sin embargo él mismo declaró que para ello se comprometió a entregarle un millón de pesos mensuales a Amador Jara Cruz, jefe tribal de ese partido. Ya en el poder, a Cabañas se le hizo fácil percatarse que no le alcanzaría para darle tanto, de ahí que le bajara a 300 mil. Jara, montó en cólera y juro defenestrarlo. En los hechos lo logró.
El erario lo manejó ahí de manera arbitraria el síndico Omar Blas y un tesorero apócrifo, todo fuera de la ley, de hecho fueron recursos que la Secretaría de Finanzas entregó prácticamente a particulares configurándose un grave delito. Al final, después de haber bocabajeado así a Cabañas todavía les dio tiempo de enviarlo a la cárcel. Pa´que aprenda a respetar a esta otra mafia en el poder. Por supuesto que en ese río revuelto ganancia de los operadores, o del operador señalado en este tipo de negocios: Jorge “el Coco” Castillo.
La marcha de Juchitán
Juchitán, igual que esos otros municipios de Oaxaca, ha sido sujetado también con los recursos. Establecer un sólido gobierno municipal en Juchitán es muy difícil, para cualquier ayuntamiento de cualquier partido. Si acaso existiera buena voluntad de trabajo de algún presidente, el cúmulo de tribus coceistas o priistas mantienen de manera permanente en jaque a la autoridad. Lo que junto
con la escasa ciudadanía no auguran por ahora algo mejor. Y por si fuera poco, hace unos años apareció lo peor, la delincuencia organizada. Tuxtepec y ahora Juchitán sufren este flagelo, a ciencia y paciencia del gobierno federal, a quien compete combatirlo.
Federación y estado, omisos
La federación no ha cumplido sus compromisos con Juchitán, ni el gobierno del estado. La primera dejó de entregar recursos para 14 proyectos de obra social aprobados en 2015, por un monto de 600 millones de pesos. Los recursos del SUBSEMUN, para la seguridad municipal, no llegan desde el año pasado. Asimismo, tampoco liberan los recursos para construir un Hospital de Especialidades. La construcción del Parque Eólico Municipal comunitario con dos aerogeneradores, es otro de tantos compromisos incumplidos.
Son muchos los pendientes con Juchitán que enlista su autoridad local, pero hay uno fundamental, la negativa del pago de impuestos y derechos por parte de las Empresas Eólicas. Siendo la principal industria generadora de riqueza, estas empresas, en su mayoría extranjeras, adeudan al municipio desde 2008 la friolera de unos 2 mil millones de pesos.
La marcha a Oaxaca
Por esos largos pendientes, en estos días el ayuntamiento juchiteco, sus empleados y ciudadanos iniciaron una marcha hacia la ciudad de Oaxaca que duró sólo un día. Acción decidida por acuerdo de cabildo. Exigían algo insólito: que el gobernador conceda audiencia que le ha negado a ese cabildo desde hace tres meses. Y son de la misma alianza gobernante.
En estos mismos días se ha recrudecido la violencia de grupos de la delincuencia organizada en ese municipio istmeño. A diario hay más muertos que de costumbre. Paralelamente, se anuncia la reapertura de Aurrerá, filial de la transnacional Wall Mart, que cerró sus puertas acosada por la delincuencia organizada. De pronto se anuncian operativos conjuntos, llegan fuerzas federales, la Gendarmería y la Marina.
Gobierno de transnacionales
Desde el año pasado el gobierno municipal exigió el concurso de las fuerzas federales y casualmente éstas llegan hasta que Aurrerá lo necesita para reabrir (hoy muy probablemente). Está claro que al gobierno federal no le importan los pueblos y municipios mexicanos, se encuentra a las órdenes de capital internacional, como se ve en el caso de esta tienda, pero también al permitir que las empresas eólicas no cumplan con la mínima obligación de pagar impuestos municipales. Lo que debería ser una condición para que se instalaran, como retribución mínima a los dueños de esas tierras.
Dura paradoja para este ayuntamiento encabezado por Saúl Vicente, haber trabajado en lograr que se diera una consulta entre los pueblos para establecer empresas eólicas. A cambio nada han recibido, ni siquiera los pagos de derechos de la CFE por el establecimiento de su proyecto eólico, ni la construcción de paneles solares para la Agencia Municipal de Santa María del Mar a que se comprometió la misma paraestatal. Mala táctica que puede despertar al Juchitán bronco contra esas voraces empresas extranjeras y nacionales.
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