Análisis

Una entidad con una aguda crisis sociopolítica y económica; con su infraestructura vial destrozada; con una altísima deuda pública; las finanzas en bancarrota pues en los últimos meses ni siquiera han podido cubrirse servicios básicos, como el pago del alumbrado público en la capital estatal; con una nueva oleada de violencia en que, como a lo largo del sexenio, prevalece la impunidad; con la obra pública en pésimo estado, construida sin calidad; será lo que reciba el nuevo gobernante: Gabino Cué Monteagudo.

Las fuertes lluvias que en las últimas semanas han arrasado con kilómetros de cinta asfáltica, derrumbado algunos puentes y puesto en peligro de colapso a otros, deslavado cerros sobre las vías de comunicación y que han sepultado viviendas, dejado incomunicados a centenas de comunidades, inundado y derrumbado casas y damnificado a miles de oaxaqueños, develaron también que, en mucho, esa situación de emergencia deriva de uno de los más graves males que aquejan a Oaxaca: la corrupción.

Como para demostrar que la división de poderes existe en Oaxaca, tan sólo en los últimos cuatro meses al gobernador Ulises Ruiz la Legislatura local le ha iniciado en dos ocasiones juicio político.

En abril de 2010 lo hicieron luego de la determinación del Tribunal Federal Electoral (TRIFE) en el sentido de que el gobernante oaxaqueño utilizó recursos públicos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la elección del 5 de julio del 2009.

El turismo es una actividad compleja porque cada parte de la cadena de valor aprecia de manera distinta la operación económica. Sin embargo, siendo Oaxaca un estado de contrastes que pueden resultar sumamente atractivos por la diversidad de su oferta, también genera una serie de barreras al crecimiento y más que nada a la distribución de la riqueza generada por el turismo.