Para que naciera la revista Proceso en noviembre de 1976 se tuvo que hacer una colecta entre lectores afines que provenían del Excélsior del 8 de julio de ese mismo año. Algún dinerito se recupero de aquí o de allá; algunos potentados aportaron algo, aunque con un ‘si te vi no me acuerdo’;
Los directivos de la publicación aportaron lo más que podían y se hicieron subastas de obra plástica de pintores importantes y venta de libros firmados por el autor, de modo que se pudiera juntar un capital base que le permitiera sobrevivir a la revista por lo menos seis meses, se dijo entonces…
De ahí, si se consolidaba, seguiría. De lo contrario sería imposible porque naturalmente el gobierno de Luis Echeverría, y todas sus oficinas, no iban a otorgar pautas de publicidad luego del conflicto; algunos gobiernos de los estados de la República se hicieron de la vista gorda, aunque otros aportaron anuncios casi invisibles como si quisieran que no se notaran para evitar conflictos con la presidencia de Luis Echeverría. Proceso sobrevivió. Sobrevive.
En 1977, casi en las mismas condiciones, nació el periódico UnomásUno, y tuvo que recurrir a apoyos extra gubernamentales, aunque ya con José López Portillo como que pudo encontrarse un punto de acuerdo para recibir anuncios de su gobierno. Por su línea editorial más en tono social y de apertura y por el tratamiento de los temas pronto se colocó en el gusto de lectores de México y fuera, sobre todo en América Latina.
Luego vi nacer la revista Razones, que hizo el doctor Samuel I. del Villar en condiciones, digamos, más que limitadas. El fundador pagaba las ediciones cada quince días y hacía esfuerzos verdaderamente angustiosos para conseguir publicidad privada o “publicidad” de gobierno, para poder subsistir. Era una revista particular con gente como Miguel Ángel Granados Chapa, Hero Rodríguez Toro, Alan Riding, Marlisse Simpson, Rafael Segovia… Aun así, la vida ahí era la de la precariedad sólo soportada en la ilusión de hacer una publicación digna y novedosa para 1980: hace 32 años…
Y parece mentira, pero este tipo de problemas domésticos del periodismo y la empresa periodística siguen vigentes en México, casi en todos los casos.
Cifras
Hoy la cifra es escalofriante. Somos un país en donde de 112 millones de habitantes, 52 millones viven en pobreza, que es decir, no ganan lo suficiente para cubrir necesidades de alimentación y vestido, según informa INEGI y reprocha la ONU a México; de estos 52 hay 15 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, con el ¡Jesús! en la boca y en carencia de lo absolutamente elemental para entender que viven en un país en donde cada seis años se nos dice que, finalmente, se acabará con la pobreza, el desempleo, la injusticia, el desahucio en el campo, la migración y todos esos pendientes…:
Resulta que según informes publicados por El Universal el 30 de agosto pasado, a esa fecha el gobierno del señor Felipe Calderón había gastado 20 mil 501 millones 987 mil pesos en publicidad, propaganda e imagen: todo ello en medios de comunicación nacionales y del extranjero.
Esta cifra fue mayor al gasto de Canadá, España, Argentina y Francia juntos, en el mismo lapso, según la organización civil FUNDAR, especializada en transparencia y presupuestación.
¿Quién recibió todo este dinero? ¿A quién se le asignó? ¿Cómo se facturó? ¿Qué se informó? ¿Cuál fue el beneficio para los mexicanos? porque se sabe que todo este dinero lo pagamos nosotros, con nuestro trabajo… ¿Cuál fue el beneficio para la gente que trabaja en estos medios?
En un reporte de la revista Etcétera, tan sólo de enero a junio de 2007, el diario Reforma fue la publicación que más recursos recibió. Fueron 9 millones 140 mil 390 pesos; casi el doble que El Universal con 5 millones 443 mil pesos; La Jornada –dice la publicación- recibió en el lapso 5 millones 352 mil 850 pesos, luego El Financiero con 3 millones 948 mil 510 pesos y Milenio con 3 millones 591 mil 270 pesos. En contraste, Proceso sólo recibió 110 mil 980 pesos.
Medios que son empresa:
Estábamos reunidos la mayoría de los directores de diferentes zonas del periódico. Era el mismo encuentro al que cada año el dueño del medio convoca. Dos días fuera de las instalaciones del diario, al mismo tiempo para la convivencia que para hacer evaluaciones del trabajo realizado…
En un ambiente precioso de campo y aroma a limones, se presentaron resultados y también proyectos informativos y editoriales. Unos muy ambiciosos y con gran imaginación y, seguro, compromiso ético y periodístico. Todo estaba muy bien: excelente: muy bonito: muy emocionante. Luego de escucharnos a todos, el dueño tomó la palabra y en el tono más firme y, acaso, sombrío dijo:
“Si. Todo eso está muy bien. ¿Y cuánto va a ganar el periódico? No se les olvide que, primero que todo, esta es una empresa que para vivir y generar trabajo necesita ingresos y ganancias, de lo contrario nada, absolutamente nada de lo que proponen podrá hacerse…”
Si. Y no. Para bien o para mal esto que suena brutalmente utilitario es cierto. Por lo menos lo es en la mayoría de los casos en los que los medios de comunicación son empresas que están insertas en un sistema de mercado; un sistema de mercado que de 2008 a la fecha ha mostrado su fragilidad y su parte más injusta y el cual sigue vigente en México, a pesar de todo.
Los medios de comunicación tienen sobre sus espaldas el balance periódico de cargos y abonos; de deudores y acreedores; de pérdidas y ganancias. Si esto es así en los grandes medios informativos de México, lo es más entre aquellos que modestamente ejercen su derecho a la libre empresa aunque día a día tengan que hacer malabares para su subsistencia, convirtiendo su tarea en una gesta de vocación, de ilusión y de necesidad de ejercer el derecho a la libertad de expresión, como parte de su naturaleza.
Es cierto que existen los medios del Estado –con toda intención dije Estado, lo que no quiere decir que sean del gobierno-. Estos se sostienen con recursos públicos y, por lo mismo, deberíamos participar en el diseño de lo que queremos en ellos, lo que queremos de ellos y cómo lo queremos. Pero ese es otro cantar.
Los medios de información mexicanos –como en todo el mundo- tienen que subsistir mediante la venta de sus ejemplares o tiempos de transmisión y la venta de espacios para publicidad; y, por otro lado, buscan disminuir sus costos y gastos al máximo, y acaso sacrificando salarios. En fechas recientes ya se han encontrado otras fuentes de ingresos, como es el Syndicado de sus materiales o firmas, las franquicias, los foros, los cursos de actualización y capacitación, las conferencias… en fin…
Y seamos sinceros: una de las fuentes de información y de ingresos más importante para cualquier medio en México es el gobierno. Y una cosa es cierta, por lo mismo: la relación entre estos medios de información y el gobierno es una relación históricamente difícil, rasposa e incómoda. Eso lo sabemos todos aquí. Es una verdad de Perogrullo, pero no por eso deja de ser cierto.
El gobierno en el poder ve con desprecio al periodismo, a los periodistas y a sus medios; los periodistas ven a los gobernantes como el poderoso circunstancial, que pronto se irá mientras que él seguirá ahí, firme: dice.
Es un espejo de discordias
Ya les he platicado a algunos aquí, aquella anécdota que no me canso de repetir, la de un Director de Comunicación Social que impúdicamente relataba:
“Mira, si un periódico me da lata, tengo dos opciones para acabarlo: o le quito la publicidad para que se muera de hambre, o lo lleno de publicidad, para que pierda credibilidad…”.
Esta amenaza se hermana con lo dicho por José López Portillo en 1982. “…El ex Presidente no toleraba la crítica y mucho menos las revelaciones de las corruptelas de su gobierno que el semanario, dirigido por Julio Scherer, daba a conocer cada semana en sus páginas.
En su edición 291 Proceso denunció la suspensión de publicidad gubernamental, la que estuvo acompañada del impedimento ordenado por Francisco Galindo Ochoa, titular de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia, para que reporteros de la revista y de la agencia CISA ejercieran su trabajo cubriendo las giras presidenciales, bajo el pretexto de las reducciones del presupuesto”.
La segunda quincena de abril de 1982, Francisco Galindo Ochoa titular de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia, dio la orden a todas las dependencias del gobierno federal, los gobiernos estatales y al PRI, de cancelar cualquier contrato publicitario con Proceso, como una represalia por la línea crítica del semanario.
Otro medio afectado con esta decisión fue Crítica Política, que dirigía Carlos Perzábal.
Así que, en respuesta a un editorial publicado en Proceso el 31 de mayo de 1982, López Portillo pronunció una de las frases que lo han marcado para todos nosotros: “No pago para que me peguen”.
En realidad, eso de que “No pago para que me peguen” que es una de las frases emblemáticas de gobierno no es cierta; nunca ha salido dinero del bolsillo de los políticos o funcionarios públicos de cualquier nivel para pagar pautas e publicidad y divulgación: todo se carga a los recursos públicos…
Hace algunos años, don Rafael Rodríguez Castañeda –hoy director de Proceso- (reitero Proceso porque su caso es emblemático en lo de sobrevivir en periodismo, a pesar del gobierno). Rodríguez Castañeda describía:
“En los últimos cinco decenios, prensa y gobierno en México han vivido enredados en una trama de relaciones equívocas. Resulta poco menos que imposible precisar dónde se originan los vicios que desde los años cuarenta entorpecen, enrarecen y distorsionan la información periodística en el país: ¿en la mano que pide, en la mano que soborna, en la mano que recibe, en la mano que golpea?
“En la insana relación prensa-gobierno se mezclan los intereses económicos, políticos y aun facciosos locales, regionales o nacionales-, que utilizan a los medios impresos como instrumentos de influencia o presión. Y también, por supuesto, los intereses muy particulares de periodistas, políticos y funcionarios.
“De sexenio en sexenio, de Presidente a Presidente, la situación prevalece: un gobierno que ejerce el autoritarismo, que desconfía por igual de la prensa y del gobierno. Desde el funcionario del más bajo nivel hasta el Presidente de la República, las instancias gubernamentales han asumido la tarea de cortejar, corromper y aun reprimir en la búsqueda de una prensa sumisa e incondicional.
“En contraparte, muchos periódicos y periodistas –desde los reporteros de nota roja hasta directores y gerentes- han hecho suyo el hábito de cortejar y dejarse cortejar, adular, corromperse, chantajear, someterse, ponerse al servicio del gobierno en su conjunto o del funcionario en lo personal, con las excepciones de quienes están dispuestos a enfrentar los riesgos de romper las reglas del juego”. (Hasta aquí la cita).
Una cosa debe quedar clara: el político, el personaje de la política o la burocracia, la oficina de gobierno, la dependencia gubernamental no pagan a los medios; si deben administrar los recursos que son púbicos y, por lo mismo, con estos recursos deben informar de lo que hacen o dejan de hacer mientras cumplan nuestro mandato y mientras utilicen nuestros recursos.
Muchos de estos políticos o funcionarios públicos son los mismos personajes que voluntariamente confunden información con propaganda.
El periodista y la gente de a pie prefieren la información; el gobierno la propaganda. Y mientras son peras o son manzanas, aquel medio o aquel periodista que insiste en tener información fidedigna, concreta, veraz, oportuna de tal o cual materia y la verifica y la contrasta para trasladarla a todos, se convierte en enemigo del gobierno, en mal bicho, en no confiable y quien merece castigo divino. Pero si se porta “cuate” entonces ese medio o ese periodista merecen compartir ‘el poder y la gloria’.
Nada peor que esto. Y nada más dañino para todos nosotros, pero sobre todo para ese gobierno como para la democracia y para el cuerpo social mexicano, que ese engaño.
En democracia es tan importante el disenso como el consenso y nada hay peor para ella que una prensa sumisa e irreflexiva.
Y aquí del punto central de mi argumentación:
En una incomprensible perspectiva del querer informar sólo lo que conviene al gobierno se olvida que tiene una responsabilidad pública de la que todos deben estar informados. Con las excepciones que tienen que ver con la seguridad nacional y la preservación del Estado, aunque finalmente también de todo esto tendremos que estar informados.
El gobierno tiene obligación de informar a los ciudadanos –por ejemplo- de las campañas de salud, de educación, del brote de epidemias y la solución; de programas de desarrollo y de participación ciudadana. De en qué consisten sus propuestas de Reforma Laboral; sus propuestas de Reforma Educativa, y así. Un mundo de información necesaria todos los días.
Es el mismo el gobierno –o mejor dicho, sus operarios- quienes olvidan que la soberanía radica en cada uno de nosotros y en todos, y que nosotros somos quienes decidimos que ellos estén ahí, aunque después no nos los podamos quitar de encima. Y, por nuestra parte, en un incomprensible desconocimiento de nuestros derechos, libertades y fueros, les permitimos todo, aun el engaño, la mentira, la desinformación y la corrupción. Parece que es muy cómodo hacer como que les creemos y ellos como que nos engañan.
Pero, en realidad ¿se los permitimos? En gran medida sí. Pero ya quedó claro con Bobbio que una vez que les otorgamos nuestra soberanía para que cumplan el mandamiento de gobierno, nos sujetamos a la ley de gobierno y a la ley de la decisión de las mayorías en democracia, aunque existan riesgos. Ya se sabe, la democracia no es el sistema perfecto.
Es el caso, por ejemplo, del gobierno de Felipe Calderón que se encargó de teñir de escarlata a la nación mexicana por su propia cuenta. Ya veremos qué dice de esto la historia, que no es esa tía buena que todo lo ve y todo lo perdona.
Hasta hoy en México la relación prensa-gobierno es enfermiza. Y siendo justos, esto no es exclusivo de México. Existen relaciones tirantes entre libertad de expresión y gobierno en países totalitarios o autoritarios o con una democracia no consolidada. Quizá esto último sea nuestro caso.
En democracias ya consolidadas, los gobiernos no tienen mucho que ocultar; acaso aquello que pudiera atentar en contra de la seguridad nacional o en fases extremas de garantías constitucionales. Estos gobiernos simple y sencillamente informan. Los periodistas recogen la información y la trasladan a los lectores o al público. Las diferencias ocurren, si, con la interpretación que se da a esos hechos de gobierno y del manejo que se hace de los bienes de todos: se llama línea editorial. Cada medio tiene la suya y la defiende.
Ahí, los recursos asignados para la divulgación de hechos de gobierno o información de servicios de gobierno se distribuyen de forma equitativa entre los periódicos o revistas o programas de radio o tele y preferentemente que garanticen un tiraje razonable o audiencia razonable.
Aquí estamos en una democracia que aun no se consolida y, por lo mismo, hay deficiencias serias en la relación entre ese gobierno y los gobernados en donde el intermediario, que es el medio, queda desprotegido para garantizar su subsistencia y la de sus trabajadores, lo que es importante, como también lo es que en democracia una sociedad bien informada es una sociedad sana y exigente.
Dádiva o responsabilidad informativa
El gobierno federal, como los gobiernos estatales y municipales tienen asignaciones de recursos para “Comunicación Social”.
Se los autoriza el Congreso –ya federal o estatal o la autoridad municipal- en base a un presupuesto anual. Esto quiere decir que tiene con que comunicarse con sus gobernados en los medios, para informarles de sus hechos, cómo se ha administrado el recurso público y los beneficios así como todo aquello que debe conocer el gobernado en su beneficio, como aquello que ya dijimos de los servicios que deben conocerse.
Pero no. Esos recursos con más frecuencia de la debida son utilizados para hacer grilla y propaganda con el fin de crearse una imagen de “todo bien”: almas purísimas sin pecado concebidas. Con esos recursos y con frecuencia, se transmuta la información en propaganda y con ello se pervierte, se corrompe y trastoca la ética de algunos medios y de algunos periodistas y, lo peor, se engaña, se miente y se oculta de los gobernados.
Pero ojo: la propaganda no es mala. No tiene por qué serlo. Pero debe quedar claro que lo es: que es propaganda: que tiene la intención de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos.
En tanto, la información es esencialmente objetiva, veraz, oportuna y se puede sujetar a la mirada crítica de todos sin temor a sufrir quebranto. Un gobierno que informa así, es un gobierno fuerte, consolidado y sin cola que le pisen: digamos que un buen gobierno.
Y volvemos al origen del argumento: si los medios son empresas, dependen de sus ingresos para subsistir, para pagar costos y gastos, para pagar servicios y para pagar a quienes trabajan ahí. Estos ingresos debe recibirlos de diversas fuentes siempre transparentes, como es el caso de los anuncios publicitarios de empresas privadas o instituciones educativas…
Pero también, lo dicho: en tanto información de actos de gobierno y una desenmascarada propaganda es el gobierno: los gobiernos. Los de los estados, cada uno, tienen responsabilidad en todo esto.
Existen medios que se resisten a cambiar su línea editorial por la gloriosa facturación aunque “la vida los arrastre por caminos indescifrables de dolor y sacrificio” como dijera Anita de Montemar en ‘Ave sin Nido’. Aunque no debiera ser.
Al final son los que mejor le hacen al país porque dicen la verdad a pesar de todo. El lector sabrá valorar esta libertad porque son estos medios y sus periodistas los que reciben presiones, tensiones y amenazas del “o coopelas o cuello”.
Hay, también, quienes se dejan seducir por el espejismo del acercamiento al poder: son los encuentros cercanos del cuarto tipo: acercamientos de periodistas o directivos con los importantes del gobierno en restaurantes o con beneficios de naturaleza diversa.
Aparte: ya sabemos que existen preceptos, incluso constitucionales, como es la adición al artículo 6 Constitucional sobre el derecho a la información; o la existencia de la Oficina de la Transparencia y hasta la de la Función Pública… Pero, aun falta por concretar beneficios en tanto libertad de expresión, en tanto libertad de empresa y en tanto libertad para un trabajo periodístico bien remunerado.
Y caminemos a la conclusión
Y busquemos un ideal, aunque parezca un sueño, pero precisamente, de sueños puestos en tierra es como se construyen nuevas circunstancias:
Un buen gobierno; un gobierno sano y sin tacha, no tiene nada qué temer ni nada qué ocultar. Un gobierno democrático se entrega a la disección de los gobernados porque sabe que su trabajo está orientado al beneficio de todos, para su preservación y mejor vida.
Un buen gobierno tiene recursos públicos para comunicarse con los gobernados y los usa para estar con ellos. Un buen gobierno estimula una mejor prensa, libre, transparente, ética, crítica y de calidad. Y para esto otorga pautas de información sin exigirles que traicionen a sus lectores o al público.
Se sabe que cada medio y sus periodistas tienen perspectivas diferentes de lo que se ve y de lo que ocurre y las transmiten a todos: es parte de las libertades: la de pensamiento, la de expresión, la de imprenta o transmisión. Y esas libertades, bajo toda circunstancia, nosotros, periodistas, debemos preservarlas, como también tenemos la obligación de hacer respetar los preceptos constitucionales que tienen que ver con ellas y con la exigencia de transparencia e información gubernamental.
Y es nuestro deber cuidar a nuestro medio. Fortalecerlo. Ayudarlo a consolidarse para consolidar un trabajo periodístico en todos sus géneros en niveles de excelencia. Porque en este sentido también tenemos una responsabilidad pública los periodistas. Gobierno sano y medios sanos ¿Qué tal?
Y seguimos con lo que debiera ser: Con libertad de expresión y con libertad de empresas periodísticas, en beneficio de muchos, se construyen mejores gobiernos y se construyen hombres de Estado.
Los recursos asignados para ‘Comunicación Social’ en la República o en Oaxaca, que son de todos, deben servir para alentar ese periodismo crítico y sano. Eso ayuda a la democracia, ayudará a conseguir mejores gobiernos y medios y periodistas que no tengan que vivir contando las monedas del día a día en la palma de la mano.
Que nunca más se repitan frases célebres como las de José López Portillo quien también nos llamó “enanos del tapanco”; o Carlos Salinas que decidió que “ni nos veía ni nos oía”; o como cuando Vicente Fox dijo emberrinchado que “no leía periódicos”…
Porque de ser así, nosotros tendríamos que recordar la frase sacramental con la que se coronaba a los reyes de Aragón: “Nosotros, de quienes uno es tanto que vos, y juntos más que vos, os hacemos rey para que cuides nuestros fueros y privilegio. Y si no: no”.
jhsantiago@prodigy.net.mx
Twitter: @joelhsantiago
*Ponencia presentada en el 5o Encuentro de Periodistas de Oaxaca. 14 y 15 de diciembre de 2012. Oaxaca de Juárez.