Municipios de Oaxaca, ínsulas para el cliente o el amigo*

“La calidad de nuestra vida depende
de la calidad de nuestros líderes”
Lorna Santín H.

Los municipios de Oaxaca en los mejores tiempos priistas eran entregados, cual auténticas quijotescas ínsulas de Barataria, al amigo o al cliente. Hubo años en que las presidencias eran compradas por negociantes que calculaban los rendimientos de la inversión.

De ahí que durante décadas hayan sido los comerciantes quienes fungieran de presidentes en las regiones. En Matías Romero, por ejemplo, en los años 70 del siglo pasado, un cantinero dejó huella al comprar la presidencia para cumplir su promesa de pavimentar la calle de su amante y adornarla con jardineras y flores. Cumplió el hombre y la policía municipal regaba las plantas todas las mañanas a lo largo de las jardineras colocadas en medio de la única calle que el personaje pavimentó con cemento comprado a la vecina fábrica Cruz Azul de Lagunas, Barrio de la Soledad. Su nombre: Noé Fuentes Santiago; su cantina “Copa de oro”. Otros comerciantes que incursionaron aquí en el giro municipal de la época fueron: Alejandro López Lena (abarrotes), Felipe Torres (papelería), Héctor Watanabe (Farmacias), Benito Nacif (distribuidor de Cerveza), Marcos Morales (ferretería)…

Entonces no había real competencia electoral y se establecía una ilegal pero efectiva acción de “compra-venta” de presidencias; en los tiempos recientes el modelo político-comercial cambió, pues al darse efectiva disputa del poder local, sólo se venden las candidaturas del PRI, es decir, ahora se trata sólo de una “compra de esperanza”.

Por supuesto que los ediles hacían lo menos posible en materia de obras y servicios, sus desvelos eran por recuperar la inversión. Es de dominio popular que en los dos primeros años se recuperaban y en el último año recogían ganancias. Entonces no había el dinero federal de los Ramos 28 y 33, con sus fondos de aportaciones federales, apenas los que recibían de Recaudación de Rentas. Los interesados sopesaban la inversión en los municipios rentables.

En los municipios indígenas o de usos y costumbres no pasaba esto, pues ahí los cargos eran un castigo que implicaba desatender trabajo y familia, por eso no pocos preferían huir a los Estados Unidos. Desde las reformas municipales de Carlos Salinas, todos los municipios tienen dinero y pocos dudan en aceptar la presidencia, con los beneficios personales que supone.

De los amigos enviados a gobernar municipios, José Murat distinguió al médico Héctor Matus Martínez (“La garnacha”) de Juchitán y al cantinero Roberto López Quevedo (Beto “Tactuc”) de Ixtepec. En ambos municipios entronizó a sus amigos usando las disposiciones legales con ayuda de todos los regidores (incluidos los de oposición) al forzar o comprar su voluntad para que pidieran licencia a su cargo y crear el supuesto legal de ingobernabilidad, consistente en la inexistencia de representantes.

Siempre con la ley, aunque bajo el arco del triunfo del Ejecutivo, el sumiso Congreso local nombró sendos Consejos Municipales con los amigos de Murat al frente y los mismos regidores con licencia, quienes retornaron a las posiciones que habían dejado, ahora sólo como Consejeros pero con más salario. (Oaxaca Ínsula de Rezagos. Blas L. Cuauhtémoc. Editorial Siembra, 2007, pp. 98 y 106).

Ulises no tuvo tanta fortuna en rendir tributo así a la amistad, pues Beatriz Rodríguez Casasnovas, su ex secretaria de Turismo y quizá su mejor amiga, a quien impuso como candidata a presidente municipal de Oaxaca, perdió las elecciones. Predominaron en este sexenio los clientes, que cultivó en las regiones Alejandro Avilés. Él fue de los pocos beneficiados por la amistad con el ejecutivo, quien lo hizo candidato a diputado suplente por la certeza de que, de ir como propietario, perdería. Ganó su prestanombres político y en las primeras sesiones de la LIX legislatura, lo hicieron renunciar para entronizar a Avilés.

Culmina tradición priista

Hasta 1998 el Partido Revolucionario Institucional no tuvo rival al frente, todo era lanzar a su candidato, cubrir el trámite de la campaña electoral y recibir su constancia de mayoría de manos del entonces formalmente subordinado al gobierno Consejo Estatal Electoral. El actual Instituto Estatal Electoral, formalmente ciudadano, está tan subordinado como el primero, prueba de ello fue la difundida grabación telefónica que mostró la subordinación al gobernador del Consejero Presidente José Luis Echeverría Morales, al informarle de sus actos parciales y pedir la famosa retribución a todas luces ilegal con el eufemismo de “El pendiente”.

En 1998 por primera ocasión el PRI enfrenta elecciones realmente competitivas. José Nelson Murat Casab, su candidato, de pronto ve crecer a su antiguo aliado perredista en el Senado de la República, Héctor Sánchez López, candidato de un solo partido, el PRD, quien cerca estuvo de ganarle si no es que le ganó, pues lo cerrado de los resultados de la elección y los argumentos de fraude electoral mancharon esas elecciones. Algo similar sucedió en 2004, cuando Gabino Cué Monteagudo con tres partidos coaligados en torno suyo (PRD, PAN y Convergencia) compitió con Ulises Ruiz Ortiz. Con la derrota de Gabino el resultado electoral quedó más manchado aún.

En 1998 y 2004, no obstante que la dinámica política había cambiado —con mayor participación de la población y candidatos opositores competitivos—, el partido oficial siguió actuando igual, con su estructura gobierno-PRI, el uso de los recursos del erario, su maquinaria electoral que incluye aliados y proveedores de la iniciativa privada: constructores, ferreteros, grupos de profesionistas, concesionarios de transporte, comerciantes, ambulantes y todo tipo de proveedores.

Regresión autoritaria

Los últimos gobiernos estatales ni siquiera intentaron cambiar para seguir igual, para proseguir con el predominio priista, al contrario, desde Murat se dio una marcada regresión autoritaria. Ulises Ruiz mostró desde su inicio el mismo sello, al arrancar con recursos públicos y dentro de la estructura de gobierno un programa evidentemente electorero: Las Unidades Móviles para el Desarrollo. Despensas y servicios que antes eran ofrecidos por brigadas del PRI con instructoras de belleza, de manualidades y de cocina, así como un médico y un abogado, fueron sustituidos por un regimiento que lleva, además de despensas, más servicios: 1 médico, 2 enfermeras, 1odontólogo, 1 médico veterinario, 1 oficial del Registro Civil, 1 defensor de oficio, 1 técnico alimentario, 1 ingeniero agrónomo, además de 1 “líder de proyecto” y 2 “soportes técnicos”. Camioneta de transporte de personal, camión de tres toneladas, camión consultorio, una carpa, planta de energía de 5 mil 500 watts, mobiliario y medicamentos.

De los objetivos de este programa: atender “a la población que habita en localidades dispersas con Alto Grado de Marginación y en Zonas Urbano- Marginales”, no siempre fue así pues a menudo se les veía en el centro de poblaciones grandes como Juchitán, Tuxtepec, Pinotepa Nacional. Atendieron a los 570 municipios. (http://www.oaxaca.gob.mx). Actualmente el gobierno federal despliega este mismo programa con igual nombre: Unidades Móviles.

Otra regresión se dio con el trato a los medios de comunicación. Ulises ni siquiera quiso ocultar su aversión por la prensa, desdeñando por igual a periodistas y editores. Impuso una incomunicación gobierno-prensa. Hasta las reuniones tradicionales de antaño fueron suprimidas. Su animadversión fue manifiesta con la agresión directa al diario Noticias desde 2005, preludio y caldo de cultivo de lo que sería el conflicto social de 2006.

El dueño de un modesto periódico de la Costa narra cómo fue que los presidentes municipales dejaron de anunciarse en su medio: “Ya nos ordenó el Jefe —le dijeron, aludiendo al gobernador— que no paguemos prensa, ‘mejor chínguenselo ustedes’ nos dijo”. Y acto seguido abandonaron al medio que, como la mayoría, sin estos recursos no sobrevive al no haber un número suficiente de lectores.

Sujeción municipal y educativa

No hay división de poderes en Oaxaca, ni el Legislativo ni el Judicial tienen independencia, son brazos del ejecutivo. El Municipio Libre es otra entelequia. Una formalidad que no se cumple. La sujeción del municipio al Ejecutivo del estado es casi total, incluso en muchos ganados por partidos de oposición.

Esta sujeción encuentra sustento en nuestra legislación autoritaria. El artículo 72 de la Constitución del Estado faculta al gobernador para nombrar nueva autoridad municipal, una vez declarada la desaparición de poderes o suspensión definitiva de mandato. Refuerza esa potestad el artículo 102 de la Ley Municipal. Fuera de la ley, tiene el ejecutivo su control sobre el legislativo con el que puede desaparecer los ayuntamientos que quiera; otra ilegalidad es la injerencia en los municipios con los inconstitucionales Delegados de Gobierno, reminiscencia de los “jefes políticos” de la dictadura porfirista.

Otra sujeción municipal se da en materia educativa. Servicio vital que es el problema mayor de Oaxaca y sus municipios, sobre todo de los rurales que ni siquiera tienen la opción de la educación privada. Es nula la participación de la autoridad municipal en esta materia, a pesar que el municipio tiene atribuciones y obligaciones establecidas en la Ley Estatal de Educación para brindar el servicio desde el nivel inicial hasta el universitario (artículo 17).

Legalmente el municipio es parte del sistema educativo estatal (artículo 11), con carácter de autoridad educativa (artículo 12), facultades administrativas, vigilancia y planeación bien establecidas (artículo 15). Sin embargo, estas facultades son mera declaración formal sin referencia en la realidad; en la Ley Municipal del Estado, no aparecen dichas facultades, ni existen normas secundarias o reglamentarias para la actuación municipal en la materia.

Los presidentes municipales no opinan sobre el tema educativo, pues otro sometimiento del municipio al ejecutivo del estado es que este último puede suplir la prestación de servicios de aquél pero no a la inversa, como se contempla en la fracción XXVI del artículo 46 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca.

Los grupos escolares en los municipios se encuentran en la indefensión ante la indisciplina y abandono del maestro sindicalizado y, por ello, impune, y no existe la posibilidad de que los municipios puedan contratar ese servicio por carecer de una partida presupuestal ex profeso. Se debería proveer al municipio para que brinde el servicio educativo que el ejecutivo estatal no ha podido otorgar eficientemente durante treinta años.

Pleitos sólo en usos y costumbres

Los municipios de usos y costumbres son hoy los únicos que presentan conflictos poselectorales. Lo laxo de su legislación municipal contribuye a agudizar esos conflictos. Estos se rigen por las reglas que su Asamblea General establece, están, digamos, legalmente fuera de los marcos de las leyes y normas de la Constitución Federal. Eligen a sus autoridades por métodos propios reconocidos por la Constitución de Oaxaca, pero con dificultades para su reglamentación, lo que deja al garete la solución de sus conflictos poselectorales.

Como sucede desde hace mucho, en ninguno de los municipios de partidos políticos hubo problemas poselectorales en las elecciones recientes. En San José Estancia Grande hubo elecciones extraordinarias pero por un empate de 215 votos.

Todo lo contrario pasa en los de usos y costumbres, desde antes el gobierno anunció “focos rojos” en al menos 10 de los 418 pequeños municipios. “El Subsecretario de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios, informó que hay diez municipios con ‘alto grado de explosividad’ porque, a través de asambleas irregulares, los actuales ediles pretenden dejar a familiares o allegados en el cargo… los alcaldes pretenden pasar por alto la voluntad de la mayoría y no respetar los usos y costumbres”. El funcionario añade que esto se agrava por “la falta de transparencia y malversación de los recursos públicos y obras inconclusas” (Noticias, 26 de agosto de 2010).

Sin embargo, prevalece una posición defensora a ultranza de este sistema. Hay quienes dicen que el proceso de descentralización federal, desde las reformas salinistas al artículo 115, atenta contra la autonomía de esos pueblos. Para éstos lo ideal es que los indígenas sigan “felices en su pobreza”. Otros que los partidos políticos invaden y causan división en esos municipios. Si pudieran los encerrarían en una burbuja de plástico para que nada los contaminara. No se ocupan, ni quieren ver la problemática real que los tiene en la pobreza que es en sí misma violencia, y que debería atenderse antes o a la par de la cuestión jurídica (siempre sale más barato hacer y presumir leyes que nadie respeta): atraso económico, político, educativo, cultural, analfabetismo, emigración que los hunde en una violencia permanente. Ejemplo de lo anterior son: la cadena de asesinatos en San Juan Copala, Santiago Juxtlahuaca y los 38 secuestrados de Santo Domingo Yosoñama a manos de San Juan Mixtepec, además de la expulsión de familias por intolerancia religiosa y considerar a la mujer un ser inferior, entre lo más reciente.

En cien de estos municipios la mujer no puede participar en la política local. Es ilustrativo a este respecto el caso de Eufrosina Cruz Mendoza, a quien se le prohibió participar en la elección municipal, hostigada, amenazada y prácticamente expulsada de su natal Santa María Quiegolani. En estas poblaciones urge atender las exageradas violaciones a los derechos humanos, urge más eso que arreglar cómo disputarse convenientemente el poder los grupos locales. Porque aquí las disputas por el poder tampoco es entre ángeles.

Un dato revelador de la anomia en usos y costumbres es que en 2001 de 19 elecciones municipales anuladas, 18 fueron de ese régimen y sólo una de partidos políticos. En ese mismo año, de los 38 ayuntamientos suspendidos y desaparecidos el 76.31% fue de ese régimen, así como 10 de los 13 municipios donde al presidente municipal se fue con licencia.

Algo alarmante es que en estos pequeños municipios que poseen el 30% de la población de Oaxaca, sus ayuntamientos cometen el 35.56% de las violaciones a los derechos humanos. El resto se lo dividen la PGJ y el IEEPO. Hay que considerar que pueden ser mucho más violaciones ya que de esos pueblos sólo salen a quejarse los avecindados o indígenas que ya han emigrado, la mayoría es muy pobre y guarda respeto y temor a sus autoridades pues pueden recibir serios castigos si salen a quejarse (Blas L. Cuauhtémoc, op. cit., pp.113-114 y 125).

Ínsulas municipales

En Oaxaca los municipios son ínsulas gobernadas más que por un ayuntamiento por un solo hombre: el señor presidente municipal. Es fácil para él tomar todo el poder del ayuntamiento al provenir la mayoría de regidores de su equipo de campaña, pero si son los plurinominales de oposición, negocia y los atrae. Los que no se rinden se quedan rumiando su minoría, ninguneados: ni los ven ni los oyen.

Sólo necesita el presidente municipal tener de su lado al Síndico Hacendario, al Regidor de Hacienda y al tesorero, con quienes integra la Comisión de Hacienda Municipal. Por lo general, los dos primeros lo acompañan desde la campaña política, el Tesorero lo impone el mismo presidente, al tener la atribución legal (artículo 48 de la Ley Municipal) de proponerlo al cabildo igual que al Secretario Municipal y al Contralor. Así tiene el control del dinero, fuente del poder.

Mientras el gobernador no lo llame a cuentas, el señor presidente puede hacer y deshacer, si lo desea. Así prueben sus abusos y enriquecimiento, es inamovible. Si está en la gracia del gobernador no teme ni a la Auditoría Superior del Estado, ni a la Contraloría, ni al Congreso.

Hay una larga lista reciente de ediles muy cuestionados. No los llamaron a cuentas. Los ciudadanos están inermes ante sus pequeños tiranos locales: Gustavo Pacheco Villaseñor de Tuxtepec; Mariano Santana López Santiago de Juchitán; José Manuel Ricárdez de Pochutla; Heriberto Ramírez Martínez de Soyaltepec; Víctor Raúl Hernández López de Jacatepec; Alejandro Díaz de Santa Lucía del Camino; Argeo Aquino de Santa CruzXoxocotlán; José Luis Albores de Matías Romero; Rolando López de Tlacolula; Diego Santos Díaz de Tehuantepec; Héctor Becerril de Salina de Cruz; Agustín Sosa de Huautla de Jiménez; Leonardo Silva Palacios de San Pedro Jicayán; Delia Méndez Ramos de la Villa de Etla; Martha Manzanares de Huajuapan de León…

Corrupción para todos

Acompañó al gobierno de Ruiz Ortiz una deficiencia esencial: no sólo tolerar sino alentar la corrupción. Hay testimonios al respecto. En el mes de junio de 2010, Guadalupe Anguiano Núñez, conductora de los programas informativos “Zona de interés” y “Realidades” en la XEKZ de Tehuantepec, fue amenazada por el entonces Delegado de Gobierno, José Antonio Amado Osorio, al dar voz a autoridades municipales que lo denunciaban por extorsión. Juan Cruz Nieto, administrador municipal de San Pedro Huamelula, sostuvo que Amado Osorio le exigía que pagara sus cuentas de hoteles y restaurantes, así como el depósito periódico de 30 mil pesos a una supuesta cuenta del Gobierno del estado. El administrador municipal declaró que investigó esa cuenta en el banco y resultó estar a nombre de la esposa de Alejandro Avilés, Coordinador General de Delegaciones de Gobierno.

Tanto la forma anterior, como la promoción de la corrupción tiene sus objetivos: exigir una parte del erario a la autoridad municipal y ponerlos en situación de debilidad cuando sus recursos fueran sustraídos antes de llegar a los ayuntamientos. Lo que se fraguaba en COPLADE.

Con esta “línea” marcada desde alto nivel la corrupción se agudizó en los últimos doce años, confirmando la sentencia de que “Un mal gobernante puede descomponer una sociedad” (Ignacio Solares). Dinámica que viene de muchos sexenios atrás; subordinación al ejecutivo y falta de transparencia son vicios viejos en los municipios, solapados por los gobernadores pero no francamente alentados como en los últimos años.

Los escándalos de corrupción abarcan a todos los partidos: en Tuxtepec el PRI, en Tlacolula el PAN, en Jacatepec el PRD, en Juchitán PT-Cocei, en Tehuantepec Convergencia. Incluso de usos y costumbres como en San Agustín Loxicha con su presidente Jesús Martínez Mendoza. Hasta los administradores municipales, enviados a resolver problemas de ingobernabilidad en los municipios de usos y costumbres trabajan para impedir la solución de los conflictos y así seguir en el poder local como sucede en Candelaria Loxicha donde Carlos Rasgado Toledo lleva casi dos trienios de administrador, cuestionado por el manejo del erario.

Estos dos municipios, de los cien más marginados del país, ilustran cómo los municipios pobres se han vuelto gran negocio para autoridades y grupos políticos, al recibir apoyos millonarios por parte de la federación en programas de combate a la pobreza que son usados buena parte en campañas políticas y a fondos privados. Ambas autoridades no han comprobado recursos, 104 millones de pesos San Agustín y 37 millones Candelaria. Un grupo priista neocaciquil domina éstos y otros municipios de la Costa, dirigido por el actual coordinador de los diputados federales de Oaxaca, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, dos veces diputado federal por ese distrito, y José Humberto Cruz Ramos, dos veces presidente municipal de Huatulco y dos veces diputado local.

No fue sorpresivo, entonces, que se diera como nunca antes el hartazgo. Prueba de ello es que en estos municipios de usos y costumbres pero priistas desde siempre, donde la sujeción es fuerte, el PRI perdió el 4 de julio, igual que en la mayoría de los otros municipios mencionados.

Llama la atención Tuxtepec, tierra de quien fuera candidato priista a gobernador, Eviel Pérez Magaña, donde perdieron todo: ayuntamiento, diputación y gobernador. Además de perder lo que estaba cerca: Acatlán de Pérez Figueroa y San Juan Bautista Tuxtepec como distritos y municipios, así como Loma Bonita, Valle Nacional, Ojitlán, Chiltepec. Perdió Pérez Magaña, incluso, hasta en la casilla donde vota en Tuxtepec: la casilla 1055 de la colonia Moderna.

Por cierto, el derrotado candidato fue presidente de esa municipalidad en los tiempos de Murat. Nunca fue tan ostensible y resuelto el voto de castigo. Y es que los ciudadanos están cansados de ser ofendidos por los poderosos locales con su enriquecimiento repentino apenas arriban al poder municipal, llegan sin fortuna y salen muy ricos, con nuevas propiedades muebles e inmuebles.

Con esfuerzo algunos de oposición logran hacer un gobierno digno, pero otros de supuesta oposición hasta tienen que cambiarse al PRI. Es el caso del actual presidente de San Pedro Pochutla, José Manuel Ricárdez, quien ganó con el PRD, pero al debilitar su gobierno por la corrupción volvió al PRI para no ser defenestrado. Lo mismo pasó con el de Santo Domingo Tehuantepec, el profesor y pastor protestante Diego Santos Díaz, quien ganó con Convergencia y para tener impunidad ante sus escándalos de corrupción, se afilió al PRI. Obligado a ir a las juntas priistas, los militantes lo marginaban pero él permanecía sentado en un rincón cual alumno castigado.

Municipios, la clave electoral

La certeza de que las elecciones del 4 de julio se decidirían en los municipios no pareció importarle al gobernador Ruiz y al PRI. Aunque tenían enfrente unas elecciones con características diferentes, con cuatro partidos coaligados (PAN-PRD-PT-Convergencia) y un contexto social mucho más adverso a ellos, actuaron como si fueran unas elecciones más, como las de 2007, año en que el PRI arrasó. Esto despierta suspicacias entre cada vez más priistas en el sentido de que hubiera negociado su inacción el último día del proceso, el 4 de julio, quien hasta hace poco fuera considerado uno de los “operadores electorales” más eficientes del país, Ruiz Ortiz.

El gobierno priista confió en sus gastadas maniobras de siempre. La imposición de candidatos impopulares, venta de candidaturas, compra del voto y de algunos dirigentes de partidos de oposición. No fue suficiente ahora. Una táctica del PRI fue, por un lado, imponer a sus candidatos impopulares y, por otro, negociar con dirigentes opositores para que designaran candidatos débiles y así perder. Dirigentes que se han exhibido como peones del ejecutivo del estado. Esto fue posible por los acuerdos tomados entre los partidos coaligados de designar candidatos a presidentes municipales de acuerdo a la influencia de cada partido u organización en la zona o municipios, por ejemplo: PAN la ciudad de Oaxaca, Huajuapan y Matías Romero; PRD Pochutla, Huatulco y Tuxtepec; COCEI-PT Juchitán; entre otros.

Raymundo Carmona pudo cumplir al PRI ese servicio en Pochutla, ahí mandó a perder a un primo de su ex esposa, pero no pudo hacerlo en Huatulco donde peleó hasta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por imponer otro candidato “a modo”. No lo logró y los miles de priistas que dejaron ese partido unidos a los opositores dieron holgado triunfo a Lorenzo Lavariega por la Coalición Por la Paz y el Progreso en ese importante destino turístico.

Juega el gobierno con sus peones de oposición. En Juchitán de Zaragoza pelearon la candidatura dentro de la COCEI dos conocidos personajes de oposición vinculados al gobierno, Lenin López Nelio, secretario general del PRD (aquél diputado local que en el 2006 votara junto con el PRI leyes absurdas que luego la Suprema Corte echaba abajo) y Héctor Sánchez López, fundador de la COCEI, ex senador del PRD, subordinado de Ulises Ruiz al frente de una insustancial Secretaría Técnica para la Reforma del Estado, que ninguna reforma logró.

Era claro lo irreconciliable de la disputa de esa candidatura, ninguno aceptaría el triunfo del otro. Héctor denunció haber sido arrasado en esa consulta interna por las maniobras del tío de Lenin, Mariano Santana López, presidente de Juchitán y del abanderado priista, Daniel Gurrión, quienes habrían mandado a sus huestes a reforzar la votación de Lenin.

Como era de esperarse, Sánchez López desconoció la elección y se hizo candidato del PANAL. Sus viejos aliados como Alberto Reyna y Leopoldo de Gyves, lo siguieron apoyando con la condición de que llamara a votar por Gabino Cué, pero cuatro días antes de las elecciones Héctor rompe ese acuerdo y llama por todos los medios, prensa y radio, a votar “en contra de la reacción” y a favor del candidato del PRI a gobernador. Sus aliados estallaron en su contra. Aunque el veterano caudillo coceista salió a decir al día siguiente: “Lo que dicen que dije es falso, pero me retracto”.

Poca mella hizo ese desplante en Gabino Cué. Como en otros municipios, en Juchitán ganó el PRI el ayuntamiento pero perdió su candidato a gobernador. El presidente electo, Daniel Gurrión Matías, mostró su desencanto: “Es como haber anotado gol pero perder el partido”.

Transparencia y rendición de cuentas

A pesar de la importancia de los municipios, el gobierno ya no pudo ir en contra de sus propias inercias y desviaciones. Todos los recursos fueron insuficientes para evitar su derrota. El hartazgo había llegado a su nivel más alto. En poblaciones de la Costa, como La Erradura (sic) y El Faisán, ni siquiera dejaron hacer campaña al candidato priista a presidente municipal.

La corrupción se ha arraigado en Oaxaca, se hizo casi institucional. Tanto que incluso en este proceso electoral los priistas encargados en las regiones de repartir el dinero para la tradicional compra del voto no lo hicieron, se lo quedaron perjudicándose directamente, como declaró un prominente miembro de la oposición en San Juan Guichicovi (En Marcha 129, agosto 2010, pp. 22). Pero hay casos de verdad graves:

Un constructor que decidió salir de Oaxaca a trabajar a otro estado calculó que por la corrupción de autoridades, estatales y municipales, a las casas que construía tenía que incrementarles 12 mil pesos. El presidente del Colegio de Arquitectos de Oaxaca, Lázaro García, declaró que el actual gobierno asignó a “empresas ‘fantasmas’ o foráneas” el 90 por ciento de la obra pública (El Imparcial, 9 de septiembre de 2010).

Un factor de cambio ineludible es desalentar la corrupción, tanto al no promoverla como al sancionarla. Una política de rendición de cuentas y transparencia deberá instaurarse en los municipios. No sólo un informe triunfalista cada fin de año. Ajustar los criterios de información de la actual Ley de Transparencia que ahora sólo obliga a cuatro municipios de la entidad a informar: Oaxaca, Tuxtepec, Salina Cruz y Juchitán. Lo que éstos hacen menos que a medias.

La Auditoría Superior del Estado deberá dejar la simulación para cumplir su función. Al frente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública deben estar servidores con perfil imparcial, apartidista y profesional, no como hasta ahora. En los municipios también será muy útil el plebiscito y el referéndum que es inminente se incluyan en las leyes de Oaxaca, como ofrecimiento central del llamado gobierno del cambio.

En suma: debe terminar la complacencia del gobernador con “sus” presidentes municipales; debe existir una real división de poderes para que el legislativo cumpla cuando los munícipes exijan cuentas a sus ayuntamientos. Mucho pueden mejorar los municipios con la sola decisión del gobernante de terminar la relación de complicidades con los presidentes; y respetar al Municipio Libre, vieja demanda de la revolución de 1910 que aún no se cumple.

Necesitamos, como sostiene Carlos F. Quintana, “Municipios más autónomos en lo político, más eficientes en lo administrativo y más sensibles en lo social” (Derecho Municipal, edit. Porrúa 2008). Todo esto no será posible sin la participación, vigilancia y sanción, de una ciudadanía activa que impulse, defina y redefina objetivos y metas de su sociedad.

Más ciudadanía, mejor educación

Pero para tener una sociedad participativa se requiere el fortalecimiento de ciudadanía, de conciencia política e interés en los asuntos colectivos, lo cual exige niveles aceptables de educación y cultura política. Pero con un magisterio ocupado en el activismo político y no en su función principal que es la formación de nuevas generaciones, las posibilidades de desarrollo intelectual, condición para cualquier crecimiento, son nulas. Esto nos tiene en el último lugar de aprovechamiento escolar, competitividad, productividad. El subdesarrollo, antes que en los indicadores económicos, está en la cabeza de la gente. Las crisis educativas se anticipan, preparan las crisis políticas.

Oaxaca necesita reformas políticas, planes productivos, creación de empleos, seguridad pública, pero si no se afronta el desastre educativo incubado en 30 años de sindicalismo errado, no tenemos solución. Oaxaca necesita acabar con la asfixiante corrupción, pero más aún rescatar el sistema educativo y sus instituciones. El IEEPO se dedica a la administración de conflictos y no a la planeación educativa ni al desarrollo pedagógico.

Si es muy grave que los políticos se lleven el dinero del erario, es peor que el magisterio deje desprovisto de capacidades y destrezas a generaciones de oaxaqueños. No hay nada más importante que recomponer la educación de Oaxaca. Benito Juárez sentenció que gobernar es educar, y esa deberá ser la primera y más importante tarea del llamado gobierno del cambio: mejorar a toda costa la calidad de la educación de los oaxaqueños.

Aquí los municipios podrían, en el ejercicio de sus atribuciones legales, prepararse para ofrecer a corto plazo soluciones a la caótica condición educativa de Oaxaca. Esto debe discutirse más, ya hay propuestas al respecto. Es de vida o muerte buscar salidas a este ominoso rezago.+