El 1 de diciembre inició una nueva etapa para Oaxaca. Más allá de los triunfalismos que sólo queman incienso al nuevo mandatario o sus detractores que desdeñan la llegada de un gobernante que por primera vez no es del PRI, lo cierto es que la asunción de Gabino Cué como gobernador del estado necesariamente marca nuevos derroteros para la entidad. Un rumbo todavía incierto, pero del que las primeras acciones nos señalan algunas de las posibilidades que habrán de concretarse en los siguientes meses y años por venir.
I. El discurso
La protesta de Gabino Cué como gobernador se dio en un ambiente de pluralidad. Representados estaban no sólo los partidos políticos que se coaligaron para derrotar al PRI: PAN, PRD, PC y PT. El priismo también estuvo en la figura no sólo de sus diputados locales, que por ley deberían asistir, sino también por la bancada de diputados federales y el senador Adolfo Toledo. Además, organizaciones sociales, civiles, cámaras empresariales, dirigentes religiosos y demás.
Ante esta heterogénea concurrencia el mandatario leyó lo que serán los ejes de su gobierno. Un discurso sólido, con definiciones claras en los temas que los oaxaqueños tenían situadas sus más altas expectativas: “no permitiré la impunidad”, “se acabó el tiempo en que se tenía miedo ante la posibilidad de la represión”, “nadie estará por encima de la ley”, “No toleraré actos de corrupción. Lo digo claramente: ¡Hay (sic) de aquel que bajo mi mandato anteponga su bienestar personal al del pueblo oaxaqueño!”.
Justo el poner coto a los excesos de los gobernantes que marcaron el hartazgo de la ciudadanía y propiciaron la ruptura del tejido social en Oaxaca: “nunca más un gobernador que abuse del poder público para beneficio personal o el interés de un grupo en detrimento de la población en su conjunto”.
Además, se refirió a otros tópicos de gran trascendencia: “que niños y jóvenes no pierdan un día más de clases”, pidió a los maestros. Anunció la creación de una Fiscalía que investigue hechos de trascendencia social, con escrutinio ciudadano; el respeto al derecho a NO emigrar, potenciando el desarrollo de Oaxaca y abriendo fuentes de empleo.
En general, al referirse a los distintos temas y sectores de Oaxaca, hubo definiciones claras, que, desde el discurso, parecieran anticipar un cambio en las prácticas políticas. Si bien al referirse al tema indígena hubo un lapsus de décadas al recuperar la vieja consigna de su “incorporación al desarrollo” y su “inserción a la modernidad”.
Por lo demás un discurso no sólo políticamente correcto, por lo que la sociedad oaxaqueña y el país, esperaban del primer gobierno no priista y las expectativas de la transición en Oaxaca, sino que no eludió los temas difíciles y puso fin a las especulaciones sobre el perdón y olvido al régimen de Ulises Ruiz.
Bien iniciaba, en el discurso, el “gobierno del cambio”.
II. El gabinete
Dicho estaba, la heterogeneidad de fuerzas que se sumaron a su candidatura, constituyeron la mayor fortaleza del Gabino candidato. Lo era en razón del objetivo común que unía a unos y otros: derrocar al PRI. Como gobernador cómo responder a intereses, agendas y expectativas diferentes, constituye el más serio reto. Y, que cada una de estas fuerzas actúen ahora de forma centrífuga, en la búsqueda de sus particulares intereses, objetivos, visiones, puede constituirse en la mayor debilidad del nuevo régimen.
La prueba es el gabinete. Más allá de las especulaciones y expectativas, era previsible que éste se integrara con representantes de las distintas fuerzas partidarias y coaligadas con Cué. El resultado es un equipo variopinto. Personajes de los más contradictorios currículos y antecedentes, que van desde el trabajo en pro de la democracia, la lucha social y la justicia, hasta sempiternos dirigentes partidistas cuestionados en sus prácticas por sus bases, clanes familiares y tribus de todo signo ideológico.
Luego están los distintos grupos de interés, particularmente de los exgobernadores, que aparecen en el nuevo gabinete. Y hay de todo y de todos los que en las últimas décadas han gobernado Oaxaca e incluso algunos funcionarios de Ulises Ruiz fueron ratificados. Varios de los nuevos titulares de dependencias y organismos han causado por lo menos inquietud e interrogantes sobre los compromisos que motivaron su llegada a esos puestos; sobre todo cuando a algunos auténticos luchadores, comprometidos con la causa del hoy gobernante, fueron relegados. También grupos empresariales y élites económicas incrustaron o abogaron por algunos de los ahora servidores públicos de primer nivel.
A la par, habrá de reconocerse dos situaciones que a mediano y largo plazo podrían ser los puntales del gobierno gabinista: la primera es que su equipo, salvo un par de excepciones, fue relegado de las posiciones claves. Nada nuevo en la tradición política mexicana, pues serán éstos los que entren en los relevos que habrán de darse paulatinamente, como se vio en la temprana sustitución del secretario de Economía y Turismo: al cargo que correspondiera al PAN, con Alfredo Ahuja, lo ha relevado José Zorrilla Diego.
La segunda es la incorporación de personas emergidas de la sociedad civil. Éstas tendrán el reto de mostrar su capacidad de distinguir los intereses y objetivos distintos de la sociedad civil y la comunidad política; además de su capacidad para la administración pública. El intelectual indígena Adelfo Regino, en la Secretaría de Asuntos Indígenas, mostraba que la práctica era mejor que el discurso, pero éste renunció por falta de título profesional; el ex dirigente del FIOB, Rufino Domínguez en el Instituto de Atención al Migrante; y de las ong´s, Anabel López Sánchez en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, se han incorporado al nuevo equipo gobernante.
El gabinete en general tiene serios altibajos. Algunos, tal vez los menos, de alto perfil y el resto con dudas sobre sus capacidades para enfrentar en serio la tarea de gobernar y administrar, será ya su actuación la que ratificará si merecen estar en el gabinete o los regresan a sus partidos, grupos de interés u organizaciones. De la habilidad y lectura del contexto para hacer los cambios necesarios, antes de desgastar su capital político, dependerá también la buena o mala marcha del gobierno estatal.
III. Las propuestas
El 1 de diciembre el gobernador Gabino Cué presentó un paquete de iniciativas de ley, que en conjunto corresponde a una necesaria reforma política que garantice el equilibrio de poderes, el fortalecimiento de los órganos autónomos; la instauración de mecanismo de democracia directa, así como una gestión pública con orientación social.
De entrada parece atenderse un asunto toral de una transición: el desmantelamiento del autoritario entramado legislativo e institucional, para ser sustituido por leyes democráticas, nuevas relaciones institucionales y distintas prácticas políticas. Una decisión nada menor ante la historia reciente en Oaxaca y la frustrada transición en el país e.
Justo por esos antecedentes hay que tomar con cuidado este conjunto de iniciativas para que no pasen a ser meras intenciones. La multipromocionada Reforma del Estado impulsada por el Senado, pese a que incluso se promulgó una ley para regular su implementación, quedó en meras intenciones en el Congreso de la Unión y sólo se dictaron un par de legislaciones secundarias, sin entrar a la discusión de las reformas hacendaria, laboral, social, energética, educativa y política, que eran necesarias.
El decálogo de iniciativas del presidente Calderón, presentadas el año pasado, sólo causaron una coyuntural discusión mediática, pero no hubo una que se aprobara. Y, en el caso de Oaxaca la reforma del Estado anunciada por el exgobernador Ulises Ruiz y encargada a Héctor Sánchez, era mera demagogia.
Las reformas, además, deben ser parte de una construcción colectiva. Bien por el primer paso dado. Ahora, se requiere uns discusión amplia de los distintos tópicos que se requieren cambiar. Sin embargo, en un mes, por ejemplo, vence el término para reemplazar a los magistrados del Tribunal Estatal Electoral; en unos meses a los consejeros del Instituto Estatal Electoral; se propone la constitución de un nuevo organismo de Transparencia y otro de Fiscalización (por tanto habrán de ser sustituidos los actuales); estos relevos habrán de cambiar en fondo y forma, si se quiere cumplir con la democratización y ciudadanización que se pregona.
Se pretende una nueva relación entre los poderes, pero en enero de 2011 se elige al presidente del Tribunal Superior de Justicia y para lograrla el equilibrio entre poderes, es menester cambiar la el procedimiento, la forma y el fondo en la nueva elección. Hay temas entonces que por la coyuntura habrán de legislarse ya, pronto; pero la urgencia no debe ser impedimento para que se hagan bien. Más que ya se hacen cuestionamientos sobre algunas de esas propuestas.
Los cambios, entonces, no pueden hacerse sin que medie una seria consulta pública, en que se escuche la voz de especialistas, autoridades, representantes de los poderes, organismos civiles. También en escuchar la voz de todos, como se ha anunciado, estriba un cambio verdaderamente democrático.
IV. La práctica
A tan sólo unas semanas de iniciado este gobierno es difícil hacer una evaluación de su actuación, pero hay algunas señales que dan luz sobre cómo será el nuevo estilo de gobernar.
Por un lado, con el discurso y las propuestas de reforma política se atienden los reclamos del llamado círculo rojo (intelectuales, sociedad civil, medios); con la recuperación del palacio de gobierno como centro del poder político y la entrega del bastón de mando de pueblos indígenas, se envía el mensaje simbólico de recuperación de la soberanía popular; con el gabinete se pluraliza el equipo de trabajo y se saldan compromisos con partidos, grupos de poder y organizaciones sociales y civiles; se ha iniciado ya alguna atención mínima a la infraestructura vial; acciones como la controvertida pista de hielo, se atiende a los sectores populares de la zona metropolitana de la capital estatal.
La mayor polémica se sitúa en el gabinete, en donde todo indica se excedieron los cálculos y en un afán de purismo, se estableció como requisito que los secretarios y los titulares de los organismos auxiliares de la gubernatura deben contar con título o cédula profesional. Los primeros traspiés se presentaron con la ratificación de la secretaria General de Gobierno, quien no mostró tales documentos, por lo cual se hubo de pedir una dispensa del requisito; ésta fue otorgada, pero con un alto costo político y mediático, como se pudo apreciar con la renuncia posterior del panista Alfredo Ahuja, quien ante la falta de título, se le hizo fácil circular una copia de un título falso, al descubrirse el engaño hubo de abandonar el puesto, y el gobernador Cué se vio impelido a dar un ultimátum para que los funcionarios restantes presentaran su título profesional o renunciaran.
Aún cuando ha trascendido que varios no cumplen con tal requisito, fue Adelfo Regino, titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas el único que renunció antes de fenecer el plazo. Con ello se da la más costosa salida del gabinete; no sólo por la congruencia mostrada por el intelectual mixe, quien, más allá de que compartamos o no sus puntos de vista, tiene una producción intelectual y una trayectoria que ya quisieran muchos académicos; además de ser una figura emblemática del movimiento indio mexicano.
El bumerang en que se convirtió el ordenamiento puede causar más estragos; es claro que, como dice la conseja popular, “hay licenciados sin título y títulos sin licenciado”, el documento de sí no certifica más que un grado académico, no la capacidad para dirigir o no una secretaría; pero la opinión pública estará pendiente de señalar a quienes no cuentan con tal documento y si éstos permanecen en el puesto, será visto como una incongruencia entre el discurso y la práctica.
Otro yerro fue el del titular del IEEPO, Bernardo Vásquez, quien pagó el noviciado al desconocer a la sección 59, ante lo cual tuvo que salir el gobernador a corregir el entuerto declarativo. Luego, al de sí cuestionado secretario de Salud, Germán Tenorio, le ganaron las prisas en ratificar a otros cuestionadísimos funcionarios en esa dependencia, lo que motivó las protestas del sindicato de trabajadores y obligó a recular en los nombramientos. No obstante en muchas áreas, sostener o nombrar como mandos medios a cuestionados personajes, se está convirtiendo en una riesgosa constante.
Con todo, los primeros días y acciones del gobierno gabinista, han transcurrido con cierta calma. El bono democrático ha alcanzado para cubrir los yerros hasta ahora, pese a que se ha hecho un insuficiente control de daños de las primeras contradicciones, éstas no han minado aún la figura del gobernador, más bien las críticas se han centrado en su equipo de trabajo.
Sin embargo, mal cálculo si se apuesta todo a ese bono democrático; la confianza ciudadana puede agotarse rápidamente; el beneficio de la duda puede durar menos de lo esperado si en los primeros meses de gobierno no se ve un cambio sustancial, que vaya más allá de distinguirse del anterior régimen sólo por no caer en los excesos de los antecesores, sino porque se construyen bases reales y sólidas de cambio democrático; porque se atienden de verdad las demandas de los oaxaqueños y no por emplear medidas populistas; y porque, más allá del discurso, se generen nuevas prácticas políticas.
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