La institución responsable de administrar justicia ha establecido mecanismos de prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia en contra de las mujeres
Un total de 252 hombres que se encuentran en calidad de procesados, sentenciados o con injerencia en un juicio de orden familiar, fueron remitidos por jueces del Poder Judicial de Oaxaca al Centro de Reeducación para Hombres que ejercen violencia contra las mujeres, durante los meses de enero de 2014 al 15 de marzo del año en curso.
Esta instancia, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPO), tiene por objetivo brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos, con una duración de nueve meses, a los varones que ejercen violencia hacia sus parejas, por lo que en este contexto el Poder Judicial del estado estableció sinergias para colaborar y agilizar la remisión de hombres agresores a dicho centro.
Las personas remitidas hasta ahora corresponden a asuntos judiciales de los juzgados penales y familiares del Centro y juzgados mixtos de Ejutla, Ocotlán, Zimatlán y Miahuatlán, así como de los juzgados de ejecución de sanciones y de garantías en diversas zonas de la entidad.
Asimismo, para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y sin discriminación, el Poder Judicial de Oaxaca, ha establecido mecanismos de prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia en contra de ellas dirigidos a diversas instancias y a servidores públicos judiciales en materia civil, familiar y penal, tanto del sistema mixto o tradicional, como del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Entre los acuerdos que emitió el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, destaca la circular HTSJ/SGA/13/2013, en donde se obliga a implementar acciones a efecto de que el personal jurisdiccional dentro de su competencia imparta justicia de manera diligente, resolviendo pronta, oportuna y expedita, los juicios y/o procedimientos en los que intervengan mujeres, niñas y niños, a fin de evitar su revictimización.
De igual manera, como parte del Consejo Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres, el Poder Judicial del Estado participó de manera directa en las propuestas legislativas, para efecto de que fueran reformados diversos artículos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con la finalidad de contar con un sistema normativo acorde a la realidad y necesidades de niñas y mujeres de vivir libres de violencia y discriminación.
Brinda PJO atención especial a casos que involucren mujeres y niños
Las resoluciones y sentencias con perspectiva de género, forman parte de una estrategia que combate la impunidad, discriminación, prejuicios, estereotipos y la desigualdad, ya que permiten visibilizar que las violaciones a los derechos humanos, sobre todo de mujeres, se previenen, reconocen y reparan, coadyuvando así a la construcción de un estado democrático de derecho en donde impera el orden, la paz y la armonía social.
Al señalar lo anterior, el titular del Poder Judicial, magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, destacó que esta institución ha establecido mecanismos de prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia en contra de las mujeres y de protección a los menores, dirigidos a diversas instancias y a servidoras y servidores públicos de la Judicatura estatal, en materia civil, familiar y penal, tanto del sistema mixto o tradicional, como del sistema penal acusatorio.
Asimismo, impone al agresor la obligatoriedad de participar en los programas de reeducación integral, el tratamiento de adicciones, cuando el uso de sustancias esté relacionado con la violencia y cuando legalmente proceda; además de que determina que se dicten las órdenes de protección de emergencia, preventivas o de naturaleza civil, que soliciten las víctimas, considerando las circunstancias de vulnerabilidad de cualquier forma y tipo de violencia hacia la mujer.
El magistrado Lagunas Riveras explicó que dicho Acuerdo también establece que se debe asegurar a las mujeres indígenas y extranjeras, que no hablen o entiendan suficientemente el castellano, tengan el acompañamiento de un intérprete o traductor en su idioma o lengua en todos los momentos procesales, y que los registros, documentos, diagnósticos, partes médicos y peritajes provenientes de instituciones públicas expedidos a mujeres “víctimas de violencia” sirvan como prueba en los procedimientos administrativos y judiciales.