2010-2013, Legislatura de la transacción
Una imagen dibuja de cuerpo completo a la LXI Legislatura del Estado cuyo periodo acaba de fenecer: la de la diputada Marlene Aldeco Reyes Retana amenazando: “si no nos depositan, no bajamos a la sesión”, a la última en la que aprobarían la Ley
del Transporte y designarían al nuevo procurador, entre otros asuntos de relevancia.
Homero Villaurrutia
Ese actuar de la legisladora panista, conocida por su arribismo, no era una excepción, sino la regla que siguieron todos los diputados y diputadas en los que hace tres años se cifraba la esperanza de que constituirían el Congreso de la Transición (así, con mayúsculas)
y que terminaron convertidos en los diputados de la Transacción. La venta de sus votos fue la constante de estos diputados en estos los tres años de ejercicio legislativo.
Congreso reparto cual botín En 2010, el Congreso oaxaqueño se constituyó por primera vez sin un partido que tuviera la mayoría de diputados y con la composición más plural de la historia local: PRI 16, PRD 11, PAN 9, PT 2, PC 3, PUP 1. Era inevitable pues, un trabajo político de altura para generar consensos y lograr acuerdos. Se avizoraba un trabajo parlamentario arduo.
La coalición opositora al PRI que llevó a la gubernatura a Gabino Cué, era también la que más diputados tendría al sumar 25. Al menos parecía que podría impulsar cambios en la legislación secundaria sin muchos problemas. Así se establecía en la agenda legislativa conjunta que presentaron un par de meses antes de asumir sus cargos. Una vez que tomaron la protesta que los convertía en legisladores, el 13 de noviembre de 2010, esa carta de buenas intenciones al cesto de basura.
La primera muestra de cuál sería su actuación fue la integración de la estructura administrativa del Congreso local. Sí antes era dominado por recomendados del PRI, compadres o “amiguitas” de los diputados, los del “cambio” sólo lo hicieron más plural. Con total descaro se repartieron posiciones, primero con cuotas para los partidos y de manera interna en cada fracción parlamentaria llegaron los compadres y los amigos y amigas de los diputados, sin importar su experiencia o conocimientos. La Oficialía Mayor correspondió al PRI; el saqueo de los recursos, corrió por cuenta del PRD que designó al Tesorero; al PAN correspondería en ese primer año Comunicación Social; la diputada Hita del PT se hizo de la Dirección de Recursos Materiales. Y así la larga lista.
Reparto de municipios
Ya encarrerados y ante la abulia del ejecutivo para enviar su propuesta de quienes serían designados administradores municipales (48 al inicio del trienio de gobierno municipal), lejos de ponderar la necesidad de interlocutores con experiencia en el manejo de conflictos y en la administración municipal, se repartieron nuevamente de manera burda las posiciones, encaminados a tener su caja chica en las haciendas municipales.
Y los resultados están a la vista; un par de ejemplos nos ilustran. En Santiago Choapam, el priista Elías Cortés alentó el conflicto en ese municipio para no dejar el jugoso negocio de “administrar” sus recursos. En Atzompa, el carilindo Raymundo Carmona perredista impuso a su sobrino Leonel Santos y exacerbó las diferencias entre colonias y agencias para que no hubiese elecciones y continuara en el cargo hasta finalizar el trienio; de esas arcas salieron recursos para que el tío ganara la presidencia de Pochutla.
Indolencia y repartición
Finalmente algo rescatable parecía surgir con la reforma constitucional aprobada en abril de 2011. Una modificación necesaria e importante para el marco jurídico oaxaqueño fue dilapidada por las y los diputados. En un afán de protagonismo que mostraba
su pequeñez política, llevaron al límite de la exageración la propaganda y se compararon incluso con los diputados del Constituyente de
1922. Además, para que fuera eficaz esa reforma se requerían adecuaciones al menos a 22 leyes secundarias y para ello se dieron 6 meses (así se establecía en el artículo transitorio). Está por demás decir que al concluir la legislatura apenas si iban al 50 por ciento de lo programado.
Voraces aprovecharon al modificar algunas de esas leyes para imponer a sus incondicionales en puestos clave, en particular en los llamados órganos autónomos. Así, ser un asistente menor de un diputado, se convirtió en el pasaporte para acceder lo mismo a ser comisionado del instituto de transparencia; director(a) en la Auditoría Superior del Estado; consejero(a) en el órgano electoral; consejero en la Defensoría de los Derechos Humanos. Por supuesto, el reparto de cuotas fue la tónica que siguió caracterizando a los legisladores.
Cobraron por cada voto
A la par, como práctica para avanzar en sus tareas, establecieron otro tipo de cuotas: las económicas. Dependiendo del proyecto de ley, acuerdo, dictamen que se tuviera que votar, los integrantes de cada comisión tenían sus tarifas para “aprobar” y firmar los documentos correspondientes. Las más altas se establecían ante las iniciativas del ejecutivo; pero los pocos legisladores que
tenían alguna iniciativa se quejaban que a ellos también pretendían hacerles el cobro o no firmaban.
Es por eso que, en la crisis financiera que vive la administración pública ante el desconocido destino que toman los recursos destinados para Oaxaca y en el cual dependencias gubernamentales y organismos autónomos se quejan de la insuficiencia presupuestal, la única tesorería a la que no le faltaron recursos fue a la del Poder Legislativo. Y su presupuesto creció en un 400 por ciento. Y por si fuera poco, anualmente le autorizaron a cada diputado mil toneladas de cemento (o su equivalente) para sus “tareas de gestión”, que no
tenían que comprobar, faltaba más.
Martín, Iván y Carol, la lana
La rebatiña y voracidad por los recursos estuvo por encima de la tarea legislativa. Los respectivos coordinadores parlamentarios no dejaron de dar la nota al respecto. El priista Martín Vásquez uso el fuero local primero para escapar ir a prisión ante la desmedida
corrupción descubierta durante su paso por la Secretaría de Salud y luego para usarlo como trampolín y alcanzar el fuero federal. Paco Pizza, su sucesor, pasó sin pena ni gloria y no le alcanzó ni para la candidatura a presidente municipal en su natal Juchitán.
Juan Mendoza, del PAN, construyó su mansión en su pueblo Tonameca en la costa oaxaqueña y, logró comprar los votos suficientes para alcanzar la dirigencia de su partido. Por supuesto, cobraba tanto en el PAN como en la legislatura como coordinador, pues se aferró a su puesto y no renunció. La presencia de “Los talibanes” su grupo político, está arrasando con la de por sí escasa credibilidad de su partido.
Primero Carol Altamirano y luego Alejandro Jarquin, desfondaron a la fracción del PRD; contaban con la aquiescencia (y la chequera) de Anselmo Ortiz, entonces tesorero del Congreso y hoy flamante diputado coordinador de la misma fracción. Grises, ambos, sólo negociaron una mejor posición política propia: Carol se fue de diputado federal; el bonaicero Alejandro, es hoy titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gabinete de Gabino Cué (con razón le salen tan mal las cosas al gobernador, con esos “aliados”…).
Diputados trapecistas
El trapecismo político fue otra característica de los diputados. Carol Altamirano, Eufrosina Cruz (famosa por sus dislates como presidenta de la Mesa Directiva y los negocios de su constructora con presidentes municipales), Martín Vásquez, se fueron a una diputación federal y dejaron incumplidas las tareas para los que fueron electos. Y una decena de ellos buscaron afanosamente contender por presidencias municipales o al menos una regiduría, como Marlene Aldeco. Martín Vela, Javier Villacaña, Hita Ortiz, Ivonne Gallegos, Pavel López, Martín Cruz, entre otros hicieron lo propio.
Si los congresos que los antecedieron son de triste memoria, había la explicación de que estos emanaban de gobierno autoritarios; eran siervos de Ulises Ruiz y José Murat. En cambio, se suponía que los diputados electos en 2010 tenían el compromiso que depositaron en ellos cientos de miles de oaxaqueños. Está claro que lejos de cumplir con tan alta responsabilidad, se constituyeron en la peor legislatura de la historia oaxaqueña. Serán recordados como los diputados de la transacción.