Cuauhtémoc Blas
Impedir que el 28 por ciento de la niñez oaxaqueña siga siendo presa de sobrepeso y obesidad, es urgente, es, literalmente, de vida o muerte. Hasta hoy, son inminentes candidatos a enfermedades crónicas degenerativas: diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades coronarias, daño en sus huesos, hipertensión, cáncer. Enfermedades causantes de la alta mortalidad por el Covid 19.
Oaxaca ocupa en el ámbito nacional el primer lugar en niños afectados por sobrepeso y obesidad. ¿Qué 50 mil comercios se afectarían por dejar de vender esa basura o chatarra alimenticia? Aunque se afectaran 100 mil, ¿acaso no son, con mucho, más importante los niños?
Hay más de un millón de infantes de 0 a 14 años en Oaxaca, según datos del INEGI, Unos 600 mil entre 5 y 14 años, de los cuales 28 por ciento padece sobrepeso u obesidad, unos 180 mil.
Hay, según sus Cámaras empresariales, 50 mil comercios que, hipotéticamente, se verían afectados al no poder vender a los infantes esos dañinos productos. Son cálculos grosso modo que hacemos para una idea general del asunto.
Pero ante todo, los niños
Sólo en términos numéricos la desproporción es contra los niños. Que sufran 50 o 100 mil que dependan de un comercio siempre será menos que lo hagan 180 mil niños, o 360 mil afectados contando a un padre. Lo ponemos al doble pensando en que del negocio puedan vivir dos personas y con el niño puedan sufrir también dos.
Aunque el daño en este segundo caso es mayor, los recursos que gasta una familia para atender a un niño diabético desangra la economía familiar. Aún más, el Estado gasta el 5.3 por ciento del PIB cada año en la atención de estos males. No hay comparación entre los supuestos daños a los comercios y los reales daños a la población.
Además, esos comercios no van a cerrar, ni a dejar de vender esa chatarra, dejarán de comprarles apenas a un poco de los padres a quienes impacte la fuerza casi moral de la adición a la ley de los derechos de niñas y niños, recién aprobada en buena hora por la 64 legislatura.
La adición a la ley prohíbe distribuir, donar, regalar, vender y suministrar bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media básica. Asimismo, los comercios de la entidad tienen prohibido vender esos productos a menores de edad. Sólo adultos podrán comprarlos, con lo que queda a salvo la libertad de adquirirlos. Serán los padres los responsables de la salud de sus hijos.
Toca a los ciudadanos en las escuelas y en las colas de las tiendas y supermercados vigilar que no le vendan a menores de edad, como sucedió con los cigarros y bebidas alcohólicas. No hizo falta inspectores. No hay que esperar que la autoridad vigile, de suyo poco se espera de ésta. Los ciudadanos son más eficientes cuando se lo proponen, por ejemplo, el uno por uno para transitar en las esquinas de las calles sin semáforos fue un éxito no de alguna autoridad sino de los ciudadanos, nadie los obligó o supervisó.
En su aguda aversión contra todo lo que hagan la 4T, cuya mayoría de diputados en el Congreso local hizo posible esta medida trascendente, hay quienes descalifican lo que en otro tiempo quizá aplaudirían, y se ponen a alarmar con que hasta los dulces, panes, chocolates, clayudas y demás delicias locales entran en la adición a la ley. Productos estos últimos, por cierto, que generalmente compran los adultos y no son envasados.
Es evidente que la nueva disposición legal tiene dedicatoria a los refrescos y dizque jugos, ultra azucarados, así como esas golosinas “que no te puedes comer sólo una”, hechas para causar adicción y engorda.
Cierto que una educación para la adecuada alimentación sería mejor, pero, ora sí como decían las abuelas “¿Mientras me condeno qué como?” Hay que poner en práctica esa capacitación nacional como el plato del buen comer, que incluye hacer un lado lo del mal comer. Mientras tanto, hay que dar respuesta urgente a la pandemia de obesidad nacional, de adultos y, sobre todo, niños, incluso con leyes que penalicen a quienes fabriquen comida tóxica con todo conocimiento de causa.
“Chatarra”, daño inevitable e irreversible
Así como no se puede privar a los niños de la televisión “caja idiota” y los juegos de internet, sino dosificarlos, asimismo podrá irse retirando el vicio de la comida chatarra. Urge ir estableciendo en la mente de padre e hijos que es necesaria la mejor alimentación posible; de entrada, saber con precisión que la comida chatarra enferma de manera inevitable e irreversible, que la Coca Cola va directo a los huesos del infante inhibiendo su crecimiento.
Lo anterior está científicamente probado y dolorosamente experimentado, no había necesidad de consultas populares, menos a los dueños de tiendas. ¿Qué iban a opinar? Pues nada, que esa ley no pasara porque afecta sus intereses. Moralmente, la salud de los niños está por encima de cualquier consideración económica.
Pero no son esas tiendas las adversarias de tal razonable medida, son la carne de cañón de los grandes emporios, nacionales y transnacionales, enriquecidos a costa de la salud de la población. Y ya iniciaron sus embates, con argumentos que hasta a los afectados pueden convencer.
Ahora dicen los empresarios que es mejor una buena educación alimenticia, que finalmente es lo mismo, una población bien informada igualmente dejaría de comprar alimento chatarra y las fábricas quebrarían. No quieren una sociedad bien informada, al contrario. Lo que quieren es tiempo para seguir su dañino negocio, basado en la ignorancia de las mayorías.
Eso ricos tienen publicistas y manejo de marketing. Pero defender intereses no es defender la verdad, en los Diálogos Socráticos se lee: “¡Tan persuasivamente han hablado! Aunque, por decirlo así, no hay en todas ellas ni una sola (palabra) de verdad”.
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