Cuauhtémoc Blas
El 20 de noviembre de 2012 el director de la revista Ruta 135, Fernando Palacios Cházares, fue agredido por policías municipales al mando del entonces presidente de Eloxochitlán de Flores Magón, Manuel Zepeda Cortez. La agresión ocurrió cuando daba cobertura a la agresión que los mismos uniformados ejercían contra 37 indígenas mazatecos que se dirigían a la ciudad de México a rendir homenaje a Ricardo Flores Magón y a protestar.
Se presume que la furia de los agresores fue porque la presencia del comunicador les impidió agredir impunemente a los manifestantes que ya había bajado de su autobús que los trasladaría a la ciudad de México. Se le fueron encima al periodista y lo golpearon hasta darlo por muerto por órdenes directas del ex presidente municipal de Eloxochitlán.
“Mátenlo de una vez”, alcanzó a escuchar el periodista que ordenaba el ex edil antes de perder el sentido, con golpes tales que sus agresores lo creyeron muerto. Entre los acusados de este intento de asesinato plenamente identificados figuran los hermanos del ex edil, Vicente y Venancio Zepeda, su hijo Manuel Zepeda Lagunes, su sobrino Gamaliel Zepeda, su yerno Marco David Tello Delgado y el regidor Genaro Romero.
Varios de los acusados son maestros de la sección 22, entre ellos el ex edil ya mencionado y el ex síndico Eleazar Bravo Fuentes. Seis de ellos fueron denunciados ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE). El periodista agredido nos comenta que no obstante esta fiscalía realizara un eficiente trabajo de investigación y peritaje, con lo cual se libró la orden de aprehensión el 31 de agosto de ese mismo año 2013, no ejecutaron dicha orden sino tres meses más tarde con tal negligencia que dieron oportunidad a que los seis acusados pidieran un amparo federal. Lo que sólo le fue concedido al ex edil, pero ni éste ni los otros cinco fueron detenidos. Siguen libres y se pasean abiertamente en la cañada.
La semana pasada un grupo de comunicadores acompañaron a Fernando Palacios Cházares ante las oficinas locales de la justicia federal para exigir sean cumplidas las órdenes de aprehensión que arbitrariamente dejaron de hacerse. El agredido sostiene dos razones por las que se deja en libertad a esos seis delincuentes: la orden de la Secretaría de Gobernación federal en conjunción con el gobierno de Oaxaca de no detener a profesores de la sección 22 hagan lo que hagan; y la segunda es la ligazón entre estos políticos-profesores- perredistas con el senador por Oaxaca, el perredista Benjamín Robles Montoya, por quien desarrollan los agresores trabajo de proselitismo político en pos de la candidatura a gobernador del senador por Oaxaca oriundo de Michoacán, entidad donde éste dejara una historia siniestra.
La solidaridad de los periodistas de Oaxaca se hizo patente, al acompañar al agredido a reclamar a las autoridades federales en Oaxaca por su negligencia y exigir el cumplimiento de las órdenes de aprehensión. Entre las organizaciones de periodistas presentes: Compañeros Nacionales de Periodistas y Editores, la Asociación de Periodistas de Oaxaca, Club de Periodistas de Antequera, Periodistas de a Pie, Artículo 19. Los pronunciamientos fueron a nivel Estatal, Nacional e Internacional con la exigencia de que este ataque a la libertad de expresión no quede impune.
A más de cuatro años de la adhesión de este gobierno, que se denominó al principio “Gobierno del Cambio”, a los compromisos establecidos en el documento elaborado por la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), éstos siguen siendo letra muerta en Oaxaca. El gobierno del “cambio” consiente la represión a periodistas, castiga la crítica y premia a sus “amigos”. Hoy hay más comunicadores agredidos como parte de la evidente ingobernabilidad en que se debate el estado de Oaxaca, violencia, conflictos, muertos.
Como en toda guerra el primer caído es la libertad de expresión. Así, los recientes discursos gubernamentales del 7 de junio, “día de la libertad de expresión” son simplemente demagogia, palabras insostenibles en tanto no haya justicia para los periodistas agredidos, y por el contrario autoridades federales, estatales y legisladores defiendan precisamente a quienes agreden a los periodistas y al derecho a la información de la sociedad.
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