Joel Hernández Santiago
¿Estado fallido?
De muchos lados salta la liebre. En los lugares más insospechados hay problemas de inseguridad y de falta de gobernabilidad. La postal nos muestra a un país en donde hay crisis económica. Hay crisis educativa. Hay crisis de producción. Hay crisis de empleo. Hay crisis en el sistema de partidos. Hay crisis en las instituciones electorales. No se consolida aun nuestra democracia y todo parece que nos conduce a un Estado Fallido…
¿Qué es un Estado fallido? Aquí volvemos. Resulta que este término viene usándose cada vez con más frecuencia, sobre todo en los medios de comunicación para etiquetar fenómenos como ‘ineficiencia gubernamental’, ‘vacíos de poder’ nacional o regional, falta de resultados en el sistema político mexicano... Y todavía con más frecuencia se refiere a los lugares aquellos en los que la fuerza pública civil ha tenido que ser sustituida por la militar
El concepto “Estado fallido” surgió en Estados Unidos en 1995. Y apareció por primera vez en un reporte de la Agencia Central de Inteligencia denominado “State Failure Task Force Report”, esto es, se trataba de identificar de forma cuantitativa qué países podrían considerarse ‘fallidos’ y, por lo tanto, como un riesgo de seguridad internacional y en particular como riesgosos para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Pero si esto ya se estaba cocinando desde 1995, este concepto cobró aun mayor importancia luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 1995 a Estados Unidos. A partir de entonces el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, dependiente del presidente de este país definió a los ‘Estados Fallidos’ como países de gran riesgo para su seguridad nacional y, por lo mismo, diseñó y estableció una estrategia “integral para la intervención y la cooperación en dichos países”
El “Estado fallido” tiene también fundamentos teóricos. Si nos atenemos al concepto clásico de Max Weber en el sentido de que “el Estado detenta el monopolio legítimo de la violencia y además se preocupa por la seguridad de sus miembros, la gobernabilidad de sus instituciones y el crecimiento económico y social”. Noam Chomsky en 2008 aprecia el concepto de “Estado fallido” en su acepción de monopolio de la violencia -legítima- pero también del ‘fallo’ de ‘los objetivos del Estado’
Así que del concepto sociológico del Estado relacionado con su monopolio legítimo de la violencia pasamos ya al fallo de los objetivos proclamados por ese Estado: que es decir, la falta de desarrollo social, crecimiento económico, distribución de la riqueza, empleo, servicios básicos de seguridad social, protección y garantías de seguridad pública
Pero también hay confusión entre Estado fallido y No Estado. Es decir, un estado fracasado o la inexistencia de Estado.
Surge entonces una variante: los Estados colapsados, los que no pueden mantener el monopolio legítimo de la fuerza y no existe un nivel básico de funciones del Estado para el ciudadano, como es proveer de identidad jurídica, seguridad física, controlar el sistema de migración al exterior ni puede realizar sus actividades cotidianas relacionadas con el gobierno, dejando esas funciones en entidades políticas diferentes. (Charles T. Call, 2008); Un Estado colapsado o débil cuenta con instituciones cuyas funciones deficientes, pero no en su totalidad.
Y ya estamos en un “Estado débil”, al que Francis Fukuyama (2004) identifica como aquel con “falta de funciones para actuar en el territorio; falta de cumplimiento del Estado en sus funciones jurídicas y de seguridad básicas y falta de capacidad para interceder en la vida cotidiana en el país. En un Estado débil ocurre impunidad y violencia regional; con baja funcionalidad y que tiene bajos niveles regulatorios.” Dice.
“En un sentido amplio, el término se usa para describir un Estado que se ha hecho ineficaz, teniendo sólo un control nominal sobre su territorio, en el sentido de tener grupos armados desafiando directamente a la autoridad del Estado;
“No poder hacer cumplir sus leyes debido a altas tasas de criminalidad, a la corrupción extrema, a un extenso mercado informal, a una burocracia impenetrable, a la ineficiencia judicial y a la interferencia militar en la política o poderes civiles no estatales, con presupuesto y poder político muy superiores al del propio gobierno”.
Así que, hasta hace poco, en términos generales a México no se le considera un Estado Fallido, pero si un Estado Débil, según el Fondo para la Paz (Fund for Peace). Según esta organización México no vive una guerra civil, no tiene conflictos armados generalizados, aunque sí tiene violencia regionalizada y muy focalizada.
Habría que detectar si algunos estados de la República están en fase de “Estado fallido” o “Estado débil” según se nos ha dicho.
Y volvemos a la historia del principio: “Fallido” o “Débil” habría que preguntarse por las causas del desastre; y la causa principal de éste es, sin lugar a dudas, la pobreza-impunidad-corrupción.
Los derechos humanos
El martes 12 de noviembre, el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió a México como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos para 2014-1016. Fueron 135 votos a favor, de 193. El otro representante de América Latina y el Caribe en este Consejo es: Cuba.
México formará parte de este Consejo con sede en Ginebra, Suiza y, junto con los 47 países integrantes, emitirá informes periódicos sobre la situación de estas garantías en los Estados miembros de la ONU, además de que coordinarán a los relatores especiales y grupos de trabajo y emitirán resoluciones sobre temas de violación a los Derechos Humanos.
Esta vez fueron elegidos 14 nuevos países, entre los que se encuentran China y Rusia (además de Argelia, Francia, Maldivas, Marruecos, Namibia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Macedonia, Reino Unido y Vietnam).
Independientemente del grado de respeto a los derechos humanos en los países Consejeros, el caso de México resulta sorprendente. Tiene que ver con un gran esfuerzo diplomático y de cabildeo; pero de ahí, detrás de la puerta, el gobierno mexicano no tiene mucho de qué presumir en asuntos de respeto a los Derechos Humanos
Sorprende que la ONU lo eligiera, luego de que hasta hace muy poco tiempo emitía recomendaciones muy graves al gobierno de México por violación a los derechos humanos aquí.
Tan sólo el 23 de octubre pasado, en Ginebra, con motivo del informe final del Examen Periódico Universal (EPU-ONU) en el que se encuentran serias recomendaciones de otros países al nuestro, el Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Juan José Gómez Camacho, aceptó que en el país aún existen rezagos importantes en la materia.
“Subsisten rezagos importantes y retos por superar. En materia de derechos humanos cualquier esfuerzo siempre es susceptible de mejorarse y debe intensificarse”
Uno de ellos, el arraigo. Desde 2002 la ONU ha pedido con insistencia que deje de aplicarse porque es un atentado a los derechos humanos por encima de la presunción de inocencia. México se ha negado a aceptar las recomendaciones. Estonia, Bélgica, Austria, Alemania y Francia recomendaron eliminar esta práctica por considerarla violatoria de los derechos humanos.
Según datos de la PGR entre diciembre de 2006 y marzo de 2013 se realizaron 7,984 arraigos, de los cuales en 464 casos las personas fueron liberadas sin enfrentar proceso penal.
Ese 23 de octubre se le leyó la cartilla a México. En total fueron 87 naciones que hicieron recomendaciones urgentes: agresiones a periodistas y defensores de los derechos humanos, desapariciones forzadas de personas, fuero militar, violencia contra las mujeres, violencia contra migrantes, erradicación de la pobreza, tortura
: puntos graves del cotidiano mexicano.
Unos días antes de esta comparecencia, de manera estratégica, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, envió iniciativas de reforma en materia de derechos humanos, carta que la delegación mexicana llevaba bajo la manga.
El canciller José Antonio Meade (SRE) dijo ahí que en México se elabora el Programa Nacional de Derechos Humanos. Y dio paso a que integrantes de la sorprendentemente numerosa delegación mexicana (a lo Echeverría: 40 funcionarios y 2 integrantes de la CNDH) como el general Alejandro Ramos quien argumentó que el fuero militar presente en la Constitución no es un privilegio y tiene por objeto preservar disciplina militar, lo que no se traduce en impunidad.
Habló el ombudsman de México, Raúl Plascencia quien sorprendió a todos ahí porque: “Rompiendo las reglas no escritas de la diplomacia de los países ante la ONU, formó parte de la delegación oficial de México y se sentó con los funcionarios en la tribuna, pese a ser un órgano autónomo y no representar a un poder de la unión.” Serbia e India recomendaron a México la importancia de mantener y garantizar la independencia de los defensores del pueblo.
Pues ya está: que desapariciones forzadas, agravios a personas, arraigo, atentado a periodistas y representantes de derechos humanos, obtención de declaraciones bajo tortura, fuero militar y en muchos casos muertes por sospecha son pecados inconfesables del gobierno mexicano en una responsabilidad para la que, seguramente, tendrá que limpiar su casa, si no, con qué cara que se dice. ¿O fue para eso la elección? En fin. Paradojas de las instituciones internacionales.
Y paradojas sociales o de la vida. Resulta que de un tiempo a esta parte los promotores de la defensa de los derechos humanos en México han sido agraviados en su persona y en su intención humanista por personas interesadas en la no intervención en sus propios asuntos. ¿Quiénes les agravian?
“Cuando comenzó su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a “hacer realidad los derechos humanos que reconoce la Constitución de México”. En el “Pacto por México” se expresa el compromiso de convertir el respeto de los derechos humanos en una “política de Estado y el primer día de su mandato, emitió una instrucción dirigida a las fuerzas armadas que ‘prohíbe el uso de la tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en toda diligencia o actuación” [V. José Miguel Vivanco, 26-XI-13]
Aun así, tan sólo en el caso de mujeres promotoras de los derechos humanos, según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, de 2010 a 2012 hubo 25 asesinatos de defensoras de derechos humanos en México. Tan sólo en 2012 se registraron 118 agresiones y 7 asesinatos: hoy en día “en el 99% de los casos denunciados persiste la impunidad”
En una carta de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch del 26 de noviembre pasado, dirigida al presidente de la República, analiza en detalle el problema de los derechos humanos en México durante la gestión reciente y, en particular, señala:
“Periodistas y defensores de derechos humanos en México continúan enfrentando graves riesgos debido al trabajo que realizan. El mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado a nivel federal por el gobierno anterior, representa una iniciativa importante y es, sin duda, meritorio que su gobierno lo haya implementado con la participación de la sociedad civil.
“Sin embargo, la posibilidad de que cumpla su mandato se ha diluido gravemente debido a la falta de fondos y apoyo político a todos los niveles de gobierno, dos elementos trascendentales para que el mecanismo se convierta en una herramienta confiable y obtenga la confianza de aquellos a quienes debería proteger.
“Human Rights Watch entrevistó a varios periodistas y defensores de derechos humanos que solicitaron medidas de protección a través del mecanismo en el último año, además de representantes de la sociedad civil que integran la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo del mecanismo, y dictar medidas de protección registraba serias demoras, a veces de varios meses.
“En los casos en que se dictaron medidas de protección, muchas veces fueron inadecuadas, hubo demoras en su adopción o no fueron implementadas plenamente por las autoridades locales.
“Debido a retardos en la ejecución del presupuesto operativo para el mecanismo, han faltado recursos que pudieran dedicarse al diseño y la disposición de medidas de seguridad a largo plazo, no se brindó asistencia de manera uniforme a periodistas y defensores de derechos humanos desplazados, y no hubo continuidad en la atención de los casos.”
¿Y los periodistas?
En lo que va del año 2013, en México han muerto tres periodistas: Jaime Guadalupe González, quien fue asesinado en Chihuahua el 3 de marzo; Alonso de la Colina Noriega, en Puebla el 14 de abril, y Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, el 24 de abril en Coahuila.
Han desaparecido otros tres: Sergio Landa, en Veracruz desde enero; José García, en Chihuahua, desde marzo y Gerardo Padilla, desde abril en Chihuahua. Además se registraron 181 agresiones graves a reporteros, hubo también amenazas y robo de equipos
Los medios atacados, según la Casa del Periodista (CDP) son Diario de Ciudad Juárez y Canal 44, el 6 de marzo, en Chihuahua; diario El Mural, en Guadalajara, el 18 de abril; El Mañana, en Nuevo León, el 12 de mayo; el periódico Libre en el sur, del DF, el 15 de mayo; Notivisión, en Veracruz; El Siglo de Torreón, en Coahuila; Presencia de Veracruz; El Piñero de la Cuenca, en Oaxaca; revista Luces del Siglo, en Quintana Roo y Contexto, de Durango…
En diez años han muerto 87 periodistas en México y 17 están desparecidos.
Organizaciones nacionales como internacionales han advertido de esta grave situación en México y poco o nulo caso se ha hecho a estas voces de alerta: Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras, Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, La Casa del Periodista insisten en que el ejercicio del periodismo en México es de alto riesgo
Sobre todo para aquellos periodistas que cubren temas ‘calientes’ en zonas ‘calientes’ del país, ahí en donde la criminalidad, la violencia, el narcotráfico, la corrupción gubernamental y la colusión entre unos y otros o la presencia de gobiernos débiles, hacen que el foco de su atención sea puesto en el periodismo que está obligado a informar de lo que ocurre
No es infrecuente que se haya caído en otro grave problema que, asimismo, atenta a la Libertad de Expresión en México: la censura y la autocensura. La primera, como producto de intereses ya criminales o políticos; la autocensura porque con frecuencia se evita tocar temas que pongan en riesgo tanto a la empresa periodística, al medio, como a sus operarios Esto ha derivado en lo peor que puede ocurrirle a toda sociedad: el silencio.
No obstante que la libertad de expresión es uno de los puntos centrales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se han tenido que emitir leyes y reformas que tocan la nueva circunstancia: la del peligro mortal para quienes ejercen este trabajo
En febrero de 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. No obstante, desde su fundación, tan sólo ha dado como resultado una condena. Ese mismo año, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que permitía a las autoridades federales atraer bajo su jurisdicción los crímenes y delitos en contra de la libre información y el periodismo.
El viernes 22 de junio de 2012 el entonces presidente de México, Felipe Calderón, promulgó, en el salón López Mateos, de Los Pinos, los decretos por los que se expidieron la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como la reforma constitucional que permitiera a la Federación, conocer de los delitos contra periodistas. Nada aun
El problema es de origen social y pasa por lo político, lo económico, lo cultural. El periodismo tiene como función atender lo que ocurre en nuestro cuerpo social e informar a la sociedad, porque, precisamente, el periodismo es un ejercicio de lo social
Pero el peligro estará acechando a los medios y a sus operarios en zonas de riesgo y que no sólo tiene que ver con el crimen organizado, también con intereses políticos o caciquiles locales.
Así que mientras exista en el país la criminalidad de alto nivel, la violencia cotidiana, los grupos organizados para atentar en contra de vidas y bienes, los intereses políticos y económicos ocultos tras el crimen organizado para atentar, también, en contra de las libertades; y está, también, en la corrupción de muchos en el gobierno federal, estatales o municipales y en la complacencia de gobiernos débiles; está en el temor de las autoridades para solucionar y está en la impunidad y en el salvaje ir y venir de la ingobernabilidad que ha cedido el paso a la tragedia violenta, que ya hemos comentado que es de todas formas, injustificada y que debe ser sometida al imperio de la ley en un Estado de Derecho, pero sin olvidar, tampoco la parte de responsabilidad de gobierno por lo que respecta a parte de sus orígenes
En fin. Apenas el martes 5 de noviembre, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial las reglas de operación del fideicomiso “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” (a la que hacía alusión Vivanco), esto es: “para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”, dice ahí. Pero:
¿Cómo solucionar el problema? Entendiendo que al defender al periodismo, al periodista y a su medio se defiende la integridad de un país, porque un país sin información es un ente francamente desarticulado y sin futuro
Es responsabilidad de los gobiernos federal, estatales o municipales no sólo enunciar que “harán todo lo posible por solucionar el problema”, es indispensable un cambio de estructuras y una limpieza de gobierno ¿un sueño guajiro? Sí, pero tendrá que ser. Es imperativo.
Es un reclamo. Si. El reclamo de querer vivir en paz, con trabajo, con alimento, con educación, con salud y bien informados de lo que pasa y lo que ocurre aquí, y ahora: esa también es la mejor protección de la mejor de nuestras libertades: la de expresión.
Conclusión:
México es un Estado Débil; México contiene a estados de la República con “Estados fallidos”. El país está sometido a la prueba de la tolerancia y del orden social siempre bajo la expectativa de que las instituciones operen eficientemente: sigue siendo una expectativa para muchos
Los males de origen no han sido atendidos a lo largo del año reciente. La política de gobierno ha ocupado gran parte de este año en la promoción de las reformas estructurales que atiende básicamente lo político, lo empresarial y gremial: lo social sigue siendo un compromiso de gobierno aun incumplido.
Regiones importantes del país están en crisis por la violencia extrema. Se persigue la criminalidad pero, insisto, no las causas, lo que sería asimismo, parte de un Estado justo. No se han generado fuentes de trabajo, no se ha contenido la migración, le impunidad está vigente, la corrupción y los desequilibrios sociales son parte del Estado Débil en el que vivimos y que en un país con democracia consolidada deberían solucionarse porque opera la voluntad ciudadana. No ocurre aquí aún.
En este ámbito trabajan los promotores de los derechos humanos, más que nunca necesarios, no sólo porque agravios a estos derechos ocurren de todas partes, partes que de pronto son una. Urge que haya protección para ellos, porque la protección de quienes nos defienden como humanos es la garantía de que una sociedad todavía tiene soluciones.
Los periodistas tenemos que seguir viendo, oyendo, caminando, pensado y diciendo: es nuestra tarea: pero es también una tarea de justicia porque tenemos que informar con objetividad, con equilibrio, con sentido de justicia. Eso también es una solución.
Agraviar a periodistas es agraviar a la ley que es base de todas las leyes y las libertades, la libertad de expresión; una libertad que cuesta mucho pero que no podemos perder bajo ninguna circunstancia y esto obliga exigir garantías al gobierno federal como a los estatales o municipales.
Seamos cuidadosos con lo que decimos y cuidemos entre todos a quienes lo dicen, si lo que dicen es verdad y si lo que dicen tiene como fondo el de informar con veracidad de lo que ocurre porque lo que hoy se diga será el fundamento documental de los errores cometidos hoy para que, en el futuro, nunca más se vuelvan a cometer.
*Ponencia magistral del 6º Encuentro de Periodistas de Oaxaca. Tuxtepec, 14 y 15 de diciembre de 2013.