En tanto el gobierno aliancista de Puebla con Moreno Valle a la cabeza, luego de un año transcurrido de haber instaurado un poder ejecutivo ajeno al PRI, inició por fin la aplicación de la justicia en contra de los defraudadores del sexenio pasado, en Oaxaca la impunidad hacia Ulises y su gente es plena.
Mario Marín alcanzó una fama denigrante cuando en el uso y abuso del poder público se puso a las órdenes de delincuentes pederastas y agredió a la defensora de derechos humanos Lidia cacho. Ruiz Ortiz lo superó, provocó la mayor crisis política y económica de Oaxaca en toda su historia, lo que explotó en 2006 con casi medio año de paro estatal, con un saldo de más de 20 muertos y daños a la vida económica de la entidad que aún perduran.
En Oaxaca y Puebla el PRI fue derrotado por sendas alianzas de partidos de oposición que ofrecieron juzgar a los gobernantes anteriores. Puebla ya inició, en Oaxaca eso parece remoto. Sólo un ex director de Transporte, Gonzalo Ruiz Cerón está en la cárcel, los principales pasean su impunidad en la entidad. Incluso el gobernador Gabino Cué declaró que Ulises Ruiz no afronta ningún problema jurídico, lo que pareció una virtual absolución y dio firmeza a la versión de un pacto entre ambos.
La barricada de URO
Para muchos de los afectados, fue la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO) la trinchera o barricada de Ulises Ruiz desde donde se sufragó la respuesta o represión al movimiento social iniciado por el magisterio de la Sección 22 y potenciado por la pleonástica Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) que al corear “Ya cayó, Ulises ya cayó”, exigía la salida del gobernante. No por nada, al menos 93 millones de pesos fueron pagados a personas que no se encontraban en la nómina de esa Secretaría de Salud en esos años. Revisión que abarca desde 2006 hasta 2010.
De este último año la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca comprobó en una auditoría iniciada en febrero y marzo de 2011 y culminada en junio de ese mismo año, que esos millones estaban “perdidos”. En términos oficiales este dinero se usó “en pagos improcedentes a personal que no se encuentra en la plantilla laboral de la institución”.
Ex secretario de Salud de Puebla
Al ex secretario de Salud poblano José Alfredo Arango García lo responsabilizan por 54 millones de pesos cuantificados en bienes inmuebles de su propiedad. Ya está recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla de los Ángeles.
Su símil en Oaxaca, quien en una sola auditoría se le comprobaron desvíos del erario por 93 millones de pesos, por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca; 75 millones en otra investigación, ésta de la Procuraduría General de la República (PGR); y en esta entrega de En Marcha la Secretaría de la Contraloría prueba faltantes por el orden de 200 millones de pesos del programa federal Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud de Oaxaca (FOROSS).
Testimonios de corrupción
Testimonios y pruebas de malos manejos hay de sobra. En octubre del año pasado se detectó que un costoso equipo médico con tecnología de punta destinado a curar ciertos tipos de cáncer (acelerador lineal), valuado en 118 millones 860 mil pesos, no se ubicó en ninguna de las instalaciones de Salud desde cuando se adquirió. Empero, la empresa Corphomed S.A. de C.V., sostuvo haberlo entregado entre el 21 de agosto y el 11 de septiembre de 2008, según consta en el expediente PGR/OAX/OAX/V/161/2011.
Otra prueba insoslayable está en el inmueble número 5268 del Periférico Sur, en la delegación Coyoacán, D.F., dirección del hospital SEDNA, conjunto arquitectónico “inteligente” con tecnología médica de punta, propiedad de los Ruiz Ortiz. Esta noticia fue revelada casi al final del conflicto de 2006, sin embargo hasta la fecha no hay una investigación al respecto.
Hasta ese ostentoso hospital llegó hace unos días medio centenar de oaxaqueños a protestar por la impunidad del ex gobernador de Oaxaca, con mantas y declaraciones que difundieron casi todos los medios de comunicación. Aunque acá se dice que fue Murat quien le armó esa protesta.
Las pruebas del pasado impune
Pruebas y testimonios de la Procuraduría General del la República (PGR) y de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno de Oaxaca, no ha servido para que la justicia se aplique en quienes fueron encontrados responsables e implicados en irregularidades con el manejo del erario el sexenio pasado.
La Contraloría del estado dio a conocer en junio del año pasado una relación de dependencias y funcionarios implicados en un daño pecuniario al erario por un monto total de 3 mil 687 millones de pesos. Fueron 14 dependencias y 32 ex funcionarios señalados entonces. (ver revista En Marcha 137, junio de 2011. http://www.revistaenmarcha.com.mx/reportaje/755.html)
En el cuadro se ve con claridad los rubros donde más faltantes hay del sexenio pasado, lo que encabeza un área de la Secretaría de Salud (Seguro Popular) con mil 297 millones de pesos que no se han comprobado, más de la tercera parte del total faltante. En los últimos número de En Marcha hemos documentado con pruebas de investigaciones de la PGR y de la Secretaría de la Contraloría de Oaxaca faltantes por más de 300 millones de pesos que se suman a la cantidad anterior. Martín Vásquez Villanueva, quien fuera titular de Salud el sexenio pasado no tiene iniciado ningún proceso por este escandaloso faltante.
Le sigue Caminos y Aeropistas de Oaxaca con 721 millones sin comprobar, empero su ex titular Armando González Bernabé sí está sujeto a un procedimiento penal y acaba de ser inahabilitado por 20 para ejercer cargo público, junto con otros 8 ex funcionarios ulisistas. Eso es lo más que el actual gobierno ha hecho contra quienes saquearon abiertamente al estado.
El negocio de las construcciones
En octubre del año pasado, Germán Tenorio Vasconcelos, actual titular de la Secretaría de Salud declaró que hay en Oaxaca 102 hospitales y centros de salud cuyas construcciones están inconclusas, y que para proseguir con ellas se requieren 50 millones sólo para este año. Este número de construcciones es excesivo, y revisando este rubro resalta que fue aquí donde se desviaron más recursos y hace evidente que el negocio estuvo en la construcción.
Por ello no importaba construir donde ya había servicios médicos como en Huajolotitlán donde operaba ya un hospital del IMSS y uno del ISSSTE y se dejó al 15 por ciento un hospital materno infantil que debió concluirse el 31 de julio de 2010; el banco de sangre de Huajuapan de León quedó al 50 por ciento de su construcción donde también ya había hospitales del IMSS e ISSSTE y de Servicios de Salud que cuentan con banco de sangre. Éste debió concluirse el 15 de febrero de 2010.
Es vasto el daño al erario de Oaxaca, las construcciones sobrevaluadas en decenas de millones como las ciudades administrativas y judicial, que además se siguen pagando a un particular presumiblemente prestanombres o socio de ex funcionarios por el mantenimiento de edificios públicos. Así como pago de obras no realizadas o la firma de contratos que obligan a la administración a pagar sobreprecios.
Solo en la ciudad administrativa el quebranto es mayúsculo. El Gobierno firmó un contrato con un particular para construir con financiamiento privado la Ciudad Administrativa y su administración durante 15 años, a cambio la parte gubernamental pagará una suma total de más de mil 300 millones de pesos. Finalmente la obra costó 500 millones más, mil 800 millones de pesos, a pagar en 15 años a partir de entregada la obra.
Pendientes en todos los frentes
Las cuentas pendientes son en todos los frentes, en el conflicto de 2006 el retroceso de Oaxaca fue espectacular, casi seis meses paralizada la ciudad de Oaxaca y varios municipios del interior del estado. Impunes están más de 40 crímenes vinculados a asuntos políticos a líderes y dirigentes regionales.
En el Papaloapan César Toimil Robert fue acribillado junto con sus acompañantes Melquíades Rosas Reyes, Mauro Díaz González, Paulino Ortega Fernández y Adrián Rosas García. En esa misma región Miguel Herrera Lara (el “Cocodrilo”) sigue desaparecido y se da por muerto; del Istmo cayeron Neguib Manríquez, presidente municipal de Ixtepec y el médico Manuel de Jesús Guillén en Tapanatepec; de la Mixteca, Moisés Cruz Sánchez; y el dirigente Triqui Heriberto Pazos Ortiz cayó abatido al final del sexenio pasado.
Además están los hechos impunes de 2006, cuando también cayó el periodista norteamericano Brad Will, pero, sobre todo, los más de 20 oaxaqueños caídos en este largo motín iniciado por el magisterio, potenciado por el gobierno y abanderado por la APPO.}
Aunque la Suprema Corte de la Justicia de la Nación concluyó en su resolutivo SCJN 01/2007 “Caso Oaxaca” que en la violación de garantías individuales “El gobernador del estado de Oaxaca tiene una responsabilidad lisa y llana”, esta resolución no se emitió con vinculaciones legales, fue solo una llamada de atención de la Corte a Ulises Ruiz, pero nada más. Se dejó en manos del Congreso de Oaxaca y éste echó para abajo el castigo a Ulises. Eso fue a finales del sexenio pasado cuando el PRI tenía mayoría en el Congreso local, hoy que no es así tampoco pasa algo.
Por todo ello es que estamos por cumplir seis largos años de impunidad casi total, y sólo con los sucesos del 2006 pues hay cuentas que vienen desde 2004 cuando la pasada administración inició su auténtico desgobierno.