Como para demostrar que la división de poderes existe en Oaxaca, tan sólo en los últimos cuatro meses al gobernador Ulises Ruiz la Legislatura local le ha iniciado en dos ocasiones juicio político.
En abril de 2010 lo hicieron luego de la determinación del Tribunal Federal Electoral (TRIFE) en el sentido de que el gobernante oaxaqueño utilizó recursos públicos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la elección del 5 de julio del 2009.
En este mes de agosto se hizo a solicitud de un diputado del PANAL, para que fuera procesado por violación de garantías individuales en el prolongado conflicto de 2006, con el antecedente de la recomendación que en ese sentido hiciera la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y es que el juicio político es una figura de la legislación para establecer la responsabilidad política de los servidores públicos que por la naturaleza de su encargo (gobernadores, magistrados, diputados, entre otros) gozan de protección legal que impide sean procesados por otras vías jurídicas (penal, civil). De ahí que en el juicio político no se pronuncien sobre si hay o no comisión de delitos, sino que sólo permite la destitución del servidor público (y/o su inhabilitación para ocupar cargos públicos) para que, entonces sí, pueda ser procesado por otras vías.
El problema es que, en el caso de los procesos a que fue sometido el gobernador Ruiz, el objetivo era contrario a hacer cumplir la ley, pues ante dictámenes que establecían ya su responsabilidad en la violación de garantías individuales (el de la SCJN) y el uso de recursos públicos para hacer proselitismo electoral (el del TRIFE), se diseñaron escenificaciones para exonerar de cualquier responsabilidad al mandatario oaxaqueño.
El juicio fast track de agosto
Lo singular del dictamen aprobado por los diputados el 13 de agosto es que, mientras a la Corte le llevo casi un par de años realizar la investigación sobre los hechos ocurridos en Oaxaca en 2006 y determinar que el gobernador del estado, Ulises Ruiz, tenía “responsabilidad lisa y llana en la violación de garantías individuales” (SCJN 01/2007 “Caso Oaxaca”), a la Legislatura local le bastaron 15 días para resolver que no procedía el juicio político contra el mandatario oaxaqueño por esa causa.
Y es que la demanda de juicio político, presentada por el diputado del Partido Nueva Alianza, Cristóbal Carmona Morales, fue recibida el 28 de julio. Para el 11 de agosto, diez días hábiles después, ya se había presentado ante el pleno en sesión ordinaria, turnado a la comisión instructora, ratificada la demanda, notificado al gobernador, contestado éste la demanda, elaborado el dictamen, y aprobado en comisiones.
El 12 de agosto la mayoría priista aprobó el dictamen elaborado por la Comisión Instructora, la cual en sus conclusiones señala dar por concluido el Juicio Político, por no haberse encontrado elementos para su continuación (considerando segundo); dado que no se encontró “responsabilidad alguna atribuible al gobernador del estado, ni por acción, ni por omisión, ni directa, ni indirecta” (considerando tercero).
Mientras que a la Corte le llevó varios días la discusión del dictamen sobre el caso Oaxaca, a los diputados oaxaqueños les bastaron tres horas para discutir el dictamen y aprobarlo: 25 votos a favor, de los priistas; 16 en contra, entre ellos el del controvertido Cristóbal Carmona. Los diputados de oposición señalarían que la demanda del Juicio Político era una farsa que tenía el objetivo de exonerar al aún mandatario oaxaqueño para evitar que la siguiente legislatura, que estará dominada por la oposición, pudiese fincarle responsabilidades.
Pese a que sólo tendrían 15 días para hacerlo, pues la 61 Legislatura asume funciones el 15 de noviembre y el gobernador concluye su encargo el 30 de ese mismo mes (y el juicio político sólo aplica para servidores públicos en funciones), cabía la posibilidad de que promovieran el juicio político a Ulises Ruiz, por el peso político y simbólico que representaría. Contra eso se inoculó el aún mandatario; no obstante, a partir del 1 de diciembre, bien podrían intentar fincarle responsabilidades ahora sí por las vías penal y civil, dado que ya no tendría esa protección legal.
La pobreza de los argumentos jurídicos vertidos en el dictamen de la Legislatura es tal que en el mejor de los casos no hace sino citar partes del predictamen que había elaborado el magistrado Mariano Azuela y que en octubre de 2009 fue rechazada por sus pares de la SCJN, señalando una responsabilidad “atenuada” de Ruiz Ortiz en el conflicto de 2006. Mención aparte de que los vericuetos legales no señalan con claridad un procedimiento que, en el caso del gobernador, más bien indica debe derivar de una resolución previa del congreso federal (artículos 110 de la constitución federal y 115-124 de la Constitución oaxaqueña).
Aunado a ello, dado que la facultad de la Corte de investigar la violación de garantías constitucionales no es vinculante (es decir no finca responsabilidad legalmente aplicable) sino que sólo abre la posibilidad de que un mandatario sea sometido a juicio político por la Cámara de Diputados (se entiende que la federal), y en vista del desfase jurídico existente en México (ver Impunidad en nombre de la Ley. Revista En Marcha 119), lo que evidencia la actuación de la Legislatura oaxaqueña es un sumisión al Ejecutivo estatal.
El juicio de abril
Sumisión que ya se había mostrado claramente apenas cuatro meses atrás, en el mes de abril. Entonces la SCJN rechazó un amparo de Ulises Ruiz en contra de una disposición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que habría recomendado también al Congreso local enjuiciar políticamente al mandatario oaxaqueño, por el uso de recursos públicos a favor del PRI en 2009.
Ante tal situación la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), a la cual le fue turnado el caso, elaboró un dictamen en el que concluye que el gobernante oaxaqueño no tiene ninguna responsabilidad respecto al uso de recursos públicos en la elección federal de 2009.
En aquella ocasión se evidenció también la falta de independencia de los llamados organismos autónomos que, como la ASE, no son sino un apéndice más de la estructura gubernamental que controla el gobernador del estado. Entonces, con una eficacia que ya se quisiera para sus labores sustantivas, la ASE, cuya titular es la polémica exprocuradora de Justicia, Lizbeth Caña Cadeza, incluso antes de que le fuera requerido había ya elaborado su dictamen sobre el hecho; que fue base del que luego harían los diputados.
En los dos juicios políticos lo que se mostró es que los diputados no son sino empleados del Ejecutivo. En abril, junto con los priistas votaron a favor de la exoneración del gobernador Ruiz Ortiz, los diputados Cristóbal Carmona (PANAL), José Vásquez Morales (PSD) y Francisca Pineda (PRD).
Ahora la farsa legislativa corrió a iniciativa de Cristóbal Carmona Morales (PANAL), quien es evidente que fue enviado a interponer la demanda de juicio político. Uno más, de los últimos servicios que prestará al régimen ulisista.
Sin embargo Carmona, sin que sea causa que justifique su actuación, no es sino la encarnación de lo que han sido los diputados “opositores” en Oaxaca, particularmente en la última década: personajes que se amparan en el membrete opositor para cotizar mejor sus servicios, siempre a la causa del gobernador en turno. Si ahora fue vilipendiado por sus compañeros de curul, lo es porque las condiciones políticas cambiaron al perder el PRI las elecciones del 4 de julio, no porque se tenga una actitud democrática. La historia reciente así lo demuestra.
Una historia de subordinación legislativa
No ha sido otra la actuación de las sucesivas legislaturas estatales en la última década: una patética historia de subordinación. Siempre, en el tema de que se tratase, han estado “a las órdenes” del jefe máximo: el gobernador del estado. Poco importa si había que violentar la autonomía municipal, evadir la rendición de cuentas, prohijar la violación de los derechos humanos, hacer retroceder el marco jurídico para legalizar prácticas autoritarias. Siempre prestos las y los señores diputados a votar a favor de cuanto se les ordenase; diligentes para defender al Ejecutivo de cualquier señalamiento en su contra, antes que exigirle rendición de cuentas.
Por eso se logró construir un sistema autoritario. La responsabilidad es también de los otros poderes: el legislativo y el judicial. Y también toca a los partidos políticos. En muchos, demasiados casos, las fracciones parlamentarias y los diputados de supuesta oposición se mimetizaban con los priistas. Por supuesto, no se trata del elemental acuerdo que debe existir entre las fuerzas representada en la Legislatura. Tampoco en la necesaria coordinación y colaboración que debe existir entre poderes. Son éstas bases de un sistema democrático. Pero no es lo que en Oaxaca se ha presentado.
En el mejor de los casos los diputados del PRI se han ceñido a su mal entendida disciplina partidaria y los seudo opositores han actuado con complacencia; pero en el peor unos y otros han actuado con abierta complicidad, en contra de los intereses fundamentales del pueblo oaxaqueño.
Tan sólo recordemos la apócrifa Ley Municipal de 2003: una legislación que apareció publicada en el periódico oficial y en una compilación legislativa sin haber sido votada en el Congreso. La ilegalidad, avalada por diputados de todos los partidos se resolvió: ¡corriendo al oficial mayor y al Contador Mayor de Hacienda!
En abril de 2005, ante el llamado que hiciera la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno ulisista externando su preocupación por el estado de las garantías fundamentales. Diputados “opositores” encabezados por el entonces convergente Genaro Vásquez Colmenares (hoy premiado con la presidencia del instituto de transparencia) y secundado por perredistas, como Serrano Toledo, se desgarraron las vestiduras ante lo que señalaban como “una intromisión de la CNDH que violaba la soberanía estatal”.
Durante el prolongado conflicto social del 2006 de los priistas era de esperarse una acrítica y cómplice defensa de la cúpula gobernante. Dado el tamaño de la movilización social, los diputados de oposición tenían la mejor oportunidad para salvar el poco decoro que les quedaba poniéndose del lado de las justas demandas; no lo hicieron así. Por el contrario, fue justo en este inter cuando se aprobara la ignominiosa Ley de Transparencia (la que nunca entró en vigor) y la vergonzante reforma electoral que tenía por objetivo prorrogar el mandato de los diputados y presidentes municipales por un año; así como evitar las elecciones del 4 de julio de 2010, al otorgar al Congreso la potestad de elegir a un gobernador por dos años, sin la participación del voto ciudadano.
Pues bien, ambas leyes fueron aprobadas por unanimidad: por todas y todos los diputados de esa tristemente célebre 59 Legislatura. Entre los priistas destacaría Bulmaro Rito, el pastor; entre los opositores que ahí votaron estaba lo mismo el petista Mariano Santana; los perredistas Serrano Toledo, Lenin López Nelio; el panista Guillermo Zavaleta; entre otros. Sólo la interposición de un recurso por las dirigencias nacional del PAN, PRD y Convergencia, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego que esta declarara la inconstitucionalidad de las reformas, logró devolver a los oaxaqueños su derecho a elegir a sus gobernantes; derecho que ejercieron el 4 de julio.
En abril de 2007 en gira por Oaxaca, el ex candidato presidencial de la Coalición por el Bien de Todos Andrés Manuel López Obrador llamó “caballos de Troya” del ulisismo a dirigentes del PRD estatal, entre ellos el actual diputado Jesús Romero López.
Del PAN, también existen evidencias de su complicidad con el grupo gobernante (ver La corrupción panista en Oaxaca, revista En Marcha núm. 55, octubre de 2003.) El Partido Convergencia ha postulado como candidatos a diputados a expriistas, como Genaro Vásquez que después se han declarado nuevamente priistas.
De este modo la historia de las legislatura no es sino el recuento de la ignominia de sus integrantes.
El futuro legislativo
Contra este tipo de decisiones, esta clase de diputados y esta historia de sumisión y autoritarismo fue que se votó también el 4 de julio. Esto tienen que tenerlo presente quienes ocuparán próximamente el palacio de gobierno y el legislativo. Sobre todo porque, si como se anuncia reiteradamente se pretende un gobierno de coalición, el espacio idóneo para conformarlo es el Congreso.
La composición de la próxima Legislatura: 16 diputados del PRI, 11 del PAN, 9 del PRD, 3 del PC, 2 del PT y 1 del PUP, la hacen la más plural y equilibrada en la historia oaxaqueña. Ya los diputados de los partidos que formaron la coalición Unidos por la Paz y el Progreso han anunciado puntos en común para impulsar una agenda por la transición democrática.
Buenos augurios éstos, pero no bastan si no pasan por transformar la relación de sumisión al ejecutivo, por un equilibrio entre poderes; si no se privilegian las demandas del pueblo oaxaqueño sobre las agendas particulares de los partidos; si no se valora el momento crucial para la transformación democrática, por encima de coyunturas y tiempos políticos de partidos y legisladores. Ese es el reto de los próximos diputados.
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