Aprisa pasa este sexenio de gobierno estatal en Oaxaca. Rumbo a tres años de iniciado con grandes expectativas y esperanzas, aún no hay nada; ningún ofrecimiento ha cumplido. Cada sector social entendió las promesas de cambio de acuerdo a sus necesidades e intereses.
Los padres de familia entendieron por cambio que por fin sus hijos tendrían clases; que no habría más paros y mejoraría la calidad educativa. Los miembros de la sección 22 entendieron por cambio tener a un gobierno que se plegara más a sus dictados. En mucho lo han logrado, han subordinado de manera más evidente a este gobernador quien no ceja de defenderlos, de abanderar sus demandas, su PTEO y su apoyo a la “tropicalización” de la educación.
Para la gente que transita por las carreteras y avenidas del estado el cambio era para que ya no hubiera bloqueos, ni esa facilidad con que cualquiera cierra impunemente cualquier vialidad. Esperaba esto, sobre todo la gente que vive al día, que sale a diario a ganarse la vida, para quien la obstrucción de vialidades es letal.
En el Istmo de Tehuantepec, región que desde hace décadas sufre más que otras de invasiones de tierras, cierre de carreteras y demás ilícitos, la población tampoco fue atendida en su esperanza de que todo eso cesara. Por el contrario, recientemente y como se documenta en este número de En Marcha, las invasiones de terrenos se incrementaron de manera escandalosa y el Istmo es presa del mayor caos de su historia.
El ofrecimiento central de campaña del actual gobierno fue olvidado: juzgar a los funcionarios del gobierno anterior. Ni uno sólo de los señalados al iniciar el sexenio fue molestado, quienes pisaron la cárcel, como Gonzalo Ruiz Cerón, Maritza Escarlet y Yuri Arias, administrador de Martín Vásquez Villanueva, fue por denuncias de un ciudadano, del IMSS y de empleados de Salud, respectivamente. El mismo Cué salió a decir en un momento dado que al ex gobernador Ulises Ruiz no se le seguía ningún proceso judicial.
En materia de transparencia y rendición de cuentas tampoco hay cumplimiento. Palabras que se llevó el viento fueron las del discurso de toma de posesión de Gabino Cué el 1 de diciembre de 2010: “No toleraré actos de corrupción, tenemos que erradicar este mal que tanto ha dañado a nuestra sociedad. No permitiré que funcionarios se enriquezcan al amparo de la pobreza de la gente, por lo que habrá una constante vigilancia y monitoreo de la función pública”.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública no sirven para cumplir el ofrecimiento de manejar los recursos con honestidad y transparencia. Son costosos elefantes blancos cuyos responsables destacan por su omisión cómplice.
Los famosos video escándalos también exhiben el mal manejo del erario que se hace a través del operador del gobernador, Jorge Castillo, quien reparte recursos para el control político de legisladores, dirigentes de partidos, aspirantes a cargos de elección, lo que pudo trascender con la filtración de grabaciones ilegales de conversaciones telefónicas entre Castillo y otros que exhibieron cómo este gobierno se inmiscuye torpemente en el actual proceso electoral local.