Cuauhtémoc Blas

Un veterano profesor de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) está muy preocupado. Aún no se formaliza su jubilación a la que ya tuvo derecho y que en principio le fue otorgada, pero luego fue llamado por auditores de la SEP para cuestionarlo, después de los años reglamentarios de trabajo. Aún espera que le empiecen a pagar.

Los auditores revisaron todo su historial en busca de debilidades, de posibles favoritismos. Cual si fuera no un académico sino un sospechoso, el profesor se pregunta: ¿Por qué no auditan los conocidos casos de verdaderos fraudes de la familia Martínez-Alavés-Helmes que ha dominado la Universidad?

El profesor logró su jubilación el año pasado, apenas a tiempo (pues tiene la esperanza que le paguen de un momento a otro) ya que este año más de 300 universitarios reclaman ese mismo derecho, que de acuerdo a las cantidades que se manejan, serían del orden de los 45 millones de pesos.

Jubilaciones, la tercera parte del subsidio

El problema es grave, pues esa cantidad de millones de pesos, junto con los demás que reciben los ya jubilados, representa como la tercera parte del subsidio de la UABJO. Además, hay deudas letales, más de 600 millones de pesos de deuda.

En reunión con el fiscal general

Al reunirse con directivos y agremiados de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, A.C. (APO), el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, aseguró que no va a traicionar los compromisos establecidos con esa agrupación, y que habrá resultados en los casos de agresiones contra periodistas.

En una segunda reunión de trabajo, efectuada en las oficinas de la APO, ubicadas en la calle González Ortega 609, Vasconcelos Méndez, pidió “confianza en la institución”, porque “hay temas sumamente complejos, pero dijo que asumen su responsabilidad y van por los responsables de quienes hayan cometido hechos en contra de la libertad de expresión”.

En la reunión estuvieron Jorge Alberto Flores Sánchez, Jefe de la recién creada Unidad Especializada de Atención a Delitos Contra la Libertad de Expresión; Juventino Pérez, Fiscal Especializado de Delitos de Alto Impacto; Yesica Verónica Trujillo, titular de la Fiscalía para la Atención a Delitos de Diversidad Sexual, y Andrés Ismael Pérez Cortés, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Contra la Libertad de Expresión.

Cada uno de ellos expusieron sus funciones, y Pérez Gómez, indicó que de 2014 a la fecha hay casos bien identificados, sin embargo, hay la posibilidad de “revivir otros muy específicos de años anteriores”.

En su oportunidad, Idolina Herrera López, integrante del Consejo Directivo de la APO, dio lectura a la postura de esta agrupación ante la creación de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión.