Entrados en este tema hay que mencionar a un par de sujetos que han sabido cobijarse bajo los vientos de los molinos que se instalan en el Istmo oaxaqueño con financiamiento español, nos referimos al exdiputado y expresidente municipal espinaleño Saulo Chávez Alvarado y al orgulloso “curro”, tehuano Fernando Mimiaga Sosa, quienes han vendido bien con las empresas españolas las promesas de una legislación a modo, que les favorezca cien por ciento sus necesidades para invertir sin riesgo.
Modernos malinches istmeño, uno leño, Saulo; el otro tehuano, Mimiaga (de raza les viene el galgo), están pal’que pague y mande, aunque sea para fastidiar a su hermano. A las órdenes de quien les estire tres denarios.
Primero en Oaxaca (y ahora en Zacatecas), ambos sujetos impulsaron una legislación -que en nuestro estado quedó trunca porque nunca se elaboró su reglamento y no se pudo aplicar- y que fue elaborada para que el ex gobernador Ulises Ruiz la presentara ante la LX Legislatura en 2010, con lo que quedaron muy bien parados ante las empresas desarrolladoras ansiosas de asegurar sus inversiones en el Estado de Oaxaca con el respaldo legislativo.
A costillas de las empresas, los citados personajes se ha paseado entre hoteles de lujos, viajes en avión, ponencias en foros y convenciones en las que poco aportan y solo se exhiben como impulsores del desarrollo eólico en el Estado sin que en realidad hayan hecho algo; personajes como esos son de poco fiar y si no..., ahí tiene usted que el propio Saulo traicionó al líder estatal de su partido a cambio de una cartera “ficticia” en el “nuevo” comité directivo estatal priista que encabeza Javier Mendoza Aroche. ¿Qué les parece este par…?
“Que se vayan los tarugos…”
“Que se vayan los tarugos y que regresen los ladrones”, se oyó decir en una charla entre trabajadores del actual gobierno y tal parece que ese es el sentir de una buena parte de los habitantes oaxaqueños cuando falta poco más de un mes de que se cumpla el primer año de gobierno de Gabino Cué y los cambios no se ven por ninguna parte, sino una enorme maraña burocrática que ha convertido a Oaxaca en un quesillo en el que las hebras se enredan más y más por las órdenes y contraordenes que salen de las oficinas de gobierno.
Y en esa maraña se desenvuelven las instituciones mientras que los funcionarios del actual gobierno comienzan a usar el poder para intimidar, para someter, para imponerse sobre quien se atreva a cuestionar sus abusivas decisiones. De muestra ofrecemos un botón:
El poderoso y abusivo Salomón Jara
Alguien en el interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (Sedafp) tuvo la buena idea de impulsar una encuesta para conocer la percepción de los habitantes respecto de los programas de dicha dependencia y su impacto en los sectores de la sociedad. Se contrató a un grupo de estudiantes que por unos 15 pesos la hora se dedicaron con ahínco a realizar la tarea.
Cuando estaban por concluir los trabajos de la citada encuesta llegó una contraorden para abortar la investigación, advirtiendo además que a los jóvenes solamente se les pagaría siete pesos, la mitad de lo acordado porque el trabajo no se iba a concluir, lo que generó una airada protesta que llevó a los estudiantes a denunciar el abuso en la estación radiofónica Radio Oro de la capital.
Enterado de la situación, el prepotente secretario sin título Salomón Jara Cruz, envió un mensaje amenazador a los estudiantes advirtiéndoles que por haberse atrevido a hacer declaraciones en su contra, ahora no se les pagaría absolutamente nada y además que contaba con todo el respaldo de la Secretaría General de Gobierno para que se investigara a quienes encabezaron dicho movimiento y que se podrían tomar medidas en su contra desde el mismísimo gobierno.
Los jóvenes temerosos, ya no quieren dar la cara, pero hicieron lo suficiente para dejar al descubierto la actitud arbitraria, prepotente, abusiva y autoritaria de muchos quienes integran el gobierno de Oaxaca y de la “nueva” forma de hacer política.
La represión legal de Marco Tulio López
Otro caso específico fue el del Secretario de Seguridad Pública del gobierno oaxaqueño, Marco Tulio López Escamilla, quien en su comparecencia ante las comisiones unidas de Derechos Humanos y Vialidad y Transporte dejó en claro que en este gobierno no se ejerce represión ilegal, sino represión legal sustentada en la ley.
Aseguró que se actuará con mano dura contra las organizaciones y movimientos sociales, independientemente de si les asiste o no razón para su protesta, porque así lo mandata la ley, pero desde luego, entre estos grupos sociales no está contemplada la represión contra la Sección 22 del magisterio por el triste episodio del 2006, así que si alguien pretende movilizarse y no quiere que lo agredan, deberá buscar cobijo en la Sección 22 del magisterio oaxaqueño porque es la única agrupación a la que nunca tocará la policía estatal en la presente administración… los demás que se atengan a la consecuencia, es la consigna.


Precisamente respecto al 2006, el Diputado Flavio Sosa, dolido aún por haber sido enviado por el gobierno ulisista a una cárcel de alta seguridad durante el conflicto de esos años negros de la historia oaxaqueña, pidió la “inmediata destitución” del comisionado de seguridad pública estatal Roberto César Alfaro, por haber sido él quien firmó siendo entonces Agente del Ministerio Público, el oficio para que Sosa fuera enviado al penal de Alta Seguridad de Almoloya en diciembre de ese año.
El Secretario le dijo al diputado que todos los elementos que laboran con él son personas de probada capacidad y de toda su confianza por lo que contestó con una sonrisa cínica: “su petición no ha lugar, señor Diputado”.
Benjamín Rojas, estafador
En tanto, Benjamín Rojas Bolaños, el consentido de Jorge Franco Vargas, incrustado en el gabinete del “Cambio” como director de Control y Gestión Pública, con una larga historia de malos manejos en los gobiernos priistas se niega a pagar su adeudo de 160 mil pesos que debe a quien fuera su chofer.
El afectado corrige que no fueron sus ahorros los que le birló este funcionario mercenario, sino ante la desazón de Rojas acudió a un prestamista. Como nunca recibió el dinero el monto de los intereses rebasa los 600 mil pesos. Y Benjamín Rojas Bolaños hoy ya ni siquiera le contesta las llamadas. Hay de todo en este gobierno, hasta vulgares estafadores, eso sí de alcurnia.
