Cuauhtémoc Blas
El escándalo actual del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) no es porque el gobernador esté imponiendo magistrados, sino porque una de las aspirantes a ese cargo fue designada, en principio, por el Congreso, pero después no fue llamada a tomar protesta.
Dicho escándalo tiene cuatro motores: uno es que se estaba “colando” a ese tribunal una jurista con capacidades y experiencia, la juez Érika María Rodríguez Rodríguez.
El segundo motor del escándalo es que se quiere imponer como magistrado a un desconocedor del entramado jurídico, Moisés Molina Reyes, ex dirigente de las juventudes priistas, ex presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México, y ex asesor del ejecutivo.
Ese personaje, quien además cada semana escribe elogios al gobernador, es quien ocupa, por el momento, el alto cargo de magistrado del TSJO, nada menos que en la Sala Constitucional.
Decimos por el momento porque su imposición ha sido impugnada mediante otro amparo ante la justicia federal, lo que está en proceso de resolución, junto con el nombramiento del otro nuevo magistrado, Abraham Isaac Soriano Reyes, adscrito a la Sala de Justicia para Adolescentes.
El primer amparo interpuesto fue ganado por la juez y aspirante a magistrada, Erika Rodríguez, que es cuando prende el tercer motor del escándalo. El gobierno del estado, a través de su director Jurídico, José Octavio Tinajero Zenil, inició investigaciones penales contra la aspirante.
El otro escándalo, el cuarto, se da al ampliarse la denuncia del jurídico del gobierno de Oaxaca contra los abogados que llevan la demanda de amparo de la agraviada.
Buscamos a los que saben de derecho, abogados de prestigio que por fortuna los hay en gran número en Oaxaca. Ellos catalogan a estas denuncias del poder ejecutivo como desafortunadas, por decir lo menos, son acciones evidentemente intimidatorias, dicen. Tanto la insostenible contra Erika Rodríguez, y peor aún contra sus abogados.
Esto último, nos ilustró un abogado, es francamente un despropósito. Hay que ser ignorante del derecho, pues nuestra Constitución establece que no se puede involucrar al defensor en los asuntos del cliente que defiende. Todo acusado tiene derecho constitucional a una defensa, y nunca se ha de identificar al defensor con los asuntos del defendido. Eso también está garantizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A raíz de esta persecución, como se ha catalogado, diversas organizaciones de abogados, despachos y hasta organismos internacionales de derecho se han sumado en apoyo a la abogada Erika Rodríguez y sus defensores: La Asociación de Abogados en México, por ejemplo, recurre al concepto de Paridad en Todo, con lo que se estaría violando ese principio de equidad de género.
Dicha Asociación de Abogados agrega en respaldo a “Erika María Rodríguez que ha representado no solo a Oaxaca sino a México poniéndolos en alto en diversos foros internacionales, mostrando sus bastos conocimiento y experiencia en la Administración de la Justicia”.
También el Congreso de Oaxaca demandó al titular del Poder Ejecutivo local frenar las acciones intimidatorias y la persecución política en contra de la juez Érika María Rodríguez.
Varias organizaciones se solidarizan con Erika Rodríguez, solo mencionaremos a la continental Fundación para el Debido Proceso, DPLF por sus siglas en inglés, “integrada por profesionales de diversas nacionalidades, cuyo mandato es promover el Estado de derecho en América Latina”.
¿Hasta qué punto están dispuestos los asesores del gobernador Alejandro Murat a afectarlo?, ya lo tienen en la crítica nacional, pasó a la continental de América. Lo menos que se dirá es que hay aquí, además de un Tribunal de Justicia subordinado, un gobierno misógino, nada moderno sino asociado al siglo XIX.
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