Brutal bloqueo de San Juan Mazatlán en el istmo

Imprimir

Pueblo de usos y costumbres cierra 10 días la transístmica

Cuauhtémoc Blas

 

El Istmo de Tehuantepec vivió (o murió) 10 días de bloqueo donde indígenas amarraron como animales (en los dos sentidos) a personas; además de cobrar mil pesos por tráiler que dejaran pasar. Hace falta más que narraciones de los 4 o 5 km de vehículos detenidos. Estamos de nuevo con los usos y costumbres de pueblos que destacan por su violencia; en la descomposición de ese sistema en sintonía con la que se da en todos los ámbitos de la entidad. Ingobernabilidad y ausencia del Estado de derecho en todos lados.

 

Cruzar Oaxaca en Palomares, es tomar impulso para viajar rumbo a Tuxtepec, Veracruz y a la Ciudad de México. Palomares, es agencia del municipio ferrocarrilero de Matías Romero. Tiene 3 mil 800 habitantes. Su fuerte es el comercio, pero también el campo, algo de ganado. Ahí hay que pararse a desayunar, comer o comprar para el camino.

 

Palomares es un crucero, la Y que va en lo inmediato a Jaltipan de Morelos y Minatitlán, por un lado, o a María Lombardo y Tuxtepec, por otro; siempre lleno de taxis y camionetas de servicio colectivo, la mayoría a Matías Romero. La ciudad central por excelencia de la zona húmeda o norte del Istmo de Tehuantepec.
Bloqueo salvaje, brutal, primitivo…

 

Hace apenas unas semanas, del 1 al 10 de abril muy cerca de Palomares, en un punto llamado Boca del Monte, sufrieron diez días de bloqueo, que afectó no sólo la economía de esa agencia municipal, sino de toda la región istmeña que va de los puertos marítimos de Coatzacoalcos a Salina Cruz, y diríamos más, de toda esa parte sur del país. Con objetividad podemos decir que esa zona no sufrió 10 días de un bloqueo de protesta política, fue una incursión salvaje, primitiva, brutal, grosera, absurda, corrupta…

 

Una impresionante fila de vehículos de varios kilómetros, camiones, tráiler, familias, choferes, ganado, pollos, detenidos con lujo de prepotencia por 10 agencias municipales con sus comunidades indígenas de San Juan Mazatlán. Uno de los 417 municipio oaxaqueños, inscrito en el llamado régimen de elecciones por usos y costumbres (U y C). De los pocos municipios que tiene elecciones locales cada año. Cuenta con 17 mil habitantes de la etnia mixe, situado en la Sierra Norte, el llamado Mixe Bajo. Municipio catalogado como de muy alta marginación, más del 41 por ciento en pobreza extrema.

 

En los últimos días de abril fuimos a esa zona húmeda, primero a Palomares, donde hay un negocio de comida en el que siempre hay personas de muchas comunidades, entre ellas de algunas de las 54 localidades de San Juan Mazatlán. Después a Matías Romero, pasando por otras poblaciones.

 

Si de verdad los investigadores indigenistas de las rentables negociaciones académicas quisieran aportar realidades, no sólo historias bucólicas, deberían acercarse a estos pueblos donde esos U y C están convertido en un auténtico galimatías. En una torre de Babel donde es imposible que las comunidades se entiendan.

 

Se han dado cuenta esos pobladores que los grupos políticos son impunes, por eso en el paroxismo de su agresión amarraron a dos oficiales de Cometra, transporte de valores; así como a un chofer de tráiler que desesperado intentó pasar. De forma arbitraria cobraron 200 o 300 pesos a carros pequeños y mil pesos a los grandes. Todo a la luz del día.

 

No quieren entender nada, porque lo que quieren es el poder político municipal y los recursos económicos que supone. No quieren negociar nada, quieren imponer: que les quiten al presidente que les ganó las elecciones a las minoritarias comunidades.

 

Tribunal Electoral ratifica resultados

 

Triunfo que fue ratificado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Jalapa, Veracruz, ante la apelación de los perdedores que acusan fraude. Éstos no acatan nada. Aunque, el ganador cuenta con el apoyo del gobierno del estado y su oficiosa promotora sin cartera, pero identificada con la familia Murat que impera en Oaxaca, Sofía Castro.

 

El actual presidente municipal de San Juan Mazatlán, Macario Eleuterio Jiménez se reeligió otro año, él no es de la cabecera municipal sino de una población llamada Tierra Negra. Llegó al cargo un poblador de una agencia después de mucho tiempo de dominación de los caciques de la cabecera y sus aliados de otras comunidades. Claro, tampoco llegó presumiendo ningún cambio o transformación, está en lo mismo, no hay porvenir.

 

A decir de los opositores el gobierno de los Murat apoya a Macario para “saquear las participaciones”, el presupuesto de 30 millones de pesos municipales, denunciaron en una carta abierta. La presencia de Sofía Castro ahí refuerza la afirmación.

 

Desde 2018 que el Contador Público Macario Eleuterio conquistó ese micro poder, más de una decena de agencias municipales y de policía le hicieron el vacío. Éstas se negaron a asistir a la formación de su Consejo de Desarrollo Municipal y a la priorización de Obras; lo que se repitió este 2019 que Macario continúa en el cargo.

 

El político ha sabido aprovechar la inconformidad de la mayoría contra los de antes, lo reeligieron y es posible que, teniendo la mayoría de las 54 localidades no suelten el poder un buen tiempo.

 

Preludio de mayor violencia

 

Lo anterior coloca a San Juan Mazatlán casi de manera inminente en el preludio de conflictos más álgidos, no hay que olvidar que entre sus U y C de nuestros pueblos indígenas está querer solucionar sus problemas a balazos, con la ejecución de decenas de sus “hermanos” de raza. Hay ejemplos a pasto, va un par de casos famosos:
En 2002 fueron asesinados 26 habitantes de Santiago Xochiltepec, Textitlán, Sola de Vega, por pobladores de Santiago Teojomulco, en el Paraje Agua Fría. En 2018 murieron 13 personas en enfrentamiento por líos agrarios entre los pueblos de Santa María Ecatepec y San Lucas Ixcotepec, dos comunidades en la Sierra Sur, la región más pobre del estado.

 

En San Juan Mazatlán, desde que le fue ratificado el triunfo al contador, se agudizó el conflicto poselectoral, algunos oaxaqueño acuden a los tribunales para que les den la razón, no esperan algo diferente. Sobre todo, los pueblos más atrasados. La arcaica forma de votación de este municipio mixe de U y C es pasar cada uno apuntar su voto en un pizarrón.

 

Multas arbitrarias de 8 mil pesos

 

Imposible dar nombres de quienes nos platican y declaran, es alto el grado de sujeción y violencia de los pequeños caciques en las localidades, sus represalias son duras. Nos cuenta una pobladora de San Juan Mazatlán, a quien encontramos en el comedor mencionado. De 5 mil pesos que cobraban de multa los agentes o sus representantes, han subido a 8 mil pesos.

 

Esa multa no está en ningún bando municipal, menos derivada de la Ley Orgánica Municipal, sino lo establece en esos pueblos quienes tienen el mando, no necesariamente oficial o constitucional. La señora, con surcos en el rostro quemados por el sol, comenta que quienes no acudían a bloquear la carretera los 10 días pasados, se hacía acreedores a una multa de 8 mil pesos. Y hay que pagarlo o los meten a la cárcel y pueden hasta perder sus propiedades.

 

Un profesor que trabaja en una de esas comunidades, confirma lo anterior, y cuenta que en las elecciones quienes se atreven a votar en contra del acuerdo tomado por los caciques de la localidad para apoyar a alguno de los candidatos a presidente municipal, también se hacen acreedor a esa multa. De 5 mil pesos, sostiene, pero la señora lo corrige, todas las multas ya son de 8 mil. Como la votación es en el pizarrón, todo mundo se percata por quién vota cada uno. La prehistoria de la democracia.

 

Bloqueo dentro del municipio

 

La señora llegó a esa parte de la carretera transístmica, dando un gran rodeo, pues en correspondencia con los bloqueos que las comunidades contrarias al presidente hacen a las comunidades leales a éste, el presidente también bloquea a sus adversarios cerrando el paso por la cabecera municipal y otras localidades. De manera que, para ir a la cabecera distrital, Juchitán u oficinas en Matías Romero, tienen que dar un gran rodeo. Saliendo por Platanillo, la comunidad de Santo Domingo Petapa que colinda con Mazatlán, en camionetas de pasaje colectivo. Entran a Matías por la colonia La Oaxaqueña, o se siguen por la comunidad El Chocolate, hasta San Juan Guichicovi y de ahí hasta Palomares.

 

La población se encuentra asolada por estos dos grupos, el del presidente con el poder constitucional y apoyo del gobierno de Oaxaca, y el de los opositores con su poder de facto.

 

El edil tiene el argumento de que ha llamado a todas las localidades en los dos años para formar el Consejo de Desarrollo Municipal y hacer la priorización de obras. Quienes han asistido han recibido los recursos. Los ya señalados no han asistido los dos años, pero ahora exigen esos recursos.

 

Como estaba fuera de la norma entregar ese dinero a destiempo, los inconformes cerraron la carretera, donde se lanzaron a fondo para agredir y agraviar lo más posible a los inocentes choferes de camiones de transporte y automovilistas sobre esa muy transitada vía federal.

 

Pero eso sí, por otro lado, ofendidos y muy dignos lanzaban sus manifiestos exigiendo ellos sí justicia, como su carta abierta del 3 de abril, con 13 sellos y firmas de esas comunidades dirigido a los medios, al gobernador y al Congreso:

“El gobernador Alejandro Murat reta a los pueblos indígenas, prefiere mantener a toda costa a su operador político Macario Eleuterio Jiménez en el municipio de San Juan Mazatlán, con tal de saquear las participaciones de las 33 agencias y la cabecera municipal y mantener el control político”.

 

La carta contiene también amenazas de incendiar vehículos y de cerrar otras vías. Nada justifica esa violencia, ni la corrupción que critican del gobierno y que ellos realizan a la luz del día en la carretera. Vejar a las personas aprovechando su ventaja numérica de más de mil, son actos de cobardía y delincuenciales, impunes.

 

Finalmente, la “presidenta comunitaria” Plascencia Epitacio Bonifacio firmó una minuta de acuerdo con las autoridades donde el compromiso de estas últimas es entregarles los recursos a sus agencias. Con soltura dijo: “La situación no ha sido nada fácil para nosotros, encabezar un bloqueo es muy difícil, pero no había otra opción...”, pues sí, claro, todo fue ganancia.

 

Ese es el Oaxaca de usos y costumbres anárquicos, régimen anacrónico, pueblos con problemas de baja educación. Demagogia de la comunalidad. En este municipio que nos ocupa, el 26 por ciento de la población, más de la cuarta parte, es analfabeta según datos del INEGI en 2010. Aquí el gobierno municipal es de un año; elecciones cada año, pleitos cada año. Pero ¡viva la diversidad cultural!, que no es tal. Y al acecho de este desorden, aprovechando el rio revuelto, los hombres del gobierno y sus agentes metiendo mano al erario de los municipios.

 

Por eso, 10 días de terrible bloqueo nada importa a los funcionarios; por Juquila fueron 41 días de bloqueo, donde la molicie gubernamental pudo ser más grande porque se trata de una zona de indígenas, sin carretera internacional ni tráfico de mercancías como la del Istmo.

 

Y como Santa María del Mar donde el bloqueo no estorba el paso a destinos importantes, ahí ni siquiera hay atención, tiene el gobierno tirado ese problema con un bloqueo por tierra desde hace 10 años, los mareños sólo pueden salir por mar con el riesgo sus vidas.

 

Finalmente, el 3 de mayo se anunció que iniciaban a entregarles los recursos federales a las comunidades que protestaron, fuera del tiempo de la normatividad,. Así es como se mueve la administración pública en Oaxaca, haciendo a un lado normas y leyes. Pero es hasta buena noticia, si así la gente ajena a este conflicto puede seguir su vida. Aunque, lo mejor sería siempre vivir en el marco de la ley.