Tuxtepec. No es necesario ser perito en medicina forense para concluir que los tres campesinos heridos por la guardia personal del edil de Tuxtepec, Gustavo Pacheco Villaseñor recibieron balazos por la espalda.
Una simple revisión de las fotos y los informes médicos así lo determinan. Presentan heridas de bala en el codo, los glútos y en el tórax a la altura de la tetilla izquierda “con orificio de entrada en la cara anterior”, es decir, la espalda; eso da cuenta no sólo del uso excesivo de la fuerza, sino de un agravante como puede ser la alevosía.
Gustavo Pacheco, otro escándalo
Pero esta historia inicia así: Resulta que por segunda ocasión en lo que va del año, la guardia personal del presidente municipal de Tuxtepec, vuelve a ser motivo de escándalo. La primera ocurrió cuando a mediados de marzo de este año policías federales detuvieron al edil de manera prepotente e incluso hasta humillante con la intención de desarmar a su escolta, entre quienes, se presume, existen quienes no cuentan con permiso oficial para la portación de armas de fuego.
El segundo escándalo, éste más grave, ocurrió apenas el viernes 5 de junio cuando según la denuncia penal presentada ante la agencia del ministerio público del primer turno de esta ciudad, bajo el número 399-I-2009, miembros de la escolta del munícipe abrieron fuego de manera indiscriminada, hiriendo a tres indígenas chiapanecos que se manifestaban del lado oaxaqueño, a unos trescientos metros del puente Caracol que une a Tuxtepec con el estado de Veracruz.
“Guaruras” balean a indígenas
Los indígenas de la organización social Movimiento Campesino Regional Independiente (adherido al Congreso Nacional Plan de Ayala) pasaban por esta ciudad con rumbo a la población de Huautla de Jiménez con el objetivo final de denunciar en el Distrito Federal la represión de que son objeto en el estado de Chiapas por parte del gobernador Juan Sabines.
Respecto a los hechos del viernes en la tarde, el ayuntamiento a través de su oficina de comunicación social y del secretario particular ha tratado distorsionar la información primero negando la existencia de lesionados y luego diciendo que el munícipe fue víctima de una agresión física por parte de los manifestantes. En un primer momento se trató de responsabilizar de la supuesta agresión al munícipe a la lideresa Imelda Conde, quien días después desmintió las declaraciones y señaló que esto obedecía a una estrategia para reprimir su movimiento social, el cual mantiene en disputa unos terrenos con el Ayuntamiento.
Lo innegable es que existen tres lesionados de bala y estos son: Enrique López Hernández, Cristóbal Méndez López y Remigio Jiménez Morales. El primero fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego calibre nueve milímetros en los glúteos, el segundo en el antebrazo y el tercero en el tórax, a la altura del corazón.
Respecto a este último, el médico cirujano Armando Covarrubias Martínez, con número de cédula profesional 5938790 asienta en la constancia de lesiones –cuya copia obra en poder de En Marcha —que las heridas fueron causadas “por proyectil de arma de fuego en la región toráxica y altura del pectoral izquierdo por debajo de la tetilla izq. (sic) del tórax. Cuenta con lesiones de aprox. 3 cm de diámetro hemorrágicas con lesión de tejidos blandos, piel y muscular… y orificio de entrada la cara anterior”, es decir, la espalda.
El agresor se dice agredido
La agresión al munícipe ha pretendido probarse presentando los daños a las camionetas de su uso personal y la de su guardia. Estas pruebas fueron presentadas a los medios de comunicación apenas unos minutos después de los hechos. Con ello se trataba de justificar el uso de armas de fuego en contra de los chiapanecos.
Sin embargo, la versión de estos no da cuenta de la agresión al presidente, pero aún suponiendo y sin conceder, que haya existido esta agresión con palos y piedras contra el edil y sus guaruras, de ninguna manera se justifica que estos hayan tirado a matar.
La situación es delicada, pues más allá de la implicaciones jurídicas del hecho –que aún se encuentra en etapa de averiguación previa-, con ella se evidencia la escasa preparación de los “guaruras” municipales, quienes por su comportamiento primitivo constituyen un serio peligro para la sociedad y en particular dejan muy mal a su jefe inmediato, quien aparece ahora ante los medios masivos de comunicación como un violador de los más elementales derechos humanos.
Queda aguardar el resultado de las investigaciones a cargo de la sub-procuraduría regional de justicia de Oaxaca, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De antemano, parece que la impunidad marcará el caso y nadie dirá nada hasta que (ojalá y no ocurra) una tragedia enlute un hogar por armar a gente sin escrúpulos ni preparación.
Ya en el plano estrictamente jurídico, la mecánica de los hechos indica que, quienes realizaron los disparos, no lo hicieron para repeler una agresión que pusiera en riesgo sus vidas o la de aquél a quien protegen. Y esto es así porque si los impactos de bala fueron en codo, nalgas y espalda se deduce que los campesinos, a los primeros balazos, emprendieron la huida. Es decir, que no ponían en riesgo al edil y menos la de los guaruras.
Pero el tema sería aún más complicado si la Secretaría de la Defensa Nacional realizara una investigación sobre el armamento que ésta ha autorizado al Ayuntamiento de Tuxtepec. Resulta que hechos como este evidenciaron que las armas dadas en comodato a la policía municipal son utilizadas para resguardar al munícipe.
Esto no sería irregular si no fuera porque los policías habilitados de guaruras andan vestidos de civil, y la licencia colectiva, ordena claramente que los usuarios anden uniformados. Además, una condicionante mayor es darle buen uso al armamento. Esto último, evidentemente, no es así al agredir por la espalda los esbirros municipales tuxtepecanos a tres campesinos chiapanecos desarmados.
Una simple revisión de las fotos y los informes médicos así lo determinan. Presentan heridas de bala en el codo, los glútos y en el tórax a la altura de la tetilla izquierda “con orificio de entrada en la cara anterior”, es decir, la espalda; eso da cuenta no sólo del uso excesivo de la fuerza, sino de un agravante como puede ser la alevosía.
Gustavo Pacheco, otro escándalo
Pero esta historia inicia así: Resulta que por segunda ocasión en lo que va del año, la guardia personal del presidente municipal de Tuxtepec, vuelve a ser motivo de escándalo. La primera ocurrió cuando a mediados de marzo de este año policías federales detuvieron al edil de manera prepotente e incluso hasta humillante con la intención de desarmar a su escolta, entre quienes, se presume, existen quienes no cuentan con permiso oficial para la portación de armas de fuego.
El segundo escándalo, éste más grave, ocurrió apenas el viernes 5 de junio cuando según la denuncia penal presentada ante la agencia del ministerio público del primer turno de esta ciudad, bajo el número 399-I-2009, miembros de la escolta del munícipe abrieron fuego de manera indiscriminada, hiriendo a tres indígenas chiapanecos que se manifestaban del lado oaxaqueño, a unos trescientos metros del puente Caracol que une a Tuxtepec con el estado de Veracruz.
“Guaruras” balean a indígenas
Los indígenas de la organización social Movimiento Campesino Regional Independiente (adherido al Congreso Nacional Plan de Ayala) pasaban por esta ciudad con rumbo a la población de Huautla de Jiménez con el objetivo final de denunciar en el Distrito Federal la represión de que son objeto en el estado de Chiapas por parte del gobernador Juan Sabines.
Respecto a los hechos del viernes en la tarde, el ayuntamiento a través de su oficina de comunicación social y del secretario particular ha tratado distorsionar la información primero negando la existencia de lesionados y luego diciendo que el munícipe fue víctima de una agresión física por parte de los manifestantes. En un primer momento se trató de responsabilizar de la supuesta agresión al munícipe a la lideresa Imelda Conde, quien días después desmintió las declaraciones y señaló que esto obedecía a una estrategia para reprimir su movimiento social, el cual mantiene en disputa unos terrenos con el Ayuntamiento.
Lo innegable es que existen tres lesionados de bala y estos son: Enrique López Hernández, Cristóbal Méndez López y Remigio Jiménez Morales. El primero fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego calibre nueve milímetros en los glúteos, el segundo en el antebrazo y el tercero en el tórax, a la altura del corazón.
Respecto a este último, el médico cirujano Armando Covarrubias Martínez, con número de cédula profesional 5938790 asienta en la constancia de lesiones –cuya copia obra en poder de En Marcha —que las heridas fueron causadas “por proyectil de arma de fuego en la región toráxica y altura del pectoral izquierdo por debajo de la tetilla izq. (sic) del tórax. Cuenta con lesiones de aprox. 3 cm de diámetro hemorrágicas con lesión de tejidos blandos, piel y muscular… y orificio de entrada la cara anterior”, es decir, la espalda.
El agresor se dice agredido
La agresión al munícipe ha pretendido probarse presentando los daños a las camionetas de su uso personal y la de su guardia. Estas pruebas fueron presentadas a los medios de comunicación apenas unos minutos después de los hechos. Con ello se trataba de justificar el uso de armas de fuego en contra de los chiapanecos.
Sin embargo, la versión de estos no da cuenta de la agresión al presidente, pero aún suponiendo y sin conceder, que haya existido esta agresión con palos y piedras contra el edil y sus guaruras, de ninguna manera se justifica que estos hayan tirado a matar.
La situación es delicada, pues más allá de la implicaciones jurídicas del hecho –que aún se encuentra en etapa de averiguación previa-, con ella se evidencia la escasa preparación de los “guaruras” municipales, quienes por su comportamiento primitivo constituyen un serio peligro para la sociedad y en particular dejan muy mal a su jefe inmediato, quien aparece ahora ante los medios masivos de comunicación como un violador de los más elementales derechos humanos.
Queda aguardar el resultado de las investigaciones a cargo de la sub-procuraduría regional de justicia de Oaxaca, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De antemano, parece que la impunidad marcará el caso y nadie dirá nada hasta que (ojalá y no ocurra) una tragedia enlute un hogar por armar a gente sin escrúpulos ni preparación.
Ya en el plano estrictamente jurídico, la mecánica de los hechos indica que, quienes realizaron los disparos, no lo hicieron para repeler una agresión que pusiera en riesgo sus vidas o la de aquél a quien protegen. Y esto es así porque si los impactos de bala fueron en codo, nalgas y espalda se deduce que los campesinos, a los primeros balazos, emprendieron la huida. Es decir, que no ponían en riesgo al edil y menos la de los guaruras.
Pero el tema sería aún más complicado si la Secretaría de la Defensa Nacional realizara una investigación sobre el armamento que ésta ha autorizado al Ayuntamiento de Tuxtepec. Resulta que hechos como este evidenciaron que las armas dadas en comodato a la policía municipal son utilizadas para resguardar al munícipe.
Esto no sería irregular si no fuera porque los policías habilitados de guaruras andan vestidos de civil, y la licencia colectiva, ordena claramente que los usuarios anden uniformados. Además, una condicionante mayor es darle buen uso al armamento. Esto último, evidentemente, no es así al agredir por la espalda los esbirros municipales tuxtepecanos a tres campesinos chiapanecos desarmados.