A contrapelo de su campaña de marketing político para posicionarlo como candidato del PRI y luego como diputado local, el gobierno que encabeza Gustavo Pacheco Villaseñor bien puede ser denominado como “El de la indiferencia”, ante los reclamos de la ciudadanía y el incumplimiento de su obligación constitucional a transparentar el uso de los recursos públicos. A continuación, un breve recuento de las asignaturas pendientes de este gobierno que enfrenta una tormenta por su cuestionable decisión de incrementar impuestos a pesar de la crisis económica que vive el país, de las deficiencias en los servicios públicos y sobre todo de la poca transparencia en el uso y gasto de lo recaudado.
En materia de obra pública, por ejemplo, la campaña publicitaria oficial señala que se han invertido más de 20 millones en el mantenimiento de los bulevares. Lo contradictorio, es que, a pesar del millonario gasto, la repavimentación del Plan de Tuxtepec está inconclusa en el tramo que va del crucero de Jardines del Arroyo al crucero que conduce al Instituto Tecnológico de Tuxtepec.
Ahí se nota claramente cómo la empresa contratada dejó a medias las cunetas y un tramo de pavimento en la acotación. Otro caso es el del bulevar Benito Juárez, que en su tramo final, pasando el Ingenio azucarero, antes de llegar al crucero de Sebastopol, presenta serios hundimientos que tampoco han sido reparados a cabalidad. También en ese ramo, destaca el tortuguismo con que se construye el Puente Tuxtepec II. Esto a pesar de los constantes anuncios de los avances y que se ha presumido que la empresa constructora es extranjera y con experiencia en el ramo. Pretender conocer quiénes son los constructores, es una odisea por lo que a continuación se reseña.
LA OPACIDAD
En materia de opacidad o falta de transparencia, un caso concreto es el denunciado por la Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, la cual en un escrito fechado el siete de agosto del año 2009 solicitaba, en apego al artículo octavo constitucional que tutela el derecho de petición y en atención también a las leyes estatal y federal de Acceso a la Información, se le comunicara por escrito “sobre el origen y aplicación de los recursos públicos federales, estatales y municipales destinados a la seguridad pública municipal”.
La petición —decía el texto firmado por Graciela Zavaleta Sánchez, presidenta de la Asociación Civil—, se debía a las constantes quejas que ante esa comisión se presentan por la presunta violación de derechos humanos por parte de policías municipales.
Por ello, y ante el riesgo de tener entre la corporación a policías sin perfil idóneo –tal como se demostró con el suicidio de un guarura de Pacheco Villaseñor ocurrido a mediados del 2009 y el involucramiento de otros en el disparo de armas de fuego contra indígenas chiapanecos ese mismo año—, “Mahatma Gandhi” requería desde hace medio año al ayuntamiento que, “se nos proporcione por escrito la metodología utilizada para la realización de pruebas de confianza en el personal policiaco así como el tipo de capacitación que reciben en materia de trato al público y derechos humanos”.
De todo ello, el silencio fue la única respuesta. Esto a pesar de que Tuxtepec es uno de los menos de diez municipios en el estado obligados a contar con oficinas de enlace especializadas en responder a las solicitudes de información pública por la cantidad de habitantes, y el supuesto de que, por su dimensión, tendría capacidad técnica y financiera para ello.
Pero no es todo. El mismo ayuntamiento a través de su página de internet http://www.municipiodetuxtepec.gob.mx/portal/index.php?pagina=transparencia enlista una serie de tipos de información que debe ser subida “de oficio” –es decir, sin que medie petición ciudadana alguna— al sitio informático para su consulta pública.
La decepción viene cuando al “darle clic” a la mayoría de estos enlaces la respuesta es: Sitio en construcción. No es posible, por ejemplo, conocer el programa operativo anual, las metas y objetivos de los sujetos obligados, los servicios y trámites que se ofrece el ayuntamiento, el presupuesto asignado en general y por programas, así como los informes sobre su ejecución, el listado de información pública a la que es posible acceder, ejercicio al que se refiere y medio de difusión.
Tampoco, aunque debería estar en la red desde mediados del año pasado, es posible conocer los resultados definitivos de las auditorías, ni se puede saber, a pesar de ser obligación del ayuntamiento subir esta información a internet, a quienes se beneficia con sus programas de subsidio o con quien contrata los servicios que por esta vía se prestan.
No se puede conocer a nombre de quien están otorgadas las licencias, permisos y autorizaciones y ni qué decir de las contrataciones por obras públicas desarrolladas. Pero más delicado aún, que no está publicada en internet –quizá porque aún no está aprobada por el Congreso, lo que es de inicio un vicio grave— la Ley de Ingresos de este año.
Tampoco es posible acceder al Plan de Desarrollo, ni conocer los indicadores de calidad, las resoluciones y los acuerdos del Ayuntamiento. En fin, que sólo es posible bajar las leyes y reglamentos, pero de nada sirve si, como puede probar cualquiera que ingrese al referido sitio de “transparencia”, las leyes en Tuxtepec son letra muerta.
Con este incumplimiento, además de violar derechos Constitucionales y las leyes de transparencia de las que tanto se vanaglorian los distintos niveles de gobierno, el de Pacheco Villaseñor violenta un principio que todo gobierno que se precie de ser democrático debería cumplir: la transparencia.
Los impuestos, otro desacierto
El otro renglón que evidencia la falta de sensibilidad del gobierno municipal es el incremento en los impuestos municipales. Esto a pesar de la explicación dada por el gobierno mismo, pues si bien es cierto que existe una disposición legal, ello no significa que sea justa. Y no lo es si se toma en consideración que el incremento en impuestos no está en proporción con algún incremento en la calidad de los servicios por los cuales se paga. Así, por ejemplo, en materia de agua entubada (que no potable) y recolección de basura, son constantes las quejas ciudadanas ante su irregularidad e incluso porque en algunos lugares el servicio se cobra sin siquiera brindarse.
Con toda esta suma de errores y omisiones se demuestra además que, contrario a lo que señala su campaña de marketing político, entre este y otros gobiernos no existe variación que hagan diferencia alguna sino que el sello de la casa es más bien la indiferencia.