Cuauhtémoc Blas
Cada año, poblaciones de San Juan Mazatlán del Mixe Bajo, en la zona norte del Istmo de Tehuantepec, cierran el paso en la Carretera Transístmica, la que va del puerto de Salina Cruz al de Coatzacoalcos. Siempre por el mismo motivo: que el presidente municipal no les entrega los recursos de los fondos federales.
Las agencias municipales que bloquean con violencia, a la altura de la comunidad de Boca del Monte, son Rancho Juárez, Los Valles y San Antonio. Hace tres años fueron 10 días de esa incursión violenta, el año pasado nueve y ahora ocho días.
Los gobiernos estatal y federal pueden presumir que el problema va a la baja, cada año un 10 por ciento menos de días. Así, en unos 10 años estos bloqueos terminarían. Los problemas municipales son de competencia del gobierno del estado, y el delito de obstrucción de vías generales de comunicación, del gobierno federal. Ambos omisos.
Hasta cinco mil pesos por dejar pasar
Los líderes de esas comunidades de San Juan Mazatlán cierran la carretera con pobladores llevados hasta obligadamente. Quien no acepte ir al bloqueo tiene que pagar ocho mil pesos a los jefes usos costumbristas, so pena de ir a la cárcel y hasta perder sus propiedades.
La tarifa mencionada es de 2019, cuando quien escribe anduvo por esos lares; los montos de las extorsiones también eran menores: 300 pesos por automóvil y mil pesos por tráiler. En los días recientes la extorsión fue estratosférica.
Sus demandas de que el presidente municipal no les entrega sus recursos pasan a segundo término, cuando a la luz del día cobran 5 mil pesos por dejar pasar un camión de doble remolque; dos mil 500 al de un solo remolque; y 500 u 800 pesos por automóvil.
Violencia extrema contra las personas
En 2019 amarraron a choferes de servicios de seguridad privada porque intentaron cruzar el bloqueo. El año pasado hicieron lo mismo con un funcionario del gobierno del estado; ahora una diputada local fue casi secuestrada 72 horas, y sujetas sus manos con esposas, cual delincuente, Yarith Tannos Cruz.
Imposible dialogar con ellos, son irascibles, arbitrarios. Ya le tomaron la medida a los gobiernos, los que, temerosos de parecer represivos, permiten esa anarquía antes que aplicar la ley y detener a quienes delinquen.
Detrás de estas manifestaciones hay un entramado político complicado o enredado como son las divergencias en esos pueblos rezagados. San Juan Mazatlán es de los pequeños municipios de usos y costumbres donde las elecciones son cada año. Desde 2019 gobierna Mazatlán el contador Macario Eleuterio Jiménez, de la comunidad de Tierra Negra, quien desplazó a los tradicionales caciques de la cabecera municipal, para imponer un nuevo caciquismo. Cuenta con el apoyo del gobierno del estado, donde mete la mano la emisaria del muratismo, Sofía Castro, para los negocios con los recursos municipales.
Problema municipal doméstico, pretexto
No hay a quien irle en esta disputa por el poder local, la que, mañosamente, los perdedores de la presidencia trasladan a la carretera transístmica, para ganar por partida doble: 1) al extorsionar a los conductores, prolongando lo más posible sus bloqueos para colmar sus alforjas; 2) al obtener los fondos federales que saben que finalmente les entregará el gobierno.
Sin embargo, con esa actitud taimada, al no reconocer al Ayuntamiento, en ocasiones no acuden a las juntas de Priorización de Obras, con lo que voluntariamente se quedan fuera del reparto, para luego exigir fuera de tiempo, y extraer ganancias adicionales.
Larga y decadente historia, lo claro es que nada justifica que dañen a miles y miles de personas por un pleito doméstico. Al permitir estos absurdos, los gobiernos son como la carabina de Ambrosio, el original de la leyenda española, donde el asaltante usaba un arma vieja que a nadie asustaba.
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