Durante casi medio siglo Chiapas avanzó permanentemente invadiendo tierras de Chimalapas Oaxaca, incluso, visto en perspectiva se infiere de manera planificada y estratégica, con la creación de regiones con nombres oaxaqueños para crear en el imaginario colectivo la idea de que esas tierras son de Chiapas, sembrando elementos para asociarse a la historia de los zoques y del Istmo de Tehuantepec.
Además hay una no menos sostenida política de comunicación social que promueve los intereses chiapanecos en Chimalapas. Lo anterior es notorio en los llamados medios nacionales, un amplio reportaje plenamente favorable a Chiapas fue emitido en el programa de Televisa “Punto de Partida” a finales del año pasado, por ejemplo.
Mientras el vecino estado mantiene en esta estrategia expansionista una continuidad evidente con sus sucesivos gobiernos estatales, para beneficiar a sus ricos madereros, ganaderos y ahora mineros (esta reciente actividad de la minería poco se ha abordado), en Oaxaca todos sus gobernadores desde 1967 han desdeñado el asunto, no oponen ningún plan, menos una estrategia adecuada.
Los políticos oaxaqueños han permitido el avance del gobierno de Chiapas a grado tal que, además de localidades y poblados chiapanecos en tierras oaxaqueñas (apoyados con títulos de propiedad que les obsequia la Secretaría de la Reforma Agraria), en noviembre del año pasado Chiapas se aventuró a crear un municipio en tierras de Oaxaca. Han pasado 45 años desde que Chiapas “legalizó” sus invasiones, y también han pasado varios gobernadores oaxaqueños: Rodolfo Brena Torres (quien en 1967 ya iba de salida), Víctor Bravo Ahuja, Fernando Gómez Sandoval, Manuel Zárate Aquino, Eliseo Jiménez Ruiz, Pedro Vásquez Colmenares,
Heladio Ramírez López, Diódoro Carrasco Altamirano, José Murat Casab y Ulises Ruiz Ortiz. Extrañamente ninguno afrontó el problema. Hasta que hoy Gabino Cué Monteagudo lo hace, aunque de una manera muy ineficaz, por decir lo menos.
2006-2012, Seis Años de Impunidad
Preocupación y decepción permea en muchos oaxaqueño con respecto a este gobierno que llegó al poder con la firme promesa del cambio y aplicar la justicia contra los agravios del pasado. Hasta ahora brilla la impunidad para los hechos de 2006, por citar lo más notorio, donde hubo más de 20 muertos.
Además de los asesinatos a dirigentes de los grupos políticos regionales desde 2004. Pero si muchos de los deudos de los caídos en 2006 ya se conformaron con los miles de pesos que entre ellos repartió el gobierno, desmovilizando con esto al sector social más activista y militante, algo que no puede taparse con un dedo es el quebranto multimillonario que el gobierno anterior dejara a Oaxaca y que el mismo gobierno actual sacó a las luz desde el año pasado: 3 mil 687 millones de pesos. Sólo se publicitó este hecho sin que ninguno de los implicados esté en prisión.
En esta entrega concluimos con una serie de tres trabajos donde con documentos oficiales la PGR y la Contraloría del estado (en poder de En Marcha) se prueba el fraude cometido por un equipo de funcionarios del sexenio anterior en la Secretaría de Salud de Oaxaca, comandados por su ex titular Martín de Jesús Vásquez Villanueva. Mostramos acá, sólo con estos documentos, más de 200 millones de pesos malversados. Aparte de los 1 mil 297 millones desviados del Seguro Popular comprobados desde el año pasado por la Contraloría estatal. Y de los 118 millones 860 mil pesos del acelerador lineal contra el cáncer “extraviado”. Aquí tenemos una monumental prueba de abierta impunidad y hasta protección a los defraudadores del pasado.