Cuauhtémoc Blas
Entre las prácticas políticas o burocráticas que se anuncian de regreso con el próximo gobierno, destaca el centralismo. Se retoman políticas públicas con las que se quiere inhibir la gran corrupción que se desató en los estados de la república, como la entrega de todos los recursos a las administraciones estatales, que han hecho y deshecho con esos enormes recursos.
No hay precedentes en el pasado del gran saqueo de los gobernadores como en los últimos dos sexenios. El número de ex gobernadores perseguidos acusados de corrupción, algunos en la cárcel, son prueba fehaciente. La descentralización en la administración de los recursos nacionales fue en los hechos el establecimiento de complicidad federal-estatal en el saqueo del erario.
De hecho, desde los años de Carlos Salinas de Gortari, con la desaparición de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) para dar paso a SEDESOL, inició la llamada descentralización de la administración pública federal. De la SPP decían que era la federación mandando en los estados, la violación de la soberanía de las entidades.
Por lo pronto, la gran pregunta es: ¿vale la pena esa simulación de democracia y descentralización a costa de que sólo sean relaciones de complicidad para abusar de los recursos nacionales? Hasta la existencia de SPP no se padecían los grandes robos de los gobernadores que sucedieron después.
Defender conceptos abstractos de avanzada sin cotejarlos con la realidad y sus resultados concretos, no es una buena metodología. Quién lo dude, que revise los saldos de los ex gobernadores recientes de todos los partidos políticos de este país.
Establecer controles para detener la sangría nacional que propicia la corrupción de los gobernadores es urgente, cómo sea, aún con el prurito teórico de quienes al defender la “soberanía estatal” hoy por hoy defienden en los hechos que el terrible estado de desviación de dinero público continúe. ¿Qué se defiende al defender una “soberanía” que daña al país?
En los Estados Unidos el presidencialismo ha funcionado. En otros países el régimen parlamentario funciona. México ha tenido y seguirá, por lo menos un buen tiempo, con el régimen presidencialista, igual que otros países, lo que necesitamos es que ese régimen funcione y sirva para mejorar la vida nacional. Está a la vista que hasta ahora ha servido poco, por decir lo menos, veremos si los próximos seis años tiene mayor utilidad.
Hay una práctica en las élites académicas también centralistas, de dar por bueno todo lo que sea teóricamente de una democracia desarrollada. Por ejemplo, la reelección, tan propio y natural en otras naciones, por lo menos en nuestras regiones sólo sirve para fortalecer cacicazgos y peleas a muerte por el poder, con el uso de los recursos públicos para prácticamente comprar las elecciones. En algunos de los municipios donde este 2018 se dieron los mayores actos de violencia fueron donde los presidentes municipales buscaron reelegirse. De nuevo la impertinente realidad contradice los grandes conceptos teóricos.
Por supuesto que decir régimen presidencialista no supone aceptar autoritarismo o barruntos dictatoriales. Por lo pronto aún no es posible establecer juicios definitivos al respecto, aún faltan tres meses para el cambio de gobierno. Un partido político, aunque desee buena suerte a quien le haya ganado las elecciones, en realidad espera capitalizar errores e incumplimientos, su objetivo y razón de ser es la búsqueda del poder. Los ciudadanos, por el contrario, desean que su país, estado, municipio mejore. Habrá de esperar a que la realidad indique, una vez más, que todo fue creación de falsas expectativas para obtener el poner. Por lo pronto, hay que participar, exigir, pugnar porque los cambios ofrecidos se hagan realidad.
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