Desde la Penitenciaria el indígena triqui Roberto Cárdenas Rosas recordó que en 2001 integrantes del MULT, por órdenes de Heriberto Pazos Ortiz, convocaron a una asamblea en la comunidad donde los amenazaron para integrarlos al MULT. “Rufino Merino, lugarteniente de Pazos Ortiz, dijo que eran instrucciones del gobernador José Murat Casab”.
El indígena triqui y desplazado de San Miguel Copala, Roberto Cárdenas Rosas, solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su caso, toda vez que el delito de homicidio que se le imputa se inscribe en el contexto de la violencia política y social que vive la zona.
Desde la Penitenciaria Central del Estado, recordó que en 1987 Juan Alfonso Robles Martínez introdujo al Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP) en San Miguel, pero en el 2001 integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, por órdenes de Heriberto Pazos Ortiz, convocaron a una asamblea en la comunidad, con la finalidad de amenazarlos si no se integraban al MULT. “Rufino Merino, lugarteniente de Pazos Ortiz, nos dijo que esas eran las instrucciones del gobernador José Murat Casab”.
Manifestó que su comunidad quedó desconcertada porque era independiente de las organizaciones que existen en la zona Triqui: Movimiento Unificador de la Lucha Triqui (MULT), Unidad de Bienestar Social en la Región Triqui (UBISORT), y la Confederación Nacional Campesina (CNC).
“Como yo había sido comandante de la policía municipal, mayordomo y era presidente de la asociación de los padres de familia de la escuela primaria bilingüe Cuauhtémoc, el 11 de enero del 2001 me citó el agente de Policía, Raúl Rufino Santos Pérez, con la finalidad de convencerme y que yo convenciera a los pobladores de unirnos al MULT”.
Subrayó que el 30 de enero 2001 fue citado en la casa del profesor Hilario González Domínguez, donde estaban los profesores Juan Alfonso Robles Martínez, Marcos Ramírez Silva, Raúl Rufino Santos Pérez e Hilario, todos comisionados por Pazos Ortiz.
“En esa reunión me ofrecieron casa, vehículo y dinero, porque según ellos me expreso muy bien con la gente, diciendo que me quedara con el puesto de mi papá que fue muy respetado por la población. El otro asunto tratado fue el de dinero, señalando que no me preocupara porque se iba a acaparar el fondo municipal, el fondo del estado y federal”.
Cumplida amenaza de muerte
El indígena de 39 años de edad, dice que por no aceptar la propuesta fue amenazado de muerte por los asistentes.
“Amenaza que se cumplió el 9 de julio del 2001, cuando después de acudir a la clausura de la escuela de la comunidad de Llano Aguacate, Copala, fuimos emboscados y atacados a balazos por Justo Teófilo Santos de Jesús, Emilio Santos Vásquez, Justo Quiroz Cruz, Paulino Salazar Allende y Julián Ramírez Martínez en el paraje denominado Loma del Cacho; muriendo mis dos acompañantes Julio Vásquez Catarino y Juan Ramírez Vásquez”.
Manifestó que por esta agresión se inició el expediente penal 39/2001 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por el delito de homicidio, lesiones y tentativa de homicidio; y solicitaron el 10 de agosto del mismo año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a favor de miembros de la comunidad de San Miguel Copala, “aunque ahora buen número de mis compañeros han sido asesinados”.
Cárdenas Rosas añadió que también presentaron denuncias la PGR el 21 y 22 de Agosto del 2001, y revelaron la existencia de grupos paramilitares, solicitando medidas urgentes para desarmar al grupo paramilitar que asola a San Miguel Copala.
Agregó que el 31 de julio del 2001 solicitaron a la CNDH medidas cautelares, castigo a los responsable y el establecimiento de una partida de la Policía Federal Preventiva, en virtud de que los policías locales habían sido rebasados y solicitaron la presencia de la Comisión en Putla y en Copala para realizar la investigación correspondiente.
Le fabrican delito
Afirmó que por la defensa de su pueblo, en junio del 2002 mientras convalecía de sus heridas en la capital del estado, le fabricaron el delito de homicidio en contra de Ignacio Salazar Ramos y Juventino Quiroz Cruz, por lo que el 14 de enero del 2003 le fue ejecutada una orden de aprehensión y fue internado en la Penitenciaría Central del Estado y puesto a disposición del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Villa de Putla de Guerrero.
Dijo que el 9 de febrero del 2005, el Juez Mixto de Primera Instancia de la Villa de Putla de Guerrero le dictó sentencia condenatoria, imponiéndole una pena de 70 años de prisión y lo condenó de manera solidaria al pago de la reparación del daño por la cantidad de 90 mil 771 pesos.
Declaró que inconforme con esta sentencia ha recurrido ya hasta el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, “pero el 25 de enero del 2012 solicité al mismo declinara competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de que ésta atraiga, conozca y resuelva mi demanda de amparo por ser un asunto trascendente y de interés para la sociedad en general”.
15 Indígenas de San Miguel Copala asesinados en cinco años
1.-Aurelio Galindo Sánchez, 15 de septiembre del 2005
2 -Isaías Sebastián Cruz, 14 de noviembre del 2005
3-Epifanio de Jesús García, 19 de mayo del 2006
4-Macario Narváez Concepción, 7 del junio del 2007.
5-Ramón Celestino Vázquez, 11 de noviembre del 2008.
6-Belmar Vásquez Cruz, 6 de enero del 2009.
7-Inocencio Ignacio Martínez de Jesús, 17 de enero del 2009.
8-Francisco Antonio Villa, 2 de febrero del 2010.
9-Inocente Santos López, 2 de febrero del 2010.
10-Ricardo Gutiérrez Santos, 2 de febrero del 2010.
11-Vidal Hernández Bautista, 2 de febrero del 2010.
12-Pedro García Arteaga, 4 de febrero del 2010.
13-Alberto Hernández Morales, 4 de febrero del 2010.
14-Pedro Ignacio Hernández Ramos, 4 de febrero del 2010.
15-Pedro Hernández Bautista, 4 de febrero del 2010.