111 días fue el periodo que se dio el gobierno de Gabino Cué para hacer un primer balance de su gestión. Más allá del simbolismo que le quieran imprimir, es a todas luces insuficiente para evaluarlo, si bien los primeros pasos marcan indicios del rumbo que está tomando el llamado cambio en Oaxaca.
Este accidentado primer tramo más que mostrar la concreción de las reiteradas promesas del cambio, develó lo accidentado y complejo que es el tránsito a la democracia; la persistencia de las viejas reglas, de inercias antidemocráticas; la distancia entre el discurso de partidos y actores políticos con su actuar cotidiano; de una cultura política antidemocrática; de una serie de yerros y malos cálculos; y, por supuesto, de los obstáculos que los grupos de interés están dispuestos a poner a cualquier intento de un cambio real.
Los estudios de la transición (una excelente compilación puede verse en Después de la alternancia: elecciones y nueva competitividad, coordinado por Víctor Alejando Espinoza y Luis Miguel Rionda) marcan que ésta requiere tres fases: 1) La destitución autoritaria: cómo lograr que lo viejo (y malo, se entiende) se vaya en definitiva; 2) Instauración democrática, cómo se sientan las bases para transitar hacia esquemas democráticos y, finalmente, 3) Que la democracia, sus reglas y su práctica, se consolide.
I. Destitución autoritaria
La primera fase consiste en la deslegitimación del antiguo régimen, el castigo a quienes incurrieron en excesos, la derogación de la legislación autoritaria; y desechar las viejas prácticas políticas. Procesos que se encuentran en un impasse en el caso oaxaqueño.
Maquinaria desbielada y sin recursos
Ulises Ruiz dejó a la administración pública desmantelada. Sin presupuesto; con equipo obsoleto, en muchas oficinas no hay ni computadoras; sin bases de datos ni archivos; con el parque vehicular derruido, hay evidencias de que muchos fueron descompuestos intencionalmente. Huellas del saqueo desmedido de las arcas públicas. Como un auténtico chiquero ha calificado el gobernador Cué el estado en que recibió la administración. Además, las finanzas están hipotecadas por un buen tiempo. De esta herencia hemos dado cuenta en número anteriores (En Marcha núm. 131, diciembre de 2010).
Por supuesto, esta situación explica en parte las dificultades que para operar ha tenido el nuevo gobierno. Sin recursos materiales y un total desorden administrativo, con adeudos y programas comprometidos, el margen de maniobra ha sido limitado. El problema es que ello, junto con otros factores responsabilidad de los nuevos funcionarios, ha derivado en una semiparálisis gubernamental que está impactando negativamente en sectores de la sociedad.
Denuncias sin castigo
Esencial para la transición es dejar en claro que se castigarán las irregularidades. En el imaginario colectivo hay certeza de los excesos del régimen ulisista, éste se encuentra totalmente deslegitimado; se tiene claro que cometieron las más diversas tropelías; e incluso hay dictámenes, como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando responsabilidades concretas. Sin embargo, no se ha pasado de la denuncia mediática.
El problema es más complejo de lo que parece. Por un lado, es claro que, como en el viejo dicho: se les acusa de corruptos no de tontos. De muchas maneras la administración anterior se blindó. Incluso se promovieron dos juicios políticos para exonerar a Ulises Ruiz. Además, el entramado jurídico está diseñado para eludir se finquen responsabilidades a los niveles más altos del gobierno. Tan es así que incluso el dictamen de la Corte sobre el conflicto 2006, no tiene vinculación jurídica alguna.
El problema no radica en la deslegitimación del régimen precedente de Ulises Ruiz, que está más que desprestigiado, sino en cómo la ciudadanía puede apreciar que ahora si hay justicia, se aplica la ley, se castiga a los culpables. Para la sociedad agraviada poco cuentan los obstáculos, legales o no, que se interpongan; si no ve que se finquen responsabilidades, representará que nada ha cambiado.
Por eso poco abonan para el nuevo gobierno sus declaraciones que hacen semana tras semana, del permanente hallazgo de más y más irregularidades; si no va acompañado de procesos y se juzga a los responsables, eso sólo crea expectativas, que a la larga se vuelven en su contra. Doble riesgo si los procesos iniciados contra exfuncionarios, que ha anunciado la contralora, deriva en que éstos son de segundo o tercer nivel, o si al final salen exonerados; o si después de destapar la cloaca en diversas dependencias, ésta se sella sin fincar responsabilidades. Si ello ocurre, para la opinión pública representará que hay pactos ocultos, acuerdos de no tocar a los mandos más altos, esto es, de complicidad, aunque no necesariamente sea así.
Cultura política: clientelismo
Las inercias siguen presentes. Hace rato que hay una descomposición institucional en Oaxaca; pues bien, la problemática presentada en los últimos meses, además de ser alentada en gran medida por los grupos de poder desplazados, se atienden en la coyuntura y con las mismas prácticas. Esto es, los nuevos canales institucionales no terminan de aparecer.
Situación en que hay responsabilidades compartidas. Las inercias se mantienen en todos lados: desde los movimientos sociales (el FALP anunció en diciembre movilizaciones para exigir puestos en el gabinete); sindicatos (el magisterio no ha variado ni un ápice sus métodos de lucha y, al contrario, defienden su coto, sus privilegios y su actuar autoritario; los sindicatos universitarios actúan como siempre, pero el rector también); incluso vecinos se siguen movilizando por cualquier motivo, sin siquiera intentar canalizar sus demandas por la vía institucional.
La cultura de la presión política, de la negociación por intereses particulares, prevalece sobre la posibilidad de fortalecer las instituciones y construir un estado democrático. Diversos grupos no sólo están reacios, sino tienen capacidad de movilización e incluso pueden provocar actos de violencia.
Otros utilizan las anquilosadas estructuras normativas, para buscar mantener el statu quo. La coalición de titulares de organismos autónomos (Comisión Estatal de Derechos Humanos—CEDDHO-; Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública—IEAIP-; Auditoría Superior del Estado—ASE-; Tribunal de lo Contencioso Administrativo—TCA-) que en días pasados se presentó ante la Legislatura para solicitar su “participación” en el debate sobre la reforma constitucional, es una muestra. Lo es, porque previamente habían rechazado y descalificado la iniciativa de reformas. No los mueve un espíritu democratizador, pues su historial los ubica en el lado adverso, sino su afán de mantenerse inamovibles pese al vergonzante papel que han jugado.
II. Instauración democrática
Las fases para transitar a la democracia están lejos de ser lineales o consecutivas. Son procesos paralelos y dialécticos. Por ello, a la par de desmantelar las estructuras del viejo régimen, debe realizarse el rediseño institucional y legislativo; esto es, establecer nuevas reglas del juego y practicar nuevos procedimientos democráticos. Varios factores inciden en que esto ocurra o no y en la rapidez o lentitud de su implementación.
Pluralidad: de fortaleza a debilidad
La mayor fortaleza de Gabino Cué como candidato, fue la confluencia en su apoyo de prácticamente todos los partidos opositores al PRI, organizaciones sociales y civiles, y grupos de interés del más amplio espectro ideológico. Esta amalgama plural fue determinante para derrotar al PRI.
Sin embargo, ya en el ejercicio de gobierno, las cosas cambiaron diametralmente. Primero, por la natural diferencia de visión y de proyecto de las distintas fuerzas partidarias. Dado que no se integró un gobierno de coalición (para ello se requerían de acuerdos claros y signados por todos los partidos), los militantes de los partidos que integran el gabinete, actúan en función de sus intereses partidarios u de sus organizaciones, en el mejor de los casos; o de los propios de grupo e incluso en razón de sus proyectos personales. Así no unen fuerzas para impulsar un proyecto político común, sino más bien actúan de manera centrífuga, con lo que lo debilitan. Además, de las inercias antidemocráticas que son costumbre entre muchos de ellos.
El congreso, ¿acelerador o freno?
El Congreso local está llamado a jugar un papel trascendental. En Oaxaca el autoritarismo tiene base constitucional; de ahí la necesidad de hacer las reformas necesarias para un nuevo andamiaje legislativo y una estructura institucional democrática.
Sin embargo, si previo a tomar posesión de sus curules las fracciones parlamentarias del PAN, PRD, PT y PC, establecieron una agenda legislativa común y signaron los “Diez compromisos por la transición democrática en Oaxaca”, de poco han servido en el trabajo parlamentario. La natural divergencia entre sus proyectos se ha impuesto sobre los compromisos; los intereses partidistas privan sobre el interés superior de impulsar una transición democrática. Y las inercias de la cultura de la línea o la cooptación, no han sido sustituidas por el debate abierto, el cabildeo, la negociación y la construcción de acuerdos.
La mimetización del dinosaurio
Lectura errónea de la pluralidad, inercias de la cultura política o mal cálculo, el caso es que en el gabinete fueron integrados connotados representantes del viejo régimen. Por supuesto, un gobierno no puede desmantelar los recursos humanos con que se cuenta; pero eso es distinto a mantener a quienes, se supone, fueron partícipes por acción u omisión de las múltiples irregularidades que ahora se denuncian. Seguramente hay priistas de valía, pero era un riesgo innecesario nombrarlos en esos cargos.
El mensaje que se envía es contradictorio, por decir lo menos. En la práctica, como es la queja constante de otros miembros del gabinete, aquellos no hacen sino dilatar y entorpecer la marcha gubernamental.
Sumado a ello, los autogoles como el embrollo de enviar una ley que exigía título a sus secretarios; la mala fama pública de otros funcionarios; además de la inexperiencia y/o la soberbia de otros tantos; no han hecho sino debilitar al Ejecutivo, quien está lejos de tener el equipo sólido, comprometido y capaz que necesita para enfrentar tanto los embates del ulisismo, como responder a las altas expectativas creadas.
Por otra parte es clara la decisión de torpedear cualquier intento siquiera de un gobierno eficiente por parte del ala más dura del priismo y de los beneficiarios del ulisismo. Los conflictos municipales presentados en el relevo de autoridades municipales, en un alto número de casos derivan de hechos dolosos para causar ingobernabilidad; en ello se puede apreciar la complicidad de los órganos electorales, como se documenta en este número de En Marcha.
III. La reforma del Estado
La democracia no empieza ni culmina con la derrota del PRI, aunque el triunfo sobre el ala más corrupta y anquilosada de este partido, sin duda oxigena la política estatal. Más allá de inercias y resistencias, necesariamente habrán de cambiar al menos algunas prácticas.
Pero, una destitución autoritaria débil, esto es, la permanencia de actores con raigambre autoritaria, se traducen en amenazas para un régimen democrático en formación; por tanto, el proceso puede convertirse en un cambio de fachada, que en su esencia mantenga los viejos esquemas y prácticas. El caso mexicano es el mejor ejemplo de esta situación. Tras una década de la alternancia en el poder presidencial, vemos que el sistema político continúa en descomposición; que las pocas prácticas que cambiaron, se han ido adaptando a la esencia autoritaria del viejo régimen; o la clase política embate contra ellas para revertirlas, como es el caso de la transparencia.
Regresión o transición, el dilema
En Oaxaca, habra de estarse alerta de una situación similar. Capitular ante las demandas excesivas de grupos de presión como el magisterio; seguir revitalizando al dinosaurio, con posiciones y sin que se castiguen sus excesos e irregularidades; mantener el esquema de cotos, cuotas y privilegios y a los grupos políticos, seguramente permitirán que el gobierno de Gabino Cué continúe su mandato sin mayor presión que la repartición atinada (en términos de rentabilidad política, no de eficiencia administrativa ni de justicia social) de esos recursos y algunos desaguisados como los protagonizados en el mes de febrero con los maestros, que motiven la lógica de conflicto-negociación-arreglos.
Pero cuidado con las lecturas: con todo, en estos 111 días hemos visto que ha instalado la pluralidad en el gobierno, pese a sus yerros y limitaciones; si bien hay desaguisados, no se puede calificar aún a este gobierno de represor (si recordamos con URO en su primer mes, ya había encarcelado a más de una decena de luchadores sociales). Entonces no hay punto de comparación con los excesos y las prácticas autoritarias del gobierno anterior. De lo que se trata, entonces, es de generar ahora las condiciones de que esa historia no se repita.
Es por eso que ni nuevas políticas públicas, ni siquiera un gobierno más eficiente y que rinda cuentas, es suficiente. La transición a la democracia exige un rediseño institucional: leyes que sienten bases democráticas; instituciones sólidas, que gocen del respeto y confianza ciudadanas.
El único camino hacia la transición, entonces, empieza por realizar las reformas constitucionales y legislativas para evitar, una vez más, dejar a la buena o mala voluntad del gobernante los destinos de Oaxaca.
Importante es que se tiene un documento base: la iniciativa de reformas constitucionales presentada por el gobernador al asumir su mandato. Ahora se requiere un debate profundo sobre las mismas; la opinión de expertos, de la academia y la sociedad civil, diputados y profesionales de los temas que se tocan; necesario cubrir lagunas, reparar insuficiencias y profundizar en temas que no se abordan en toda su complejidad.
El tiempo apremia
Lo deseable es que éstas propuestas se realicen ya y se voten pronto. El tiempo apremia. El 31 de marzo vence el primer periodo ordinario de sesiones; ya para el siguiente, la agenda de la sucesión presidencial del 2012 será un factor más en contra para avanzar en los cambios.
Sin embargo, si no se avanza en el paquete de reformas constitucionales, bien habrá de apuntalarse el rediseño institucional de manera gradual. Así por ejemplo, la renovación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, cuya fecha fatal es el 7 de abril, ya que no se hicieron las reformas necesarias, al menos deben evitarse las viejas prácticas de reparto de cuotas partidistas. Es necesario revisar el procedimiento y apuntalar los acuerdos necesarios para ciudadanizar ese órgano y dotarlo de una real autonomía
111 días: ¿golpe de timón?
En ese contexto, los 111 días de gobierno son oportunidad para evaluar y corregir entuertos; realizar los cambios pertinentes para constituir un equipo que fortalezca al Ejecutivo; expulsar al dinosaurio priista en definitiva; pasar de las promesas y compromisos al trabajo y los resultados. Si algo queda claro de este primer tramo del gobierno de Gabino Cué, es que sólo una sólida Reforma del Estado podrá contrarrestar a las inercias autoritarias del pasado.
Dado que en ello está el futuro de Oaxaca, también es tiempo que desde la sociedad civil, el movimiento social y los medios de comunicación, se genere la participación crítica y la presión sobre la clase política para que cumplan con las promesas de cambio.
No nos equivoquemos, el dilema es transición o regresión. Y el mandato de las urnas el 4 de julio de 2010 fue claro: no más autoritarismo, sí al cambio democrático.
Correo: vicleonjm@hotmail.com Twitter: @victorleonelj