Nunca busques saber por quién doblan las campanas están doblando por ti
John Donne
Bien dicen que la verdad es la primera baja de una guerra. Y es que siempre las partes beligerantes hacen de la mentira un arma fundamental. Gobiernos presionan a la prensa para que diga lo que a ellos conviene y calle lo que no. Pese a ello, siempre existen medios que resisten las presiones y privilegian su labor informativa.
Múltiples ejemplos encontramos en la historia reciente. Es el caso del ganador del premio Pullitzer por la cobertura que hizo de la guerra de Vietnam, el multilaureado Peter Arnett, -corresponsal en la primera guerra del Golfo, en los 90s, desde Bagdad—, quien en 2003 fue despedido por la cadena estadounidense NBC luego de que el periodista diera una entrevista a la televisión iraquí en la que consideró “fallido” el plan de guerra de Estados Unidos. Inmediatamente el periodista se incorpora a un diario británico que lo anuncia en primera plana diciendo: “Arnett: despedido por Estados Unidos por decir la verdad… contratado por The Daily Mirror para seguirla diciendo”.
En México las cosas han cambiado drásticamente. Los periodistas con su labor de observador, investigador, de quien escudriña los hechos para dar información al público, con todos sus riesgos y pese a la censura oficial y la autocensura, podía realizar su trabajo pues era un tercero, ajeno a las disputas políticas, a los enfrentamientos entre maleantes, a las acciones policíacas y militares. No lo es más.
Ahora el periodismo no enfrenta sólo el riesgo de ser víctima colateral de alguna acción violenta. La delincuencia organizada y algunos agentes gubernamentales la han convertido en el centro mismo de sus ataques. Si bien fue en estos últimos meses que la alarma encendió los focos rojos en todo el país, con el secuestro de cuatro periodistas enviados por Televisa y Milenio a cubrir los hechos de violencia en Durango y Tamaulipas, hace rato que esas acciones se suceden en toda la geografía nacional.
Particularmente en el secuestro de los cuatro periodistas, el objetivo fue explícito: obligar a las televisoras a transmitir, sin cortes, cuatro videos que les hicieron llegar. Más allá de su contenido, con esa acción fue la delincuencia la que dictó la agenda y el contenido de los medios. Como continúan presionando ahora con bombas que arrojan contra sus instalaciones de medios; pero como desde hace rato lo viven periódicos y estaciones de radio y TV local, en varias entidades.
Y, si es reprobable que algunos gobiernos pretendan erigirse en los censores y editorialistas de cualquier medio de comunicación, es inadmisible que ahora quienes se encuentran fuera de la ley sean quienes decidan y dicten lo que se ha de transmitir o no.
El periodista y el derecho a la información
Si toda agresión a cualquier mexicano entraña gravedad; los secuestros, agresiones y asesinatos de periodistas la magnifican en razón de dos valores que es necesario considerar: el primero, obvio, es el de la integridad física y emocional de todo ser humano. Los periodistas, como todos, requerimos seguridad a nuestras vidas en el ejercicio de nuestro trabajo. Sin embargo, como cuestionan algunas voces, no se tendría porqué exigir garantías especiales, pues ese derecho y la obligación de las autoridades de garantizarlo, debe aplicar para todos.
Entonces, exigir que por el sólo hecho de ser periodista se nos deba dar un trato especial, podría resultar discriminatorio si no se considera la otra variable: el derecho a la información y a la libertad de expresión que tenemos los mexicanos. El periodismo ha sido central en la vida política y social de México. El ejemplo de Belisario Domínguez, de Ricardo Flores Magón, al enfrentarse a la dictadura porfirista, va más allá del valor que tuvieron, entraña aquilatar la valía de haber develado las inhumanas condiciones de vida de obreros y campesinos.
El México contemporáneo no puede explicarse sin apreciar la apertura informativa de las últimas dos décadas. El periodismo ha develado irregularidades de la clase política, excesos de los barones de la economía, condiciones de vida infrahumanas en pleno siglo XXI. Omisiones de las autoridades, excesos de los actores políticos, incluso han logrado investigar hechos delincuenciales que las policías no habían podido resolver. La propia alternancia mexicana y los cambios democráticos que se han dado, no se pueden explicar sin el papel de la prensa.
Por eso la sociedad mexicana se mantiene informada, tiene datos que orientan la toma de decisiones, se establecen contrapesos para el poder político. Un país democrático y que aspira a la justicia social no puede serlo sin el derecho a la información y a la libertad de expresión. Son éstas condiciones esenciales que se deben preservar.
De ahí que sea urgente e ineludible garantizar la vida de los periodistas, el libre ejercicio de la profesión y las condiciones para que la información llegue a la sociedad mexicana y oaxaqueña.
Ello implica, por un lado, exigir a las autoridades acabar con la impunidad. En la última década decenas de periodistas han sido asesinados, heridos y secuestrados. En casi todos los casos hay una total impunidad: no se captura a los responsables, menos se les castiga, incluso cuando los agresores son plenamente identificados. En Oaxaca tenemos un claro ejemplo de estas agresiones (ver recuadro).
Agresiones a periodistas
En este 2010 México ocupa el noveno sitio en el Índice de Impunidad que anualmente elabora el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), cuyo parámetro de medición es el número de periodistas asesinados en un año, y cuyos casos no se han resuelto.
Un sitio que debería sorprender y alarmarnos, pues compartimos los primeros puestos de riesgo para el ejercicio del periodismo con naciones que se encuentran en guerras intestinas: Irak, Afganistán, Somalia, Rusia, Nepal, Sri Lanka, Colombia, entre otros.
Otras fuentes posicionan a nuestro país en el tercer sitio, respecto a los riesgos para ejercer esta profesión.
Muertes y agresiones
Desde 2000, en México al menos 57 periodistas han muerto y 10 permanecen desaparecidos. Sólo entre 2009 y lo que se lleva de 2010 se contabilizan, al menos, 17 asesinados y dos desapariciones. En un 60% de estos casos una de las hipótesis principales vincula las agresiones con el trabajo periodístico que desarrollaban las víctimas, que daban cobertura a temas relacionados con el narcotráfico y la corrupción política.
Hasta hace un par de meses se destacaba también que se trataba de muertes y desapariciones de periodistas de ámbito local. Con la nueva modalidad empleada en Durango, ahora han sido enviados de las televisoras los secuestrados.
Oaxaca, de alto riesgo
En Oaxaca en los últimos años el ejercicio del periodismo es cada vez más riesgoso.
En los últimos cinco años, han sido asesinados siete trabajadores de los medios:
Brad Will, camarógrafo de la red alternativa Indymedia, en el 2006. Raúl Marcial Pérez, columnista del diario El Gráfico y dirigente de una organización en la región Mixteca, fue asesinado en diciembre de 2006.
Los voceadores del Imparcial del Istmo: Mateo Cortés Martínez, Agustín López y Flor Vásquez, fueron asesinados en octubre de 2007, crímenes que se atribuyen al crimen organizado pues personal de ese diario había sido amenazado.
El 7 de abril de 2008, Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, locutoras de La voz que rompe el silencio, radio comunitaria de San Juan Copala, son asesinadas en una emboscada.
Además, hay agresiones diversas a periodistas: Abundio Núñez y Oscar Rodríguez, fueron vejados y golpeados en 2006. En 2007 Nadia Altamirano, reportera de El Imparcial, fue amenazada por agentes gubernamentales por sus trabajos respecto a la ampliación de la carretera en el Cerro del Fortín. Pedro Matías Arrazola, corresponsal de la revista Proceso fue secuestrado en octubre de 2008. Desde las regiones los ediles de Huautla de Jiménez, Teotitlán del Camino, Pochutla, entre otros, han sido acusados de mandar golpear a periodistas. Además entre 2005 y 2006, el diario Noticias de Oaxaca, fue hostilizado y sus instalaciones tomadas por miembros de la CROC, en una clara ofensiva gubernamental contra ese medio.
La lista es larga. Y en Oaxaca, pese a no vivir en las condiciones de guerra de las entidades del norte del país, ejercer el periodismo es también de alto riesgo.
Requiere también una solidaridad de la que carece el gremio. Esto es, con todo y ser encomiables acciones como las movilizaciones simultáneas realizadas con el lema “Los queremos vivos” –que también se hicieron en Oaxaca—, tiene que ir más allá de ellas. Debe involucrar por supuesto a los trabajadores: los reporteros que más que nunca es real decir que están en el frente de batalla, pero también a los editorialistas y, evidentemente, a los directivos y propietarios.
Y es una solidaridad que tiene que ser transversal. Poco pueden hacer los reporteros por sí solos, si no cuentan con el respaldo de sus medios. Y estos, como se ve ahora en los estados del norte del país, pero como lo mostró también la larga agresión al diario Noticias, poco pueden hacer sin el respaldo comprometido y profesional de sus trabajadores. Como también obliga a la sensibilización de la sociedad en general, pues entraña la defensa de uno de los más caros valores que se han conquistado y del que no se puede claudicar.
Va más allá de ello también. Requiere de paso de una mayor profesionalización, compromiso y entrega en la búsqueda y el trato a la información de quienes nos dedicamos a esta tarea. Pasa entonces por una autocrítica de nuestra tarea y la forma en cómo la realizamos. Va de la mano de una actitud honesta y realista. Como han reconocido ya varios columnistas de diarios de circulación nacional, pero que tiene su sede en la capital de la república, no es lo mismo hacer el periodismo como enviado, reportero especial, que el que hacen quienes viven en las zonas de riesgo. Aquí mismo en Oaxaca, con todas las dificultades que se enfrentan en el quehacer cotidiano de los periodistas, son más difíciles las condiciones de quienes reportan desde las regiones.
Por eso se debe alzar la voz, exigir a las autoridades seguridad y el cese a la impunidad; a la par que hacer una reformulación del quehacer periodístico a partir de las nuevas condiciones en que se desempeña. El reto es preservar la vida y salud emocional de quienes se dedican a esta riesgosa labor, al tiempo que garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.