PRIMERA PARTE
En febrero de 2007 apareció el libro “Oaxaca, ínsula de rezagos. Crítica a sus gobiernos de razón y de costumbre”. Ahí se critica el exaltado régimen de usos y costumbres. Tuvo más atención de lectores que de intelectuales locales ocupados en el tema. Obvio, se ponía en cuestión la materia que sostiene en Oaxaca a institutos, ONG´s, becas, altos salarios, subsidios... Hoy que cobra vigencia esta discusión, reproducimos acá, por entregas, parte sustancial del capítulo IV de dicho libro.
Creaciones y recreaciones de las culturas indígenas
La institución del municipio no existía en América, llegó del viejo continente. El primer cabildo en América fue el histórico de la Villa Rica de la Veracruz, en 1519. A los constituidos por indígenas les llamaron “cabildos de indígenas” o “república de indios”, y fueron creados para organizar el trabajo y recaudar el tributo establecido por la Corona española.
La historia de los actuales pueblos, considerados herederos de las culturas prehispánicas –cortadas de tajo en su desarrollo durante la colonización–, ha sido una larga cadena de sujeción y explotación desde antes de la Conquista, cuando ya rendían tributo a caciques y señoríos de la época. Esta cadena de sujeciones se remonta a los notables periodos teocráticos que se sucedieron desde el 800 a.C. hasta 1492 d.C. en Mesoamérica.
Con la conquista, la situación de los nativos se agravó, condición que en la historia han sufrido siempre los pueblos que pierden la guerra. Eduardo Galeano documenta en su libro, Las venas abiertas de América Latina, que de 70 millones de indios que había en las Américas antes de la llegada de los españoles, «un siglo y medio después se habían reducido, en total, a sólo tres millones y medio»1. Según análisis de Arturo Warman, la población indígena oscilaba «entre 11 y 25 millones», misma que entre 1492 y 1633 se redujo 90%. Para este autor, lo anterior significó el colapso de las culturas mesoamericanas al perder su base demográfica, «una catástrofe irreparable, una herida mortal para la continuidad de las civilizaciones y las culturas»2.
De nuestras antiguas culturas, la zapoteca por ejemplo, sobreviven ruinas o «vestigios arqueológicos». Pero no sólo eso, es importante advertir que aquello que la Colonia no pudo extinguir fue la lengua y a los indígenas. Si bien, los antiguos sistemas de organización social y de producción fueron anulados casi en su totalidad. A este respecto Warman apunta:
Con las élites (indígenas) desaparecieron muchos de los conocimientos especializados y esotéricos de los que eran portadoras exclusivas, entre ellos la escritura o la memoria histórica, la astronomía y los calendarios que organizaban los ciclos de la vida. Los sobrevivientes tuvieron que recrear sus culturas para sobrevivir en un contexto de declinación y privación, de sumisión y bárbara explotación (…) mucho de lo que ahora consideramos indígena se formó y creó en ese lapso, se inventó para resistir frente a la adversidad. Más que la continuidad de lo antiguo que está presente en las culturas indígenas, debería asombrarnos la vitalidad de su creación cultural3.
En la actualidad se dan posiciones radicales y exageradas, de buena fe o deliberadas, pues hay quienes afirman que las comunidades actuales viven sus costumbres “milenarias”, aunque en realidad lo dicen para reforzar sus teorías indigenistas, así lo veremos más adelante.
En la mayoría de los casos se adjudica a dichos pueblos sólo virtudes, sin someterlos a la más elemental crítica que cualquier sociedad exige para tener el conocimiento necesario que le permita avanzar en la solución de sus problemas sociales. Ningún favor le hacen aquellos que sólo las glorifican. Lo anterior parece ser una compensación histórica, pues en épocas anteriores (colonial y porfirista) se atribuía a los indígenas indolencia, supercherías, hechicería y “toda clase de vicios”. No obstante, se pasó de un extremo a otro.
Por eso es preciso tratarlos como lo que son, sujetos históricos cuyas problemáticas sociales deben estudiarse con herramientas de solidez científica. Una interpretación a la luz de datos nuevos, duros, confiables, es posible que contribuya a la discusión de un tema nublado por una excesiva ideologización y enmarañado por una urdimbre de teorías y supuestos variopintos, surgidos de académicos de especialidades disímbolas –en muchos casos, endebles–, conjugados además, claro está, con interpretaciones del tema en discursos políticos. «El debate nacional sobre el problema indígena, cada vez más ideológico y politizado, no refleja con fidelidad ni profundidad la compleja realidad de los indígenas mexicanos o sus aspiraciones»4.
Las discusiones de una elite de académicos sobre el tema indigenista parten de posiciones teóricas y arriban a propuestas teóricas. Aceptan o rechazan lo que otros autores sostienen en sus escritos, ricos en filosofía y postulados morales, sin duda de utilidad, pero faltos de fundamentos que se sustenten en la realidad, que les den carne y hueso a lo que escriben. Hace mucho no hay una investigación amplia, in situ, de los pueblos y comunidades indígenas, sólo aislados estudios de caso aunque de voluminosos resultados, generalmente de pueblos en conflicto, de interés político-académico. Pero de la mayoría de los pueblos donde aparentemente nada pasa poco se sabe.
En usos y costumbres más violaciones de derechos humanos y muertos por líos agrarios
De acuerdo con datos del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca (CEDH), el régimen de usos y costumbres5 tiene en la entidad el mayor número de demandas por violación de derechos humanos.
La Comisión informó que de un total de 6 mil 46 denuncias en los tres últimos años, 2 mil 150 fueron contra actos de autoridades de municipios de usos y costumbres, es decir, 35.56% del total de denuncias, lo que equivale a más de la tercera parte, lo cual arroja –en proporción– el mayor número de inconformidades recibidas por la Comisión; si bien los municipios regidos por usos y costumbres suman 418 en el estado, su población es menor a la población de los 152 municipios (urbanos y semiurbanos) que se rige por el de partidos; sin embargo, por el hecho de representar el de usos y costumbres un poco menos de la tercera parte del total del padrón electoral, su impacto en el contexto estatal es de suma importancia. La estadística señala que del total de la población electoral, 30.24% pertenece a municipios considerados indígenas, y 69.75% a los llamados municipios de partidos. Esto indica que más de la tercera parte de las denuncias contra actos violatorios de los derechos humanos se da dentro de un sector de la población, la cual es un poco menos de la tercera parte de total de habitantes del estado (véase la gráfica 1).
Las cifras anteriores guardan relación con los datos contenidos en el Informe Anual de Actividades 2001-2002 de dicha Comisión, donde las autoridades de los ayuntamientos ocupan el primer lugar en el señalamiento como presuntas responsables de violar derechos humanos, con 293 casos. Le siguen la Procuraduría General de Justicia del Estado, con 273 casos y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con 106 casos 6.
A reserva de que pronto se pueda disponer del desglose de la información de la CEDH estatal, estos primeros datos son alarmantes, pues de acuerdo con las experiencias de los conocedores del asunto, dichos informes se quedan cortos en cuanto a la cantidad de violaciones a los derechos humanos en esos pueblos. En entrevista con el abogado oaxaqueño Roberto Añorve Martínez, quien por cinco años fue Defensor de Oficio de la Procuraduría para la Defensa del Indígena (Prodi), manifestó que quienes regularmente se quejan suelen ser los avecindados o indígenas que ya han salido de su pueblo, que se niegan a obedecer un acuerdo de asamblea que los perjudique y quienes tienen la posibilidad de oponerse sin recibir represalias de la autoridad local; avecindados pudientes o indígenas ricos, nunca los pobres, pues estos últimos guardan un gran respeto a su autoridad y pueden recibir fuerte castigo si salen de sus comunidades a quejarse. Entonces, la situación en los pueblos bajo este régimen puede ser más grave aún. Incluso, agregó el abogado: «hay quienes ni saben que les están violando sus derechos humanos»7.
En diciembre de 2004 la Comisión Estatal enumeró siete causas más frecuentes de denuncias de violación a los derechos humanos en esas pequeñas municipalidades:
1. Detención arbitraria. Es una de las más importantes, pues priva de su libertad a personas fuera de los casos previstos por la ley.
2. Abuso de autoridad. Las autoridades van más allá de lo que la ley establece o permite.
3. Ejercicio indebido de la función pública. Las autoridades dejan de hacer lo que la ley les impone como obligación.
4. Amenaza e intimidación. Las autoridades atemorizan o presionan a sus ciudadanos al hacerlos creer que la ley o la investidura del cargo los faculta para hacerlo.
5. Intolerancia religiosa. Acción u omisión cometida por una autoridad que impide ejercer libremente a la población su derecho de elegir culto religioso.
6. Violación al derecho a la propiedad y a la posesión. Cuando impide el ejercicio del derecho a la propiedad.
7. Violación a los usos y costumbres. Acción u omisión mediante la cual la autoridad no respeta sus propios sistemas normativos o consuetudinarios.
Además, si la Comisión abriera sus archivos se podría averiguar si las mujeres habitantes de esas comunidades se quejan o no en lo relativo a la violación del derecho de propiedad, pues puede ser que, como afirma el abogado, ni siquiera se percaten de ese derecho, habida cuenta que en este régimen las mujeres carecen del derecho de propiedad y de herencia, así como del derecho a votar y ser votadas en la mayoría de sus pueblos. Sobre ellas recaen, con especial fuerza, las decisiones del poder patriarcal en el marco de los usos y costumbres, donde las mujeres son consideradas seres inferiores.
Un ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, critica, sin rodeos, la violación de derechos humanos en estos municipios:
Para algunos sociólogos y politólogos, este sistema es casi perfecto, y yo estaría de acuerdo si no fuera porque en las estadísticas de la Comisión Estatal las autoridades municipales ocupan el primer lugar en violaciones a derechos humanos, algunas muy graves, como por ejemplo: la negativa a la participación política de la mujer, la prohibición para practicar alguna religión distinta a la católica, la privación indebida de la libertad, la expulsión de la comunidad e inclusive el destierro, la prohibición para sepultar a los muertos si no se realiza la misa de cuerpo presente, la confiscación de bienes patrimoniales como pena, y la suspensión de servicios públicos como educación, agua potable, abasto y transporte comunitario, el uso del molino de nixtamal, etcétera8.
Estos datos brindan certidumbre a las críticas planteadas por estudiosos del régimen en cuestión. El investigador Jorge Hernández-Díaz habla de la exclusión de algunos grupos en estos pueblos del estado:
(…) tal diversidad cultural y política está reconocida legalmente, hecho que ha sido muy elogiado en el contexto nacional, pero que también legitima la exclusión de varios sectores en las comunidades indígenas: los practicantes de una religión distinta a la católica, las mujeres, los residentes de las poblaciones subordinadas a la cabecera municipal, entre otros9.
Lo anterior se encuentra en directa contradicción con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el principal referente para la creación de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca. En el inciso a), fracción II, del artículo 2º de dicho Convenio, dice que los gobiernos deberán incluir medidas en los pueblos indígenas que: «aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población».
La falta de respeto a los derechos humanos en el interior de estas pequeñas municipalidades ha trascendido, incluso, el ámbito estatal y nacional, por lo que algunos han tenido que ser atendidos por organismos internacionales. El caso que cita Lourdes Morales, en su ensayo sobre Santiago Yaveo, es ilustrativo:
Históricamente, Santiago Yaveo ha sido un municipio en el cual más de una vez se ha recurrido a la violencia. En marzo de 1992, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, emitió la recomendación número 52/92 a favor de habitantes de La Trinidad, Yaveo por violaciones a los derechos humanos de indígenas 10.
Jorge Hernández-Díaz pone el dedo en la llaga, cuando afirma que este es un asunto controversial que no se quiere discutir, a pesar de las exclusiones que hasta han sido avaladas por el IEE: «Porque se considera, aquí en Oaxaca, como políticamente incorrecto estar contra los usos y costumbres, por toda esa propaganda del derecho a la diferencia y demás; pero ésta es una posición acrítica, de relativismo cultural»11.
En estos pueblos se dan casi todos los conflictos agrarios y enfrentamientos violentos con pérdidas de vidas. Oaxaca disputa a Guerrero y Chiapas el nada honroso primer lugar en número de muertos por estas causas. También tenemos un alto índice de impunidad: casi nunca se esclarecen los hechos. Así, Guerrero tuvo su masacre de Aguas Blancas; Chiapas, su Acteal; y Oaxaca, su Agua Fría.
El conflicto más sangriento ha sido hasta ahora en Santo Domingo Teojomulco y Santiago Xochiltepec, del municipio de Santa María Textitlán, Sola de Vega, en donde el viernes 31 de mayo de 2002 habitantes del primero asesinaron a 26 habitantes de Santiago Xochiltepec, en el tristemente célebre paraje denominado Agua Fría. «Ochenta y nueve huérfanos dejan las muertes de Xochiltepec. De 140 comuneros que eran mataron a 20, ¿alguien puede explicar qué nos pasó? Es la pregunta cruda de los deudos y de la sociedad»12.
Eso se preguntaba una pequeña parte de la sociedad, pues en general se han vuelto común noticias como éstas. Sólo cuando hay un número considerable de muertos entonces el hecho gana las ocho columnas en los diarios.
Las explicaciones del suceso fueron diversas, la principal: conflictos por tierras entre ambos pueblos. Destaca, en ese mismo tenor, la interpretación de Juan Díaz Pimentel, entonces presidente de la Gran Comisión del Congreso local, al calificar que dichos sucesos los propició la pobreza y el abandono, «de ahí que los habitantes de la Sierra Sur le tengan poco amor a la vida y se maten a cada rato», explicó, con pasmosa tranquilidad:
Hay hombres cuya vida no vale mucho a los ojos de los amos: la muerte de un indio mexicano, lo mismo que de un campesino en Biafra o un intocable en Calcuta, ocurre en el seno de la masa indiferenciada; esa muerte puede alcanzar proporciones estadísticas monstruosas, pero no amenaza directamente al civilizado. Esos hombres mueren como animales pues viven como tales13.
La lista de combates por líos agrarios es larga, figuran también los de Amoltepec, Zaniza, Textitlán y Zenzontepec; Texmelucan contra Teojomulco, Chichicapan contra Yaxe, etc. Hay 750 casos de conflictos agrarios, de los cuales 57 son por límites territoriales14.
Los pleitos por la tierra entre comunidades son frecuentes, pues ésta representa la única riqueza constante que, además, les garantiza su sobrevivencia y el estatus de personas productivas. Por eso su disputa es tan violenta, pues representa la razón de ser del pueblo.
Formalizada violación de derechos humanos por autoridades locales
Hay un hecho que destaca porque ilustra hasta dónde puede llegar la interpretación de la mal entendida autonomía de la máxima autoridad que es la Asamblea, en el régimen de usos y costumbres. En octubre de 1995, la asamblea comunitaria de Río Chiquito, agencia municipal de Santiago Jocotepec, distrito de Choapam, acordó aplicar la pena de muerte para quienes incurrieran en actos delictivos. «La sola mención de dicha decisión sería preocupante, pero lo es más debido a que fue un acuerdo de una asamblea debidamente establecida y quedó asentado en actas firmadas por las autoridades y asistentes a la misma»15. Un par de meses después, el 1 de enero de 1996, se dio el primer acto de ajusticiamiento con el linchamiento de tres delincuentes que asolaban la población16.
Otra acción fuera del marco jurídico nacional se dio en 1994, derivada igualmente de una asamblea comunitaria, en el municipio de Ayutla, Mixes. En acta de asamblea se asentó que tanto en la cabecera municipal como en la agencia municipal, las cinco agencias de policía y su núcleo rural «no permitirían la instalación de las casillas electorales en las elecciones federales»17.
No obstante esta evidente violencia que rebasa con mucho el natural conflicto inmanente a toda organización social, grupos de analistas y promotores del régimen en cuestión llegan a conclusiones como la siguiente: «Los conflictos políticos en los municipios indígenas no necesariamente implican una irregularidad o una anormalidad, son parte de la dinámica propia; los conflictos son parte del juego de la gobernabilidad en los municipios»18.
El dicho anterior puede corresponder a comunidades donde la lucha por el poder no rebasa ciertos límites, donde el grupo en el poder o los grupos en pugna no resuelven sus diferencias con violencia; pero, no es posible concluir así cuando se consultan las cifras de municipios con conflictos de extrema gravedad, los cuales en lugar de disminuir se están incrementando.
Además, los casos ya señalados de abusos de poder también deberían motivar a declaraciones menos bucólicas, pues son demasiados; la violencia que se da más allá de las disputas políticas merece mayor atención. A menudo aparecen situaciones problemáticas de estos pueblos en los diarios. El 13 de julio de 1996 el ayuntamiento en pleno de Tanetze de Zaragoza, del distrito serrano de Villa Alta, redactó una «Ley interna (sic)», «Por decisión unánime para los delitos que vayan en contra de la vida y la integridad física de los habitantes como son: homicidio, parricidio, infanticidio y violación»19.
El periódico reproduce el acta donde las autoridades asientan la disposición de castigar con «destierro definitivo» a quienes asesinen a otro poblador, asimismo se haría extensiva la norma a otras personas que llegaran a incurrir en los delitos referidos. Asienta también la “Ley interna” que los bienes de los delincuentes serán embargados y estarán a «disposición del municipio».
Como en todo ejercicio de poder, existe un monopolio de la violencia por parte del grupo gobernante, lo que también se da en usos y costumbres; de hecho, este elemento es considerado la base esencial de dicho régimen. En un ensayo de gran interés, León Javier Parra reflexiona sobre el manejo de la violencia en una comunidad triqui, el cual puede trasladarse a muchos otros pueblos, sobre todo los que sostienen mayores conflictos:
La violencia es un instrumento al que se puede recurrir de una forma más o menos constante; entre los triquis este recurrir viene a profundizarse de tal forma que la violencia se institucionaliza y aparece profundamente enraizada en el derecho consuetudinario. El estatus del líder lo ocupa quien sabe usar las armas, quien ha salido bien librado de algún conflicto armado; cualquier otro no puede ser líder. La violencia no es solamente un esporádico instrumento, es un principio básico de poder, en el que se funda el liderazgo triqui de Copala20.
Es innegable la violencia “institucional” debido a la intolerancia de las autoridades regidas por normas consuetudinarias hacia quienes no acatan dichas normas. Normas, por cierto, no escritas y que varían de un año a otro, de un día a otro, de acuerdo a la “sabiduría milenaria” de esos líderes.
Usos y costumbres, ¿ejemplo para el mundo?
Periódicamente llegan grupos procedentes del viejo continente al estado, como una ONG llamada Oficina Ecuménica de Alemania, la cual en 2004 declaró que difundiría en Europa, como algo ejemplar, la práctica de los usos y costumbres de Oaxaca21.
Sorprende que sólo reparen en las bondades de estas prácticas en varios de nuestros pueblos y para nada en la violencia y divisionismo que predominan a raíz de dichas formas culturales. Suponen que nuestros usos y costumbres son lo mejor del mundo al postularlos como el paraíso democrático, sin conflictos, y dignos de ejemplo, en medio de la pobreza y pertinaz emigración. Sin duda hay en los pueblos actitudes ejemplares, pero no todo es así.
Algunas organizaciones reciben dólares por medio de organismos internacionales, subsisten del financiamiento a programas de atención a los pobres del mundo, derechos humanos, defensa ecológica, etc. Se calcula que no menos de 50% de los financiamientos se quedan en el camino, en pago a consultores de la ONU o del Banco Mundial y a la burocracia administrativa de tales programas en los países donde se aplican.
Este tipo de organismos, y otros, son los que exaltan acríticamente todo lo indígena, sin detenerse en sus contradicciones internas y severos problemas económicos y políticos. Son ya varios años que esta situación prevalece. El antropólogo Manuel Esparza hace una reflexión respecto a Chiapas que bien puede extenderse a Oaxaca:
Se ha agravado más la serie de problemas actuales cuando han aparecido, además de los tradicionales simplismos y reduccionismos en la historia, los protagonismos de los intelectuales, llámense éstos indigenistas profesionales (indios o mestizos) o frustrados extranjeros que ven la posibilidad de realizar su utopía con los zapatistas22.
Si bien es cierto que los grupos indígenas oaxaqueños sostienen mecanismos de reciprocidad, como la guelaguetza23, por otro lado son intolerantes y punitivos, radicales con sus propios coterráneos cuando éstos no se apegan a sus costumbres y normas, aplicándoles castigos extremos, como los mencionados.
Warman analiza las causas de esa aparente contradicción, la cual remite a la necesidad de entender la raíz de sus identidades, la ideología indígena que sustentan sus instituciones de reciprocidad.
La reciprocidad ha sido idealizada por muchos observadores externos, quienes la traducen mecánicamente como armonía, justicia e igualdad. Las relaciones recíprocas son esenciales como recursos de resistencia pero carecen de los atributos que ingenuamente se les atribuyen. Las tensiones dentro de los hogares o entre familias de la misma parentela, la competencia y los enfrentamientos entre parentelas y comunidades vecinas están presentes en la vida indígena con el rigor que les añade la pobreza. Los indígenas no viven inmersos en la solidaridad humana ni en la equidad entre ellos mismos. La reciprocidad se entiende mejor como respuesta a la restricción, como lazos de seguridad entre los pobres, que como solidaridad universal o superioridad moral24.