Tercera y última parte
El responsable de esta área desde 2005 a casi finales del sexenio de Ulises Ruiz en 2010 fue Martín de Jesús Vásquez Villanueva. De cuyas revisiones, auditorías e investigaciones nos hemos ocupado en tres números recientes de En Marcha respecto de su administración al frente de la Secretaría de Salud en Oaxaca, Servicios Coordinados de Salud para la federación. Los resultados de esas indagaciones (en poder de En Marcha) son de escándalo, cientos de millones de pesos sin comprobarse, todos recursos federales, lo cual ha configurado el delito de peculado en al menos tres de los más cercanos ex colaboradores de Vásquez Villanueva, quienes aun con orden de aprehensión y auto de formal prisión andan en plena libertad, algunos hasta acompañan al todavía aspirante a la precandidatura del PRI al Senado, Martín Vásquez. Los 1,297 millones faltantes en el programa del Seguro Popular es otro gran pendiente.
El gobierno actual, a través de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, realizó la revisión del año 2009, de la administración de la Secretaria de Salud de Oaxaca (SSO) donde como en otras revisiones o investigaciones todo sale mal, un auténtico caos financiero con faltantes, desviaciones y recursos no aplicados (sustraídos) que por lo menos configuran el delito de peculado.
Estos recursos mal administrados corresponden al programa Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud de Oaxaca (FOROSS), programa federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 2009. Estas anomalías fueron detectadas en la auditoria número Oax/Foross/10
Destacan de estas auditorías observaciones como falta de documentación comprobatoria, documentación que no cuenta con las formalidad de ley, obras pagadas que no se ejecutaron por un millón 995 mil 631 pesos. Además de pagos improcedentes por un millón 776 mil pesos en gastos indirectos.
Incumplimiento en la elaboración uso y requisitado de bitácoras de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, fincando responsabilidad a Gerardo Flores Mendoza, Miguel Ángel Martínez y Adolfo Peña Castro que fungían como Jefe de la Unidad de Programación Información y Evaluación, director de Planeación y Desarrollo y Director de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales, respectivamente. Todos ellos dependientes de los Servicios de Salud de Oaxaca.
A Gerardo flores se le atribuye haber realizado modificaciones no autorizadas de las acciones del convenio DGDIF-CETR-oax-01/09 por un importe de 200 millones 989 mil 676 pesos. Convenio celebrado el 2 de enero de 2009 y publicado en el Periódico Oficial de Oaxaca el 2 de mayo de 2009 y en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril. Este dinero era para realizar diversas obras en el Hospital de la Niñez en San Bartolo Coyotepec, Centros de Salud de Candelaria Loxicha y en San francisco Ixhuatán. También el hospital básico en Acatlán de Pérez Figueroa; Hospital General en Chalcatongo de Hidalgo; Hospital general de Etla; Hospital Regional con Especialidad de Matías Romero; y Hospital Regional de Tlaxiaco.
A Miguel Ángel Martínez Colmenares se le responsabiliza de haber aceptado estas modificaciones indebidas y a Adolfo Peña castro por haberlas ejecutado. Todo ello en contravención de la cláusula primera del citado convenio que establece las obras a realizar que no pueden ser cambiadas en lo que se da en llamar recursos etiquetados para obras.
Les niegan cambio de presupuesto pero lo hacen
Para realizar estos movimientos el encargado de la dirección de asuntos jurídicos de salud en Oaxaca, licenciado Christian Ramírez Sánchez, solicitó con el oficio SSO/DAJ/425/2009 al director general de Desarrollo de la Infraestructura Física de la Salud federal se considerará entre otras las modificaciones de las acciones al convenio citado.
Modificación que no fue aprobada sino ratificada en sus mismos términos por el consultado ingeniero Jesús Guajardo Briones el 24 de marzo de 2009: “…en términos del artículo 9 de la ley general de salud que le permitan el desarrollo de la infraestructura y/o equipamiento de proyectos autorizados de conformidad con el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2009…” Indicación reafirmada mediante anexo del Convenio original.
Cabe mencionar que toda modificación del convenio se debe publicar en los mismos medios donde se autorizaron, es decir Periódico y Diario Oficial ya referidos. No obstante esta clara negativa a esa solicitud la modificación fue realizada de manera unilateral por los funcionarios de Salud de Oaxaca, lo cual sólo pudo llevarse a cabo con el conocimiento y la autorización del entonces secretario de Salud, Martín de Jesús Vásquez Villanueva y el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Contraviniendo también la cláusula décima que exige la publicación de las modificaciones dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización.
(De la lectura del Acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2011 del expediente administrativo 1274/RA/2011 de la Secretaría de la Contraloría en la página 9 se aprecian pifias en estos casos tan importantes pues apuntan para un mismo caso con número 200 millones, con letra 2 millones y se refieren a un monto real de 47 millones).
Cosío, Arias y Patoni, implicados
Otros implicados son Juan Carlos Castillo Villegas y José Yuri Arias Cruz, jefe de la Unidad de Finanzas de la Servicios de Salud de Oaxaca y director de administración del mismo, respectivamente. Se acusa al primero de haber realizado pagos improcedentes por concepto de gastos indirectos por la cantidad de 3 millones 167 mil 344 pesos, así como por “no haber vigilado que la documentación comprobatoria y la información contara con el sello que indique el nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente.” Por la misma cantidad y los mismos conceptos se responsabiliza a Yuri Arias. Esto en contravención a lo establecido en el artículo 180 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
Por si fuera poco, la auditoría señala que estas anomalías se “robustecen” con oficios de autorización, aprobación y liberación de recursos emitidos por COPLADE y la Secretaría de Finanzas del ejecutivo de Oaxaca con que se “autorizaron recursos por concepto de indirectos para la supervisión y vigilancia de las obras ejecutadas por los Servicios de Salud de Oaxaca…”
Por otra parte el Subdirector General de Administración y finanzas, Sergio Patoni y Partida (pariente político del ex gobernador Ulises Ruiz), por su deficiente supervisión en el ejercicio de los recursos, la documentación comprobatoria y de todas las anomalías reseñadas. En el número anterior el abogado de los procesados, Jorge Franco Jiménez, pide al actual titular de la Secretaría de Salud, por medio de un juzgado federal, se informe qué persona manejaba materialmente las chequeras de esa Secretaría de Salud, mismo que no se le ha proporcionado. Pues en sus argumentos de defensa no son sus clientes quienes habrían manejado las chequeras sino alguien de mayor influencia que según trascendidos lo era el señor Patoni y Partida.
También a Brenda Karina Ferra Tovar ex jefa del Departamento de Control de Inversión, se le atribuye responsabilidad en la aplicación de los recursos federales por los mismos pagos improcedentes en gastos indirectos y no haber vigilado esos recursos. En la revisión física a la obra del Hospital Básico Comunitario en Acatlan de Pérez Figueroa existe diferencia entre la obras estimada y efectivamente realizada por un millón 995 mil 632 pesos.
Y por estas mismas irregularidades se atribuyen las mismas faltas administrativas a Roberto Jaime Garrido Gutiérrez, jefe de la unidad de Obras, Conservación y mantenimientos y Francisco Rafael Reyes Velázquez, director de Infraestructura, mantenimiento y servicios generales.
Por otra parte, a José Alfonso Ríos Martínez, jefe del departamento de Supervisión de Obras se atribuye la aprobación y autorización de los conceptos de obra en el Hóspital de Acatlán de Pérez Figueroa, pues su trabajo consistía en supervisar y evaluar el proceso de construcción, resultándole también responsabilidad a Oscar Castellanos Hernández, jefe del departamento de supervisión de Obras de los servicios de Salud. Así como a Víctor Hugo Santos León, director de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales por las mismas irregularidades.
A todos ellos se les inició el procedimiento de responsabilidad administrativa disciplinario previsto en el art 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y municipios de Oaxaca de la misma forma en cómo ocurrió con los servidores públicos que tratamos en el número anterior, se iniciará el procedimiento penal donde todo apunta a que se librará orden de aprehensión y se dictará auto de formal prisión en su contra pues contravienen el mismo supuesto que es haber destinado los recursos a rubros distintos a los establecidos en el convenio siendo procedente determinar su responsabilidad penal de acuerdo al criterio que han establecido los tribunales federales.
Llama la atención la poca importancia que la actual administración de la SSO ha dado a la entrega de la información requerida incluso por la autoridad federal, y el desenfado con que el personal de la Contraloría del estado realiza sus estudios técnicos.