Contradiciendo su tradición de férrea defensa del status quo; contraviniendo su historial de desapego a las demandas sociales de responsabilizar a gobernantes por agravios en contra de sus gobernados, inusitadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que en Oaxaca, en el 2006, hay una responsabilidad lisa y llana de Ulises Ruiz Ortiz, por violación grave a garantías individuales. Algo a lo que no se habían atrevido las instituciones procuradoras de justicia en México.
Múltiples fiscalías especiales, comisiones y casos atraídos por la Corte se han dado en las últimas décadas. Para indagar sobre lo sucedido el 2 de octubre del 68 y el “halconazo” de junio del 72, fue creada, entre otras, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Ni Luis Echeverría, ni el extinto Gustavo Díaz Ordaz, fueron responsabilizados de los hechos de represión de aquellos años; ni siquiera el general Acosta Chaparro, acusado de decenas de desapariciones de personas fue juzgado por tales hechos.
Más recientemente Mario Marín, el gobernador de Puebla, también fue exonerado ante el caso Lidia Cacho. Sólo una vez, ante la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, el entonces gobernador Rubén Figueroa, había sido declarado también como responsable de violar las garantías individuales.
En todos los demás caso, operaba el viejo principio del sistema político mexicano: borrón y cuenta nueva. En los tiempos de la hegemonía presidencial, éste castigaba relevando del cargo al gobernador que no le garantizaba la gobernabilidad en su entidad federativa, pero era un acto también autoritario en que la legalidad se hacía a un lado.
Por supuesto, la resolución de la Corte está lejos de satisfacer a todos, y evidentemente se queda corta en la determinación de responsabilidades. Aunque es un precedente, no deja de mostrar nuevamente la crisis institucional y la obsolescencia del marco jurídico mexicano.
1.
“La gobernabilidad en Oaxaca ha dejado de ser la regla y, con ello, se ha perdido la vigencia plena del orden jurídico y de las instituciones”, reconocía el Senado de la República en su exposición de motivos al resolver sobre la demanda de desaparición de poderes en Oaxaca el 19 de octubre del 2006.
Sin embargo, “esta Comisión dictaminadora, ciñéndose al marco jurídico vigente, sólo puede concluir que los hechos que esta situación ha generado no implican la desaparición, esto es la ausencia o inexistencia de todos los poderes del Estado de Oaxaca”, era el dictamen de la Cámara Alta.
En su dictamen del 14 de octubre de 2009, tres años después, la Corte dice en sus conclusiones sobre los sucesos de ese entonces que “durante varios meses en la zona indicada no existió un Estado de Derecho”; una aseveración que se repite a lo largo del texto.
Contra lo que pareciera, no se contradicen ambas resoluciones. Al contrario, es la evidencia palmaria de la obsolescencia del marco jurídico mexicano, el mismo en que se sustenta ese Estado de Derecho ausente en 2006, pero que no podría declararse como tal, por meros formalismos legales establecidas en leyes de décadas atrás, para otros contextos, en otras realidades.
Es la confesión de parte de dos de los tres poderes del Estado mexicano, de que el sistema político está en crisis; y Oaxaca mostró y sigue evidenciando la profundidad de ésta, los alcances que puede tener. Y el cinismo de una clase política reacia a cambiar.
2.
La pregunta es evidente. ¿A quien correspondía mantener esa gobernabilidad que no existía para el Senado; y a ese Estado de Derecho desaparecido para la Corte? Por supuesto, en primer término al gobierno de Oaxaca; de ahí la responsabilidad que se le atribuye.
Pero, el mexicano es un Estado federado, entonces, cuando en una de sus entidades desaparece el multicitado Estado de Derecho, es el gobierno federal quien debe asumir el control y reestablecer el orden institucional.
En el mejor de los casos tiene responsabilidad por omisión el gobierno del presidente Vicente Fox; pero sabemos que su inacción respondió también a una estrategia calculada por los intereses político-electorales; sumada a su ineficiencia como gobernante y a que, pudiendo pasar como el presidente de la transición, optó por frivolizar la institución presidencial; en mucho, la crisis política del país tiene que ser endosada a ese mal llamado gobierno del cambio.
Pero también es responsable el Congreso de la Unión, que privilegió los intereses partidistas a cumplir con su encomienda constitucional.
Y ahora también la Corte, aún cuando en parte fuere porque está constreñida por la ley, pues su dictamen no es vinculatorio, podían establecer la responsabilidad del gobierno federal; no lo hicieron por una de esas viejas reglas del sistema político: al presidente de la república no se le toca ni siquiera con el párrafo de una resolución sin consecuencias legales.
Este vacío institucional es causa y consecuencia de la crisis política mexicana.
3.
En el caso Oaxaca, coincide la Corte con varios resultados de observadores independientes de violaciones a los derechos humanos. Pero también, justo en este mes de octubre, sale a la luz el Informe: Independencia judicial en Oaxaca: ¿Una ficción?, elaborado por la Comisión Internacional de Juristas y la Fundación para el Debido Proceso Legal, que detalla los mecanismos autoritarios del marco jurídico que dota del control del poder judicial al gobernador; así como la débil estructura institucional del Tribunal Superior de Justicia. Una prueba más de que las instituciones no están funcionando y se han convertido en meros armazones para el servicio político partidista.
4.
“El gobernador del estado de Oaxaca tiene una responsabilidad lisa y llana” en la violación grave de garantías individuales, dice el resolutivo de la SCJN 01/2007 “Caso Oaxaca”. Una breve frase que condensa meses de investigación.
En un renglón expresa lo que hace rato la opinión pública señalaba ya. Por eso, la estrategia seguida por la administración ulisista y el PRI tras el pasmo inicial, es la de partidizar la resolución y poner en entredicho la imparcialidad de la Corte.
No es la mejor, pero es la única posible para ellos, por eso su argumento no es deslindar responsabilidades al gobernador, sino señalar que no se tocó al gobierno foxista.
No se trata de demostrar que se actuó conforme a derecho, sino acusar a la appo de violentar el orden; no se alega la capacidad para gobernar, sino el “complot” de múltiples actores para desestabilizar al gobierno ulisista.
5.
Y, “¿si nos limitamos a fundar el poder exclusivamente en la fuerza, cómo se logra distinguir el poder político del de una banda de ladrones?”, se pregunta Norberto Bobbio. Y esa distinción cada vez es menor en la clase política mexicana. Por eso la defensa a ultranza que los partidos hacen de todos sus correligionarios, aún con pruebas contundentes, aún con resoluciones judiciales; la exoneración de culpas en aras del interés partidario, aún cuando sea contrario a la sociedad.
La reacción del PRI nacional y estatal de defender al gobernador oaxaqueño, entonces, era de esperarse. Pero en esa lógica juegan todos los partidos. El PAN ha defendido hasta la ignominia al torpe expresidente Fox, Marthita Sahagún e hijos incluidos; por más que la cuenta pública no cuadre, por más que fuese evidente su intervención irregular en las elecciones.
En el PRD ni se diga; el affaire Ahumada-Bejarano; el cochinero de sus elecciones; la reivindicación que AMLO hace de personajes cuestionables, por decir lo menos, entre ellos el oaxaqueño Juan Díaz Pimentel.
Todo sea por los intereses grupales, el poder por el poder mismo. La ética nada que tiene que ver en política. Esos mismos partidos que se desgarran ahora las vestiduras, en 2006 tuvieron una sospechosa ausencia de Oaxaca, como el PRD, o fueron cómplices de lo que ahora condenan como el PAN.
Como nunca se hace vigente la definición cínica del Alazán Tostado, el cacique por antonomasia, Gonzalo N. Santos: “la moral es un árbol que da moras, o sirve para pura chingada”. El México institucional, no existe.
6.
Entre las omisiones de la Corte, se encuentra también el de tocar el asunto de los cientos de miles de niños y jóvenes que fueron vulnerados en su derecho a la educación, que han sido cortadas de tajo sus expectativas de una vida mejor.
De ello, ¿quién se hace responsable? De esta actitud permanente, endémica, cínica, que ha vulnerado desde hace años este derecho, no ha sido considerado siquiera el magisterio oaxaqueño.
El mismo que defiende a maestros acusados lo mismo de abusos contra menores que de actos de corrupción, con igual lógica que los partidos a sus dirigentes.
El mismo movimiento que alude la defensa de una sociedad, a la que agrede periódicamente. Los maestros de la sección 22, que se dicen reprimidos, pero que cotidianamente vulneran derechos de niños, jóvenes y de la sociedad en su conjunto. Y no olvidemos que son también servidores públicos, por tanto, responsables de violentar garantías individuales.
7.
A la falta de institucionalidad, habría que agregar la pobre cultura política democrática. En un círculo vicioso en que lo uno es consecuencia de lo otro. Esta misma Corte a la que hoy se elogia su resolución, por más que no complazca a nadie por sus limitaciones, fue la misma que exoneró al gobernador poblano Mario Marín, en el caso de Lidia Cacho; la misma que dictó la liberación de los presos acusados de la masacre de Acteal; la misma que tiene con condenas exageradas a los dirigentes de Atenco.
¿Cómo puede actuar con mayor imparcialidad en un caso y no en otro? Por dos problemas centrales: el primero, porque en nuestra cultura política sólo tienen validez las resoluciones que se ajustan a nuestros intereses, expectativas y creencias.
El otro, porque el poder judicial está lejos de escapar a la lógica del sistema político mexicano: prevalecen los hombres, los intereses, sobre las instituciones. Lo que convino hoy en la coyuntura, puede ser diametralmente opuesto en la de mañana, aún cuando los hechos y las pruebas sean similares.
8.
Dado que no tiene consecuencias jurídicas, se busca potenciar los efectos políticos de la decisión de la SCJN. Por una parte, la consecuencia inmediata más visible, es que el principal damnificado no es Ulises Ruiz, sino el hoy dirigente estatal del PRI y diputado federal, Jorge Franco.
La resolución lo descalifica para convertirse en el candidato a gobernador, pues podría dar pie a una movilización popular en su contra. Una cosa es que el magisterio y organizaciones sociales discursivamente opositoras le hagan juego al sistema, otra que permitan una afrenta de esa naturaleza.
En una mínima estrategia de control de daños y análisis de coyuntura, sería un desatino convertirlo en el abanderado priista; algo que difícilmente permitirán los grupos de poder dentro del mismo PRI; sería un riesgo innecesario cuando la mira es recuperar la presidencia de la república en 2012. Con todo, no se puede descartar que sea ungido candidato pues de estos actos suicidas se ha forjado el priismo oaxaqueño en los últimos años.
9.
La lectura del predictamen en que se basó la resolución final, está lejos de sancionar los excesos autoritarios del régimen, como sus actos de represión. La condena es precisamente por lo contrario, su ineficiencia para contener con la fuerza pública las acciones de presión política. Castiga su incapacidad como gobierno, lo que no es cosa menor, pero es omisa en el uso excesivo e ilegítimo de la violencia estatal.
10.
No nos engañemos. Desde que la Corte nombró la Comisión investigadora del caso Oaxaca, se sabía que la resolución que dictase, la que fuese, no tendría carácter vinculatorio, esto es, no tendría validez jurídica alguna.
Así lo marca la ley. Y es que el asunto es político, por supuesto. Por eso la facultad de la Corte es especial y acotada: indagar si ha ocurrido una violación grave de derechos humanos, lo que anuncia de entrada que los mecanismos institucionales para evitar las transgresiones a los derechos de los ciudadanos, del que se encargan los otros poderes, han fallado en evitar esos abusos y sancionarlos.
Su resolución, sin embargo, no tiene consecuencia jurídica alguna; pero la intención es que el peso moral del máximo tribunal del país, obligue a que los otros poderes, particularmente el Legislativo, tomen cartas en el asunto y, ellos sí, inicien un proceso legal contra quien es señalado responsable.
Sabemos que no sucederá, en el Congreso local el PRI tiene mayoría (25 diputados contra 18); en la federal, en la Cámara de Diputados una simple alianza (que ya tiene) con el PVEM le otorga también la mayoría.
Así, la facultad de la Corte se convierte no en un mecanismo para aplicar justicia llana y expedita; sino en un artilugio que, en el mejor de los casos, puede activar procesos políticos, como el juicio político.
Y, en el más común, quedar como una declaratoria, escrita, de que el más alto tribunal de justicia del país certifica la impunidad que existe en México, y no puede hacer nada para evitarla, menos aún para castigarla.
Todo indica que éste y no otro, será el destino del caso Oaxaca. La Corte Suprema quedará entonces como mero opinador.
Y todo sucederá, como en el 2006 en Oaxaca con el ausente Estado de Derecho, en el nombre de la ley.
vicleonjm@hotmail.com
Ni Luis Echeverría, ni el extinto Gustavo Díaz Ordaz, fueron responsabilizados de los hechos de represión de aquellos años; ni siquiera el general Acosta Chaparro, acusado de decenas de desapariciones de personas fue juzgado por tales hechos.
Más recientemente Mario Marín, el gobernador de Puebla, también fue exonerado ante el caso Lidia Cacho. Sólo una vez, ante la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, el entonces gobernador Rubén Figueroa, había sido declarado también como responsable de violar las garantías individuales.
En todos los demás caso, operaba el viejo principio del sistema político mexicano: borrón y cuenta nueva. En los tiempos de la hegemonía presidencial, éste castigaba relevando del cargo al gobernador que no le garantizaba la gobernabilidad en su entidad federativa, pero era un acto también autoritario en que la legalidad se hacía a un lado.
Por supuesto, la resolución de la Corte está lejos de satisfacer a todos, y evidentemente se queda corta en la determinación de responsabilidades. Aunque es un precedente, no deja de mostrar nuevamente la crisis institucional y la obsolescencia del marco jurídico mexicano.
1.
“La gobernabilidad en Oaxaca ha dejado de ser la regla y, con ello, se ha perdido la vigencia plena del orden jurídico y de las instituciones”, reconocía el Senado de la República en su exposición de motivos al resolver sobre la demanda de desaparición de poderes en Oaxaca el 19 de octubre del 2006.
Sin embargo, “esta Comisión dictaminadora, ciñéndose al marco jurídico vigente, sólo puede concluir que los hechos que esta situación ha generado no implican la desaparición, esto es la ausencia o inexistencia de todos los poderes del Estado de Oaxaca”, era el dictamen de la Cámara Alta.
En su dictamen del 14 de octubre de 2009, tres años después, la Corte dice en sus conclusiones sobre los sucesos de ese entonces que “durante varios meses en la zona indicada no existió un Estado de Derecho”; una aseveración que se repite a lo largo del texto.
Contra lo que pareciera, no se contradicen ambas resoluciones. Al contrario, es la evidencia palmaria de la obsolescencia del marco jurídico mexicano, el mismo en que se sustenta ese Estado de Derecho ausente en 2006, pero que no podría declararse como tal, por meros formalismos legales establecidas en leyes de décadas atrás, para otros contextos, en otras realidades.
Es la confesión de parte de dos de los tres poderes del Estado mexicano, de que el sistema político está en crisis; y Oaxaca mostró y sigue evidenciando la profundidad de ésta, los alcances que puede tener. Y el cinismo de una clase política reacia a cambiar.
2.
La pregunta es evidente. ¿A quien correspondía mantener esa gobernabilidad que no existía para el Senado; y a ese Estado de Derecho desaparecido para la Corte? Por supuesto, en primer término al gobierno de Oaxaca; de ahí la responsabilidad que se le atribuye.
Pero, el mexicano es un Estado federado, entonces, cuando en una de sus entidades desaparece el multicitado Estado de Derecho, es el gobierno federal quien debe asumir el control y reestablecer el orden institucional.
En el mejor de los casos tiene responsabilidad por omisión el gobierno del presidente Vicente Fox; pero sabemos que su inacción respondió también a una estrategia calculada por los intereses político-electorales; sumada a su ineficiencia como gobernante y a que, pudiendo pasar como el presidente de la transición, optó por frivolizar la institución presidencial; en mucho, la crisis política del país tiene que ser endosada a ese mal llamado gobierno del cambio.
Pero también es responsable el Congreso de la Unión, que privilegió los intereses partidistas a cumplir con su encomienda constitucional.
Y ahora también la Corte, aún cuando en parte fuere porque está constreñida por la ley, pues su dictamen no es vinculatorio, podían establecer la responsabilidad del gobierno federal; no lo hicieron por una de esas viejas reglas del sistema político: al presidente de la república no se le toca ni siquiera con el párrafo de una resolución sin consecuencias legales.
Este vacío institucional es causa y consecuencia de la crisis política mexicana.
3.
En el caso Oaxaca, coincide la Corte con varios resultados de observadores independientes de violaciones a los derechos humanos. Pero también, justo en este mes de octubre, sale a la luz el Informe: Independencia judicial en Oaxaca: ¿Una ficción?, elaborado por la Comisión Internacional de Juristas y la Fundación para el Debido Proceso Legal, que detalla los mecanismos autoritarios del marco jurídico que dota del control del poder judicial al gobernador; así como la débil estructura institucional del Tribunal Superior de Justicia. Una prueba más de que las instituciones no están funcionando y se han convertido en meros armazones para el servicio político partidista.
4.
“El gobernador del estado de Oaxaca tiene una responsabilidad lisa y llana” en la violación grave de garantías individuales, dice el resolutivo de la SCJN 01/2007 “Caso Oaxaca”. Una breve frase que condensa meses de investigación.
En un renglón expresa lo que hace rato la opinión pública señalaba ya. Por eso, la estrategia seguida por la administración ulisista y el PRI tras el pasmo inicial, es la de partidizar la resolución y poner en entredicho la imparcialidad de la Corte.
No es la mejor, pero es la única posible para ellos, por eso su argumento no es deslindar responsabilidades al gobernador, sino señalar que no se tocó al gobierno foxista.
No se trata de demostrar que se actuó conforme a derecho, sino acusar a la appo de violentar el orden; no se alega la capacidad para gobernar, sino el “complot” de múltiples actores para desestabilizar al gobierno ulisista.
5.
Y, “¿si nos limitamos a fundar el poder exclusivamente en la fuerza, cómo se logra distinguir el poder político del de una banda de ladrones?”, se pregunta Norberto Bobbio. Y esa distinción cada vez es menor en la clase política mexicana. Por eso la defensa a ultranza que los partidos hacen de todos sus correligionarios, aún con pruebas contundentes, aún con resoluciones judiciales; la exoneración de culpas en aras del interés partidario, aún cuando sea contrario a la sociedad.
La reacción del PRI nacional y estatal de defender al gobernador oaxaqueño, entonces, era de esperarse. Pero en esa lógica juegan todos los partidos. El PAN ha defendido hasta la ignominia al torpe expresidente Fox, Marthita Sahagún e hijos incluidos; por más que la cuenta pública no cuadre, por más que fuese evidente su intervención irregular en las elecciones.
En el PRD ni se diga; el affaire Ahumada-Bejarano; el cochinero de sus elecciones; la reivindicación que AMLO hace de personajes cuestionables, por decir lo menos, entre ellos el oaxaqueño Juan Díaz Pimentel.
Todo sea por los intereses grupales, el poder por el poder mismo. La ética nada que tiene que ver en política. Esos mismos partidos que se desgarran ahora las vestiduras, en 2006 tuvieron una sospechosa ausencia de Oaxaca, como el PRD, o fueron cómplices de lo que ahora condenan como el PAN.
Como nunca se hace vigente la definición cínica del Alazán Tostado, el cacique por antonomasia, Gonzalo N. Santos: “la moral es un árbol que da moras, o sirve para pura chingada”. El México institucional, no existe.
6.
Entre las omisiones de la Corte, se encuentra también el de tocar el asunto de los cientos de miles de niños y jóvenes que fueron vulnerados en su derecho a la educación, que han sido cortadas de tajo sus expectativas de una vida mejor.
De ello, ¿quién se hace responsable? De esta actitud permanente, endémica, cínica, que ha vulnerado desde hace años este derecho, no ha sido considerado siquiera el magisterio oaxaqueño.
El mismo que defiende a maestros acusados lo mismo de abusos contra menores que de actos de corrupción, con igual lógica que los partidos a sus dirigentes.
El mismo movimiento que alude la defensa de una sociedad, a la que agrede periódicamente. Los maestros de la sección 22, que se dicen reprimidos, pero que cotidianamente vulneran derechos de niños, jóvenes y de la sociedad en su conjunto. Y no olvidemos que son también servidores públicos, por tanto, responsables de violentar garantías individuales.
7.
A la falta de institucionalidad, habría que agregar la pobre cultura política democrática. En un círculo vicioso en que lo uno es consecuencia de lo otro. Esta misma Corte a la que hoy se elogia su resolución, por más que no complazca a nadie por sus limitaciones, fue la misma que exoneró al gobernador poblano Mario Marín, en el caso de Lidia Cacho; la misma que dictó la liberación de los presos acusados de la masacre de Acteal; la misma que tiene con condenas exageradas a los dirigentes de Atenco.
¿Cómo puede actuar con mayor imparcialidad en un caso y no en otro? Por dos problemas centrales: el primero, porque en nuestra cultura política sólo tienen validez las resoluciones que se ajustan a nuestros intereses, expectativas y creencias.
El otro, porque el poder judicial está lejos de escapar a la lógica del sistema político mexicano: prevalecen los hombres, los intereses, sobre las instituciones. Lo que convino hoy en la coyuntura, puede ser diametralmente opuesto en la de mañana, aún cuando los hechos y las pruebas sean similares.
8.
Dado que no tiene consecuencias jurídicas, se busca potenciar los efectos políticos de la decisión de la SCJN. Por una parte, la consecuencia inmediata más visible, es que el principal damnificado no es Ulises Ruiz, sino el hoy dirigente estatal del PRI y diputado federal, Jorge Franco.
La resolución lo descalifica para convertirse en el candidato a gobernador, pues podría dar pie a una movilización popular en su contra. Una cosa es que el magisterio y organizaciones sociales discursivamente opositoras le hagan juego al sistema, otra que permitan una afrenta de esa naturaleza.
En una mínima estrategia de control de daños y análisis de coyuntura, sería un desatino convertirlo en el abanderado priista; algo que difícilmente permitirán los grupos de poder dentro del mismo PRI; sería un riesgo innecesario cuando la mira es recuperar la presidencia de la república en 2012. Con todo, no se puede descartar que sea ungido candidato pues de estos actos suicidas se ha forjado el priismo oaxaqueño en los últimos años.
9.
La lectura del predictamen en que se basó la resolución final, está lejos de sancionar los excesos autoritarios del régimen, como sus actos de represión. La condena es precisamente por lo contrario, su ineficiencia para contener con la fuerza pública las acciones de presión política. Castiga su incapacidad como gobierno, lo que no es cosa menor, pero es omisa en el uso excesivo e ilegítimo de la violencia estatal.
10.
No nos engañemos. Desde que la Corte nombró la Comisión investigadora del caso Oaxaca, se sabía que la resolución que dictase, la que fuese, no tendría carácter vinculatorio, esto es, no tendría validez jurídica alguna.
Así lo marca la ley. Y es que el asunto es político, por supuesto. Por eso la facultad de la Corte es especial y acotada: indagar si ha ocurrido una violación grave de derechos humanos, lo que anuncia de entrada que los mecanismos institucionales para evitar las transgresiones a los derechos de los ciudadanos, del que se encargan los otros poderes, han fallado en evitar esos abusos y sancionarlos.
Su resolución, sin embargo, no tiene consecuencia jurídica alguna; pero la intención es que el peso moral del máximo tribunal del país, obligue a que los otros poderes, particularmente el Legislativo, tomen cartas en el asunto y, ellos sí, inicien un proceso legal contra quien es señalado responsable.
Sabemos que no sucederá, en el Congreso local el PRI tiene mayoría (25 diputados contra 18); en la federal, en la Cámara de Diputados una simple alianza (que ya tiene) con el PVEM le otorga también la mayoría.
Así, la facultad de la Corte se convierte no en un mecanismo para aplicar justicia llana y expedita; sino en un artilugio que, en el mejor de los casos, puede activar procesos políticos, como el juicio político.
Y, en el más común, quedar como una declaratoria, escrita, de que el más alto tribunal de justicia del país certifica la impunidad que existe en México, y no puede hacer nada para evitarla, menos aún para castigarla.
Todo indica que éste y no otro, será el destino del caso Oaxaca. La Corte Suprema quedará entonces como mero opinador.
Y todo sucederá, como en el 2006 en Oaxaca con el ausente Estado de Derecho, en el nombre de la ley.
vicleonjm@hotmail.com