Campañas ricas, pueblo pobre. Esta frase puede resumir la dinámica de los partidos políticos que, tras el reclamo ciudadano y la reforma electoral federal del 2007 (y 2008 en Oaxaca), se comprometieron a reducir el gasto excesivo en medios de comunicación electrónica y a generar condiciones de equidad y civilidad entre los contendientes (prohibición de campañas negativas).
Las elecciones intermedias del 2009 fueron el preludio de lo que ahora vivimos en los procesos electorales locales: campañas con poco contenido e información para los ciudadanos, aumento en las “campañas de tierra” y en la compra y coacción del voto, uso de programas sociales con fines electorales, judicialización de la política acudiendo a los tribunales y descalificación entre todos los contendientes.
Para las 14 elecciones locales de 2010 se aprobó una bolsa global para los partidos políticos, entre actividades ordinarias y de campaña, equivalente a 2 mil 910 millones de pesos que se distribuyeron según un esquema mixto: 30% de forma igualitaria y 70% según el porcentaje de votación obtenido en la elección inmediata anterior.
En Oaxaca, el segundo estado más pobre del país, se destinaron 131.2 millones de pesos para las campañas electorales de candidatos a gobernador, 25 diputados de mayoría relativa y las planillas de los 152 municipios. Del total, casi la mitad (62.8 millones) fueron canalizados a las campañas para gobernador del estado.
Además del gasto excesivo y a pesar de las reglas claras de la contienda electoral, el proceso electoral de Oaxaca da pie para documentar un catálogo de malas prácticas electorales que muestran como los partidos políticos piensan en todo menos en los ciudadanos. Mencionemos las más relevantes:
a) Los candidatos “Juanito”: a semejanza del famoso candidato a Delegado en Iztapalapa Rafael Acosta “Juanito”, en Oaxaca, frente a la violación de los estatutos partidistas en el registro de candidaturas del Partido Nueva Alianza (PANAL), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló las candidaturas a presidentes municipales de: Humberto López Lena en la ciudad de Oaxaca y Yesenia Nolasco en Tehuantepec. Esto se hizo tarde, ya que las boletas electorales han sido impresas y, en caso de optar por el PANAL, los ciudadanos emitirán el voto por un candidato que no está contendiendo.
b) Judicialización de la política: en este proceso todos los partidos políticos han presentado diversas quejas y medios de impugnación por violaciones a la ley electoral. Los recursos suman al menos 32 quejas ante el órgano electoral local, tres recursos ante el tribunal local, 17 juicios ante el TEPJF y 7 denuncias ante la Fiscalía Especial de Delitos Electorales (FEPADE).
c) Campaña del voto nulo: utilizando la imagen del movimiento de la Asamblea Nacional Ciudadana creada en 2009 en todo el país para rechazar las propuestas partidistas y proponer candidaturas ciudadanas, en la ciudad de Oaxaca, bastión de la “Coalición Unidos por la Paz y el Progreso” (PAN-PRD-Convergencia-PT), un supuesto grupo ciudadano promueve la anulación del voto sin propuesta alternativa de por medio.
d) Participación de funcionarios públicos en campaña: por parte de las dos coaliciones (“Por la Transformación de Oaxaca” y “Unidos por la Paz y el Progreso”) se ha criticado la abierta participación de funcionarios del gobierno federal y del gobierno estatal.
e) Falta de equidad en medios: ante la ausencia de un informe público y a tiempo del monitoreo de medios de comunicación, se aprecian desequilibrios en la información de los candidatos, mostrando la falta de equidad en el acceso a los mismos.
f) Deficiente actuación del órgano electoral: el Instituto Estatal Electoral (IEE) no ha logrado garantizar una imagen de imparcialidad que brinde la certeza requerida para el proceso. Al deficiente proceso de licitaciones, se suma la falta de transparencia en la información y ahora las fallas en las pruebas del PREP.
g) Falta de contenido en las campañas: la mayoría se limita a promesas imposibles y engañosas (becas para todos, eliminación de la tenencia, subsidios empresariales). Ante ello se propuso un debate entre candidatos a gobernador. El PRI-PVEM, pero también el PUP y el PANAL no quisieron dar argumentos a la ciudadanía para que estos pudieran votar.
h) Presión a los ciudadanos: para muestra, un botón: en la colonia Volcanes de la ciudad de Oaxaca, zona en la que el agua frecuentemente escasea, la solicitud de pipas de agua eran rechazadas a los simpatizantes de la Coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”. Existen denuncias, cuya documentación se encuentra en la FEPADE, sobre la utilización política de Programa Oportunidades (IMSS-Oportunidades), Unidades Móviles del gobierno del Estado, Piso Firme y Programa para Adultos.
i) Guerra sucia: durante mayo y junio la Coalición por la Transformación de Oaxaca (PRI-PVEM) a través del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) propaganda titulada “Cuidado: Oaxaca Peligra” en donde critica a Gabino Cué, Flavio Sosa, Salomón Jara y Andrés Manuel López Obrador calificándolos de ser “Un peligro para Oaxaca”. Semanas más tarde se harían públicos los audios ilegalmente grabados, del gobernador Ulises Ruiz con el presidente del IEE y con el encargado de Comunicación Social Raúl Castellanos, en donde se pone de manifiesto la intervención del gobernador en la campaña de su delfín, Eviel Pérez Magaña.
A estas prácticas habría que agregar el rebase de las de por sí costosas campañas. Costo que se ha incrementado por la misma actuación de los partidos. Sin oferta, no hay demanda. Los hechos nos hablan de la permanencia de una cultura política clientelar y autoritaria, reproducida por todos los partidos políticos, que no respetan la ley. Con esto los oaxaqueños irán a las urnas, hostigados en unos casos, amenazados en otros, hartos en muchos más. No se extrañen los partidos, responsables de no pensar en los ciudadanos, si los costos no sólo económicos sino culturales y sociales, se siguen incrementando.