Ese domingo, los habitantes de la capital oaxaqueña —acostumbrados a verlos en días hábiles— miraban extrañados a los profesores de la Sección 22 en la marcha que había partido del crucero de Viguera; habían sacrificado su descanso, porque ese 14 de junio celebraban el tercer aniversario del frustrado desalojo de los maestros en el zócalo, en el 2006.Eran las diez y media de la mañana, la vanguardia de la caravana se hallaba a la altura del Cobao de Pueblo Nuevo, al norte de la ciudad, cuando un tremendo estallido suspendió su desplazamiento: la camioneta (propiedad del IEEPO) que transportaba cohetes, había hecho explosión hiriendo a Alberto Gazga Barenca, a Said Rodríguez Altamirano y a Osvaldo López Domínguez, trabajadores del Hotel del Magisterio, quienes viajaban en la batea de la misma.
Al joven de 22 años, Gasga Barenca, se le desprendieron los músculos de una pierna dejando al descubierto la tibia. Vivo aún, se le subió a una ambulancia, pero murió rumbo al hospital. Said tuvo graves quemaduras en el cuerpo y Osvaldo permaneció varias semanas en coma en el Hospital de Especialidades de Oaxaca.
En esos días la versión común era que la camioneta pick up iba repleta de cohetes, pólvora y bombas molotov y que, lo que explosionó el vehículo fue el estallido de un cohetón en la batea.
Ni unos ni otros
La dirigencia magisterial sugirió un atentado. El gobierno, por su parte, se deslindó de los hechos. Los de la Sección 22, mantuvieron cerrada la boca al cuestionamiento de por qué transportaban cohetes en la marcha sin permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional y qué hacían los empleados del hotel en la misma, y por qué llevaban un vehículo oficial.
La dirigencia magisterial no asumió que el fallecido y sus dos acompañantes pertenecieran al gremio magisterial al ser empleados del hotel que pertenece a los maestros; se dijo que la 22 pediría al IEEPO que se hiciera cargo de una indemnización a los deudos de Gasga Barenca. Ese instituto no los contrató pero por esos múltiples convenios ventajosos con el sindicato era el que le pagaba mediante contrato temporal.
Por ello, la familia del fallecido puso en entredicho la solidaridad gremial de los maestros, al cuestionar que el magisterio de la 22 convocara a un paro de cuatro días para exigir el esclarecimiento de la muerte del profesor Norberto Camacho Sarabia, muerto durante “la recuperación” o allanamiento de la escuela primaria bilingüe “Libertad”, en San Pedro Jicayán el pasado 28 de agosto.
Por ello los padres del infortunado joven preguntaron: “¿Por qué en todos los sucesos trágicos referentes a los miembros del magisterio, su dirigencia llama hasta a paros generales exigiendo siempre justicia inmediata y expedita, y en el caso de nuestro hijo, su dirigencia ha guardado el más completo silencio?
“¿Será que a nuestro hijo no lo consideraron compañero (como sí lo hacen con otros caídos de otras organizaciones) no obstante trabajar directamente para el sindicato y, especialmente para su dirigencia y caer muerto en un acto sindical?”. Un silencio de muertos les respondió.
Se destruye una vida joven
Alberto nació en Guiegovelaga, pertenciente a Guevea de Humbolt en el Istmo, donde estudió hasta la preparatoria. Llegó a la ciudad de Oaxaca y se inscribió en la Facultad de Arquitectura de la UABJO, pero desertó al primer año. Su cuñado, el profesor Francisco Javier Dehesa López, oficial mayor en el sindicato de maestros, lo recomendó como administrador del Hotel Magisterial.
Apenas una semana antes de la tragedia Alberto había cumplido 22 años. Pensaba solventar sus problemas económicos y retornar a la escuela, concluir la carrera y más adelante casarse con “su chula novia”: Érika. El finado era alegre y entusiasta. Dicen sus amigos que no quería ir a marcha, pero se le había dado una orden de la dirigencia magisterial de la Sección 22.
Por cierto, Francisco Dehesa López, quien de humilde profesor en su pueblo, El Espinal, ahora, como dirigente, es dueño de tres teléfonos celulares BlackBerry’s, camionetas de lujo y viste ropa “de marca”, nada ha hecho por ayudar al esclarecimiento del presunto crimen, a pesar de que él externó a los familiares de Alberto, una hora después de los hechos, que él estaba muy cerca de la explosión y qué “eso no fue un accidente”. Sin embargo, ahora no dice una sola palabra sobre el asunto.
Hace mutis la Sección 22
El escándalo de la explosión se fue atenuando, sin embargo, tres meses después, los hechos renacen con las denuncias de los padres del malogrado joven. Alberto Gasga Pérez y Yesenia Barenca López señalaron en un escrito el pasado 1 de septiembre: “A casi tres meses de la trágica muerte de nuestro hijo, la Sección 22 SNTE no nos ha respondido de manera clara y convincente a los planteamientos que por escrito y de manera verbal les presentamos el pasado 20 de julio a su dirigencia sindical”.
La pareja se pregunta: “¿Qué hacía nuestro hijo en esa marcha en una camioneta presumiblemente con explosivos?
“¿Quién o quienes lo instruyeron para participar y exponer su vida de manera irresponsable y con el resultado fatal conocido?
¿Por qué en los medios de información se ha difundido dolosamente (que nos parece un insulto a su memoria) que nuestro hijo murió por su propia irresponsabilidad? ¿Será que no les importa investigar?
“¿Por qué en todos los sucesos trágicos referentes a los miembros del magisterio, su dirigencia llama hasta a paros generales exigiendo siempre justicia inmediata y expedita, y en el caso de nuestro hijo, su dirigencia ha guardado el más completo silencio?
“¿Por qué la vida de nuestro hijo no es exigible políticamente por el sindicato de maestros? (…)”. Finalizan su escrito con la exigencia de que se sigan todas las líneas de investigación, principalmente “todas las circunstancias y causas reales de la explosión, porque nos parece que, por la magnitud de la misma, no creemos que haya sido producto de un accidente”.
¿Fue asesinato?
“¡Aguas! ¡Aviéntense!”, gritó espantado Alberto un instante antes de la explosión, aseguró Osvaldo, después de salir del estado de coma en que lo dejó el incidente. Es decir, el finado observó algo anormal, por eso lanzó el grito. De ser cierta esta versión, aumenta la duda si fue un accidente o un crimen.
El también compañero de Alberto en el Hotel Magisterial, indica que no llevaban más de veinte cohetones en la camioneta, porque la noche anterior habían repartido la mayor parte en las barricadas; y que descendían del vehículo y buscaban lugares libres de cables o árboles para hacer estallar un cohete.
Varias personas coinciden en señalar que un grupo de 15 encapuchados que también llevaban cohetones, se acercó a la camioneta y que instantes después de la explosión dos personas (sin capucha), salieron del lugar velozmente en una motocicleta, como si huyeran.
Varios analistas, consideran que perciben tres vertientes a investigar:
Una, que pudo ser un accidente, bastante raro, porque eran pocos explosivos, sin embargo pudiera ser que uno o más de los artefactos pirotécnicos se hubiera manufacturado con mayor cantidad de pólvora.
Que pudo deberse a un atentado de parte del gobierno, opción que ven poco sólida o, por parte de algún grupo radical —de profesores o de la APPO—, para crear mayor caos y retornar a los días del 2006 (“total los jóvenes no eran maestros”).
Consideran que quienquiera que haya sido, pudo haber instalado un artefacto explosivo a la camioneta, porque casualmente (o no), la noche previa a la marcha, fue el único vehículo que se quedó fuera del estacionamiento del Hotel Magisterial.
Y, finalmente, que alguno de los encapuchados, que normalmente vandaliza en las marchas, hubiera lanzado algún artefacto explosivo que hizo más grande la conflagración con el combustible del tanque de la camioneta.
Exigen informe a PGR
Los padres presumen que su hijo fue asesinado, por ello, ya demandaron una exhaustiva investigación ante la Comisión de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República. Donde señalan que, durante la integración de la Averiguación Previa existe una clara omisión en la práctica de las diligencias necesarias tendientes a determinar la misma, y que, a tres meses de la tragedia, no existe interés por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación por esclarecer los hechos investigados.
Por lo que respecta a las averiguaciones iniciadas en la PGJE por el delito de homicidio también existe un omisión del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Combate a la Delincuencia Organizada, ya que a pesar de que hay elementos suficientes para presumir que se trató de un crimen y no de un accidente, hasta ahora no se han realizado las investigaciones en tal sentido y tampoco se han practicado los peritajes tendientes a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados. Tampoco existe, recalcaron, interés por parte del sindicato magisterial por esclarecer los hechos
“Hasta ahora no se sabe que se hayan practicado los peritajes correspondientes ni se ha requerido a la Sección 22 del SNTE un informe sobre la investigación que realizó un perito externo por encargo de la propia dirigencia magisterial, como tampoco se ha interrogado a quienes resultaron heridos o fueron testigos del estallido de la camioneta.
“El perito criminalista contratado por la sección 22 levantó en el lugar de la explosión indicios importantes que ni la PGR ni la PGJE recogieron, restos de circuitos electrónicos y/o partes del vehículo lanzados a más de 40 metros de distancia, que podrían ayudar a esclarecer de manera científica los hechos donde perdió la vida Alberto Gazga Barenca”.
Estos restos de circuitos electrónicos ya no pudieron ser analizados porque la dirigencia magisterial suspendió el peritaje, dicen los familiares, aduciendo que ya no tenía dinero el magisterio, pero que “en realidad se debió, a que todo apuntaba a que no había sido un accidente”
Razones frívolas.
El padre de Alberto Gasga, entrevistado por En Marcha, afirmó que la PGR no interviene, porque, cuando platicó con el delegado estatal, éste le señaló que la dirigencia magisterial no ha entregado el peritaje que encargó por su cuenta y solamente le dio los nombres sin el domicilio de los afectados, “razón infantil que esgrime la PGR para desentenderse del asunto”.
Agregó que el delegado le dijo que desde el principio el magisterio impidió la participación de la autoridad, porque profesores agredieron a un oficial de la PFP quien grababa en el lugar de los hechos.
Señaló que por fuentes cercanas al magisterio se enteró que la dirigencia de Asael Santiago Chepi recibió desde hace dos meses el resultado del peritaje de un profesional de la UNAM, en donde se dice que “no fue accidente”, y que el dirigente encargó uno nuevo a un perito en criminalística, del que tampoco se sabe nada.
Lo afligidos padres denuncian que se ha vulnerado su derecho a que se les informe sobre el avance en la averiguación previa, pues los días 8 y 9 de septiembre del 2009 se presentaron en la delegación de la PGR en Oaxaca sin que el agente del Ministerio Público de la Federación que conoce de la investigación los atendiera.
Una queja por este motivo también fue presentada el pasado viernes 4 ante la CNDH para exigir que, una vez que tengan las copias certificadas de las indagatorias, se analicen las irregularidades de naturaleza administrativa en que han incurrido ambas Procuradurías, y en su momento se emita la recomendación correspondiente.