Adrián Ortiz Romero Cuevas
Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia como nadie en los tiempos de real competencia democrática en México. Esa legitimidad fue consecuencia no sólo de su larga campaña, también del genuino deseo de cambio de la mayoría de mexicanos. Hoy que ya existe la certeza sobre su periodo presidencial, y frente a las primeras decisiones anunciadas, vale la pena preguntarse si es factible un periodo de tolerancia de la ciudadanía hacia la nueva administración, o si el sentido crítico debe mantenerse intacto.
Han pasado unas semanas desde ese histórico triunfo, y en este corto periodo se anuncian decisiones que mantienen la polémica. El Presidente Electo anunció que disminuirá el salario de la burocracia federal; de mudar la sede de Secretarías de Estado a diversas entidades; de ‘cuadrar’ a los integrantes del Poder Judicial de la Federación a su plan de austeridad salarial; de impulsar becas y apoyos para jóvenes y personas de la tercera edad; de cuestionar al INE por la resolución que sanciona a Morena por el uso irregular del fideicomiso para los damnificados por los sismos.
Affaire Poder Judicial y Secretarías a los estados
Ante esas decisiones hay reacciones naturales —algunas de enojo— por parte de quienes verán lastimados sus derechos; dos sectores han manifestado preocupación, los integrantes del Poder Judicial Federal y los del gobierno federal, a quienes se trasladaría de la Ciudad de México a entidades federativas.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, aseguró que las remuneraciones de los miembros de ese poder no son privilegios, sino condiciones que garantizan la autonomía e independencia de los mismos.
“Tener remuneraciones y condiciones de retiro razonables y dignas, que les permitan tener la humana tranquilidad para reflexionar sus análisis y decisiones sin presiones ni internas ni externas que doblen la vara de la justicia”, demandó. Aguilar Morales aseguró que la ciudadanía votó por el candidato que consideró mejor, quien durante años y “dentro del sistema mismo de la democracia buscó pacíficamente la confianza de la sociedad”. Todos los integrantes del Poder Judicial, sostienen que su estabilidad salarial es clave para atajar tentaciones de corrupción. La misma ex ministra Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaria de Gobernación, se pronunció en ese sentido.
Problemas de la mudanza de burócratas
Respecto a la burocracia federal, Héctor de Mauleón daba cuenta en su columna En Tercera Personal, de El Universal, de la oposición con las que seguramente se topará el nuevo gobierno al intentar la mudanza. Citando al presidente de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo y coordinador de la Comisión de Derecho del Trabajo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Gilberto Chávez Orozco, los planes de AMLO no son tan fáciles de cumplir.
Se estrellarán, decía De Mauleón, con el marco jurídico y de derechos humanos que protege a los trabajadores al servicio del Estado, en cuyos nombramientos se asienta el lugar exacto donde desempeñarán su trabajo. De acuerdo con Chávez Orozco, en términos legales López Obrador no puede ordenar la mudanza con solo chasquear los dedos. Tendrá que liquidar a los afectados, pagar gastos de traslado y vivienda, ofrecer becas para los hijos y créditos para vivienda.
“Tendrá que desembolsar además unos 147 mmdp en bienes inmuebles y muebles. Y tendrá, sobre todo, que ganar los juicios legales y de amparo a que, llegado el caso, pueden llevarlo 1.2 millones de trabajadores. En caso de llevarse a cabo, la reflexión de aquella mañana en Tabasco, cree el también director general del Instituto de Posgrado del Derecho, traerá al gobierno de AMLO impredecibles costos. Algunos de ellos, políticos.”
¿Ciudadanía, callar o exigir?
Estos son dos botones de muestra, de varios que existen que le generará oposición al gobierno de Obrador. En redes sociales, hay una tendencia de ciertos sectores, a descalificar todo lo que esté contra los proyectos, iniciativas y hasta caprichos obradoristas.
Al tachar de cómplices de la mafia en el poder, de priistas o de vendidos, a quienes hacen apuntes críticos o se oponen a alguno de sus proyectos o decisiones, los simpatizantes del nuevo gobierno tratan de inhibir el mismo ejercicio que nos llevó a la tercera alternancia: someter al escrutinio las decisiones gubernamentales, y el derecho de oponerse abiertamente a ellos a través de la crítica, el argumento y hasta la descalificación. Esto último fue mucho de lo que hicieron los ahora próximos partidarios del oficialismo, durante los últimos 18 años de gobiernos panistas y priistas.
En esa lógica, habría que preguntarse si en realidad es posible darle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador un “periodo de gracia”, una “luna de miel” o el “beneficio de la duda” frente a decisiones en las que está enfrentando nuevamente a la ciudadanía; o si también desde las trincheras ciudadanas es importante no dar tregua desde el inicio.