LXII Legislatura, la más indolente y mezquina de los últimos tiempos

Adrián Ortiz Romero Cuevas

 

Si la pluralidad política es un signo de nuestro tiempo, en Oaxaca esa pluralidad no ha servido para tener una mejor democracia. Al menos así ha sido el Congreso del Estado, que a lo largo de esta LXII Legislatura —que está a pocas semanas de culminar su periodo— ha sido una muestra permanente de cómo hasta en la pluralidad, hay quienes son capaces de ponerse de acuerdo para llevar al Estado de Derecho y al sistema representativo a la quiebra. De ese tamaño es el drama del Poder Legislativo en Oaxaca, sólo hay que revisar un poco para corroborarlo.

 

Pluralidad trabada

 

Uno de los signos distintivos de la LXII Legislatura es su pluralidad. Quizá como nunca antes, en el Congreso local hubo representación de nueve partidos políticos. De los 42 diputados que por mandato constitucional integran la Asamblea, 17 fueron del Partido Revolucionario Institucional, 10 del PRD, 9 del Partido Acción Nacional, y algo pocas veces visto: 6 diputados locales, del mismo número de partidos distintos, sin posibilidad —y sin ganas— de integrar algunas bancadas para trabajar organizadamente: uno del Partido Verde, uno del Partido Social Demócrata, uno del Partido del Trabajo, uno del PUP uno de Nueva Alianza y el último de Movimiento Ciudadano.

 

Uno pudiera suponer que con tanta pluralidad habría una riqueza infinita en el debate político, y una pléyade de iniciativas sugerentes y benéficas para la entidad. Lo sorprendente es que nada de esto fue así, y que incluso ni siquiera el debate fue digno entre quienes decían representar las diversas voces y perspectivas sociales que se supone existen en la entidad.

 

Pues resulta que la pluralidad fue aprovechada por los tres principales partidos políticos —un Congreso con nueve partidos representados, pero con una Junta de Coordinación Política integrada sólo por los tres partidos mayoritarios, refleja un grado infinito de clasismo institucionalizado— para gobernar el Congreso y aprovechar la abundancia financiera aún cuando no había resultados productivos.

 

La Junta quedó integrada por Alejandro Avilés del PRI, Anselmo Ortiz del PRD y Natividad Díaz del PAN. Esa integración cambió sistemáticamente primero por las inestabilidades y recelos al interior del PRD, y más recientemente por la andanada que desde el PRI le lanzaron al PAN para dividir a sus integrantes, y descalificar con ello de origen la posibilidad de que Juan Mendoza Reyes sea el coordinador de los diputados panistas en la siguiente Legislatura.

 

Así, la pluralidad fue el signo distintivo de esta Legislatura pero eso no debe llevarnos a pensar que eso fue acicate para la productividad. Al contrario: hubo resultados vergonzosos que sólo necesitan ser recordados para entender la dimensión del problema que enfrentó Oaxaca al tener una Legislatura inerte, calculadora, y determinada a actuar bajo sus intereses pero sin ninguna capacidad de acuerdo y consenso, y sin ningún interés por aportarle algo productivo a Oaxaca.

 

Cuatro reformas en todo un año

 

Hasta hoy, nadie ha podido explicar cuál fue la razón por la que en el primer año de trabajo de la LXII Legislatura haya sido exponencialmente improductiva. Los diputados locales no albergan ningún sentido de rendición de cuentas ante la ciudadanía, y quizá por eso aquel año quedará anotado en la historia como el de mayor parálisis –y sin que los siguientes sean muy distintos, aunque no tan inmóviles como aquél- legislativa en la historia reciente de Oaxaca.

 

En su primer año de trabajo, la LXII Legislatura no pudo procesar una sola ley útil para los oaxaqueños, y tampoco fue capaz de enfrentar los retos que los diputados sabían desde el inicio debían encarar. Y es que parece inaudito, pero en dicho periodo sólo se emitió una ley que, para efectos prácticos, fue intrascendente para la problemática común de los oaxaqueños; pero junto a eso, sí se llevaron a cabo dos reformas constitucionales, y varias a leyes estatales, que interesaban a los bolsillos e intereses políticos de los diputados.

 

Según la propia página de internet del Congreso del Estado, en 2014 se emitieron las normas relativas a ingresos y egresos del Estado (leyes que ni siquiera debieran contabilizarse para efectos de “resultados legislativos” porque es su obligación emitirlas para el funcionamiento de todo el aparato burocrático municipal y estatal de Oaxaca), y se reformó dos veces la Constitución, una a la Ley de Desarrollo Social, se modificaron algunos artículos de la Ley de Fiscalización Superior, y se le hizo un ajuste a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

 

Cada una de esas reformas sirvió para satisfacer intereses y caprichos de los diputados. Ninguna fue a favor de la ciudadanía. Para comprobarlo, basta con recordar en qué consistieron dichas reformas.

 

Leyes que benefician a sus autores

 

La Constitución local se reformó dos veces, para alimentar el bolsillo y el “bienestar” de los diputados. Una de esas reformas se hizo para hacer “irreductible” el presupuesto anual del Poder Legislativo; y la otra consistió en regresar al Congreso la facultad para nombrar a los administradores de los ayuntamientos que por algún conflicto político o social no pudieron celebrar sus elecciones.

 

Así, si el primero de los temas es ridículo, el segundo es verdaderamente ofensivo. Pues resulta que en lo relativo al “presupuesto irreductible” del Poder Legislativo, en realidad lo que los diputados hicieron fue un intento desesperado —y descarado— por no perder sus privilegios, tratando de presentar este asunto como un tema de interés público cuando en realidad ni las explicaciones que entonces dieron, ni sus resultados actuales, alcanzan para justificar su avidez.

 

Y si ese primer tema los hacía impresentables, el segundo era verdaderamente abominable. Pues apenas unos meses antes, los diputados de la LXI Legislatura habían realizado una reforma constitucional para devolver la atribución del nombramiento de los administradores municipales al Ejecutivo del Estado, luego del desastre —y el negocio— que había sido ese asunto para los diputados en los tres años previos.

 

¿Por qué insistir en ese asunto? porque los diputados de la LXII Legislatura sabían perfectamente que un administrador municipal gobierna una comunidad y —sobre todo— administra los recursos municipales sin ningún control ni equilibrio, porque gobierna sin Cabildo y porque generalmente la misma protección política que les brindan los diputados les permite —literalmente— robarse todo el dinero de las comunidades para entregarlo o compartirlo con el legislador que los puso en el puesto, o para destinarlo a campañas políticas o proyectos de otro tipo.

 

De nuevo, pues, no había tema de interés público en esa reforma. Sólo la avidez de los diputados —y hasta eso, de quienes integran las cúpulas parlamentarias— por conseguir dinero a costa de la institucionalización de la corrupción y el desvío de recursos que implican las administraciones municipales (que, además, prometieron que serían sólo por tres meses, y ya prácticamente completaron los tres años de gestión, todas).

 

Torre de Babel

 

Otro de los aspectos que ha resultado muy relevante ha sido la proclividad de los diputados a presentar iniciativas de ley, como verdaderos “bomberazos”; o preferir los llamados “puntos de acuerdo” y “exhorto respetuoso al Titular del Ejecutivo” para justificar su presencia en el Congreso sin tomar partido en los temas verdaderamente relevantes para Oaxaca, o para reflejar responsabilidad social o política, e incluso para reflejar el sentir de la ciudadanía a la que se supone representan.

 

En ese sentido, la revisión de los diversos órdenes del día reflejan iniciativas que son verdaderas ocurrencias; puntos de acuerdo y exhortos que evidentemente no serán considerados por nadie, y escritos al Pleno que sólo servirán para tratar de llamar la atención de los medios de información que cubren la fuente a ver si con eso logran que se haga alguna nota informativa en la que ellos sean él o la protagonista.

 

Lo cierto es que nadie se entiende con nada, y a nadie le importa que eventualmente eso ocurra. Por eso, por ejemplo, la Ley Estatal de Educación fue aprobada a hurtadillas por los diputados locales sin ningún tipo de debate y bajo el temor de que fueran a boicotearlos los profesores de la Sección 22 del SNTE.

 

Reprobados por la Suprema Corte

 

En esa misma lógica, por no entenderse ni esmerarse en algo parecido, los diputados perdieron la oportunidad histórica de darle a Oaxaca una legislación en materia político electoral que fuera digna para estos tiempos: todo ese conjunto de normas fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte, con la actitud sorprendente de los diputados de no sancionar a nadie por ello; de no pasar por un proceso de autoevaluación; y por simplemente preferir el silencio ante la ciudadanía que por eso vio y vivió un proceso electoral tan revuelto y cargado de violaciones a las endebles normas electorales que rigieron ante el palo que les dio la Corte en octubre del año pasado.

 

Juchitán, cereza del pastel

 

El 29 de diciembre de 2015 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto número 1379 mediante el cual el propio Congreso decidió trasladarse a la ciudad de Juchitán de Zaragoza para la conmemoración de la batalla del cinco de septiembre de 1866.

 

“Se autoriza el traslado del Honorable Congreso del Estado a la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para que se celebre sesión solemne el día cinco de septiembre del año dos mil dieciséis a las diez y ocho horas (sic) para conmemorar el ciento cincuenta aniversario de la batalla del cinco de septiembre de mil ochocientos sesenta y seis; y se declara la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, capital del Estado de Oaxaca por un día, mismo que será el cinco de septiembre, retornando a su sede habitual al día siguiente”, dice el sumario del Extra del Periódico Oficial donde fue publicado dicho decreto.

 

Lo lamentable es que nada de eso se conmemoró, ni tampoco importó el mandato que el propio Congreso había hecho para sí mismo. Juchitán pasa por una ola de violencia y muerte nunca antes vista. Y por eso, lejos de presionar al gobierno para la pacificación y aseguramiento de aquella capital regional, los diputados prefirieron desoír su propio Decreto y no ir a Juchitán.

 

Prefirieron, de hecho, conmemorar la batalla del cinco de septiembre por larga distancia y tres días después. Invitaron a algunas personas representativas de la región para que fueran vestidas con sus trajes regionales; y eso les bastó para fingir que fueron parte de la celebración. Les importó más su indolencia que el drama que viven los juchitecos. Y esa es otra muestra más de esa indolencia de esta Legislatura que pasará a la historia como la más egoísta y mezquina, en todos los sentidos, con el pueblo de Oaxaca en los últimos tiempos.

 

1 En su primer año de trabajo, la LXII Legislatura no pudo procesar una sola ley útil para los oaxaqueños, y tampoco fue capaz de enfrentar los retos que los diputados sabían desde el inicio debían encarar. Y es que parece inaudito, pero en dicho periodo sólo se emitió una ley que, para efectos prácticos, fue intrascendente para la problemática común de los oaxaqueños; pero junto a eso, sí se llevaron a cabo dos reformas constitucionales, y varias a leyes estatales, que interesaban a los bolsillos e intereses políticos de los diputados.

2 La Constitución local se reformó dos veces, para alimentar el bolsillo y el “bienestar” de los diputados. Una de esas reformas se hizo para hacer “irreductible” el presupuesto anual del Poder Legislativo; y la otra consistió en regresar al Congreso la facultad para nombrar a los administradores de los ayuntamientos que por algún conflicto político o social no pudieron celebrar sus elecciones.

3 Los diputados perdieron la oportunidad histórica de darle a Oaxaca una legislación en materia político electoral que fuera digna para estos tiempos: todo ese conjunto de normas fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte, con la actitud sorprendente de los diputados de no sancionar a nadie por ello.

4 Prefirieron conmemorar la batalla de Juchitán del cinco de septiembre por larga distancia y tres días después. Invitaron a algunas personas representativas de la región para que fueran vestidas con sus trajes regionales; y eso les bastó para fingir la celebración. Les importó más su indolencia que el drama que viven los juchitecos. Y esa es otra muestra más de la indolencia de esta Legislatura que pasará a la historia como la más egoísta y mezquina, en todos los sentidos, con el pueblo de Oaxaca en los últimos tiempos.