Eran los primeros días de abril de 2006, en medio del proceso para elegir al presidente de la república. El Instituto Federal Electoral, en su sede distrital de Tlaxiaco, enfrentaba serios problemas para realizar las actividades de organización y capacitación de quienes fungirían como funcionarios de casilla en la zona triqui. La falta de seguridad y el clima de violencia impedían el trabajo de su personal de campo. Y las autoridades estatales y federales, como desde hace décadas, no brindaban las garantías requeridas. Se tuvo entonces que apelar a los poderes fácticos.
Evidenciada su opacidad en el proceso de licitación de cuatro programas de vital importancia para garantizar elecciones transparentes y fuera de toda sospecha de fraude, el Instituto Estatal Electoral (IEE) ha sido emplazado públicamente por la Coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”, y por las dirigencias nacionales del PAN y del PRD, a rendir cuentas claras de todo el proceso administrativo y legal que siguió la Junta General Ejecutiva, a través del Comité de Adquisiciones, para signar contratos por poco más de 80 millones para la elaboración de material electoral; impresión de boletas electorales, actas y demás documentación electoral; servicio de monitoreo general a las estaciones de radio y televisión de
Nuevamente el grupo Pipsamex, propiedad de los hermanos Rincón -quienes también son dueños del grupo Durango, consorcio productor de papel más grande en el país- amenazaron con llevarse la planta de Tuxtepec, llamada Fapatux, a otra parte donde según ellos les ofrecen mayores garantías para trabajar.
Las alianzas partidistas en Oaxaca tienen problemas para designar a sus candidatos a presidentes municipales. Era de esperar que la “Alianza por la Paz y el Progreso”, nucleada en torno a Gabino Cué Monteagudo y formada por cuatro partidos políticos: PAN, PRD, PT y Convergencia, presentara las mayores dificultades por la cantidad de partidos y grupos de interés dentro de los mismos. Sobre todo con las famosas tribus en el PRD que es el partido más fragmentado en la entidad.
“Cuando cayó el muchacho, el hombre se le fue encima y lo remató a balazos. Por entre el carrerío detenido (…) se perdió el asesino. El ‘presunto’ asesino, como diría la prensa hablada y escrita, muy respetuosa ella de los derechos humanos. Con eso de que aquí, en este país de leyes y constituciones, democrático, no es culpable nadie hasta que lo condenen, y no lo condenan si no lo juzgan, y no lo juzgan si no lo agarran, y si lo agarran lo sueltan… la ley de aquí es la impunidad”.