Isidoro Yescas, Director de Ieepco, involucrado en posible peculado de 12 millones e instrumento de los partidos políticos en el órgano electoral.
Cuauhtémoc Blas
El negocio de los administradores municipales se les está cayendo a los partidos políticos y sus diputados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de propinarles un duro revés al restituir a la presidenta municipal de Cosolapa en sus funciones, revelando el carácter arbitrario de esa decisión del Congreso local al desaparecer poderes en dicho ayuntamiento. “Una horda de legisladores” contra la voluntad popular, diría la presidente Carmina Álvarez García.
No les alcanzaron los conflictos poselectorales en los municipios a las ambiciones de diputados y partidos políticos para el negocio y reparto de administraciones municipales. Después de las elecciones de partidos, en el mes de agosto, hubo una reunión donde estuvieron los dirigentes del PAN y PRD, los consejeros electorales “ciudadanos” (quienes en realidad no son nada ciudadanos sino evidente cuotas de esos partidos) y el director general del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Ahí esos consejeros y el director general recibieron la encomienda de que lograran que en 100 municipios hubiese administradores municipales.
La lógica era simple, como todo lo de esos legisladores, si en 2011 hubo 49 administradores al inicio de ese periodo de gobierno, ahora que las cosas eran más complejas y que los partidos se encargarían premeditadamente de polarizarlas, podrían con facilidad duplicar la cifra. Efectivamente, el número de conflictos aumentó hasta alcanzar los 150, pero las diferencias se resolvían en vez de irse a la confrontación.
El negocio se les iba de las manos, los cientos de millones de pesos que en conjunto corresponden a esos ayuntamientos y que al no haber presidente municipal sino un simple administrador nombrado por uno u otro partido esos dineros quedan en manos de los dueños de los partidos. Ante esa emergencia llamaron a otra reunión en el mes de octubre con los mismos personajes. A los reclamos fuertes de que no estaban haciendo lo suficiente para reventar las negociaciones entre los grupos o invalidar comicios, la meta fue reajustada a 50 administradores. Incluso se barajaban ya algunos nombres: el entonces aún edil de Xoxocotlán, José Julio Aquino, ya había “apartado” para él Atzompa; el PAN San Sebastián Tutla y San Nicolás, Miahuatlán; por mencionar algunos.
Al final del proceso, el 1 de enero sólo había 15 municipios sin autoridades electas, 2 de partidos políticos y 13 de usos y costumbres. La cifra aumentó en 8 más, pues el tribunal anuló otras elecciones, así hasta llegar a 24. Pero en las últimas semanas han disminuido, tanto porque la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral validó elecciones previamente anuladas (como San Sebastián Tutla y Reyes Etla); o se hicieron ya las elecciones como en Santiago Choapam y San Sebastián Teitipac y Santiago Camotlán. Los diputados y los partidos sienten entonces que se les va de las manos la mina de oro, algo que no pueden permitir, pues si no, ¿cómo se enriquecen, pues?
Por eso ahora buscan aprovechar la actual coyuntura: la indefinición jurídica sobre la continuación o permanencia del consejero presidente Alberto Alonso Criollo al frente del IEEPCO. Con algunas pifias y jaloneos en suma el trabajo del instituto electoral permitió en buena medida que los conflictos se arreglaran en muchos municipios, pues ya no fueron juez y parte, como sucedía con el ex director de usos y costumbres, Jorge Cruz Alcántara. Pero, lo que son buenas noticias para los municipios, son malas para esos diputados.
El caso de Choapam es paradigmático, al terrible baño de sangre con que se inauguró el nuevo instituto electoral, por problemas poselectorales que ya venían, hoy hubo elecciones y acuerdos en el municipio y todas sus agencias. Trabajo interinstitucional que de otra manera quién sabe cuántos muertos habría hoy.
Sin embargo, aun ahí en Choapam algunos personeros partidarios presionaban para que hubiera administrador municipal; y seguían en su irracional voracidad, como se vio el pasado martes 1 de abril cuando, según trascendió, Amador Jara y José Julio Aquino presionaron hasta el último momento a través de sus representantes en el IEEPCO (Isidoro Yescas, Noel Jiménez y Antonio Álvarez), para evitar se validara la elección de Santiago Camotlán, último posible reducto del ex edil de Xoxocotlán tras haber perdido todo en las elecciones de 2013.
Entonces, como no han podido manipular como quisieran al órgano electoral, lo que quieren ahora es imponer un presidente a modo. Pues en breve el Instituto Nacional Electoral (INE) nombrará a un nuevo consejo general del órgano en Oaxaca. Al actual le quedan semanas, un par de meses a lo más. Pero justo en estos meses es cuando se tienen que realizar esos 19 comicios extraordinarios, y la consigna de esos diputados y partidos es: ¡Ni una elección más! El negocio es primero, por encima de la paz social y hasta la vida de los ciudadanos.
Además, PAN y PRD, que tienen parte del control del Congreso y el IEEPCO planean hacer cambios rápidamente en la estructura operativa del órgano electoral, por ejemplo destituir a la directora de usos y costumbres, Gloria Zafra, para imponer a un incondicional; correr a mandos medios e imponer a operadores de esos partidos. En su lógica pueblerina, dejarían los suficientes incondicionales “sembrados” para que en la transición al nuevo órgano ahora dependiente del INE éstos persistan en esos cargos y sus negocios continúen.
Recordemos que ya tienen parte de la estructura electoral, pues además de su cuota de dos consejeros cada uno, impusieron a dos directores cada partido: el PRD al director de Partidos Políticos, Gelasio Morga y al director general, Isidoro Yescas; quienes se encuentran subordinados al clan de Amador Jara y Rey Morales; el PAN al director de Organización, Eginardo Andrés, del clan de Carlos Moreno, El Libretón y al de Capacitación, César Silva, subordinado del otro panista Juan Iván Mendoza.
Además, existen temas pendientes de aclarar donde destaca el caso del Monitoreo de Medios de comunicación que tuvo como costo la friolera de 12 millones de pesos, y que sirvió para nada. Hubo denuncias de los representantes del PRI y Movimiento Ciudadano, así como de 4 consejeros respecto a un sinfín de irregularidades cometidas. Y hay una evidente complicidad entre quienes debieran aclarar ese tema: el representante legal del Instituto, que es el director general; y el director de Partidos Políticos, Gelacio Morga, presidente del Comité de Radio y TV, y encargado precisamente de dar seguimiento al monitoreo y que, sin mayores explicaciones dieron por cerrado el caso y exoneraron a la empresa, a la que por cierto ¿Le pagaría ya el IEEPCO? Pues no le ha pagado a un gran número de proveedores locales que sí cumplieron con sus servicios.
¿Por qué la primera, la fraudulenta empresa foránea tendría prioridad? También por eso estorba el actual Consejero presidente? ¿En qué lógica se inscribe que a semanas de que el INE nombre a los nuevos funcionarios del Instituto local haya prisa acá por hacer cambios en un IEEPCO que ya agoniza? Como dice el adagio popular: piense mal y acertará.
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