Con un resultado inesperado culminó el complejo proceso de elección de los nuevos consejeros del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, que además ahora agregaron a su nombre: “y de Participación Ciudadana” (IEE).
Y es que el proceso fue accidentado desde el principio. El afán de los partidos de controlar el órgano electoral los llevó de albazo en albazo, poniendo candados para evitar la ciudadanización del IEE, un cometido que no lograron del todo pues al final el Consejo General del IEE terminó en un híbrido: cuatro de los seis Consejeros electorales casi miembros orgánicos de los partidos y dos de ellos sin esa característica ni vínculos con los partidos, es decir realmente ciudadanos. Así, el nuevo IEE no es plenamente partidizado pero tampoco ciudadano.
Reformas precipitadas
La historia reciente inicia el 8 de marzo. Inesperadamente el Partido Acción Nacional presenta una iniciativa de reformas al código electoral con el argumento de garantizar la equidad de género en la integración del Consejo General del IEE. En realidad lo que hacen los diputados es adelantar el proceso de elección al 23 de marzo, cuando el término original era el 8 de abril.
Esta prisa legislativa era para que antes de abril aprobaran la reforma constitucional que ponía nuevas condiciones en la selección de los consejeros y supuestamente abría una mayor posibilidad de ciudadanización de ese organismo. Sin embargo, los partidos políticos no podían permitir lo anterior pues el código electoral dejaba todo el proceso de selección en manos de las fracciones parlamentarias. Dicha reforma respondía más a los intereses del priismo de mantener el control con representantes suyos y también por medio de sus personeros en los otros partidos políticos.
Sin embargo, la apresurada reforma redujo los tiempos para la negociación; la falta de acuerdos particularmente en la elección del consejero presidente llevó al límite de los nuevos tiempos legales la sesión para culminar el proceso.
Los consejeros a elegir eran siete: un presidente y seis propietarios; en la reforma se añadió a seis suplentes. En la lógica partidista, los tres partidos con mayor presencia –PRI, PAN y PRD— se distribuirían el consejo paritariamente designando cada uno a dos consejeros; el presidente, en esas inercias tan comunes de la política mexicana, sería el candidato del gobernador. En teoría ese era el arreglo. En los hechos el acuerdo en apariencia tan simple, trocó en una seria desavenencia cuando para la presidencia se perfiló Jorge García Revilla, el cuestionado ex vocal Ejecutivo del IFE en Oaxaca, como el candidato del hombre fuerte de Gabino Cué, su secretario particular Benjamín Robles Montoya.
Para cerrarle el paso, el PRI propuso al todavía más cuestionado director del IEE, Othoniel Peña Montor, lo que en los hechos dejaba el control en el mismo grupo que desde hace 10 años se había enquistado en el órgano electoral y que tan desastrosos resultados diera para la entidad.
Aunado a ello, la presión ciudadana, de la opinión pública y de diversos actores políticos exigiendo la apertura del órgano electoral a la ciudadanía, como es su esencia; junto con errores en el procedimiento establecido, que podría dar lugar a una impugnación, condujeron a que el 21 de marzo se realizara otra reforma al código electoral. El pasmo se dio al ver el contenido: lejos de buscar forma de ciudadanizarlo, como habían anunciado los legisladores, refrendaban el control partidario y sólo habían añadido el requisito de que los aspirantes debían ser entrevistados por los diputados de las fracciones legislativas.
Dejaban así los candados fijados de antemano: los aspirantes debían inscribirse ante una fracción parlamentaria; ésta determinaría quienes cumplían con los requisitos y los citaría a una entrevista. La fracción, finalmente decidiría a quienes propondría como sus candidatos.
Del acuerdo a la ruptura
Mientras las desavenencias y negociaciones entre las fracciones parlamentarias continuaban, la apertura de una convocatoria posibilitaba la inscripción de 84 ciudadanos, que se registraron por “la fracción parlamentaria de su preferencia”, como establecía la convocatoria. Sin embargo, esta condicionante fue protestada expresa y tácitamente por un importante número de ellos, quienes se inscribieron en dos o más fracciones argumentando que la exigencia de hacerlo por una conculcaba sus derechos ciudadanos y era una limitante a la independencia que los consejeros electorales deben tener.
En la polarización el primer desplazado en la disputa por la presidencia fue García Revilla, quien ya no sería postulado por Convergencia el partido por el que se inscribiera. Así las cosas, como propuesta emergente se perfiló Alberto Alonso Criollo, un académico a quien se identifica con el proyecto gabinista y al que finalmente postularon como su candidato a la presidencia PAN y PRD.
En las tensas negociaciones, en que incluso interviniera el secretario particular de Gabino, el PRI no cedía en su pretensión de imponer a Othoniel Peña; jugaba a su favor con el hecho de que la elección de consejeros tenía que ser por mayoría calificada; esto es 28 de 42 diputados; y los partidos opositores al PRI tendrían sólo 26. De paso presionaban para que, de no salir su propuesta aseguraran que ellos impondrían al director ejecutivo del IEE.
En su ambición, los partidos políticos habían acordado repartirse todas las posiciones directivas de la estructura del instituto electoral. Por eso simulaban un ejercicio de entrevistas en que daban un máximo de cinco minutos a los aspirantes a exponer su visión del órgano electoral; tiempo a todas luces insuficiente siquiera para un elemental examen de cualquier nivel.
Agotado el tiempo límite para la elección, el 8 de abril seguía el desacuerdo en torno a la presidencia del Consejo. Los priistas, para ceder, pedían nada menos que la dirección ejecutiva y la secretaría general, además de otras posiciones. En la tarde de ese viernes, finalmente se empezó a perfilar un tercero en discordia: Oscar Ciprián, vocal distrital del IFE en Miahuatlán, quien había sido propuesto por el Partido del Trabajo. En la noche de ese día se daba por hecho que él sería el ungido. Sólo que un reducido grupo de diputados del priismo se resistían al acuerdo y, para variar, encontraban el apoyo en algunos diputados del PRD, que pretendían vender caro su voto: de la tribu de Nueva Izquierda, la heredera de la curul que por doce años se han alternado los hermanos Rosendo y Félix Serrano, la hija del primero, Aleyda Serrano; de la Unión Campesina Democrática, del clan de los López Nelio, Pavel López, entre otros. La situación se empantana nuevamente.
La sesión que se había instalado en la tarde de ese día se reanuda en la madrugada del sábado 9 de abril. Pero sólo resiste una ronda de votaciones, en la que ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría calificada. Entre receso y receso en que arrecian las negociaciones, se vuelve a fortalecer la candidatura de Alonso Criollo, aceptada ya incluso por el PRI. Una situación que genera una guerra de descalificaciones: desde twiter asesores de Eviel Pérez y del inefable diputado federal Héctor Pablo Ramírez Puga-Leyva, acusan: “se gesta una traición en el Congreso local”. La presión no la resisten los diputados priistas quienes abandonan la sesión. En un costoso error en su estrategia; no regresan más y se retiran de todas las negociaciones.
PRI deja la cancha libre
La retirada del PRI genera en primer término una crisis de riesgo: legalmente el Consejo en activo concluía sus funciones el 8 de abril; dado que existían elecciones municipales extraordinarias en proceso, el IEE no podía quedar acéfalo. De hecho, se usaba ya el “reloj legislativo, esto es, haber iniciado la sesión el día 8, que podría continuar varios días más, pero que formalmente correspondería a esa sesión, una estrategia usada cuando se les agota el tiempo legal.
La coyuntura abría la posibilidad de realizar la elección sin el priismo. Tras revisar el marco legislativo y consultar con expertos, entre ellos el constitucionalista Elisur Arteaga, los partidos que en 2010 se coaligaron, deciden realizar la elección. La decisión es por Alberto Alonso como presidente. Desechan de paso a los candidatos propuestos por el PRI: Sayla Gema Ramírez Ricárdez y Felipe Martínez López.
Para ello hubieron de cuidar que se cumplieran las formalidades de una situación extrema: que ante la falta de mayoría calificada se eligiera a los consejeros por mayoría simple. Las negociaciones entre los partidos se prolongaría. La sesión reanudaría la noche del sábado 9 de abril. Luego de dos rondas de votaciones en que nuevamente no había mayoría calificada, se prepara un nuevo dictamen.
Los autogoles de los partidos ahí presentes fueron obvios: los panistas Raúl Bolaños Cacho y Martha Campos no asistieron. A cambio lograban que un diputado priista: Carlos Martínez Villavicencio estuviese presente. Cayó así la versión que Benjamín Robles había coptado a cinco o seis diputados del tricolor.
La decisión de excluir al priismo dio origen a una nueva disputa por los dos espacios que quedarían libres. Los partidos pequeños, PT y Convergencia, habían postulado a Víctor Leonel Juan, como su candidato. Una presencia incómoda para el resto de los partidos, pues el periodista y académico no respondía a los intereses partidistas, pues su participación la había realizado cuestionando el mecanismo de elección, contra la partidización del IEE y generando una simpatía ciudadana con el apoyo de organizaciones y autoridades indígenas, intelectuales y organismos civiles. El académico Juan Pablo Morales fue otro candidato ciudadano, también sin vinculación partidista alguna, aunque por la dinámica impuesta, propuesto por el partido Convergencia.
En las largas horas de la madrugada, pese a las reticencias de algunas corrientes y diputados se concluyó la necesidad de incluirlos en el Consejo General, para que legitimaran la decisión tomada. Preveían así desactivar las protestas de la sociedad civil, que podrían sumarse a las del priismo, si no se consideraban sus propuestas.
Finalmente a las cuatro de la madrugada se realiza la votación.
La conformación de este cuerpo colegiado tiene presencia ciudadana en la figura de Alberto Alonso, Víctor Leonel Juan Martínez y Juan Pablo Morales; presencia partidaria clara con las propuestas del PAN: Alba Judith Jiménez Santiago y Víctor Manuel Jiménez; y del PRD: Norma Iris Santiago Hernández y David Adelfo López Velasco.
Pasadas las cuatro de la madrugada del domingo 10 de abril, protestan formalmente en el Congreso local.
Las impugnación
Ya por la mañana de ese día, el priismo iniciaba una guerra de declaraciones ante lo que considera una ilegalidad y un abuso del Congreso local. Piden la expulsión del priista Carlos Martínez, por traidor; señalan que hay una imposición del gobernador en la presidencia. Durante la semana aumenta la presión mediática. A Alberto Alonso lo acusan de ser inelegible por ser un empleado del gobierno estatal y se exhibe en los medios su cercanía con Benjamín Robles Montoya, cuando los requisitos piden una total autonomía del poder público.
Los otros partidos reviran señalando la irresponsabilidad de la bancada priista de abandonar la sesión. Al coro se une una decena de ex aspirantes que interponen Juicios de Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano y declaran que hay un IEE partidizado e ilegítimo.
Finalmente el PRI hace lo propio interponiendo un Juicio de Revisión Constitucional contra el mecanismo de elección empleado. Curiosamente, en la demanda no hacen válidas las pruebas que decían tener para mostrar la inelegibilidad del presidente.
El fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) será a fines del mes de mayo. Por lo pronto caro han pagado los priistas el error de salirse de una sesión, pues hay criterio del Tribunal en casos similares. Sucedió en Querétaro donde para evitar alcanzar la mayoría calificada también se dio este mecanismo de ausentarse de la sesión cameral sin un motivo válido, lo cual no puede ser causal de nulidad de la elección, pues la democracia no puede ser rehén de los desplantes de una fracción parlamentaria. Esa fue la tesis sostenida en ese caso. En Oaxaca el Tribunal Electoral Federal habrá de decidir pronto.
El IEE, un híbrido
Una vez en funciones los consejeros del IEE tiene la gran responsabilidad de mostrar que pueden tener una real autonomía de los partidos políticos. Los consejeros que son vinculados orgánicamente a los partidos, habrán de mostrar si tienen la solvencia ética y la capacidad, para actuar de manera institucional y autónoma. Una posición que tendrán que mostrar de manera definitiva e inmediata, pues los partidos se disputan actualmente la estructura de ese organismo, donde ya se perfilan a los peores representantes de las tribus perredistas y panistas para tomarlo por asalto.
Los consejeros emergidos de la sociedad civil serán minoría en las votaciones; pero el respaldo y legitimidad que da el hecho de haber llegado de manera libre y con respaldo de organismos civiles, les da un margen de maniobra mayor, pues el costo político de tomar decisiones por “mayoriteo”, sería muy alto para un Consejo que inicia impugnado por la aún principal fuerza partidaria en la entidad, el PRI.
En breve veremos cual es el rumbo del nuevo Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana: el continuismo al servicio de los intereses facciosos de los partidos, con otras caras y nombres; o el camino de la refundación de un organismo vital para el mejoramiento de la vida democrática de Oaxaca. No hay que escamotear el beneficio de la duda.