Cuauhtémoc Blas
Jorge Claudio de Jesús Cruz Vasconcelos (“El cocoliso”) es un simple informante (“oreja”) del gobierno de Oaxaca, sin embargo ni a estos burócratas menores alcanza el corto brazo de la justicia oaxaqueña. Hace poco más de un mes, el 11 de diciembre pasado sobre el corredor del Club Rotario de Tuxtepec este espía que por lo mismo debería manejarse con la mayor discreción, agredió con escándalo al conocido periodista Nabor Reyes Rosas, del diario El Tuxtepecano.
El tipo llegó insultando a Nabor y arremetió a patadas contra él. Además de su charola de policía, Cruz Vasconcelos ha basado su conocido palmarés atrabiliario en ese cargo menor en el apoyo de su hermana política panista y funcionaria de gobiernos de cualquier color, así como de otros familiares de similar carrera.
Reyes Rosas no respondió a las agresiones de que fue objeto así como a la amenaza de muerte de Cruz Vasconcelos frente a varios periodistas; el comunicador dijo que esa agresión se debe a una nota suya publicada en su medio sobre la golpiza y detenciones hechas por la policía municipal afuera de la casa del ex edil tuxtepecano, donde se utilizó gas pimienta. Decía la nota: “por un presunto agente de ´análisis e información´ del gobierno del estado varios reporteros sufrieron los estragos”, respaldada por fotografías que tomó y dan testimonio de la crónica, en la cual, efectivamente, Cruz Vasconcelos se ve reprimiendo a los inconformes. Incluso hay un video al respecto http://www.youtube.com/watch?v=aZGniZc2AlA
Nabor Reyes sostiene que hay testigos de sobra de todos esos hechos, entre los cuales menciona a Alberto Castañeda, Cristian Barrios y Teo Cuenca, del diario Noticias; Edgar Perea Alvarado, de El Tuxtepecano; Rosa María Alvarado, de Visión de la Cuenca; y Gina Martínez y Eduardo Baños. Mismos que son también mencionados por el periódico El Piñero de la Cuenca (medio que más ataques ha sufrido ahí).
Por cierto, en el reciente Sexto Encuentro de Periodistas de Oaxaca celebrado en Tuxtepec varios dieron testimonio de lo difícil que se ha tornado el ejercicio del periodismo en el Papaloapan, pues no sólo esbirros del gobierno del estado, los poderosos locales, policías y políticos municipales, la delincuencia, sino hasta los grupos de chantaje político agreden a los periodistas.
Si buscar la aplicación de la justicia por la falta de respeto a la libertad de expresión y derecho a la información a políticos y líderes lleva un camino tortuoso que nunca tiene buen fin, no hay nadie castigado por eso, el castigo tendría que ser de inmediato y ejemplar para quienes debiendo ser salvaguarda de este derecho esencial hacen lo contrario, la policía sea uniformada o no. Sin embargo, nada pasa. La protección a los actos delincuencias de estos servidores públicos de poca monta es escandaloso, sin rubor alguno, las autoridades superiores, subprocuradores, procurador de justicia del estado, secretario de Seguridad Pública, se vuelven cómplices y protectores de sus subalternos. El caos en el mando político se extiende al policíaco, y amenaza con provocar mayores problemas. El Secretario de Protección Ciudadana prefiere andar personalmente repartiendo café y galletitas en el Hospital Civil, cual augurio de velorios en la víspera.
El 14 y 15 de diciembre pasado se realizó en Tuxtepec el Sexto Encuentro de Periodistas con el tema “Periodistas en ¿Estado fallido?”, donde se ventilaron las graves agresiones a los medios y comunicadores. En la declaratoria final del Encuentro destacan dos exigencias a los gobiernos:
1.- Que la PGR atraiga los casos de nuestros compañeros Nabor Reyes Rosas y Edgar Perea Alvarado, en contra de dos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, debido al conflicto de intereses de la misma Procuraduría estatal en estos casos. En el primero por el “agente de información y análisis” de dicha Procuraduría Jorge Claudio de Jesús Cruz Vasconcelos (a) “El cocoliso” y en el segundo el Subprocurador Regional en la Cuenca Pedro Antonio Pérez Ruiz.
2.- Resultados en las investigaciones en torno a las agresiones a las instalaciones del periódico y colaboradores de la empresa editorial El Piñero de La Cuenca. Asimismo con el caso del compañero Antonio Mundaca.
Un par de días más tarde visitó Tuxtepec el flamante Procurador de Justicia del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz quien abordado por Nabor Reyes le aseguró que su agresor Cruz Vasconcelos saldría de la región (de aplicarle la ley ni de lejos). Y el rijoso “oreja” salió pero ahora ha avisado que regresa en febrero a su plaza tuxtepecana.
En noviembre pasado el nuevo procurador en un mensaje a los oaxaqueños hilvanó una pieza demagógica: “Seguiremos trabajando con el mismo compromiso hacia la sociedad, respondiendo a sus demandas en la investigación de los delitos, redoblando esfuerzos, dando certidumbre a las víctimas, coordinando acciones que atiendan no solo el aspecto jurídico de los delitos sino también la asistencia integral de las personas agraviadas, cumpliendo siempre con los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos… La lucha contra la impunidad es y será nuestra premisa fundamental.”
En general no hay evidencias de que esos propósitos se estén cumpliendo, y con lo que se avecina en Tuxtepec quedará claro que, además, no tiene palabra. La impunidad sería su verdadera política pública.
El periodista del Papalopan Antonio Mundaca, quien viviera una agresión a comunicadores en Soyaltepec por parte de uno de los cientos de grupos regionales de chantaje político escribió en su muro del facebook: “… en la violencia contra la prensa hay un estado cómplice, pero tampoco puede justificarse que por el alegato de ´prensa vendida´ pasemos a arder quienes únicamente hacemos nuestro trabajo y buscamos hacerlo contando la historia por amarga y difícil que sea, es condenable la violencia del estado, pero también la de organizaciones que se aprovechan de la pobreza (de su clientela) para enriquecer a sus líderes y los arman y los avientan al ruedo a agredir para después vender sus causas.”
El gobierno de Oaxaca ha sido por completo omiso, en agosto del año pasado creó la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión y luego el 13 de diciembre la Mesa de Atención Inmediata a Periodistas. Ninguna funciona, nada hacen, ni siquiera condenan los atentados a los comunicadores. Son elefantes blancos.
En tanto la Fundación defensora de periodistas Artículo 19 sostiene que el gobierno de Oaxaca no ha sido capaz de garantizar la libertad de expresión con lo que la entidad es una de las más violentas para ejercer el periodismo en México, con más de 50 agredidos en 2013.
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