Administradores, de intermediarios políticos a proveedores de recursos

El gobernador abdicó de nombrar administradores y vino el caos

 

Víctor Leonel Juan Martínez

 

Desde la última década del siglo pasado los administradores empezaron a jugar un papel relevante. Ante la pérdida electoral paulatina que tuvo el PRI de los municipios, en aquellos con conflicto postelectoral el gobernador designaba a los administradores municipales y el Congreso los validaba. Así el administrador hacía las tareas políticas para recuperar el control municipal para el gobernador y su partido.

 

La cuestión terminó de pervertirse a medida que los ayuntamientos empezaron a recibir mayores recursos públicos. La figura del administrador municipal entonces, pasó de ser un agente de intermediación política, a también un proveedor de recursos para los padrinazgos de quienes lo llevan al cargo (diputados, partidos políticos, funcionarios gubernamentales).

 

Ahora no importaba sólo el control político, sino también el dinero. Quien entendió pronto esta dinámica fue el gobernador José Murat; en su mandato las elecciones anuladas fueron 14, pocas para el negocio, pero ello no fue obstáculo. En ese periodo se desaparecieron poderes en 38 municipios, se revocó el mandato de ediles en 13 más. Así, 65 municipios estuvieron a cargo de administradores o concejos municipales (Cuauhtémoc Blas, Oaxaca, ínsula de rezagos, Ed. Siembra, 2007).

 

El exgobernador hizo lo propio también en la figura de los consejos municipales. En Juchitán en 2001, ante le inelegibilidad de Héctor Matus, candidato del PRI que ganara las elecciones; el primer día del nuevo ayuntamiento los concejales en masa “solicitaron licencia”, al día siguiente el Congreso desaparecía los poderes municipales y nombra a un Consejo Municipal, presidido por ¡Héctor Matus! e integrado por los mismos regidores. En Ciudad Ixtepec cuando el edil, Adolfo Toledo, solicitó licencia para incorporarse a Coplade, se hizo la misma comedia para que ocupara la presidencia Beto Tactuc, amigo de la infancia del exgobernador.

 

El gobernador entrega el control

 

Por eso fue sorpresiva la situación en 2011. En el escenario de la alternancia en el gobierno estatal, las fuerzas políticas se movieron para dejar una estela de inestabilidad. De entrada 47 municipios iniciaron sin autoridades pues sus elecciones fueron anuladas por el órgano y los tribunal electorales. Cifra que crecería a 50 al primer mes del periodo municipal.

 

En la lógica imperante el Legislativo solicitó al gobernador en un par de ocasiones su propuesta de quiénes serían los administradores municipales. Insólitamente Gabino Cué abdicó de esa facultad, perdió de paso la posibilidad de asumir el control político de esos municipios y lo regaló a los partidos políticos. Tal oportunidad no sería desaprovechada por los diputados. En una rebatinga se repartieron las administraciones. Sería el paso decisivo para institucionalizar el saqueo de las haciendas municipales.

 

En esa lógica los administradores se quedaron en el limbo legal. Ya no dependían del Ejecutivo, no informaban siquiera a la Secretaría General de Gobierno la situación municipal, menos la obedecían. Y tampoco dependían del Legislativo como tal, sólo de sus jefes políticos, los coordinadores parlamentarios o los dirigentes de los partidos.

 

Pasaron tres años para que el Ejecutivo se percatara de la importancia del control de los administradores. En 2013 enviaría al Congreso una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica Municipal para recuperar la facultad de nombrar a los administradores, además de ponerle ciertos cotos y la duración sólo por 90 días. Reforma aprobada el 30 de septiembre de 2013. Nunca pudo operarse.

 

Partidos retoman administraciones

 

Diputados y partidos no dejarían ir el negocio tan fácilmente. Apenas iniciada la actual legislatura, el 27 de diciembre de 2013, reforman la Constitución y la Ley Orgánica Municipal para recuperar el nombramiento y control de los administradores municipales.

 

Y es que, en su apuesta –corroborada por la mala información del ejecutivo— serían al menos unos cincuenta los que habrian de nombrar. No fue así, pero el reparto llegó a niveles de cinismo –como denunciaron los partidos los minoritarios que no tienen fuerza para entrar al reparto— pues de forma ilegal facultaron a la Junta de Coordinación Política para hacer directamente las designaciones. Y a inicios de 2014 la rebatinga fue visceral, capitalizando el PRI la mayor parte de los nombramientos.