Norma Reyes Terán, Coordinadora para la Atención de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca dijo que si se pretende crear un ente Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, éste deberá ser especializado, para que cuente con todos los elementos y resuelva los casos.
Participante de la Mesa Redonda “Oaxaca, leyes e instituciones para periodistas”, organizada por la Asociación de Periodistas de Oaxaca, A. C., Reyes Terán afirmó que su dependencia da seguimiento a 35 medidas cautelares a favor de periodistas, pero estas son de carácter temporal.
Para Adrián Ortiz Romero Cuevas, la impunidad ha inducido a particulares y a los propios agentes del Estado a cometer delitos en contra de comunicadores. Señaló que en las instancias de procuración de justicia estatales y federales, hay docenas de averiguaciones previas y carpetas de investigación en la impunidad.
Mientras, Israel Ochoa Lara, abogado y defensor de derechos humanos, sostuvo que crear instancias especiales degenera el sistema de impartición de justicia y podría crear hasta discriminación de un sector de la sociedad, porque la Carta Magna establece que el Estado debe garantizar el respeto a los derechos humanos para todos.
“Crear un ente especial para atender cada caso, lo convertiría en una oficina de burócratas, si no resuelve nada, y sólo apaciguaría los ánimos”, apuntó el también catedrático de Derecho.
Dijo que la creación de una Fiscalía especial para atender los casos de agresiones a comunicadores, debería de contemplar no sólo oficinas, sino su viabilidad, tener personal capacitado, peritos de todo tipo, médicos legistas, recursos propios, ser en cierta forma independiente y tener temporalidad.
“De llegarse a crear, debe investigar casos específicos y del pasado, porque la percepción es que la Fiscalía General del Estado y la propia PGR no han dado resultados en la investigación, esclarecimiento y castigo a responsables de crímenes y agresiones en contra de comunicadores”, puntualizó.
Cuauhtémoc Blas leyó lo enviado por los socios de la APO de las regiones: Fernando Palacios de Huautla afirmó que hay complicidad entre políticos de todos los partidos, funcionarios de justicia y policías cuando se agravia a un periodista; Hiram Moreno del Istmo y Hugo Ortega de Huatulco coincidieron en que no es menos grave la agresión cuando a cambio de convenios de publicidad, con dinero público, se les quiere censurar.