Para morir solo hace falta estar vivo. Nunca esta frase estuvo más a tono como ahora en Tuxtepec. Lo mismo se mueren ancianos machacados por autobuses y el chofer se esfuma, que se asesina a un líder social y a los autores se los traga la tierra.
En Tuxtepec puede desaparecer el segundo en el mando de una de las organizaciones cañeras más importantes de esta millonaria industria y nada pasa. Desaparecen cinco empleados cerveceros, pero como el delito ocurre en Veracruz aquí no se investiga. O por lo menos no se tienen resultados. Puede ocurrir una matanza de ocho campesinos y decirse que el asunto está resuelto porque se solicitó la orden de aprehensión, pero el o los autores materiales e intelectuales siguen libres. Cada semana ocurren levantones, secuestros, ejecuciones y casi nadie denuncia pues de poco o nada sirve. La prueba está en los casos que fueron puestos en conocimiento de la autoridad y siguen sin resolverse.
El 25 de febrero, 14 personas –entre ellos cuatro policías estatales y tres municipales- fueron masacradas en Vicente Camalote, perteneciente a Acatlán de Pérez Figueroa. Los ejecutados pertenecían a la familia Maciel (Alfonso Maciel Sosa, Alfonso Maciel Hernández), famosa en la región por su propensión a la violencia y al cacicazgo. De los autores materiales nada se sabe.
El 23 de marzo, seis personas –entre ellos cuatro mecánicos de motos- fueron ejecutadas en el centro de la ciudad. La matanza es considerada el peor de los hechos violentos en Tuxtepec en la historia reciente. Días antes, el Ejército había iniciado una campaña de despistolización y búsqueda de drogas. 12 horas después del acontecimiento, el ministerio público, la policía y el ejército no se ponían de acuerdo sobre el número de muertos. Al día siguiente al informar del decomiso de armas, la procuradora de justicia, María de la Luz Candelaria Chiñas sostuvo que “es evidente que hay una eficaz investigación y nuestro compromiso es llegar hasta donde tope, caiga quien caiga…”. Se informó del decomiso –más bien abandono- de ocho vehículos de diferentes marcas, 15 armas largas, un lanzagranadas, seis armas cortas, 11 granadas, tres granadas de fragmentación, seis chalecos tácticos, tres mil 300 cartuchos y 111 cargadores de diferentes calibres, seis teléfonos celulares, 12 fornituras, tres equipos de radio, cuatro juegos de esposas, cinco pasamontañas y cuatro placas vehiculares de diferentes estados… Pero los autores se esfumaron. Los crímenes siguen sin resolverse.
El 19 de mayo fue lanzada una cabeza humana en el palacio municipal de Tuxtepec que rodó por los pasillos principales. A pesar de la entonces reciente inauguración de costosas cámaras de video, nadie sabe y nadie supo –ni sabrá- quien o quienes tuvieron la osadía de allanar el espacio que simboliza el poder político en la región.
El 15 de agosto en Tierra Alta, Loma Bonita, ocho campesinos que salieron de cacería fueron ejecutados a mansalva. Por las armas utilizadas, conocedores del tema sostienen que no pudo ser el crimen organizado sino alguien incluso conocido de los hoy occisos. A pesar de que se pudiera excluir al crimen organizado –por aquello de la competencia y el temor que infunde a los investigadores-, la masacre sigue también impune.
El 20 de agosto, el secretario de Finanzas de la Confederación Nacional de Productores de Caña , Sergio Trujillo Valencia desapareció misteriosamente. Lo único que se encontró fue su camioneta –con las puertas abiertas, lo cual puede ser indicio de levantón o secuestro- en la comunidad de Santa Teresa, Tuxtepec. A pesar de ser un dirigente de una de las organizaciones que arriman votos al PRI, la desaparición sigue sin resolverse.
El 29 de septiembre un solitario hampón asalta Banorte. Siete días después, el 5 de octubre, otro asaltante quiere repetir la hazaña y lo consigue a medias pues luego de asaltar Bancomer y apoderarse de 77 mil pesos es detenido por policías municipales. Este es de los pocos asuntos en los que la policía –municipal- actúa con efectividad. Otro asunto exitoso para la policía puede ser el frustrado secuestro de una jovencita en Valle Nacional. Fuera de este y otros asuntos donde la suerte jugó un papel importante, el castigo a los culpables se encuentra sumamente lejos.
Para cerrar este apretado recuento, el 22 de octubre, en sus oficinas centrales en Tuxtepec, el dirigente del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), Catarino Torres Pereda, fue asesinado por dos desconocidos que se dieron a la fuga.
El 8 de noviembre fue “levantado” en Isla Veracruz –a 40 kilómetros de Tuxtepec- el presidente municipal electo de Juan Rodríguez Clara, Gregorio Barradas Miravete (PAN). Menos de cuatro horas después su cuerpo y el de sus acompañantes, su suplente Omar Manzur (ex diputado local) y su chofer, Angel Landa, fueron encontrados en la comunidad de Agua Fría, Tuxtepec.
Mientras esto ocurre, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en Tuxtepec se dedica a la extorsión o al arresto de mujeres que incumplen con su obligación de conceder la convivencia de sus hijos con sus padres.
Un ejemplo ocurrió el 22 de octubre cuando la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gahndi recibió la queja de Yuriria Castelán debido a que agentes ministeriales identificados por ella como Luis Alberto Martínez y José Roberto Rosales le habrían exigido 50 mil pesos para no consignar a su esposo, Misael Maldonado Sánchez, quien había sido detenido por los ministeriales por el delito de homicidio culposo dentro del expediente 191/2007 del juzgado segundo penal.
Con esos comportamientos se entiende por qué el crimen y la impunidad tienen sentados sus reales en esta región.