Cuauhtémoc Blas
La historia posrevolucionaria de traspaso del poder de la presidencia de la República en México ha sido en forma de herencia, salvo las últimas alternancias. El Tlatoani priista escogía entre los miembros de su gabinete a quien le parecía mejor, claro considerando algunas señales de la realidad nacional e internacional. La opinión de los EU siempre era importante, así como las corrientes económicas predominantes.
El caso de Carlos Salinas y su inscripción en el mundo neoliberal, egresado de Harvard, es paradigmático. La primera generación de norteamericanos nacidos en México, los llamó Carlos Monsiváis. Con este político nuestro país se inscribió plenamente en el neoliberalismo y su globalización, los mercados mexicanos se abrieron de par en par en todos los rincones del país. Oaxaca, no fue la excepción, en ese sexenio, con Heladio Ramírez de gobernador y luego Diódoro Carrasco, se abrieron las puertas al capital transnacional. Llegó, por ejemplo, la poderosa cadena Walmart, con sus Aurreras a todos los mercados regionales, a llevarse los ingresos de los mexicanos aprovechando aeropuertos y demás vías de comunicación construidos con los impuestos de los mexicanos.
Otra de las potestades de los presidentes era nombrar a los gobernadores de los estados, auténticos nuevos virreyes en el último sexenio, el peor de todos desde los últimos años del atroz dictador Porfirio Díaz. Les dio por hacer todo lo que quisieron en sus estados.
Algunos han sido llamado a cuentas por la justicia, pero sólo cuando el escándalo es desproporcionado, se les enjuició para dar la impresión de que se les aplicaba la justicia. Pero ni eso los detiene, estamos viendo como el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, está a un paso de abandonar la prisión, después del desastre en que dejó a su estado; y el que va de salida, Miguel Ángel Yunes, deja endeudado al mismo estado por unas tres décadas.
Javier Duarte no sólo se engolosinó con el erario, también hubo decenas de periodistas asesinados. Algo más que caracteriza a estos gobernadores depredadores, es que no les importa lo que digan de ellos, el cinismo es total.
El nuevo federalismo, con la transferencia de recursos nacionales a los estados para su plena administración local, más que autonomía o soberanía estatal, lo que trajo fue corrupción desenfrenada. Quienes con estrictos recursos teóricos del derecho, citadinos o provincianos, cuando defienden así el federalismo o autonomía de los gobiernos estatales, por lo hechos delictuosos a la vista, defienden de paso la impunidad soberana de los gobernadores.
Esos conceptos así entendidos significan permiso para que los virreyes administren sin freno los recursos públicos, que en muchos casos ni siquiera provienes de los ingresos estatales, sino de la federación. En Oaxaca, un 97 por ciento de los recursos públicos vienen del centro federal. Pero ni por eso a veces los gobiernos han aceptado ser auditados por las instituciones federales, pretextando soberanía, federalismo y demás argumentos jurídicos.
Entre 2012 y 2017 Transparencia Internacional en su índice de percepción de corrupción documentó el crecimiento de esa rémora en México, que tiene como mayor punto crítico el hartazgo hacia los gobernadores. En ese último año eran 17 ex gobernadores enjuiciados, pocos han ido a prisión.
La supuesta descentralización y democratización nacional, dio como resultado gobernadores “de una conducta insólitamente caciquil y corrupta”, asienta Andrew Paxman, coordinador del libro “Los gobernadores, caciques del pasado y del presente”. De manera que la discusión es más amplia, no sólo ha de darse con elementos jurídicos abstractos, sino con elementos de la impertinente realidad, que hoy nos tiene en los peores estadios de criminalidad, impunidad y ausencia de justicia social.
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