Juchitán, Oax.- A diferencia de la novela de la británica Margart Mitchell “Lo que el viento se llevó”, en el Istmo no hay historias románticas ni nostalgia del pasado, sino preocupación por el futuro que el viento generará con su incomparable fuerza para los indígenas nativos de la zona.
Catalogada como una de las regiones más atractivas del mundo para la inversión privada en proyectos de generación eólica que aquí permite producir 116 Gwh más por año que el promedio de lo que se genera en las plantas eólicas de Europa en 67.5 MW instalados según datos de la AMDEE, la zona se encuentra en la mira de intereses trasnacionales que cuentan con el total respaldo del gobierno federal para impulsar sus proyectos.
En las reformas que el gobierno federal hizo en los últimos 16 años, desde que en 1992 bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) hasta las hechas en el 2008 con la Reforma Energética a la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERyFTE), los propietarios de las tierras y las comunidades indígenas no estuvieron consideradas como prioridad.
En dichas reformas destaca la preocupación de observar los compromisos internacionales adquiridos por México y cumplir con lo establecido en los programas nacionales de mitigación de cambio climático, atender las necesidades tecnológicas requeridas para la transmisión de la energía y desde luego, brindar seguridad y certidumbre jurídica a los inversionistas extranjeros y dotarles de todo tipo de facilidades e incentivos pero no contempla mecanismos para proteger a los dueños de las tierras del abuso que hoy enfrentan en muchos de los casos o prever los conflictos sociales generados por la llegada de las empresas eólicas a la zona.
Nuevos conflictos
Aunado a los conflictos que ya se generaron entre comuneros y ejidatarios en La Venta y Unión Hidalgo, a las pugnas de prestadores de servicios, sindicatos, trabajadores de la construcción, y entre familias en diversas comunidades istmeñas, el impulso de tres nuevos proyectos de generación de energía eólica en 5 mil hectáreas de tierras zapotecas ya provocó un nuevo conflicto social.
Ahora son pescadores y pequeños propietarios juchitecos quienes se disputan los derechos sobre el territorio de la laguna “Santa Cruz” y sus alrededores contra supuestos pequeños propietarios que argumentan contar con los documentos que los respaldan como legítimos dueños de las tierras.
Las desarrolladoras Zapoteca de Energía, Unión Fenosa (Gas Natural) y Endesa impulsarán tres proyectos de desarrollo eólico en unas 5 mil hectáreas de tierras cercanas a la laguna “Santa Cruz” mismas que particulares -que se dicen dueños-, ya comprometieron con las empresas eólicas y que pescadores reclaman como tierras de uso común.
El líder priista y presidente de la Sociedad de Pescadores “Laguna Santa Cruz” Jaime Rasgado Regalado denunció ante el alcalde juchiteco Daniel Gurrión Matías, la “apropiación” de poco más de 150 hectáreas en la zona lagunar Santa Cruz por particulares encabezados por el líder de los pequeños propietarios rurales de Oaxaca Porfirio Montero Fuentes, para el desarrollo de proyectos eólicos en tierras comunales.
El dirigente de los pescadores dijo que esos proyectos “afectarán a más de 500 familias que viven de la pesca” y advirtió que no permitirán que empresas extranjeras afecten sus zonas de trabajo y acaben con el sustento de sus familias y que particulares se adueñen de tierras de uso común.
El alcalde juchiteco Daniel Gurrión, adelantó que realizarán una cuidadosa investigación de las escrituras que presenten los pequeños propietarios y los antecedentes de las mismas, “para descartar cualquier anomalía”, al tiempo que reconoció que “la inconformidad de los pescadores es fuerte”.
Montero Fuentes, alegre
En entrevista, el viejo líder de los pequeños propietarios Porfirio Montero Fuentes sonríe burlón cuando se le habla de la superficie que reclaman los pescadores:
“En 150 hectáreas no se hace nada hombre…y no sé qué reclama esta gente si no se pueden invadir las lagunas porque lo impide la ley,… los proyectos eólicos se van a hacer en terrenos de pequeña propiedad y son unas 5 mil hectáreas… no 150 hectáreas y nadie va a tocar las lagunas…, eso lo hará el gobierno cuando llegue el momento”, explica.
-Quizá les preocupa que les cierren el paso a la laguna, -se le cuestiona-
- No, no, el camino se va a mejorar cuando se construya el parque eólico si ellos aceptan, si no quieren de todos modos, los arrendadores harán su propio camino cuando empiece la construcción.
-¿Para cuándo tentativamente inician los trabajos?
- No se sabe bien, tal vez para el 2014 o 2015 pero insisto, nada tiene que ver la laguna… ahí pueden ir a pescar sin problema, el fondo es otro… están presionando por otros intereses…
-¿Interés de quién?
- Hay “un vivo” que los quiere manejar para sacarle dinero a las empresas… esos proyectos no les van a afectar en nada, ellos ya habían ido a buscar a la empresa para que los contrataran y creo que no llegaron a acuerdos, expone el veterano político.
De acuerdo con el también presidente de la Confederación Estatal de Propietarios Rurales de Oaxaca, la empresa Zapoteca de Energía SA de CV ha firmado contratos con unos 134 propietarios, la empresa Unión Fenosa (Gas Renovable) con 220 y Endesa con apenas 25 propietarios.
Agrega que llama la atención el hecho de que los inconformes aleguen que se trata de tierras comunales y nadie lleve documentos que lo demuestren y en cambio sí hay gente con documentación de pequeña propiedad que data de 40 años atrás, “firmada como se acostumbraba entonces por un juez municipal o bien por un síndico como fue después”.
“La gente ha traído documentos privados firmados por un juez y contratan con la empresa, entonces se mide el terreno, se avisa a los vecinos y se hace el trabajo,…después, la empresa se encarga de que se haga la escritura pública, ese es el método”, explica Porfirio Montero.
Los terrenos que hoy diferentes grupos de pescadores reclaman como “tierras de uso común” fueron comprometidos por cerca de 400 propietarios mediante contratos de arrendamiento desde hace unos diez años con Endesa, ocho años con Unión Fenosa y cinco con Zapoteca.
Asesores coceistas
Mientras tanto pescadores que simpatizan con diversas corrientes políticas han intentado negociar con las empresas mediante la intervención de dirigentes y ex munícipes como Alberto Reyna Figueroa (PRD), Mariano Santana López (PT) y ahora acuden ante el munícipe priista Daniel Gurrión Matías.
-Se le señala a usted como el impulsor de ese proyecto y uno de los más beneficiados;¿Qué gana Porfirio Montero?
-Traer desarrollo a mi región y a mi estado ¿qué gano? El respeto de la gente, yo sigo en lo mismo, me gusta ayudar a la gente, siempre he sido gestor social, tengo 55 años haciendo esto, no tengo un sueldo de las empresas y cuando quieren me dan para mi gasolina, yo quiero que las empresas trabajen bien, que no vengan a sorprenden ni a engañar a mis paisanos…
-Se dice que los contratos son desventajosos y no les pagan bien por las rentas.
- Yo también tengo mis tierras rentadas a otras empresas donde están trabajando aerogeneradores y porque me consta digo que logramos que se nivelaran los contratos con algunas de ellas, he estado en contra de que abusen, quiero que haya beneficio para nuestra gente y por eso digo satisfecho que ya logramos el precio justo para los propietarios de tierra que son unos 14 o 15 mil pesos por hectárea al año como renta,…eso nadie se los da…ni el gobierno.
Pugnas entre indígenas ikojts
El Istmo de Tehuantepec incluyendo los distritos de Tehuantepec y Juchitán, cuenta con una extensión territorial de alrededor de 20 mil km cuadrados, y una superficie de 1 millón 997mil 557 hectáreas de tierras, lagunas, ríos en los que se desarrolla la ganadería, la agricultura, la actividad forestal y la pesca además de las áreas de uso urbano.
Hasta ahora todos los proyectos eólicos se han asentado en tierra firme en ejidos, tierras comunales y de pequeña propiedad y sólo el proyecto de San Dionisio de la empresa “Mareña Renovable” se ubica en una angosta franja de tierra que atraviesa la laguna Tileme hasta colindar con Juchitán.
Montero Fuentes encargado de ubicar zonas factibles para el desarrollo de los proyectos sabe bien de lo que habla cuando menciona que las empresas todavía no han entrado a Chicapa de Castro y en La Ventosa “hay más de 10 mil hectáreas de tierras disponibles” y como para dar tranquilidad a los pescadores reitera:
“La laguna no se va a tocar ahora, porque todavía hay tierra firme, pero cuando se acabe la tierra se meterán aerogeneradores en las aguas y entonces… esos permisos los dará el gobierno federal y no la gente…”, advierte.
Parque Eólico “San Dionisio”
El proyecto del parque eólico “San Dionisio” se localiza en un brazo de tierra entre la laguna inferior y superior proyectada por la empresa Preneal México, (que aquí tomó el nombre de Vientos del Istmo SA de CV) y luego pasó a la empresa Istmeña y posteriormente a Mareña Renovable. El contrato abarca una superficie de 1, 643 .46 Hectáreas de tierras de propiedad comunal y se encuentra protocolizado ante la Notaría No. 77 de Juchitán con una inversión proyectada en 2 mil 179 millones, 494 mil 449.pesos, de los cuales, el 70% es por deuda que la empresa contrae con los bancos.
De acuerdo con el proyecto de la empresa, en la 1ª. Fase se pretende instalar 102 aerogeneradores de 2.5Mw cada uno con capacidad de 120 Mw y para la construcción del parque se tiene contemplado construir seis muelles para desembarcar maquinaria pesada en distintos puntos de la laguna superior e inferior.
El proyecto eólico también contempla la construcción de un túnel para pasar los cables de transmisión hacia Santa María del Mar (donde Preneal también pretende instalar un parque eólico), pero debido al conflicto limítrofe que dicha agencia municipal de Juchitán sostiene desde hace dos años con el municipio de San Mateo del Mar (quienes cerraron el paso por carretera), han buscado sacar las líneas de transmisión por la Agencia Municipal de Álvaro Obregón municipio de Juchitán.
San Dionisio vs edil
El 9 de febrero habitantes de la comunidad ikojts de San Dionisio del Mar presentaron ante el Congreso del Estado su solicitud de revocación de mandato del alcalde de esa comunidad huave Miguel López Castellanos, a quien acusan de estar a favor de la empresa eólica Mareña Renovable y tomar decisiones contra la voluntad de la mayoría de la población que se opone al proyecto eólico.
En reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política Juan Mendoza, el Coordinador de la Fracción parlamentaria del PRI Francisco García y el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso Elías Cortés los habitantes rechazaron buscar la conciliación con el alcalde y determinaron que la única salida al conflicto que vive la comunidad es la revocación de mandato.
Mientras los comuneros huaves insisten en su postura el alcalde se dice dispuesto a dialogar con los inconformes que mantienen tomado el palacio desde el primero de febrero obligándolo a despachar en un domicilio particular.
Hay que mencionar que la Asamblea Comunitaria aceptó en el año 2004 con la desarrolladora Preneal la ejecución del proyecto eólico en su territorio y desde entonces la empresa ha venido pagando por concepto de arrendamiento una suma anual de 250 mil pesos que según la autoridad comunal se usa para beneficio de la colectividad.
El pasado 21 de enero, en asamblea comunitaria, los comuneros rectificaron su postura y determinaron desconocer dicho acuerdo suscrito en 2004 y se pronunciaron en contra del proyecto eólico, y en especial sobre el otorgamiento del cambio de uso de suelo a la empresa Energía Alterna Istmeña y Energía Eólica Mareña (Filiales del Grupo Preneal), representada por el ingeniero René Ortiz Piñón.
En un boletín de prensa la comunidad informó que en dicha asamblea el Presidente municipal “informó que horas antes de la asamblea había firmado el permiso de construcción con el representante de la empresa eólica, permiso por el cual la empresa daría 14 millones de pesos en efectivo más 3 millones en obras”.
Ese hecho molestó a los comuneros que consideraron una decisión “arbitraria unilateral del presidente y de la empresa” por lo que ahí, aseguran, le exigieron al presidente “que se retractara de esa decisión ya que la voluntad del pueblo era negar esa licencia de construcción, y no permitir que la empresa eólica construya el parque en la Isla de San Dionisio, decisión que ya se había tomado en asambleas pasadas, sin que el presidente municipal hiciera caso al mandato de su pueblo”.
Hoy los indígenas ikojts de San Dionisio esperan que el Congreso del Estado dictamine la revocación de mandato del alcalde y piden que el gobierno oaxaqueño actúe como mediador para impedir que la empresa inicie con las obras y propicie un enfrentamiento violento entre los habitantes que están a favor y quienes se oponen al proyecto eólico.
Un cuarto de centavo al día
El exdiputado federal y ex senador perredista Héctor Sánchez López, dirigente de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) explicó que “a tiempo” ejidatarios zapotecas de Ejido Emiliano Zapata y Ejido Heliodoro Charis Castro, municipio de Juchitán, “pudieron negociar bien” con la empresa eólica las condiciones para permitir el paso de la línea de transmisión por sus tierras a lo largo de 3 kilómetros, 1.5km de cada ejido.
“Antes la empresa había ofrecido a la agencia de Álvaro Obregón pavimentarles 3 km de camino mientras hacían los estudios pero terminaron los trabajos y no les cumplieron cuando vieron que el presupuesto de la obra era elevado y terminaron ofreciendo sólo 250 mil pesos y al final no dieron nada”.
Sánchez López quien junto con Leopoldo de Gyves asesoran a los ejidatarios zapotecas dijo que un día antes de que firmaran el contrato con la empresa Mareña Renovable, los ejidatarios que ya estaban informados de las implicaciones y buscaron la asesoría de la COCEI, lograron frenar la firma del convenio y el día establecido para suscribir el documento, plantearon sus nuevas condiciones.
“Las empresas suelen ofrecer para el paso de sus líneas de transmisión en terrenos comunales o ejidales en toda la región, un pago de 250 mil pesos anuales, lo que representa un cuarto de centavo por día, pero en este caso se logró que aceptara pagar 1.5 millones de pesos al año a cada ejido comprometiéndose además a pagar tres años por adelantado”, dijo Héctor Sánchez.