Lo que se avizoraba desde el inicio de este gobierno del “cambio”, hoy a cuatro años de distancia es una dura realidad: la consecución del poder a través de otros partidos por las camarillas priistas desplazadas del suyo.
Vemos en este número de En Marcha cómo se dio la salida del actual gobernador del gabinete priista de José Murat, donde fue fugazmente secretario técnico. Vemos también cómo 12 años después, -una vez peleado Murat con Ulises Ruiz-, Gabino y Murat hicieron alianzas, primero contra el enemigo común, y después por intereses políticos.
Alternancia y transición democrática era la oferta de Gabino Cué en su campaña, además de honestidad, transparencia, “nunca más un Oaxaca violento”, etc. Sólo se cumplió la alternancia, las reformas para dejar atrás autoritarismo y opacidad quedaron a medias.
El motín de 2006, aquel movimiento sin cabeza (para recordar a José Revueltas), que juntó a colonos, mercenarios, guerrilleros con el cartel de la S22, tuvo como exigencia central la salida del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, “El tirano” que asolaba a la entidad con su gabinete de bisoños y autoritarios.
El castigo al PRI en las urnas, que favoreció a Gabino Cué, vino directamente de esa traumática experiencia oaxaqueña. Quienes hoy gobiernan alimentaron y militaron en ese movimiento. Finalmente fueron quienes lo aprovecharon y hoy se están sirviendo del poder y el erario como siempre, o más que siempre. Pruebas de ello hay en estas páginas.
El poder legislativo, donde predominan los partidos de la alianza triunfadora PRD-PAN-PT-Convergencia, que habría de hacer las reformas para la transición democrática resultó otro fracaso. Ni siquiera hicieron bien la reforma fundamental para responder al movimiento de 2006 que los entronizó en el poder: la revocación de mandato.
Esa reforma realizada en abril de 2011 quedó en parodia, pues exige que la suscriba el 20 por ciento del electorado, 700 mil votantes. Tarea a realizar sin recursos ni infraestructura; y para inhibir más esta posibilidad, la solicitud de revocación se tendría que hacer después tres años de gobierno. Si en 2006 hubiera existido así esta figura constitucional, Ulises Ruiz no habría tenido problema para seguir en el cargo, llevaba dos años.
Los diputados del “cambio” no sólo se autorizaron más de doble de presupuesto que años anteriores, sino se lo repartieron a placer entre las fracciones partidistas, así como los órganos del Congreso. Más de 600 millones de pesos para una institución administrativa; además con problemas para pagar a sus proveedores, dejando deudas y acusaciones de desfalcos.
Este exceso presupuestal opera en sentido contrario a la productividad por la parálisis legislativa de estos años. Sólo dos leyes aprobadas en el primer año de la LXII Legislatura, es más que elocuente. Ni siquiera esa inocua propuesta de ley de reforma indígena y afromexicana ha sido aprobada para seguir adornando jurídicamente a gobiernos populistas, aunque esas leyes supletorias no sean útiles.
Otro paso hacia atrás del actual poder ejecutivo de Oaxaca es haber cebado a los diputados con el llamado “pago por evento” para aprobar cualquier cosa en el Congreso. Lo que fue constatado al final de la LXI Legislatura cuando los diputados salientes se amotinaron hasta recibir ese pago, amenazaban con no aprobar el presupuesto de egresos.
Así, al llegar al cuarto año, cuando está claro que ya no se atendieron las promesas de campaña ni las esperanzas de los oaxaqueños, este gobierno sale con que crea una “comisión de la verdad” para atender los hechos de 2006. La inmediata suspicacia es hasta natural, de tal manera que alguien nos llamó para decirnos: “Escribe por ahí si esos que se prestaron a la farsa al menos podrán hacer decir a Cué la verdad de por qué nos engañó tanto”. Servido.