“El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) representa en sí mismo, un avance para las demandas e intereses de la ciudadanía. En adelante tendrá que consolidarse como una autoridad con fuerza moral y política, haciendo efectivos los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, equidad y objetividad, que durante muchos años fueron letra muerta en la legislación electoral”.
El párrafo, parte del Exhorto Ciudadano al IEEPCO presentado por un conjunto de organizaciones civiles, resume el historial de desconfianza ciudadana hacia una institución que estuvo lejos de cumplir con sus objetivos y esencia y se convirtió en un brazo operativo más del régimen anterior.
Enuncia también los retos que tiene el nuevo consejo de ese organismo por hacer efectivos los principios de autonomía y ciudadanización, que son su razón de ser, y los serios riesgos que representa profesionalizarlo y fortalecer la institucionalidad.
Sin embargo, las presiones, condiciones e intereses por mantener el statu quo son muchos. Por un lado se encuentra la inercia autoritaria presente en la cultura política oaxaqueña, en que todos los actores políticos abrevan y poco esfuerzo hacen en cambiarla. También, como se evidenció desde el proceso de elección de los nuevos consejeros, existe una legislación que privilegia los intereses de los partidos políticos y acota la autonomía del órgano electoral.
Por otra parte, la alta conflictividad municipal, legado del viejo régimen (como parte de éste al propio IEE), genera una dinámica de operación política en que la conflictividad, como siempre, se atiende en la coyuntura con poco margen para la generación de nuevas prácticas y la construcción de criterios institucionales.
Reto: autonomía y ciudadanización
Lamentablemente en nuestra entidad se ha actuado de manera contraria a lo esperado, la historia del IEE se ha caracterizado por estar al servicio del gobernante en turno. No es un asunto menor. La constitución de un órgano electoral, autónomo del gobierno, fue en un inicio una conquista de la sociedad mexicana, pero también de los partidos políticos entonces opositores. La necesidad de contar con una institución ajena a los dictados gubernamentales, e independiente de los vaivenes partidistas, era una imperante necesidad ante la cultura del fraude y la desconfianza ciudadana hacia los resultados de las elecciones.
Entonces, que el Consejo General del órgano electoral sea integrado por personas sin vínculos orgánicos con los partidos, es un triunfo de la ciudadanía. Situación que debe mantenerse y defenderse como premisa básica que garantice que la decisión ciudadana en las urnas será respetada.
Pero no basta. La autonomía del instituto tampoco puede ser condicionada por los partidos políticos, ni mucho menos, tener injerencia en la toma de decisiones. Y es un despropósito mayor, pretender que el personal directivo del IEEPCO sea propuesto por partidos. Como lo hemos reiterado en distintas ocasiones, es necesario que los directores, como el resto del personal, sean designados en razón de su experiencia, capacidad profesional, solvencia ética, antes que por sus relaciones con partidos, consejeros o el gobierno.
Como es también necesario diseñar mecanismos que permitan el establecimiento del servicio profesional electoral, con evaluaciones periódicas al desempeño.
La ciudadanización e institucionalización plena, pasan entonces por una serie de ejes que entre otros son: Ciudadanizar y despartidizar al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; fortalecer los sistemas normativos internos indígenas; vigilar que los partidos cumplan los criterios de equidad y paridad; promover la participación ciudadana; impulsar iniciativas para la reforma electoral y de participación ciudadana; fortalecer la relación con la sociedad civil.
En ese sentido es necesario retomar sin vacilaciones el Exhorto Ciudadano al IEEPCO que en mayo presentara un colectivo de organizaciones civiles: Asamblea Mixe por el Desarrollo Sostenible; Enlace Comunicación; Espiral por la Vida; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño; Consorcio para el Diálogo Parlamentario; Comité de Defensa de Derechos Humanos Gobixha; Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña; Servicios del Pueblo Mixe; Educa; Tequio Jurídico.
Hasta ahora, la responsabilidad del órgano electoral se ha limitado a la organización de procesos electorales. Pero en una democracia, si bien el sufragio es el momento culmen, no se restringe a él. La participación ciudadana precede y trasciende la emisión del voto. Y el instituto, como garante de procesos democráticos, tiene como tarea esencial que la ciudadana tenga la confianza plena en que la decisión que tome en las urnas será respetada; esto es, que sus votos cuentan y serán bien contados.
IEEPCO: ni adversario ni cómplice de los partidos
Entre los partidos políticos hay un error de apreciación respecto al órgano electoral: lo ven como adversario o cómplice, antes que como el árbitro imparcial y autónomo, que es su característica intrínseca.
De esa visión equívoca parte la intención de influir directamente en su toma de decisiones; de buscar la ingerencia en su constitución y de sus intentos de intromisión para el nombramiento de la estructura.
¿Y, a quién conviene un órgano electoral partidizado? La respuesta es más simple de lo que parece: a nadie, pues alienta la desconfianza ciudadana; representa una regresión en los avances democráticos y; final y paradójicamente, no sirve ni siquiera a los partidos políticos, que sufrirán las consecuencias de las decisiones que ahí se tomen.
Basta dar un vistazo a la historia reciente. El primer consejo general del Instituto Federal Electoral, fue integrado por destacados personajes de la academia y la sociedad civil, con José Woldenberg a la cabeza. Gracias a esa integración ciudadana el IFE se convirtió en la institución más sólida, respetable y con mayor credibilidad de los mexicanos en la última década del siglo XX y en los primeros años del actual.
Sin duda, su actuación imparcial, cuidadosa de que no se incurrieran en ilegalidades, y el peso moral que tenían, fue fundamental para lograr elecciones limpias y confiables en este país, que en 2000 permitieron la alternancia en la presidencia de la república.
Situación distinta se presenta a partir de la renovación de esos consejeros electorales. La designación de Luis Carlos Ugalde –pese a que éste provenía de la academia–, como la de quienes lo acompañaron en el IFE, tuvo como impronta el reparto de cuotas entre los partidos políticos. Una situación que derivó en la crisis político-electoral del 2006; en la desconfianza de millones de ciudadanos en los resultados de la elección presidencial; y la impugnación de los mismos. Situación que minó la credibilidad en la institución hasta entonces más sólida de los mexicanos.
Con un órgano que obedezca a los intereses partidistas los afectados directamente con sus resoluciones serán ¡los partidos políticos!, pues en ese contexto, presionan a los consejeros, que consideran suyos pues ellos los designaron, a establecer alianzas coyunturales, según el momento político y los acuerdos a que lleguen los partidos, para tomar decisiones.
La equidad de una elección la permite, entre otras cosas, que el instituto encargado de organizar y velar por el cumplimiento de las reglas en la competencia electoral, esté alejado de los vaivenes de la política partidista, de las coyunturas electorales, o del costo/beneficio estrictamente político de la toma de decisiones.
El IEEPC no es adversario de los partidos políticos, sino precisamente lo contrario: garante de sus derechos y de la realización de comicios equitativos e imparciales. La mejor garantía que tienen los partidos políticos de que sus derechos no sólo serán respetados, sino que tendrán una defensa por el órgano electoral, es sí y sólo sí, este conserva su autonomía, se fortalece institucionalmente, se profesionaliza y mantiene su carácter ciudadano.
Conflictividad municipal
Las dolorosas imágenes de los caídos en Choapam en mayo pasado, son muestra de los extremos a los que llega la conflictividad municipal. En la última década suman decenas de caídos en la disputa por el poder local, de enfrentamientos fratricidas, de un tejido social desgarrado.
No es todo. Si son graves los costos sociales, no es menor la vulneración del derecho de autodeterminación de los pueblos. Entre 2001 y 2003 más de 50 municipios no fueron gobernados por autoridades electas por sus habitantes; lo mismo por elecciones anuladas, que por la posterior desaparición de poderes, revocación de mandato o incluso licencia de sus concejales, terminaron en manos de administradores municipales. En 2010 en 48 municipios se anularon elecciones, cifra que luego aumentara a 50.
El paisaje de décadas anteriores; palacios municipales tomados, movilizaciones, medidas de presión como bloqueos carreteros y retención de funcionarios, reaparecieron. El asunto no es menor, sin embargo, los argumentos para explicar esa alta conflictividad suelen ser simplistas; en el mejor de los casos analizan la coyuntura política. Situación riesgosa pues derivado de ésta, se toman decisiones. El resultado es que se resuelven momentáneamente, sólo para resurgir posteriormente, en ocasiones con mayor virulencia y complejidad.
En 1995 Oaxaca se colocó a la vanguardia de la política del reconocimiento a los derechos indígenas al hacer efectivo el derecho a la autonomía: elegir a sus autoridades locales conforme a sus propias reglas. Tres lustros después se presenta una inusitada alta conflictividad en los comicios municipales.
Las explicaciones van más allá de argumentos generalizadores y simplistas que los reducen al conflicto entre facciones. Hay una serie de procesos externos e internos (migración, lucha por la equidad de género, distribución de participaciones municipales, creación de nuevos asentamientos, conflictos agrarios y religiosos, etcétera) que inciden en las elecciones, pues es el momento en que se hacen visibles. Sin embargo, lejos de atender estas situaciones, las diferencias se atienden en la coyuntura y con prácticas y esquemas que corresponden a la lógica de la disputa entre partidos, más que a la realidad de estos municipios.
Sin caer en esencialismos, ni descalificaciones a ultranza, se requiere conocer con claridad cómo se realizan estos procesos; cuáles son sus ejes rectores, principios organizativos; cómo se construye y ejerce la ciudadanía ahí. Sobre todo si partimos que hay una tensión permanente entre los derechos individuales, que se encuentran inmersos en el andamiaje constitucional y jurídico del Estado mexicano; y la primacía de los derechos colectivos, que son la base del régimen de normas de derecho consuetudinario.
El reconocimiento dejó una laguna que explica en mucho, los problemas presentados: la ausencia de canales institucionales para encauzar las diferencias en ese régimen. En el Consejo General del IEE se ha obviado la demanda de que en su seno estén representados los municipios y comunidades indígenas. Además, hay una injerencia constante de partidos políticos y organizaciones sociales que polarizan el conflicto y obstaculizan el consenso, siendo que por ley no deben intervenir. Estos actores deben asumir su responsabilidad, garantizando la autonomía de estos municipios.
Siendo que el 73 por ciento de los municipios oaxaqueños se inscriben en este régimen, los canales institucionales carecen de eficacia jurídica. Es hasta 2008 cuando se establecen medios de impugnación para las inconformidades en este régimen; sólo que están lejos de constituir un proceso adecuado a la problemática. Y en los tribunales, los magistrados dictan resoluciones apegados a la tradición monista y liberal del entramado jurídico mexicano; cuando el régimen citado, tienen otra lógica, principios y esquemas.
Es urgente entonces, establecer mecanismos institucionales que permitan atender la conflictividad. No como concesión graciosa, sino como el derecho que tienen y es reconocido por la Constitución mexicana y del estado, así como instrumentos internacionales como la Declaración de la ONU sobre los Derechos Indígenas, y resoluciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que establecen que se debe garantizar el acceso de los indígenas a la jurisdicción estatal; así como que los partidos políticos no son la única vía para acceder a la representación política.
Este es uno de los más serios retos del instituto electoral, pero también de los tres niveles de gobierno, partidos políticos, congresos federal y estatal, tribunales electorales y, por supuesto, de municipios y comunidades. La alta conflictividad y violencia, han convertido en un problema de Estado.
Para atenderlo se requiere un diálogo interinstitucional, interdisciplinario e intercultural. De éste depende garantizar la autonomía municipal, el respeto a los derechos de libre autodeterminación y la estabilidad política y social de Oaxaca
Transición y órgano electoral
En 2010 el mandato de los oaxaqueños no fue sólo por la alternancia en el poder estatal, la decisión tomada en las urnas, implicaba también generar instituciones democráticas sólidas. Una tarea que corresponde a todos llevar, luchando contra las inercia e intereses autoritarios.
Como organismo encargado de la cuestión electoral, pero también de su vinculación con la ciudadanía, el IEEPCO tiene la oportunidad de refundar la institución y convertirse en garante y motor de cambios institucionales para llegar a la consolidación democrática. El riesgo, sin embargo, es que se vea impedido por intereses externos e internos, a emprender la tarea que le corresponde: salvaguardar los derechos de las y los oaxaqueños de dotarse de autoridades e instituciones democráticas.
vicleonjm@hotmail.com
Twitter: @vleoneljm