Apenas el pasado 10 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma Constitucional por medio de la cual, los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales son plenamente vigentes en nuestro país. Dichos tratados, valga recordarlo, suelen ser mucho más explícitos y benévolos con el justiciable que las leyes internas mexicanas.
Por otra parte, pero en el mismo contexto, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar lo que a este poder gubernamental le corresponde acatar, dentro de la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla, determinó que las autoridades y aún los jueces de todos los niveles y materias deberán obligatoriamente respetar los derechos humanos de cualquier justiciable en todo acto o procedimiento.
Total, que deberíamos estar de fiesta en México. En un marco teórico y doctrinal, la reforma Constitucional, la sentencia de la Corte Interamericana y el pronunciamiento con carácter de criterio obligatorio pronunciado por la Suprema Corte, son como gustan de llamarle algunos optimistas: de gran calado. La realidad, sin embargo, es diametralmente distinta. La violación a los Derechos Humanos es pan de cada día en nuestro país.
Botones de muestra
Más de 50 mil personas han sido asesinadas, tan solo en cinco años, en una guerra inútil según los datos que más adelante veremos, mal planeada y peor ejecutada. Esas muertes que el gobierno ha pretendido justificar como enfrentamientos entre delincuentes o daños colaterales cuando se trata de civiles inocentes –como si el asesinato de delincuentes justificara las ejecuciones extrajudiciales- han generado decenas de miles de viudas y huérfanos. A la par, y como parte de la misma guerra unas 30 mil personas han sido desaparecidas1. Es decir, no se sabe si viven, si murieron, si se las llevó una autoridad o un particular. Son 30 mil familias mexicanas las que no tienen oportunidad de iniciar su duelo, de llorarle a sus probables muertos, de llevarles flores, de reiniciar su vida. Son heridas que no cierran. El derecho a la vida, a no ser vejado, a la justicia están vedados en todos esos casos.
La impunidad
En México de cada cien delitos cometidos, solo el tres por ciento es investigado y sancionado. El 97 por ciento restante de los delincuentes sabe, con certeza, que puede seguir delinquiendo. Y delito que no se castiga se repite. Pero además, si el infractor forma parte del partido en el gobierno –de cualquier nivel-, si tiene riqueza o apellido notable, sabe que pueden infringir las reglas. Poder es más que nunca sinónimo de impunidad. Y mientras, las cárceles están atiborradas de inocentes o pobres. Y en ellas la readaptación social es una farsa más. En el hacinamiento, entre la inhumanidad ¿puede alguien salir regenerado, sin rencor y además con la esperanza de tener un empleo? Si no lo hay para quienes tienen limpio su expediente ¿qué puede esperar, qué esperanza se le puede dar a un ex convicto?.
Acceso a la justicia
Es en ese mismo contexto que abundan las contradicciones penosas: mientras la derecha más recalcitrante dice proteger el derecho de los nonatos, de los embriones y de los fetos le niega derechos pleno a las mujeres para decidir sobre sus cuerpos2. Las mismas voces guardan silencio ante los miles de homicidios y toda cauda de crímenes de lesa humanidad perpetrados o tolerados desde el poder, cierran los ojos ante la pederastia clerical y se desgañita rindiéndole tributo a quien desde la más alta jerarquía católica protegió a delincuentes sexuales de la peor calaña3. Pertenecen al mismo sello ideológico que impulsa la mano dura, aplaude la militizarización, el incremento de penas, que anhelan la pena de muerte como solución final a un problema que tiene su origen en la impunidad, en la falta de oportunidades para la mayoría y en el injusto reparto de la riqueza. Pero la izquierda electoral no se queda atrás: como opositores tienen discursos encendidos y prometedores, pero como gobierno son igual o peores que quienes criticaron. Uno de ellos, que ahora aspira a la presidencia propuso y ejecutó una razzia a todas luces violatoria de garantías individuales. Aquí el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es violado por el mismo Estado.
Más gasolina a la hoguera
Por incongruencias no paramos: mientras se destinan presupuestos multimillonarios al combate el crimen organizado, algo así como 500 mil millones en los cinco años recientes, y 200 mil en el presente año, se practican recortes a la educación, al campo. Va un ejemplo: este año 2011 se destinaron solo 140 mil millones a la educación media superior, es decir, 40 mil millones menos que lo presupuestado para la Secretaría de Seguridad Pública. Pero no es todo: Para el gobierno es preferible comprar armas y municiones que construir aulas, carreteras y centros de salud. No se previene el delito, se le combate, de manera selectiva4. Más como una estrategia reactiva y mediática para mantener al pueblo en vilo que como efectivo propósito de garantizar la integridad y seguridad de los mexicanos. Está documentado que con miedo la gente vota de manera irracional, que con temor la gente no se organiza y menos aún se moviliza. El terror de Estado atomiza a la sociedad. Todo ello en vísperas del año electoral que viviremos cobra especial importancia. Así el derecho a la salud, a la educación y a participar en las cosas públicas, no están garantizados.
México actúa como gendarme de los Estados Unidos para frenar el tráfico de enervantes y de paso, la llegada de migrantes a esa nación. Todo ello con un elevado costo en vidas humanas. San Fernando, Tamaulipas, los masivos secuestros en Coatzacoalcos y el Istmo de Oaxaca son un claro ejemplo de ello. Aparte de ser crímenes de proporciones dantescas, lo ocurrido le resta al estado mexicano calidad moral para demandar a favor de los nuestros un trato que no damos aquí a los vecinos de más al sur en su paso hacia el vecino país del norte. Como siempre, somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa5. El derecho a la movilidad, a la migración, al libre tránsito son conculcados por el mismo Estado Mexicano.
Nunca quisieron combatir al narco
Vivimos en un país absurdo. Se combate la drogadicción con el argumento de que es un problema de salud pública y mucha, pero mucha más gente muere por exceso de copas y por tabaquismo que por exceso de drogas de abuso como la mariguana o la cocaína.
Otro ejemplo: La obesidad y sus consecuencias directas como la hipertensión y la diabetes causan el 78 por ciento de las muertes de mexicanos. Muchas más que cualquier enervante. Además, de acuerdo con datos de la Organización Mundial para la Salud (omss), el 68 por ciento de los mexicanos somos obesos, pero no existe una auténtica y efectiva política a favor del deporte, de la sana alimentación o en contra de la comida chatarra.
Luego, en el colmo de las paradojas, mientras más se persigue a los cárteles, más se incrementa el consumo de drogas en nuestro país, según cifras del mismo gobierno. Y el precio, según especialistas, es el mismo. Es decir, que en un riguroso sentido económico, ni la oferta ni la demanda han variado. Esto porque quizá eso nunca fue la cusa de esta guerra. Y ya que hablamos del negocio, los que lavan el dinero son intocables. ¿cómo entonces va tener éxito esta guerra infausta?
Por otra parte, el Estado, como órgano garante del estado de Derecho, ha sido capturado por los distintos poderes fácticos. Después de la dictadura perfecta de 70 años llegamos a ser dominados por la kakistocracia: Es decir, al gobierno de los peores. Pasamos del autoritarismo presidencial que quitaba y ponía gobernadores al vacio del ¿y yo por qué? (Fox dixit).
De definir y censurar contenidos en los medios de comunicación, el gobierno federal pasó a ser títere de los grandes consorcios televisivos a quienes no sólo destina buena parte de las decenas de miles de millones de pesos que gasta en su imagen sino que cede espacios conquistados y concede peticiones que van en detrimento del derecho a la información y la libre expresión de los mexicanos.
País peligroso para la prensa
Y en cuanto a la libre expresión el saldo es nefasto. Somos comparados por la organización Reporteros Sin Fronteras como el país más peligroso del mundo para el ejercicio periodístico. Solo nos supera Irak. Estamos peor que en Afganistán. A la Fecha más de 70 periodistas han sido asesinados o secuestrados. Tan solo en este septiembre han sido cuatro6. El derecho a la información y la libre expresión no son garantizados por el Estado mexicano7.
De administrar el conflicto entre bandas rivales de la delincuencia organizada, el Estado pasó a ser rehén, presa, peón de ese poder fáctico. De ser líderes internacionales en diplomacia por la postura que defendía la libre determinación de los pueblos y brindaba asilo a exiliados (españoles, argentinos, chilenos, guatemaltecos, salvadoreños, etc), México pasó a ser el hazme-reír internacional debido a que permite el asesinato a mansalva de mexicanos en nuestro propio territorio por parte de la border patrol. Ello sin obviar operativos criminales como el “rápido y furioso” que validó el trasiego de armas para los grupos delincuenciales, la iniciativa Mérida que es el pretexto para un intervencionismo más activo de Estados Unidos en cuestiones internas de nuestro país.
Ahora decenas de mexicanos están –quien lo dijera– asilados en Estados Unidos y Canadá debido a que sufren persecución y acoso en un país que antes fue refugio seguro para disidentes. Aquí la violación del derecho a la vida y la integridad son más que evidentes.
1 El Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas, en su informe preliminar menciona la recepción de información de casos en un estimado de 3000, del 2006 a marzo del 2011 FUENTE: http://www.redtdt.org.mx/d_comunicados.php?id_comunicado=633&descargable=
2 El pasado 28 de septiembre, la SCJN validó las reformas constitucionales de los estados de Baja California y San Luis Potosí que reconocen el derecho a la vida desde la concepción. Siete ministros votaron a favor y cuatro en contra el proyecto que solicitaba declarar dichas reformas anticonstitucionales. Para que proceda la declaración de anticonstitucionalidad se requiere del voto de cuando menos ocho ministros.
3 En septiembre de 2011, la jerarquía católica mexicana organizó un tour de reliquias que pertenecieron a Juan Pablo II, en Tuxtepec estuvieron el día 26 del mismo mes.
4 El senador sinaloense Manuel Cloutier declaró a la revista Proceso que se combatía rabiosamente a los enemigos del cartel de Chapo Guzmán, mientras a este se le protegía. Sobre el mismo tema han escrito José Reveles (El Cártel Incómodo), Gabriela Hernández (El Cártel del Narco) y otros como Héctor de Mauleón (Marca de Sangre, p. 11, 22).
5 A mediados de octubre de 2011, Calderón criticó el trato inhumano que se da a los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
6 María Elizabeth Macías Castro, asesinada el 24 de septiembre, jefa de redacción de Primera hora, de Nuevo Laredo, denunciaba en internet al crimen organizado de manera anónima.
7 En septiembre de 2010, El Diario de Juárez pidió al crimen organizado “una tregua” luego de que uno de sus reporteros fuera asesinado. Pedro Torres, sub director editorial del diario señaló que la decisión se debió a que “no sabemos a quien pedirle justicia”...