Llama poderosamente la atención la intransigencia por quitar de la presidencia municipal de San Raymundo Jalpan a Adán Misael López Castellanos, pues por segunda ocasión este viernes pasado el Congreso local le asestó una suspensión de mandato. Además, también es de asombro la celeridad con que las autoridades ejecutan los castigos contra el edil. Veamos.
Desde el primer año de su gobierno municipal, Adán Misael López Castellanos ha enfrentado actos de protesta de un grupo contrario a su administración. Por supuesto que tener opositores sirve de equilibrio en el ejercicio del poder público, sin embargo acá casi de manera inmediata y sin siquiera brindar el beneficio de la duda este grupo pidió y en el mismo inicio de año de ese gobierno municipal, 2008, logró la suspensión de mandato de Adán Misael, por casi todo ese año, durante más de 10 meses.
Le preguntamos al edil de Jalpan los motivos del conflicto, y asegura que gente de “arriba”, con sus personajes locales, están empeñados en desconocerlo. En esa primera acometida contra el Ayuntamiento, al edil no le fue permitido hacer uso de sus derechos constitucionales, asegura, nunca fue llamado ni se le permitió defenderse, de pronto se dio la suspensión de mandato y ya. Era notoria la debilidad de este “juicio sumario”, pues de tres regidores que supuestamente habían renunciado, con lo cual se declaraba ingobernabilidad, a uno de ellos, al regidor de obras, le habrían falsificado su firma de renuncia. Finalmente, después de una controversia constitucional la justicia federal ordenó que fuera reinstalado el Ayuntamiento presidido por Adán Misael.
De acuerdo a los reportes periodísticos de esos primeros meses del Ayuntamiento de Jalpan los opositores no pasan de 30 en tanto quienes apoyan al edil llegan a 200, reportaban. Asimismo, la votación directa para su elección en la asamblea de usos y costumbres fue inobjetable. Pero desde entonces quedó una herida, misma que ha sido aprovechada por quienes ejercen el poder de manera autoritaria: una aspirante a la presidencia municipal en esa asamblea fue la señora Gregoria González Hernández, quien ni siquiera fue incluida en la terna final. Ella es la misma quien ahora acusa al presidente municipal de haberla agraviado en el tianguis en marzo pasado.
Estos supuestos agravios habrían sucedido el 20 de marzo de este año y el 1 de abril fue detenido de manera espectacular el inculpado presidente municipal por elementos de la Fuerza Policial de Alto Rendimiento.
También llama la atención que en sólo 10 días el Juez segundo de lo penal haya juzgado y dictado orden de aprehensión en contra del edil, quien fue tratado de manera inusual. No sólo por el ilegal trato privilegiado que se le da a los presidentes municipales sino porque en general no es con esa celeridad con que la administración de la justicia funciona, por desgracia.
Salvo en casos donde el presidente del Congreso o algún otro poderoso tiene interés especial, los presidentes municipales gozan de privilegios e impunidad, pueden actuar fuera de la ley, abusar de autoridad y nada les pasa.
Un caso aún fresco fue cuando el tehuano Bulmaro Rito Salinas presidía el Congreso local y José Enrique Ojendis Garfias, a quien había impuesto como presidente de Tehuantepec, se negara a seguirle fiel y entreguista, el Congreso desconoció a Ojendis, fue echado de su cargo y recluido una semana en la cárcel.
Por supuesto Ojendis perdió la noción de la realidad y se sintió todo un Nerón en su municipio donde ejercía bajo frecuentes acusaciones de corrupción y arbitrariedades, sin embargo no fue enjuiciado por eso sino por desdeñar al diputado Rito, dueño de esa plaza.
Ello explica que decenas de presidente acusados de malos manejos sigan tan campantes, en una abierta corrupción y destrozos: en Pochutla con José Manuel Ricárdez; en San Agustín Loxicha, con Jesús Martínez; En Juchitán con Mariano Santana; en Huatla de Jiménez con Agustín Sosa Ortega; en Matías Romero con José Luis Albores, quien fue premiado como candidato a diputado. Los ciudadanos de estos municipios piden al Congreso sanción a esos presidentes y nada pasa.
Es por eso que llama la atención que en San Raymundo Jalpan la procuraduría haya actuado con insólita celeridad, y además la policía estatal allanara las oficinas del palacio municipal para detener con lujo de prepotencia al presidente. En Tehuantepec se puede explicar más la inquina contra Ojendis, malversación de 107 millones de pesos fue el argumento, casi el total de lo que recibía el Ayuntamiento. A todas luces una desmesura y alarde de poder, pues aunque seguramente lo deseaba, el ex edil depuesto no habría podido llevarse completo el presupuesto del año.
Pero veamos los singular de San Raymundo Jalpan: 2 mil 500 habitantes y sólo 2 millones 700 mil pesos de ingresos anuales. Por supuesto que ese par de millones no es desdeñable, pero como que el tamaño del “pastel” no explica tanto encono contra el Ayuntamiento y el presidente de esa población cercana a la capital de Oaxaca. Aunque de paso el instrumento de desestabilización, Dámaso Nicolás, saliera beneficiado en 2008 con la administración municipal de Jalpan que le dieron, sería muy sintomático si también así sucediera en esta segunda ocasión que un Congreso más que subordinado, abyecto, desconoció a quien le ordenaron que desconociera.
En principio la gente llega a expresar complacida “Hasta que le ponen un alto a uno de esos tiranos de pueblo”, sin embargo el conocimiento de los detalles nos explica el porqué de tan “eficiente aplicación de la justicia”. Después de revisar las notas de meses anteriores y platicar con el de nuevo suspendido edil, las razones de su defenestración pueden ser: 1) haber rechazado la propuesta (¿orden?) de Alejandro Avilés, coordinador de delegados de gobierno, de instalar y llenar de cables el pequeño municipio con una subestación de la Comisión Federal de Electricidad; 2) que se haya declarado realmente de usos y costumbres y apartidista; 3) para manejar aquellos los recursos de los ramos federales (en tiempos electorales); 4) preparar el camino para tratar de ganar la próxima asamblea general de elección de Ayuntamiento.
Adán Misael confiaba en que ahora no sería objeto de otro injusto proceso de suspensión de mandato, pues para ello tendrían que culminar con el juicio en su contra por la denuncia de la mercader, mismo que apenas inicia y lejos aún de declararlo culpable. Desde mediados de esta semana que concluye en que conversamos con él preveía, empero, que podría darse la suspensión de su mandato de nuevo, por eso, decía, me detiene la policía y me inventan expedientes, para tener pretextos. Fue exacto en su apreciación, aunque sólo lo planteaba como escenario, creía que la mayoría en el Congreso no llegaría a tanto. Se equivocó, hacen cualquier cosa.