Cuauhtémoc Blas
La simulación ha sido la real política pública con que se ha gobernado este país. Por ejemplo, para simular que se atienden los problemas del medio ambiente se creó una gran estructura burocrática. En 1982 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). En 1992 desaparece y crean el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Hoy subsiste Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Y en vez de disminuir la contaminación se ha acentuado. A la vista está el Río Atoyac, más podrido que nunca; la selva de Chimalapas invadida por ganaderos y especuladores chiapanecos, junto con los talamontes chimas, han reducido notoriamente este último reducto de selva tropical.
¿Quieres hurtar?, haz una Fundación
Hasta los mismos políticos bromean con eso de que si quieres que un asunto no se resuelva crea una comisión. O si quieres sustraer recursos sin ser auditado crea una Fundación. En Oaxaca esa historia también es predominante, acorde a la política nacional aquí también se creó una Comisión de Derechos Humanos para que el gobierno anunciara que atiende esa demanda. Que se atienden no que se resuelven. Así tenemos en lo que a nuestro gremio periodístico se refiere, “se atienden” sin que se resuelvan cientos de denuncias de agresiones, 253 según cifras oficiales de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
De las 15 carpetas con que se “atienden” asesinatos de comunicadores por la Fiscalía de Oaxaca, ninguno ha sido resuelto. Crímenes, agresiones, violencia contra periodistas están en la más abierta impunidad. Una directa invitación para que se les siga agrediendo.
Hace un par de días el titular de la DDHPO, Bernardo Rodríguez Alamilla, inició a reunirse con grupos organizados de periodistas, entre ellos la Asociación de Periodistas de Oaxaca A.C. (APO), la más antigua de la entidad, para recabar las demandas y problemáticas del gremio. Entre los resultados que arrojó esa reunión destaca “la propuesta de un taller o mesa de trabajo con los periodistas para fortalecer el diagnóstico de la libertad de expresión y las agresiones a los comunicadores. Por lo pronto la APO ofreció su Breve Diagnóstico de la Situación del Periodismo en Oaxaca http://apooaxaca.com/oaxaca-breve-diagnostico-de-la-situacion-del-periodismo/
Lo anterior es parte de un comunicado enviado por la gremial después de la reunión con el titular de la Defensoría, las “agresiones están en su totalidad irresueltas, de los 15 asesinatos a periodistas en los años recientes ni uno sólo ha sido clarificado. Enorme impunidad que, se le dijo, fomenta las agresiones contra el gremio, parece que en Oaxaca hubiera una línea superior que ordenara dejar sin atención los ataques a periodistas y medios de comunicación.
Rebeca Luna, Megacable y saxofonista
“Al respecto, se comentaron dos casos recientes de violencia contra el gremio, la ejercida contra la televisora Megacable en Salina Cruz, clausurada por una arbitraria autoridad municipal local; y el caso de la colega Rebeca Luna, golpeada por una turba violenta del municipio de Teopoxco en las puertas de la Cámara local de diputados.
“Asimismo, la lentitud de las investigaciones en el ataque con ácido a la joven saxofonista en Huajuapan de León, cuyos familiares aportan elementos de pruebas contra quienes señalan como autor intelectual, un ex diputado con poder político y económico. Casos en que los presentes manifestaron esperar la intervención firme y pronta de esa Defensoría.
Gobiernos, quienes más violan derechos
“Quienes más violan derechos humanos son las autoridades municipales, el 50 por ciento de los casos, y el mayor porcentaje es de las autoridades de usos y costumbres, con sus asambleas que justifican cualquier aberración, sostuvo uno de los asistentes; le sigue la Fiscalía General de Oaxaca, en un nada honroso segundo lugar y en tercer lugar la Secretaría de Seguridad Pública.
Estos datos oficiales de la DDHPO son incontrovertibles, exhiben la debilidad del Estado de derecho, indican que los ciudadanos pagan a ediles, fiscales y policías, no para que los protejan, sino para que los agredan y violen sus derechos elementales.
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