Cuando en el 2000 perdió el PRI la elección presidencial, el cambio democrático que se esperaba no se produjo. La alternancia sólo fue eso, un cambio de partido en el poder, pero no se realizaron las esperadas y necesarias transformaciones estructurales que requería el país. Los gobiernos del PAN, con Vicente Fox primero y ahora con Felipe Calderón, no hicieron sino repetir las prácticas viciadas del priismo, sólo que le sumaron una gran torpeza en su actuación.
La cultura política gestada en 70 años de hegemonía del PRI siguió imperando, ahora con otros partidos en el poder federal, estatal y municipal y otra composición en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales.
Se esperaba una “Reforma del Estado”, esto es, que se atendiera de manera integral la problemática del diseño institucional y el marco jurídico del Estado mexicano para que respondiera al nuevo contexto y se iniciara el proceso de consolidación democrática. Aunque la mayoría de los actores coincidían en la urgencia de estas reformas, no se hicieron.
Por el contrario, lo que se profundizó fue la descomposición política y social; el agotamiento del sistema presidencial, que se ha visto reflejado en la falta de acuerdos entre los poderes ejecutivo y legislativo, así como en la parálisis legislativa al no haber acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.
Se profundizó también la brecha entre representantes y representados, los partidos políticos se convirtieron en agentes de élites económicas y políticas y de grupos de poder, alejándose cada vez más de representar a los diversos sectores de la sociedad mexicana.
La grave crisis política, económica y social, hizo implosión en Oaxaca en 2006. Nuestra entidad fue la muestra de los alcances de la crisis, los extremos a los que podría llegar y lo anquilosado del marco constitucional y jurídico del país (al respecto puede verse un análisis más detallado en ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! Colapso del sistema político en Oaxaca. Cuadernos del Sur, noviembre del 2007). Fue una dramática llamada de alerta sobre la urgencia de hacer los cambios; llamada que fue desestimada.
En 2007 el Senado de la República convocó nuevamente a integrar la Comisión para la Reforma del Estado. Los tres partidos mayoritarios –PAN, PRI y PRD— declaraban tener un mismo propósito general: hacer más gobernable, eficiente, responsable y transparente el ejercicio de gobierno manteniendo o incluso acrecentando la pluralidad política. Para lograrlo había que crear, decían, un sistema que propiciara la formación de mayorías legislativas y de gobierno, que incentivara la cooperación entre poderes y aumentara las capacidades, agilizara el trabajo y elevara la responsabilidad del Congreso. Todo esto sin reducir o, mejor aún, ampliando la representatividad del sistema.
A pesar de que el diagnóstico y los objetivos eran compartidos, las soluciones propuestas eran muy distintas. De manera muy esquemática, lo que planteaban PRD, PRI y PAN, respectivamente, era el cambio hacia el semipresidencialismo, la parlamentarización del régimen y el perfeccionamiento del sistema presidencial. Sólo que al final, se desestimaron sus objetivos y terminó realizándose sólo una cada vez más cuestionada reforma electoral.
En el último año, el tema volvió a retomarse. El senador Manlio Fabio Beltrones, es su propuesta de las “ocho erres”; el presidente Felipe Calderón en su discurso del 2 de septiembre; entre otros, planteaban la necesidad de realizar la reforma del Estado. Por eso, este 15 de septiembre el mandatario presentó al Congreso un decálogo de reformas a realizarse.
Son varios los puntos plausibles de la reforma: otorgar mayor poder a los ciudadanos con la posibilidad de presentar iniciativas y abrir el registro a candidatos independientes a cargos de elección popular; otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posibilidad de presentar iniciativas respecto a su ámbito de actuación; la posibilidad de la segunda vuelta electoral, que permita evitar escenarios como el del 2006 y dar certeza en los resultados electorales.
Pero hay otras que atentan contra la pluralidad política, como el aumento del porcentaje para conservar el registro de los partidos políticos y la disminución del número de legisladores. Son todos estos puntos materia de un serio debate.
Por lo pronto aquí vamos a revisar una propuesta que, de prosperar, toca de manera directa a las instituciones y niveles de gobierno y de representación política en las entidades federativas. Es el caso de la reelección de los diputados y presidentes municipales; para su análisis la experiencia oaxaqueña da varias pistas que deben tomarse en consideración.
I. Reelección de ediles; el caso Oaxaca
El argumento central para la reelección de presidentes municipales es la necesidad de ejecutar proyectos de largo alcance, para los que tres años no son suficientes, lo que deriva en que se prioricen acciones y obra pública que puedan concluirse durante la gestión de los munícipes, dejando de lado aquellas necesarias pero que requieren más tiempo para concretarse.
Además, por supuesto, del manido argumento del “premio o castigo” a la actuación de un edil que quiera reelegirse. Por ello, la propuesta abre la posibilidad de la reelección hasta por cuatro periodos consecutivos, esto es, 12 años.
Una situación complicada si vemos el panorama municipal oaxaqueño: existen 570 municipios, alrededor del 23 por ciento de los existentes en el país; 418 que se rigen por los llamados “usos y costumbres” y 152 por el régimen de partidos políticos.
Cacicazgos municipales
Más complicada aún porque hay una historia de cacicazgos locales y regionales. El omnímodo poder de algunos caciques ha convertido a los ayuntamientos en escudos para protegerse y, bajo su amparo, cometer sus tropelías; pero, dado que no se permitía la reelección han tenido al menos que emplear a otras personas para la formalidad de ocupar los cargos. Agustina Acevedo en el istmo, los Cruz Bruno en la Mixteca; son algunos de estos ejemplos. ¿Cómo evitar entonces que, ahora, con la posibilidad de la reelección hasta por 12 años, haciendo uso arbitrario de los recursos públicos, no se perpetúen en el poder?
Ya el hoy diputado local Germán Juárez, fue presidente municipal de Santa María Petapa, descansó un periodo en que un incondicional suyo ocupó el cargo, y volvió a la presidencia, para dejarla en manos de su cuñado actualmente; y tanto en el primero como en el segundo gobierno local que presidió, hubo denuncias de sus excesos e irregularidades en la gestión municipal. Y ahora Juárez, con el apoyo de su cuñado pretende llegar, por tercera ocasión a la presidencia.
Pero si alcanzó la reelección fue merced al dispendio de esos recursos para comprar y/o coaccionar a sus votantes; además de sus servicios prestados a la causa del PRI en la microrregión, en donde hizo del acoso al municipio vecino de Matías Romero, gobernada entonces por el PAN, su principal virtud para congraciarse con los gobernadores en turno.
Más aún. En la zona del istmo, también se han presentado dos casos, uno del PRI y otro del PRD, en que los ediles, ante la imposibilidad de la reelección han dejado a sus cónyuges para el siguiente periodo municipal. Fue el caso de Santo Domingo Petapa, en donde primero Fredy Cabrera es munícipe y deja el cargo a su compadre Homero Espinosa Rodrìguez (aunque éste compitiera por el PRD); quien a su vez le hereda la presidencia a su esposa Sandra Méndez, luego hay un lapsus en la línea hereditaria, aun cuando queda uno de sus incondicionales, pero sólo un periodo, pues luego el ayuntamiento lo regresa ahora a la esposa de Fredy, Rosa Domínguez Rasgado.
Otra vez, los votos no fueron premio o castigo a su trabajo como autoridades municipales, sino evidencia palmaria de lo inequitativo de los procesos electorales y de las irregularidades y excesos que se cometen para llegar al poder; y los cacicazgos que se pueden formar.
Y es que amparados en estos medios ilegales y en el uso discrecional de los recursos públicos se crean cacicazgos. Hay familias que detentan el poder real en muchos municipios. En Huajuapan de León, por ejemplo.
Más allá del partido gobernante, en ocasiones el PAN, en otras el PRI; son un par de familias las que controlan el municipio desde hace décadas, como lo prueba el hecho de que las dos presidentas municipales que ha tenido en esta década: Ramona González y la actual Martha Manzanares, una del PAN y la otra priista, son familiares y socias del mismo grupo empresarial.
Ausencia de reglas, elecciones irregulares
Entonces, mientras no existan reglas claras para el ejercicio de los recursos de la hacienda municipal, la obligatoriedad de la transparencia para todos los ayuntamientos –recordemos que en Oaxaca sólo son sujetos obligados cuatro de ellos: Oaxaca de Juárez, Tuxtepec, Salina Cruz y Juchitán—; mecanismos de fiscalización de su gestión, así como instrumentos efectivos de rendición de cuentas, la reforma sólo permitirá el arribo y permanencia de neo caciques locales. Y las reformas legislativas que hizo el Congreso al eliminar los candados para la fiscalización y control en el manejo de los recursos que se descentralizan a los estados y municipios, van en sentido contrario a los objetivos propuestos por la reforma política de fin de año.
Y, no hay que perder de vista casos como los de Michoacán, en donde el narco está incrustado ya en los niveles de gobierno municipal. El poder y el dinero que manejan los cárteles, podrían provocar instalar feudos municipales merced a la reelección continua.
Reelección y usos y costumbres
En el caso de los municipios de usos y costumbres, pese a que se rigen por sus normas internas tienen un tope marcado por la norma constitucional. Así, aún cuando en algunos municipios se han presentado casos de reelección por uno o más periodos, esta situación deriva de que en ellos el gobierno local dura un año o año y medio; entonces no hay posibilidad de la reelección de autoridades por un plazo mayor.
Si bien hay un par de casos excepcionales en la región mixe: en Quetzaltepec en una ocasión un presidente municipal fue reelecto por cinco periodos consecutivos de un año; y a fines de los 80s en Ayutla también un presidente estuvo en funciones cuatro años, al ser reelecto en igual número de ocasiones.
Sin embargo, eran situaciones excepcionales, pues la pesada carga de gobernar un municipio indígena, siendo que se presta el servicio de manera gratuita y, en los años en que ocurrieron estos hechos la hacienda municipal no contaba con los recursos que tiene en la actualidad.
Precisamente, a la par que se descentralizaron esos recursos vía las participaciones municipales, se acrecentaron las tentaciones de perpetuarse en el poder: Fredy Gil Pineda Gopar, edil de Santos Reyes Nopala en 2005-2007, manipuló en 2007 a la asamblea para que lo reeligieran como presidente municipal, aunque así sucedió la prohibición constitucional pesó y se declaró inválido ese proceso, por lo que tuvo que convocarse a otra asamblea.
Aunque en sentido contrario, al parecer, éste si, por el buen desempeño en su administración, Gaspar Salas, presidente municipal de San Juan Teitipac, también fue reelecto en ese mismo año; nuevamente, por la prohibición constitucional, no prosperó.
Entonces, ¿por qué no retomar mejor una también vieja demanda de ampliar a cuatro años el periodo de gobierno municipal? Esa podría ser una solución perentoria a la generación de proyectos de mayor alcance. En tanto se modifican las condiciones que, ahora, hacen peligrosa la reelección continua de los presidentes municipales.
II. Reelección de legisladores
Legisladores que busquen la reelección, serían forzados a una actuación decorosa y una mayor cercanía con sus representados; además de estimular un mayor nivel en el debate parlamentario; se argumenta con esta propuesta.
Sin embargo, los hechos parecen demostrar lo contrario. Recordemos que los legisladores pueden buscar la reelección, si bien no en el periodo inmediato al que fungieron como diputados. Entonces revisemos.
El 50% —250— de los diputados federales de la LXI Legislatura cuenta con experiencia legislativa previa: 158 local, 48 federal, 44 local y federal. De ellos, llegaron con carrera precedente de tres años 192 legisladores, treinta y seis con seis, nueve con nueve, ocho con 12, cuatro con 15, y uno con 18 años como congresista. Sumados a los 107 senadores que en 2006 ingresaron con experiencia parlamentaria, y que hoy cumplen su segundo periodo, dan 357 legisladores federales, de modo que 57% de los integrantes del Congreso cuentan con experiencia legislativa precedente a su actual encargo (El Universal, 15/02/09). Y, hemos visto que esa experiencia parlamentaria no se ve reflejada en el quehacer legislativo.
Oaxaqueños en el “Bronx priista”
En el caso de los actuales diputados oaxaqueños en el Congreso federal, ocho de los priistas, ya han sido diputados federales al menos una vez anterior: Manuel García Corpus, Héctor Pablo Ramírez Leyva, Jorge Franco Vargas, Sofía Castro, Elpidio Concha, Heliodoro Díaz Escárraga, Eviel Pérez Magaña, Jorge González Ilescas.
Además, a excepción de Héctor Pablo, Jorge Franco y Eviel Pérez, los demás también han sido diputados en la legislatura estatal. Otros tres, Antonio Yglesias Arreola, Margarita Liborio y Heriberto Ambrosio, han sido sólo diputados locales. Únicamente Emilio Mendoza Kaplan, Narcedalia Pineda y Manuel de Essesarte ocupan por vez primera una curul.
Pues bien, de nada ha servido su paso por los congresos; la “experiencia parlamentaria” que pueden presumir es haber dado fama a lo que se bautizó como el “Bronx priista”, esto es, formar una especie de grupo de choque para reventar acuerdos, abuchear y denostar a los opositores que hagan uso de la tribuna, aplaudir rabiosamente a los diputados de su partido.
Esto es, auténticos “porros” legislativos, puesto que al igual que sus símiles universitarios, de nada les sirve su larga permanencia en las curules a los diputados o en las aulas a los universitarios; en ambos casos no aprenden, no se profesionalizan y entorpecen cualquier avance democrático.
De triste memoria ha sido el paso por las legislaturas federales anteriores de nuestros actuales “representantes populares” surgidos de Oaxaca. No hay, salvo excepciones, capacidad parlamentaria; ninguno ha destacado como tribuno, y menos para la toma de acuerdos sustanciales en el Congreso.
De los otros partidos, la perredista Juanita Cruz Vásquez ya fue diputada local; lo mismo que el panista Guillermo Zavaleta. Y de su paso como legisladores tampoco tiene mucho que presumir. Ligados más bien a los grupos del poder del PRI, sirvieron a estos intereses antes, ya no digamos que a la sociedad, siquiera de los militantes de sus partidos que se suponían ahí representados.
Y sin embargo, unos y otros repiten como legisladores. Algunos, incluso han pasado de la Legislatura federal a la local y luego de nuevo a la federal. ¿Premio a su actuación exitosa como diputados? Nada que ver. El que ganen las elecciones no es un referendo a su gestión anterior, sino el resultado de una serie de prácticas clientelares y de compra y coacción del voto. Lo que los lleva de nuevo a las curules no han sido las buenas cuentas entregadas, sino la maquinaria gubernamental y priista (que en la práctica es la misma) que gana elecciones, independientemente de la pésima actuación previa de sus candidatos.
Decálogo de Calderón, reforma incompleta
Entonces mientras no se modifique las reglas para terminar con los inequitativos procesos electorales, no se fijen candados para evitar el desvío de recursos gubernamentales hacia las campañas políticas y se eliminen las prácticas de compra y coacción del voto, mediante programas sociales, seguirán llegando personas a todas luces limitadas para ser legisladores; buenos tal vez para la operación política, pero sin capacidad parlamentaria, experiencia o conocimientos para desempeñarse como tales. Los diputados oaxaqueños son una buena muestra de ello.
Entonces, si bien la iniciativa de reforma política del presidente Calderón en sí misma podría parecer positiva, o al menos motivo de una reflexión y debate serio, el problema del decálogo presentado es que se trata de una reforma encaminada a aspectos muy puntuales del quehacer público del país, pero no es una reforma integral, que aborde todos los aspectos que es necesario cambiar para que funcione y cumpla con los objetivos que se propone.
Así, se evade nuevamente la responsabilidad de hacer, ahora sí una reforma que trascienda las buenas intenciones y se convierta en instrumento para reemprender el camino hacia la democracia que tanto se nos ha negado a los mexicanos. Y vaya que en Oaxaca tenemos experiencia en ello.
vicleonjm@hotmail.com
Se esperaba una “Reforma del Estado”, esto es, que se atendiera de manera integral la problemática del diseño institucional y el marco jurídico del Estado mexicano para que respondiera al nuevo contexto y se iniciara el proceso de consolidación democrática. Aunque la mayoría de los actores coincidían en la urgencia de estas reformas, no se hicieron.
Por el contrario, lo que se profundizó fue la descomposición política y social; el agotamiento del sistema presidencial, que se ha visto reflejado en la falta de acuerdos entre los poderes ejecutivo y legislativo, así como en la parálisis legislativa al no haber acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.
Se profundizó también la brecha entre representantes y representados, los partidos políticos se convirtieron en agentes de élites económicas y políticas y de grupos de poder, alejándose cada vez más de representar a los diversos sectores de la sociedad mexicana.
La grave crisis política, económica y social, hizo implosión en Oaxaca en 2006. Nuestra entidad fue la muestra de los alcances de la crisis, los extremos a los que podría llegar y lo anquilosado del marco constitucional y jurídico del país (al respecto puede verse un análisis más detallado en ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! Colapso del sistema político en Oaxaca. Cuadernos del Sur, noviembre del 2007). Fue una dramática llamada de alerta sobre la urgencia de hacer los cambios; llamada que fue desestimada.
En 2007 el Senado de la República convocó nuevamente a integrar la Comisión para la Reforma del Estado. Los tres partidos mayoritarios –PAN, PRI y PRD— declaraban tener un mismo propósito general: hacer más gobernable, eficiente, responsable y transparente el ejercicio de gobierno manteniendo o incluso acrecentando la pluralidad política. Para lograrlo había que crear, decían, un sistema que propiciara la formación de mayorías legislativas y de gobierno, que incentivara la cooperación entre poderes y aumentara las capacidades, agilizara el trabajo y elevara la responsabilidad del Congreso. Todo esto sin reducir o, mejor aún, ampliando la representatividad del sistema.
A pesar de que el diagnóstico y los objetivos eran compartidos, las soluciones propuestas eran muy distintas. De manera muy esquemática, lo que planteaban PRD, PRI y PAN, respectivamente, era el cambio hacia el semipresidencialismo, la parlamentarización del régimen y el perfeccionamiento del sistema presidencial. Sólo que al final, se desestimaron sus objetivos y terminó realizándose sólo una cada vez más cuestionada reforma electoral.
En el último año, el tema volvió a retomarse. El senador Manlio Fabio Beltrones, es su propuesta de las “ocho erres”; el presidente Felipe Calderón en su discurso del 2 de septiembre; entre otros, planteaban la necesidad de realizar la reforma del Estado. Por eso, este 15 de septiembre el mandatario presentó al Congreso un decálogo de reformas a realizarse.
Son varios los puntos plausibles de la reforma: otorgar mayor poder a los ciudadanos con la posibilidad de presentar iniciativas y abrir el registro a candidatos independientes a cargos de elección popular; otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posibilidad de presentar iniciativas respecto a su ámbito de actuación; la posibilidad de la segunda vuelta electoral, que permita evitar escenarios como el del 2006 y dar certeza en los resultados electorales.
Pero hay otras que atentan contra la pluralidad política, como el aumento del porcentaje para conservar el registro de los partidos políticos y la disminución del número de legisladores. Son todos estos puntos materia de un serio debate.
Por lo pronto aquí vamos a revisar una propuesta que, de prosperar, toca de manera directa a las instituciones y niveles de gobierno y de representación política en las entidades federativas. Es el caso de la reelección de los diputados y presidentes municipales; para su análisis la experiencia oaxaqueña da varias pistas que deben tomarse en consideración.
I. Reelección de ediles; el caso Oaxaca
El argumento central para la reelección de presidentes municipales es la necesidad de ejecutar proyectos de largo alcance, para los que tres años no son suficientes, lo que deriva en que se prioricen acciones y obra pública que puedan concluirse durante la gestión de los munícipes, dejando de lado aquellas necesarias pero que requieren más tiempo para concretarse.
Además, por supuesto, del manido argumento del “premio o castigo” a la actuación de un edil que quiera reelegirse. Por ello, la propuesta abre la posibilidad de la reelección hasta por cuatro periodos consecutivos, esto es, 12 años.
Una situación complicada si vemos el panorama municipal oaxaqueño: existen 570 municipios, alrededor del 23 por ciento de los existentes en el país; 418 que se rigen por los llamados “usos y costumbres” y 152 por el régimen de partidos políticos.
Cacicazgos municipales
Más complicada aún porque hay una historia de cacicazgos locales y regionales. El omnímodo poder de algunos caciques ha convertido a los ayuntamientos en escudos para protegerse y, bajo su amparo, cometer sus tropelías; pero, dado que no se permitía la reelección han tenido al menos que emplear a otras personas para la formalidad de ocupar los cargos. Agustina Acevedo en el istmo, los Cruz Bruno en la Mixteca; son algunos de estos ejemplos. ¿Cómo evitar entonces que, ahora, con la posibilidad de la reelección hasta por 12 años, haciendo uso arbitrario de los recursos públicos, no se perpetúen en el poder?
Ya el hoy diputado local Germán Juárez, fue presidente municipal de Santa María Petapa, descansó un periodo en que un incondicional suyo ocupó el cargo, y volvió a la presidencia, para dejarla en manos de su cuñado actualmente; y tanto en el primero como en el segundo gobierno local que presidió, hubo denuncias de sus excesos e irregularidades en la gestión municipal. Y ahora Juárez, con el apoyo de su cuñado pretende llegar, por tercera ocasión a la presidencia.
Pero si alcanzó la reelección fue merced al dispendio de esos recursos para comprar y/o coaccionar a sus votantes; además de sus servicios prestados a la causa del PRI en la microrregión, en donde hizo del acoso al municipio vecino de Matías Romero, gobernada entonces por el PAN, su principal virtud para congraciarse con los gobernadores en turno.
Más aún. En la zona del istmo, también se han presentado dos casos, uno del PRI y otro del PRD, en que los ediles, ante la imposibilidad de la reelección han dejado a sus cónyuges para el siguiente periodo municipal. Fue el caso de Santo Domingo Petapa, en donde primero Fredy Cabrera es munícipe y deja el cargo a su compadre Homero Espinosa Rodrìguez (aunque éste compitiera por el PRD); quien a su vez le hereda la presidencia a su esposa Sandra Méndez, luego hay un lapsus en la línea hereditaria, aun cuando queda uno de sus incondicionales, pero sólo un periodo, pues luego el ayuntamiento lo regresa ahora a la esposa de Fredy, Rosa Domínguez Rasgado.
Otra vez, los votos no fueron premio o castigo a su trabajo como autoridades municipales, sino evidencia palmaria de lo inequitativo de los procesos electorales y de las irregularidades y excesos que se cometen para llegar al poder; y los cacicazgos que se pueden formar.
Y es que amparados en estos medios ilegales y en el uso discrecional de los recursos públicos se crean cacicazgos. Hay familias que detentan el poder real en muchos municipios. En Huajuapan de León, por ejemplo.
Más allá del partido gobernante, en ocasiones el PAN, en otras el PRI; son un par de familias las que controlan el municipio desde hace décadas, como lo prueba el hecho de que las dos presidentas municipales que ha tenido en esta década: Ramona González y la actual Martha Manzanares, una del PAN y la otra priista, son familiares y socias del mismo grupo empresarial.
Ausencia de reglas, elecciones irregulares
Entonces, mientras no existan reglas claras para el ejercicio de los recursos de la hacienda municipal, la obligatoriedad de la transparencia para todos los ayuntamientos –recordemos que en Oaxaca sólo son sujetos obligados cuatro de ellos: Oaxaca de Juárez, Tuxtepec, Salina Cruz y Juchitán—; mecanismos de fiscalización de su gestión, así como instrumentos efectivos de rendición de cuentas, la reforma sólo permitirá el arribo y permanencia de neo caciques locales. Y las reformas legislativas que hizo el Congreso al eliminar los candados para la fiscalización y control en el manejo de los recursos que se descentralizan a los estados y municipios, van en sentido contrario a los objetivos propuestos por la reforma política de fin de año.
Y, no hay que perder de vista casos como los de Michoacán, en donde el narco está incrustado ya en los niveles de gobierno municipal. El poder y el dinero que manejan los cárteles, podrían provocar instalar feudos municipales merced a la reelección continua.
Reelección y usos y costumbres
En el caso de los municipios de usos y costumbres, pese a que se rigen por sus normas internas tienen un tope marcado por la norma constitucional. Así, aún cuando en algunos municipios se han presentado casos de reelección por uno o más periodos, esta situación deriva de que en ellos el gobierno local dura un año o año y medio; entonces no hay posibilidad de la reelección de autoridades por un plazo mayor.
Si bien hay un par de casos excepcionales en la región mixe: en Quetzaltepec en una ocasión un presidente municipal fue reelecto por cinco periodos consecutivos de un año; y a fines de los 80s en Ayutla también un presidente estuvo en funciones cuatro años, al ser reelecto en igual número de ocasiones.
Sin embargo, eran situaciones excepcionales, pues la pesada carga de gobernar un municipio indígena, siendo que se presta el servicio de manera gratuita y, en los años en que ocurrieron estos hechos la hacienda municipal no contaba con los recursos que tiene en la actualidad.
Precisamente, a la par que se descentralizaron esos recursos vía las participaciones municipales, se acrecentaron las tentaciones de perpetuarse en el poder: Fredy Gil Pineda Gopar, edil de Santos Reyes Nopala en 2005-2007, manipuló en 2007 a la asamblea para que lo reeligieran como presidente municipal, aunque así sucedió la prohibición constitucional pesó y se declaró inválido ese proceso, por lo que tuvo que convocarse a otra asamblea.
Aunque en sentido contrario, al parecer, éste si, por el buen desempeño en su administración, Gaspar Salas, presidente municipal de San Juan Teitipac, también fue reelecto en ese mismo año; nuevamente, por la prohibición constitucional, no prosperó.
Entonces, ¿por qué no retomar mejor una también vieja demanda de ampliar a cuatro años el periodo de gobierno municipal? Esa podría ser una solución perentoria a la generación de proyectos de mayor alcance. En tanto se modifican las condiciones que, ahora, hacen peligrosa la reelección continua de los presidentes municipales.
II. Reelección de legisladores
Legisladores que busquen la reelección, serían forzados a una actuación decorosa y una mayor cercanía con sus representados; además de estimular un mayor nivel en el debate parlamentario; se argumenta con esta propuesta.
Sin embargo, los hechos parecen demostrar lo contrario. Recordemos que los legisladores pueden buscar la reelección, si bien no en el periodo inmediato al que fungieron como diputados. Entonces revisemos.
El 50% —250— de los diputados federales de la LXI Legislatura cuenta con experiencia legislativa previa: 158 local, 48 federal, 44 local y federal. De ellos, llegaron con carrera precedente de tres años 192 legisladores, treinta y seis con seis, nueve con nueve, ocho con 12, cuatro con 15, y uno con 18 años como congresista. Sumados a los 107 senadores que en 2006 ingresaron con experiencia parlamentaria, y que hoy cumplen su segundo periodo, dan 357 legisladores federales, de modo que 57% de los integrantes del Congreso cuentan con experiencia legislativa precedente a su actual encargo (El Universal, 15/02/09). Y, hemos visto que esa experiencia parlamentaria no se ve reflejada en el quehacer legislativo.
Oaxaqueños en el “Bronx priista”
En el caso de los actuales diputados oaxaqueños en el Congreso federal, ocho de los priistas, ya han sido diputados federales al menos una vez anterior: Manuel García Corpus, Héctor Pablo Ramírez Leyva, Jorge Franco Vargas, Sofía Castro, Elpidio Concha, Heliodoro Díaz Escárraga, Eviel Pérez Magaña, Jorge González Ilescas.
Además, a excepción de Héctor Pablo, Jorge Franco y Eviel Pérez, los demás también han sido diputados en la legislatura estatal. Otros tres, Antonio Yglesias Arreola, Margarita Liborio y Heriberto Ambrosio, han sido sólo diputados locales. Únicamente Emilio Mendoza Kaplan, Narcedalia Pineda y Manuel de Essesarte ocupan por vez primera una curul.
Pues bien, de nada ha servido su paso por los congresos; la “experiencia parlamentaria” que pueden presumir es haber dado fama a lo que se bautizó como el “Bronx priista”, esto es, formar una especie de grupo de choque para reventar acuerdos, abuchear y denostar a los opositores que hagan uso de la tribuna, aplaudir rabiosamente a los diputados de su partido.
Esto es, auténticos “porros” legislativos, puesto que al igual que sus símiles universitarios, de nada les sirve su larga permanencia en las curules a los diputados o en las aulas a los universitarios; en ambos casos no aprenden, no se profesionalizan y entorpecen cualquier avance democrático.
De triste memoria ha sido el paso por las legislaturas federales anteriores de nuestros actuales “representantes populares” surgidos de Oaxaca. No hay, salvo excepciones, capacidad parlamentaria; ninguno ha destacado como tribuno, y menos para la toma de acuerdos sustanciales en el Congreso.
De los otros partidos, la perredista Juanita Cruz Vásquez ya fue diputada local; lo mismo que el panista Guillermo Zavaleta. Y de su paso como legisladores tampoco tiene mucho que presumir. Ligados más bien a los grupos del poder del PRI, sirvieron a estos intereses antes, ya no digamos que a la sociedad, siquiera de los militantes de sus partidos que se suponían ahí representados.
Y sin embargo, unos y otros repiten como legisladores. Algunos, incluso han pasado de la Legislatura federal a la local y luego de nuevo a la federal. ¿Premio a su actuación exitosa como diputados? Nada que ver. El que ganen las elecciones no es un referendo a su gestión anterior, sino el resultado de una serie de prácticas clientelares y de compra y coacción del voto. Lo que los lleva de nuevo a las curules no han sido las buenas cuentas entregadas, sino la maquinaria gubernamental y priista (que en la práctica es la misma) que gana elecciones, independientemente de la pésima actuación previa de sus candidatos.
Decálogo de Calderón, reforma incompleta
Entonces mientras no se modifique las reglas para terminar con los inequitativos procesos electorales, no se fijen candados para evitar el desvío de recursos gubernamentales hacia las campañas políticas y se eliminen las prácticas de compra y coacción del voto, mediante programas sociales, seguirán llegando personas a todas luces limitadas para ser legisladores; buenos tal vez para la operación política, pero sin capacidad parlamentaria, experiencia o conocimientos para desempeñarse como tales. Los diputados oaxaqueños son una buena muestra de ello.
Entonces, si bien la iniciativa de reforma política del presidente Calderón en sí misma podría parecer positiva, o al menos motivo de una reflexión y debate serio, el problema del decálogo presentado es que se trata de una reforma encaminada a aspectos muy puntuales del quehacer público del país, pero no es una reforma integral, que aborde todos los aspectos que es necesario cambiar para que funcione y cumpla con los objetivos que se propone.
Así, se evade nuevamente la responsabilidad de hacer, ahora sí una reforma que trascienda las buenas intenciones y se convierta en instrumento para reemprender el camino hacia la democracia que tanto se nos ha negado a los mexicanos. Y vaya que en Oaxaca tenemos experiencia en ello.
vicleonjm@hotmail.com