Dos puntos negativos destacan en la catástrofe del Istmo de Tehuantepec: la omisión plena de la Coordinación Estatal de Protección Civil y la ausencia de coordinación entre las dependencias del gobierno de Oaxaca. No hubo la necesaria comunicación interna estatal.
Los funcionarios estatales no parecen asimilar que están ante un evento fuera de lo ordinario. Su esfuerzo es por salir en la foto junto al gobernador en los recorridos. Entre tanto, miles de istmeños sortean más de 8 mil temblores y réplicas, lluvias e inundaciones y, como corolario de la desventura, los fuertes vientos que rompen las lonas donde se refugian.
Ante una tragedia de tal magnitud, los funcionarios tienen la obligación incluso moral de no dar la impresión de participar actos de lucimiento. Sin embargo, la puja rumbo a las candidaturas federales los hace pasar por encima de cualquier consideración. No es extraño, entonces, que no voltearan hacia las sierras norte y cuicateca también afectadas por sismos y lluvias, de 10 a 15 días tardó la burocracia estatal en atender esa otra emergencia.
Gobierno federal toma el control
En el Istmo, el gobierno federal asumió el control al delegar responsabilidades en sus secretarios y subsecretarios de Estado. Lo extenso de la atención a los pueblos recayó en el Ejército, que de nuevo tuvo que relevar en parte al gobierno civil. De todos modos, sin un mando civil que coordinara, hasta las fuerzas armadas se confrontaron, fue el caso de militares contra Policías Federales por el resguardo de despensas.
Es difícil, sin embargo, prescindir de los funcionarios estatales que participan arrastrando sus limitaciones. Otros escándalos están a la vista. Primero la separación en plena crisis de Amando Bohórquez de la Coordinación Estatal de Protección Civil, un político que nunca supo lo que tenía a cargo. Después los abusos de funcionarios al incluirse en las listas de damnificados para recibir el dinero de apoyo federal; legisladores en proselitismo electoral; presidentes municipales en lo mismo o desviando recursos.
No acatar la ley propició el caos
Lo peor fue que el área estatal de Protección Civil no aplicara la ley en la materia. No convocó a su Consejo Estatal de Protección Civil para atender la emergencia, tal como la faculta la Ley de Protección Civil para el Estado de Oaxaca (http://tinyurl.com/ybkn93ev).
“Artículo 15.- El Consejo Estatal es el órgano superior del Sistema Estatal, con funciones de consulta, opinión, decisiones y coordinación de las acciones en la materia, en el que se integran, en forma multidisciplinaria e interinstitucional los órganos del Gobierno del Estado, las organizaciones civiles e instituciones científicas, académicas y profesionales (…)”
En el siguiente artículo se establece la conformación detallada de dicho Consejo, presidido por el gobernador del estado y con otros funcionarios estatales, el Congreso local, el DIF, así como las dependencias y entidades públicas federales relacionadas con la materia; autoridades municipales y grupos voluntarios, organizaciones sociales, sector privado, instituciones académicas, colegios de profesionales y medios de comunicación.
En suma, éste era el instrumento correcto que debió ponerse al frente de la emergencia, pero en vez de convocar al Consejo Estatal, la dependencia de Protección Civil del estado desapareció de la escena. La desorganización que se dio a continuación era inminente.